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¡Polémico impuesto para turistas de cruceros!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

El impuesto estatal a cruceristas en Quintana Roo, 5 dólares por pasajero, se destina principalmente a mejorar infraestructura turística, seguridad pública y prevención de desastres naturales en los destinos receptores, y lo administra el Fideicomiso para el Bienestar del Turismo Crucerista, creado por acuerdo histórico con la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA)

Lo recaudado se divide en 70% para Infraestructura Turística Local, para modernizar y embellecer comunidades de los puertos que reciben a los viajeros en Cozumel y Mahahual e incluye proyectos específicos como rehabilitación y mantenimiento de malecones, pavimentación de calles con concreto hidráulico y mejorar accesos a playas; renovación de plazas públicas y alumbrado urbano, e instalación de áreas verdes y mobiliario urbano.

El 30% restante es para un Fondo de Contingencia, reservado para prevención y atención de desastres naturales, emergencias sanitarias y fortalecer seguridad pública en las zonas portuarias.

Ahora bien, sobre qué obras financiar, las autoriza un comité mixto entre representantes de la FCCA y del Gobierno del Estado, que deben garantizar que el dinero sea exclusivamente para puertos turísticos.

Este derecho unificado sustituyó a otros cobros previos de los Ayuntamientos, como Derecho de Saneamiento Ambiental, que aplicaba de forma independiente la Comuna de Othón P. Blanco en Mahahual.

La pertinencia del impuesto y si su cantidad es justa es de intenso debate, con argumentos válidos en ambas posturas. Por un lado, sector público y comunidades locales lo defienden como medida de justicia social y ambiental, mientras empresarios turísticos y navieras advierten sobre el riesgo de perder competitividad frente a otros destinos del Caribe.

Así, a favor se argumenta que cruceristas generan desgaste constante en servicios -basura, drenaje, calles, seguridad-, e históricamente, las navieras dejaban ganancias principalmente a terminales privadas, mientras las ciudades portuarias como Cozumel o Mahahual asumían costos públicos sin presupuesto proporcional para mitigarlos.

Bajo el esquema, por cada 5 dólares que aporta el turista, el Gobierno del Estado aporta un adicional, lo que duplica el fondo de inversión, con la meta de alcanzar unos mil millones de pesos anuales para obras.

Además, los 5 dólares se consideran moderados y aceptables. De hecho, la propia FCCA aceptó y firmó este cobro estatal, reconociendo que no frena la demanda y, en cambio, mejora la experiencia del pasajero al desembarcar en un entorno más seguro y moderno.

Los argumentos en contra son saturación de impuestos, pues empresarios dicen que el verdadero problema no son los 5 dólares sino la acumulación de cobros, pues se suma el Derecho de No Residente a nivel federal -inició una transición escalonada para cruceros-. Al sumar los dos derechos, el costo por pasajero se eleva notablemente, y podría desincentivar a las líneas de cruceros a mantener tantas frecuencias en México.

Organismos empresariales, como Coparmex, critican la opacidad de reglas de operación. Denuncian que los sectores productivos fueron excluidos del comité técnico y temen que el dinero se desvíe a proyectos ajenos a zonas que realmente resienten el impacto del turismo de cruceros.

Además, si el costo por bajar del barco se vuelve demasiado alto, las navieras podrían modificar itinerarios a islas privadas o puertos del Caribe con menores tasas aeroportuarias y de muellaje, afectando comercio y empleos.

Para evaluar la competitividad de las tarifas en Quintana Roo habría que separar los 5 dólares del impuesto estatal -destinados al fideicomiso local de infraestructura- del federal (Derecho de No Residente o DNR)

Inicialmente, el Gobierno Federal pretendía cobrar un DNR de 42 dólares por pasajero. Tras las protestas de la FCCA, acordó un esquema escalonado: 5 dólares, que sube a 10 y se incrementará gradualmente hasta llegar a 21 dólares.

En este sentido, al sumar los conceptos estatal-federal, el impacto real por pasajero sitúa a Quintana Roo en posición intermedia-alta en el Caribe.

Respecto al impacto económico, Cozumel es el puerto de cruceros más visitado del mundo. Su infraestructura, profundidad natural para recibir barcos gigantes -clase Oasis- y ubicación geográfica estratégica mitigan en parte el impacto del costo extra. Las navieras no pueden eliminarlo de sus rutas tradicionales en el Caribe.

El verdadero riesgo para Quintana Roo no son otros países, sino la tendencia de líneas, como Royal Caribbean o MSC, de desviar barcos a sus propias islas en las Bahamas, donde el gasto del turista se queda por completo en arcas de la naviera sin impuestos de infraestructura comunitaria.

Aunque el impuesto se considera justo por el desgaste municipal, el sector empresarial de Quintana Roo teme que, a largo plazo, el incremento federal programado -a 21 dólares-, sumado al estatal, termine encareciendo 200% los itinerarios mexicanos, encima del promedio del Caribe, obligando a las navieras a recortar el número de noches o frecuencias en el Estado.

El gasto promedio de visitantes divide opiniones sobre el impuesto, ya que existe diferencia abismal entre lo que gastan un crucerista y un turista de hotel. Mientras el primero visita la isla unas horas sin pagar hospedaje, el turista tradicional pernocta e interactúa más profundo con la economía local.

Para el Gobierno del Estado, que el crucerista gaste considerablemente menos que un turista de hotel, pero use la misma infraestructura pública -calles, seguridad, recolección de basura y servicios sanitarios-, es razón principal para mantener el impuesto. Lo ve como forma de equilibrar la balanza para que este turismo de masas compense el desgaste físico que genera.

Por cierto, el Gobierno de Quintana Roo estima una recaudación de 500 millones de pesos anuales exclusivamente de los 5 dólares, aunque el impacto total en los fondos de inversión pública es el doble por reglas de operación y fondos de reserva con las navieras.

¿Cómo se distribuye lo recaudado? Según reglas del Fideicomiso para el Bienestar del Turismo Crucerista, el fondo es estrictamente para garantizar dos frentes: La Infraestructura Turística y Social y el Fondo de Contingencia y Seguridad.

En este sentido, unos 350 millones de pesos directos -que se duplican con la aportación estatal- se asignan a obras de desarrollo urbano en los puertos receptores de Cozumel y Mahahual.

En el primero se asignaron inicialmente más de 200 millones de pesos para adecuar espacios públicos, mantener su estatus de Pueblo Mágico y compra de equipamiento. Recientemente se entregaron 21 vehículos especializadas para seguridad pública local financiadas por este fideicomiso, mientras a Mahahual se enfoca en red de drenaje, pavimentación y mejora de accesos al malecón para mitigar el impacto ambiental de las masas.

Sobre el resto del Fondo de Contingencia y Seguridad, se acumulan unos 140 millones de pesos anuales en reserva blindada, pues está reservado sólo para atención y prevención de desastres naturales (huracanes), contingencias sanitarias y reforzamiento general de seguridad pública en el Estado, aunque, si el dinero no se utiliza durante el año, el fondo se acumula y sigue creciendo para blindar financieramente a los destinos ante emergencias.

“Casualmente”, la propuesta de destinar parte del Fideicomiso a Chetumal -específicamente 116 millones de pesos para revitalizar el centro histórico y el proyecto “Barrio Mágico”- desató intensa fractura política y empresarial en el Sur.

La idoneidad de descentralizar los fondos generó polémica entre centralismo gubernamental y defensores de los puertos, donde, a favor, se habla de diversificación y justicia para el Sur, ya que, históricamente, el Norte acapara la mayor inversión turística.

Los que apoyan el proyecto en Chetumal argumentan que, al formar parte del mismo municipio que administra al puerto de Mahahual (OPB), requiere los recursos para detonar su propia economía, modernizar alumbrado público y rehabilitar sitios históricos como el antiguo teatro Manuel Ávila Camacho.

En una visión de conectividad regional, dicen que fortalecer infraestructura de la capital genera un “efecto derrame” que beneficia indirectamente a toda la Zona Sur, consolidando un corredor turístico más atractivo para los visitantes que deciden internarse más allá de la costa.

Por último, dado que el Gobierno del Estado duplica la bolsa bajo el esquema “uno a uno” con recursos estatales, señalan que tiene derecho a etiquetar una fracción de su presupuesto para infraestructura de la capital.

En contra, se habla de violación a reglas de origen: Empresarios y prestadores de servicios de Mahahual y Cozumel sostienen que el fideicomiso se firmó con las navieras bajo la premisa estricta de que el dinero se cobraría sólo para mitigar impacto social y desgaste urbano en puertos donde los cruceristas desembarcan. Advierten que desviar los fondos podría provocar demandas legales o que las navieras cancelen el acuerdo del impuesto.

El sector productivo de Mahahual denuncia contradicción alarmante, ya que, mientras a Chetumal le asignan millones para su centro histórico, Mahahual sufre apagones constantes, baches severos, falta de recolección de basura y deficiencias graves en plantas de tratamiento de aguas negras. Su postura es tajante: “El dinero debe quedar donde se genera”.

La polémica escaló al punto de provocar la renuncia del representante de la Coparmex en Mahahual porque la dirigencia en Chetumal respaldó usar el dinero en la capital, dándole la espalda a demandas de infraestructura de Costa Maya.

Para mitigar el descontento, las autoridades aseguran que el dinero no se está retirando por completo de zonas costeras. De las partidas del fideicomiso, el reparto inicial asigna 190 millones de pesos a Mahahual -incluso reparar su carretera de acceso y malecón- frente a 116 millones para Chetumal, aunque la comunidad portuaria exige auditorías para transparentar saldos históricos reales del fondo.

Por otra parte, cabe aclarar que a los turistas extranjeros que llegan vía aérea se les cobra un impuesto equivalente llamado Visitax, implementado en Quintana Roo con el mismo argumento conceptual que el de los cruceros: Obligar al turismo de masas a resarcir desgaste urbano y ambiental que genera en la región.

A nivel operativo y financiero, ese impuesto es diferente, pues Visitax cuesta entre 280 y 300 pesos -unos 15 y 18 dólares-, lo que lo hace mucho más elevado que los 5 dólares de los cruceristas.

A diferencia de los cruceros -el impuesto se añade automáticamente a la tarifa que se paga a la naviera-, el Visitax no se incluye en el boleto de avión. El pasajero debe pagarlo de forma independiente en línea antes de su viaje, durante su estancia o al salir por el aeropuerto.

Otra diferencia es el destino de los Fondos, toda vez que mientras el dinero de los cruceristas está blindado por un fideicomiso paritario exclusivo para infraestructura portuaria y seguridad local, el dinero del Visitax es para fines más amplios: Contener y limpiar el sargazo de playas; mitigar impacto ecológico en reservas naturales, infraestructura, vigilancia y mantenimiento de zonas arqueológicas mayas; financiamiento general para generar empleo en la industria turística y planes de cambio en los aeropuertos de Quintana Roo.

Actualmente, SAT de Quintana Roo y la Secretaría Estatal de Turismo están en negociaciones avanzadas con Aeropuertos del Sureste (Asur) para intentar replicar el modelo de los cruceros.

El plan piloto busca que el cobro del Visitax se integre automáticamente al costo del boleto de las aerolíneas internacionales, con lo que se pretende eliminar su evasión de pago en terminales de Cancún, Cozumel y Tulum, y evitar molestias de tener que realizar un trámite digital extra antes de abordar.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

Información completa sobre el currículum vitae, en este link:

https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html

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