¡Mueren miles de mexicanos por cártel de medicinas!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Uno de los términos más empleados en los últimos años es el del “cártel de medicamentos”, esquema de monopolio y corrupción en el que un grupo reducido de empresas concentra la venta de insumos médicos al gobierno mexicano, lo que impacta la salud pública.

En el contexto de México, dicho término o “cártel farmacéutico” se utiliza para describir redes de corrupción en los que políticos y empresarios se coludieron para monopolizar las compras gubernamentales de salud.

Entre los nombres de empresas y políticos señalados por las autoridades y en investigaciones recientes sobre el tema, se incluye, en primera instancia, el “Clan Madrazo”, donde uno de los vínculos más directos señalados por el Gobierno Federal e investigaciones periodísticas es el ex gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo Pintado, ex candidato presidencial del PRI, vinculado con el control de unas 10 empresas que operaron como distribuidoras clave durante décadas.

Su hijo, Federico Madrazo, y su yerno, Alexis Nickin Gaxiola, son señalados como operadores de estas redes que suministraban insumos a diversos Estados.

En abril de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la remoción de seis altos mandos de la empresa paraestatal Birmex, tras detectarse una red de corrupción en la compra consolidada de medicamentos para 2025-2026, por lo que Iván Olmos fue removido como director general y también se cesó a los directores de administración, logística y planeación para facilitar las investigaciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Entre las figuras del “bloque histórico” en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, el gobierno señaló que el esquema de monopolio se consolidó bajo administraciones anteriores, favoreciendo a grupos empresariales cercanos al poder político del PRI y el PAN:

Aunque no siempre se han hecho públicos nombres individuales en procesos penales, se denunció que estas empresas -como Grupo Fármacos Especializados o DIMESA- operaban bajo protección de funcionarios de alto nivel en el IMSS e ISSSTE.

La Cofece multó a directivos de las principales distribuidoras (Nadro, Marzam, Saba) por colusión, lo se calificó como “simbiosis de corrupción” entre la clase política y los grandes empresarios farmacéuticos.

Con todo, 16 investigaciones están abiertas contra funcionarios y ex funcionarios por irregularidades en la adquisición de medicamentos, con un daño patrimonial estimado en 13 mil millones de pesos debido a sobreprecios y licitaciones amañadas.

Entre otros políticos y empresas del llamado “Cártel farmacéutico” se incluyen: El diputado sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien representa a Grupo Fármacos Especializados, Comercializadora de Productos Institucionales y Distribuidores SA de CV.

Otro legislador, el hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong, lo es de Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico y de Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México.

José Narro Robles, con Comercializadora Pentamed, Roberto Madrazo, con Farmacéuticos Maypo y Vitasanitas SA de CV; Emilio Gamboa Patrón, con Ralca y Compañía Internacional Médica.

Lo deseable del caso -aunque sólo eso- es que ojalá lleguen a estar en la cárcel, ya que no es justo que se siga paseando impunemente, mientras el daño al sector salud y a las personas que necesitan medicamentos es terrible; son comerciantes de las enfermedades.

Todos ellos contribuyeron al estancamiento del sector salud, desabasto de medicamentos y privaciones de estudios clínicos y ambulancias en el ISSSTE e IMSS y, lo que es el colmo, ahora reclaman todavía sus privilegios a López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se hicieron millonarios a costa de la salud de los mexicanos, se creían dueños de los medicamentos hasta que el llamado “cabecita de algodón”, esto es, López Obrador, les quitó el negocio de las medicinas.

No se insiste en el tema de nombres de empresas o personas directamente involucradas, aunque una de sus tres principales vías de impacto es el desabasto crítico y falta de tratamientos, pues manipulación del mercado e irregularidades en licitaciones provocan que miles de pacientes no reciban sus tratamientos a tiempo.

Padecimientos como cáncer -808 reportes de desabasto-, diabetes (636), hipertensión (358) y VIH (301) son los más afectados, aunque también provocan aumento del gasto, ya que, por falta de medicinas en instituciones como IMSS o ISSSTE, las familias deben asumir directamente los costos. Entre 2018 y 2024, el gasto en medicinas creció 116%, lo que impacta desproporcionadamente a la población de menores ingresos.

Otro impacto es la proliferación del “mercado negro”, donde la escasez en el sector público alimenta un mercado ilegal donde 6 de cada 10 fármacos en sitios no autorizados son robados, caducos o falsificados, lo que pone en riesgo sanitario a unos 8 millones de personas, que pueden sufrir intoxicación o agravar sus enfermedades por consumir productos sin garantía de seguridad.

Por último, impacta en una mortalidad y morbilidad evitables, ya que la interrupción de tratamientos por desabasto o la sustitución por medicamentos de dudosa procedencia, se traduce en un incremento de complicaciones médicas y muertes que podrían haberse evitado con un suministro regular.

Ante este panorama, esquemas de corrupción y monopolio permiten a fármacos alcanzar sobreprecios exorbitantes al público, afectando las finanzas del Estado y el acceso de pacientes, entre ellos con diabetes y su tratamiento crónico, uno de los que tienen mayor índice de sobrecosto.

-La sitagliptina-metformina: Se han detectado casos extremos en el IMSS -específicamente en delegaciones como Tabasco-, donde se pagaron envases a 2 mil 300 pesos, con un sobrecosto de 1,000% respecto a su valor real.

-Insulina glargina: Es uno de los medicamentos con mayores reportes de desabasto y, simultáneamente, uno de los que presenta mayores variaciones de sobreprecio en las compras consolidadas.

-Contra hipertensión y salud cardiovascular, el losartán, identificado consistentemente como uno de los fármacos con mayor sobrecosto en licitaciones irregulares.

-Enaladil y Micardis Plus: Han registrado incrementos de precio por encima de la inflación, alcanzando costos de hasta 1,245 pesos por caja en el mercado privado ante la falta de suministro público.

-VIH y Cáncer, con alta especialidad), el tenofovir, un antirretroviral que aparece en las listas oficiales de medicamentos adquiridos con sobreprecios significativos durante las redes de licitación del “cártel”.

-Ciclofosfamida, un fármaco oncológico con más reportes de desabasto, cuya urgencia por conseguirlo ha forzado compras de emergencia a proveedores específicos con márgenes de ganancia inflados.

-Insumos de Alta Alerta: El gobierno federal recién reconoció un sobreprecio general de 6% en la compra consolidada de casi 4 mil claves de insumos médicos para 2025 y 2026, lo que representa un daño potencial de 13 mil millones de pesos.

Este fenómeno se agravaba por la asignación de contratos por más de mil 600 millones de pesos a empresas de reciente creación que operan como intermediarias, inflando los costos finales para instituciones como el IMSS.

Ahora vamos con las empresas, pues autoridades mexicanas y organismos de competencia identifican a diversos grupos que, mediante prácticas monopólicas o esquemas de intermediación, concentraron las ventas al sector salud.

Los principales se dividen en dos grupos: Grandes distribuidores históricos y nuevas redes de intermediación recién detectadas.

Respecto a los primeros, entre 2012 y 2018, un grupo de 10 empresas concentró 80% de las compras de medicamentos del gobierno, los más “destacados” por el Gobierno de México son los siguientes:

-Grupo Fármacos Especializados, con más de 106 mil millones de pesos recibidos en ese periodo.

-DIMESA (Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico), señalada por acaparar contratos junto con otras filiales de Grupo PiSA.

-Maypo, identificada como uno de los tres principales proveedores que, junto con los anteriores, vendieron 62.4% de todos los insumos al IMSS e ISSSTE en 2018.

-Nadro y Marzam, investigadas por la Cofece debido a una presunta concentración prohibida (monopolio), tras revelaciones en los Panama Papers.

Sobre los segundos, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno recién detectó una red de 59 empresas bajo investigación por irregularidades en las compras consolidadas para 2025-2026.

-Biomix México, empresa inhabilitada 15 meses tras detectarse que obtuvo contratos millonarios con documentación falsa y permisos de Cofepris apócrifos.

-Empresas con giro “Fantasma”, se identificaron proveedores cuya razón social no es farmacéutica, sino que pertenecen al ramo inmobiliario o de combustibles, operando únicamente como intermediarios para inflar precios.

-Proveedores sin registro: Al menos 16 empresas están en proceso avanzado de sanción por vender medicamentos sin registros de Cofepris.

Por último, existe un “Cártel de distribución”, al que, en proceso histórico, la Cofece multó a un grupo conocido como “cártel de los cinco” por coludirse para manipular precios y restringir el abasto a farmacias.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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