¡Fulminantes despidos en Casa Hogar-Chetumal!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Con siete despidos fulminantes de funcionarios de la Casa-Hogar de Personas Mayores de Chetumal, empezando por su directora, Nínive Margely Ramírez Sanguino, por desvío de pensiones del Banco del Bienestar, maltrato, abandono emocional y conflictos de perfil y clima laboral, así como estar a distancia de conflictos administrativos internos, el DIF-Estatal “limpió” su abandono a ese inmueble.

Así, la presidenta supuestamente “honoraria” del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia -de la que depende la Casa de Abuelitos-, Verónica Lezama Espinosa, hermana de la gobernadora Verde, Mara Lezama, se desligó de ese nuevo sonado escándalo, tal y como fue el caso del programa de Desayunos escolares.

La cuestionada, abierta aspirante a alcaldesa de Cancún, era señalada por su respaldo u omisión deliberada a los turbios manejos de Ramírez Sanguino en un lugar que, supuestamente, habría asistencia integral, alojamiento y servicios de salud a los adultos mayores de Quintana Roo y forma parte de recientes obras de modernización para garantizar instalaciones dignas a sus residentes.

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Aunque hubo varios “castigados” por las anomalías, cabe precisar que en la estructuración de responsabilidades del caso en el organigrama del DIF-Quintana Roo, la firma oficial y titularidad administrativa de la Casa Hogar recaía era de Ramírez Sanguino, quien coordinaba gestión interna, comisiones de traslado médico y operación del inmueble.

Sin embargo, por encima de ella, la titular de todo el organismo estatal es Abril Cristina Sabido Alcérreca, quien encabeza de manera pública la rehabilitación estructural del centro junto al Gobierno del Estado y la implementación de los nuevos turnos de atención para contener quejas previas de omisión de cuidados.

Los expedientes de amonestaciones y procedimientos de entrega-recepción de los mandos medios adscritos a este centro de Chetumal se procesan directos ante el órgano interno de control de la Secretaría “Anticorrupción”, antes Contraloría del Estado.

Respecto a las demás autoridades del DIF, las identidades exactas de los ex funcionarios destituidos o dados de baja no se revelan con nombres y apellidos públicos, por estrictos protocolos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y porque siguen investigaciones internas vía administrativa.

Sin embargo, sobre plazas, cargos y niveles jerárquicos sancionados de manera fulminante en la estructura institucional de la Casa-Hogar, sólo se sabe de Ramírez Sanguino, primera en ser removida de forma inmediata al estallar denuncias y pliegos de quejas del personal. Se le fincaron responsabilidades directas por omisión de cuidados, negligencia en supervisión y permitir abusos.

También incluye al jefe del Departamento de Asistencia Social del Centro, encargado directo de coordinar el día a día del asilo, destituido tras comprobarse deficiencias graves en suministro de insumos básicos y atención a las denuncias internas de los adultos mayores.

Sobre personal operativo y cuidado especializado, dos enfermeros del centro fueron baja definitiva de la nómina del DIF, tras documentarse conductas de maltrato psicológico, prepotencia y amenazas a los abuelitos.

Asimismo, las sanciones incluyeron cuidadores y personal de confianza, por lo que tres asistentes de cuidado general fueron removidos al acreditarse faltas de probidad en trato diario y simulación en cumplimiento de sus bitácoras de atención médica y lúdica.

A diferencia de las amonestaciones comunes, se aplicó sanción laboral-preventiva, pues todo el personal removido se boletinó en la bolsa de trabajo del sector salud y asistencia social para bloquear permanente su recontratación en cualquier otro centro de resguardo o guardería de gobierno.

Verónica Lezama, cuyo esposo Miguel Ángel Zenteno Cortés, es “casualmente”, pero cuestionado Síndico de la Comuna de Benito Juárez, no tuvo responsabilidad en las denuncias por maltrato y “calvario” de abuelitos, ya que los casos más graves y documentados de negligencia y abusos ocurrieron en administraciones anteriores a su gestión.

En un desglose de hechos y responsabilidades temporales, las denuncias históricas en administraciones pasadas, en 2018, el escándalo mediático y las denuncias formales por maltrato físico, psicológico y negligencia hacia los adultos mayores en la Casa Hogar ocurrieron bajo la dirección de Ramírez Sanguino, y los mismos residentes y trabajadores del DIF presentaron quejas por trato denigrante y deplorables condiciones de la estancia.

Durante años, el centro operó con deficiencias críticas de infraestructura, falta de insumos médicos básicos y alimentación inadecuada por descuido institucional acumulado, aunque, al asumir la presidencia “honoraria” del DIF, en noviembre de 2022, su enfoque consistió en desmantelar las condiciones que propiciaban esas irregularidades.

Con todo, la dirección operativa directa de la Casa-Hogar recae en Sabido Alcérreca, quien implementó un esquema de operación de 24 horas en seis turnos para que los residentes nunca queden sin cuidado profesional.

Así, en mayo de 2025, Mara Lezama y hermana inauguraron la reconstrucción total del inmueble para erradicar condiciones de insalubridad. El espacio cuenta ahora con áreas dignas de dormitorios, comedores equipados y atención psicológica continua.

El caso es que la situación legal e institucional de la Casa Hogar transitó por cambios importantes tras enfrentar severas crisis de gestión, pues estuvo en el ojo del huracán tras las denuncias de empleados y propios residentes, donde se acusó formalmente a personal directivo de malos tratos, prepotencia y amenazas directas contra los adultos mayores.

Tras años de abandono operativo e infraestructura deficiente, el Gobierno del Estado concretó su remodelación integral y hoy opera bajo un esquema de atención médica, psicológica, alimentaria y áreas de integración lúdica.

Si bien la Casa Hogar recibió atención estructural, la agenda de protección a la tercera edad en la capital de Quintana Roo enfrentaba otros focos rojos de irregularidades, entre ellos, fraude patrimonial e inmobiliario, por casos de despojo patrimonial, pues personas de la tercera edad descubrieron alteraciones ilegales en sus contratos de servicios básicos y la desaparición misteriosa de sus expedientes de propiedad en el Registro Público local.

El DIF-Municipal sigue reportando alta incidencia en casos de maltrato físico y abandono total de abuelitos por parte de sus propias familias, aunque, paralelamente, se denunciaron condiciones inhumanas en inmediaciones del Banco del Bienestar en Chetumal, donde los beneficiarios de la tercera edad se veían obligados a esperar largas horas bajo el sol y altas temperaturas por falta de personal y cajas activas.

Por otro lado, a nivel institucional, DIF y Secretaría de Bienestar federal implementaron una serie de reformas administrativas, fiscalizaciones y medidas de entrega directa para erradicar malas prácticas e intermediarios que afectaban a los adultos mayores en la Casa Hogar, donde sólo les entregaban 500 pesos de 6 mil 200 bimestrales.

Para terminar las irregularidades y proteger pensiones, se eliminaron por completo cobros en efectivo o mediante personal del asilo. Cada adulto mayor recibe de forma personalizada su tarjeta del Banco del Bienestar, asegurando que el recurso le llegue de manera directa.

Además, con la renovación de la administración, hubo inspecciones minuciosas en casas de asistencia de Chetumal, pues Mara y Verónica Lezama denunciaron públicamente que operaban bajo esquemas de “simulación e indiferencia” en administraciones pasadas, procediendo a la reestructuración de personal y mejora integral del equipamiento a instalaciones

Sobre la prohibición de retener plásticos, se estableció como falta grave y causa de sanción legal que directivos, cuidadores o empleados de la Casa Hogar resguardaran o condicionaran el uso de las tarjetas de los residentes.

En este sentido, servidores de la nación y comités de contraloría social realizan visitas periódicas de verificación a la Casa Hogar para confirmar que los abuelitos dispongan libremente de sus recursos o que éstos se utilicen estrictamente en sus necesidades personales y bajo su consentimiento.

Por otro lado, existen denuncias penales formales ante la Fiscalía General de la República, así como carpetas de investigación locales por delitos graves vinculados a la Casa-Hogar por violencia psicológica, amenazas y omisión de cuidados, que señalaron de manera directa a la ahora ex directora del centro y al personal de confianza que operaba bajo su mando.

Las acusaciones se integraron por maltrato a personas de la tercera edad, abuso de autoridad y violación a los derechos humanos, y aunque el personal directivo implicado fue destituido de forma inmediata para frenar abusos, la vía penal se extendió, pues se priorizó reestructuración administrativa, remodelación física completa del inmueble y nuevos protocolos estrictos de contratación de personal con perfil geriátrico para evitar reincidencias.

Adicionalmente, en Othón P. Blanco, el área jurídica del DIF-Municipal interpuso denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado contra familiares directos, apoderados legales y particulares que han abandonado a los ancianos en el asilo o en sus domicilios.

Se les denuncia formalmente por los delitos de abandono de personas incapaces de valerse por sí mismas y despojo de bienes inmuebles, al detectarse que les quitan ilegalmente las escrituras de sus casas aprovechándose de su condición de salud o vejez.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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