Comisión de “Derechos” Humanos, ¿mina de oro?
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Recomendada
hace tres años por dos diputados familiares para ser elegida por el Congreso
del Estado como presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana
Roo, Omega Istar Ponce Palomeque nuevamente se vio envuelta en los últimos
días en un escándalo público por una serie de irregularidades, entre ellos gozar
casi el doble de ingresos que la presidenta de la República.
La
funcionaria, cuya candidatura al cargo propuso Círculo Social Igualitario, А.С.,
que presidía Edgar Ricardo Mora Ucán, arribó tras dos años de acéfala la
institución y fue designada unánimemente entre 13 aspirantes, aunque sin título
en Derecho como sugiere la ley, por la XVII Legislatura, el 11 de diciembre de
2023 y hasta el 10 de diciembre de 2027.
Con
por una carrera de más de 17 años en la Comisión, donde escaló diversos niveles
operativos y directivos, se vio cuestionada en una denuncia por derechos
humanos ante su antecesor, Marco Antonio Toh, y ser hija de la
diputada priísta de la XI Legislatura, Flor de María Palomeque Barrios,
y sobrina del entonces diputado local y ex dirigente del PT, Hernán Villatoro
Barrios, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso que la "eligió".
Antes
de convertirse en presidenta, tuvo en su contra diversas denuncias por acoso
laboral y amenazas contra el personal de esa institución, en su mayoría
mujeres, que la señalaron de ser en su momento “el poder detrás del trono”
ya que su ex jefe Toh Euán, nunca hizo nada por atender las violaciones a los
derechos del mismo personal.
Ahora,
por redes sociales, circuló la versión de que su “trabajo” cuesta al erario
público 321 mil 570 pesos mensuales, con un desglose anual de más de 3.8
millones: 480 mil anuales por “responsabilidad de mando”; 947 mil 46 por
compensación como personal de confianza; 218 mil 210 de aguinaldo; 25 mil 560
por quinquenio; 8 mil 800 de canasta navideña; 111 mil 426 de prima vacacional
y 6 mil 400 por su pavo de Navidad.
Licenciada
en psicología por la Universidad Magna de Cancún, inició en la CDHEQROO en áreas
de capacitación y difusión, encargada de promover la cultura de paz y
conocimiento de derechos fundamentales, y se integró al Centro de Atención a
Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, con informes técnicos y
valoraciones directas de afectaciones a personas vulneradas.
Además,
fungió como jefa de Vinculación Interinstitucional y, posteriormente, asumió la
titularidad de la Secretaría Técnica de la Comisión, con un trabajo enfocado en
un perfil “ciudadano” y progresista, supuestamente buscando que los derechos
humanos sean responsabilidad compartida y no sólo conceptos legales.
Sin embargo, los ingresos de Ponce Palomeque son objeto de
críticas por su monto respecto a resultados, aunque, oficialmente, su percepción
mensual es de unos 95,974 pesos mensuales, y anualmente, más de 1.1 millones,
pese a que registros previos indicaban sueldo base de 12 mil 291, con
compensaciones y prestaciones que elevan significativamente su ingreso total
neto.
La
controversia salarial es mayor ante su desempeño institucional, ya que varias críticas
lo consideran insultante por lo que se percibe, con abandono de funciones de la
Comisión y falta de protección efectiva a víctimas.
Aunque
Usted no lo crea, a pesar de altos sueldos directivos, buscaba activamente aumento
presupuestal de más de 10% en 2025 y proyecciones para 2026 con pretexto de
mejorar operatividad y salarios del personal de base.
Irónicamente,
y para morirse de la risa, en declaraciones públicas, la presidenta llegó a
afirmar “no saber exactamente cuánto gana”, lo que aumenta la percepción
negativa sobre la transparencia de sus ingresos, pese a que se le designó por
cuatro años, y concluye hasta 2027.
En
su “defensa”, además de sueldo base, Ponce Palomeque tiene diversas
percepciones y prestaciones que integran su paquete de remuneración total como
presidenta, según el tabulador de sueldos y datos de “transparencia”, para el
ejercicio fiscal 2025 y proyecciones de 2026.
Así,
su ingreso neto mensual es de unos 95 mil 974 pesos, la mayor parte en compensaciones
y bonificaciones que no reflejan su sueldo base nominal, entre ellos su aguinaldo
-monto proporcional a su salario integrado al final del año-, un pago adicional
durante periodos de descanso y “otras asignaciones”, que incluye vales de
despensa e incentivos por desempeño o productividad bajo lineamientos de
recursos humanos del Estado.
Con
todo, su percepción total anual reportada es de 1 millón 151 mil 688 pesos, que
señalan mediáticamente que su salario mensual es casi el doble de lo que
percibe la presidenta de la República, lo que ha generado fuertes críticas
sobre la austeridad en los organismos autónomos de Quintana Roo.
Para
2025, Ponce Palomeque solicitó aumento presupuestal -proyectado en más de 10%- para
mejorar salarios en la institución, lo que intensificó los cuestionamientos
sobre el uso de los recursos públicos en su gestión.
Lo
cierto es que en Quintana Roo, los salarios de los titulares de organismos
autónomos suelen ser alineados, pero con variaciones dependiendo de la
naturaleza del organismo y manejo de sus compensaciones extraoficiales.
En
una comparativa de percepciones mensuales netas estimadas -incluso sueldo base
y compensaciones- para 2025-2026, los Comisionados del IDAIPQROO
(“Transparencia”) gozan de una percepción mensual neta de 120 mil pesos, y
anual, de más de 1.4 millones brutos; los Consejeros presidentes del IEQROO, 90
mil mensuales y 1.2 millones anuales; los Secretarios en el Poder Ejecutivo, 84
mil 203 mensuales y poco más de un millón anuales, y la gobernadora, cerca de
102 mil pesos mensuales y más de 1.2 millones anuales.
Así
las cosas, el salario de la titular de Derechos Humanos es muy similar al del gabinete
legal del Gobierno del Estado, superando incluso a varios secretarios de
despacho, aunque otro aspecto es que, mientras el IDAIPQROO e IEQROO tienen
tabuladores más explícitos sobre bonos extraordinarios, en la CDHEQROO la
opacidad de compensaciones es foco principal de críticas.
Como
referencia, el salario promedio de los obreros del Estado es de 8 mil 380 pesos
mensuales, mientras ella percibe ¡más de 11 veces en promedio!, además que, en
un contexto del servicio, la mayoría de las dependencias otorga beneficios
adicionales, como seguro de vida de hasta 500 mil pesos, apoyo de combustible,
telefonía celular y “gastos de representación” mensuales.
Por
cierto, el presupuesto asignado a la Comisión de Quintana Roo en 2025 y 2026 tiende
a crecimiento constante, pues, según el Periódico Oficial del Estado y el
presupuesto de egresos aprobado por el Congreso, en 2024 tuvo más de 72.3
millones de pesos; y en 2025, más de 75.8 millones, con un incremento de 5%.
Del
total de 2025, el Capítulo 1000 -sueldos y prestaciones- concentró la mayoría
de recursos, y permitió percepciones de la alta directiva, aunque para este año,
la CDHEQROO sostuvo una postura de expansión financiera, donde Ponce Palomeque dijo
necesitar un aumento de, al menos, 10% adicional.
Su
argumento, fortalecer la operatividad institucional y el ajuste salarial de los
trabajadores de base, aunque se cuestiona que estos recursos los destinen
prioritariamente a su burocracia de primer nivel.
Por
otro lado, a pesar del incremento en los recursos, en 2025 la Comisión sólo
atendió unas 500 quejas, considerado bajo respecto al presupuesto millonario
que maneja.
La
efectividad de la Comisión bajo la gestión de Ponce Palomeque es tema de
intenso debate porque las cifras oficiales contrastan con las denuncias de
colectivos sociales por “inoperancia”, pues en 2024 recibió 1,480 quejas, y para
el cierre de 2025, se reportó la atención sólo de 500 y reducción del rezago
histórico de expedientes.
Cabe
señalar que 70% de las quejas se concentran en abusos policiales, y las más
acusadas son la Fiscalía General del Estado -408 quejas en 2024- y la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, mientras que la Comisión emitió limitadas
recomendaciones, por ejemplo, sólo 7 en un trimestre de 2025.
En
relación con efectividad, pese a sus cifras “oficiales”, grupos civiles
cuestionan la utilidad real de la institución, por ejemplo, Red Feminista
Quintanarroense y Red de Víctimas denunciaron en febrero de 2025 “ineptitud e
inoperancia” de la CDHEQROO, acusándola de normalizar la violencia y actuar a
favor de los intereses de los poderes del Estado en lugar de las víctimas.
Asimismo,
se reportan críticas por la “evidente ausencia” de Ponce Palomeque en temas
críticos en materia de derechos humanos en Quintana Roo, además, por si fuera
poco, existen señalamientos públicos de presunto acoso y hostigamiento laboral
en la misma Comisión, lo que afecta la credibilidad del organismo como defensor
de derechos.
El
alto salario de la presidenta es frecuentemente comparado con el bajo número de
recomendaciones, generando percepción de baja eficiencia administrativa. En
resumen, mientras la CDHEQROO destaca cumplir metas de capacitación y atención
de quejas, la sociedad percibe una falta de protección real y una postura de
sumisión ante las autoridades estatales.
Por
si fuera poco, su Oficial Mayor desde 2017, Erick Armando Poot Alcocer -aunque
la estructura orgánica de la Comisión ha tenido ajustes- fue señalado
públicamente por denuncias de acoso laboral y despido injustificado en noviembre
de 2021, y recientemente ha estado bajo el foco público por la transparencia en
los informes de sueldos de la presidencia.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html

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