¿Embarrado alcalde Verde con su ex Tesorero?
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
La
gestión del alcalde Verde de Tulum, Diego Castañón Trejo, enfrenta severa
crisis, con más de 50 funcionarios removidos o detenidos por corrupción y malas
prácticas, el más reciente su ex Tesorero, Vicente Francisco Aldape Moncada,
detenido en el aeropuerto de Cancún por la Guardia Nacional, pero requerido por
la Fiscalía General de la República.
La
detención, se sabe, ocurrió el jueves por portar dos armas de fuego, aunque,
más que eso, por tener en su poder una fuerte suma de dinero en efectivo que no
declaró, y aunque no se ha mencionado la cantidad, se cree que es bastante
considerable, por lo que se cuestiona el silencio cómplice y hermetismo total
de Castañón Trejo.
Irónicamente
mencionado en algún momento como aspirante a la gubernatura de Quintana Roo o
alguna diputación, el munícipe nombró como reemplazo de Aldape Moncada a Rubén
Raziel Ek Cruz, aprobado por su Cabildo en su 12ª sesión extraordinaria.
Antes
de asumir las finanzas públicas, el nuevo funcionario fue director de Catastro
de Tulum, donde había fungido como director de la Unidad Jurídica y asesor de la
Comuna, en tanto, para variar, es dirigente municipal de Verde “Ecologista” en ese
municipio.
Castañón
Trejo encabezó su toma de protesta, junto con el secretario general del
Ayuntamiento, Johnny Monsreal Padilla, quien le tomó la protesta de ley para
entrar en funciones de forma inmediata.
Cabe
destacar que el alcalde “reaccionó” ante la detención de su ahora ex tesorero con
hermetismo y silencio inicial, delegando la postura de su gobierno a su área de
comunicación social, ya que no emitió declaraciones directas ni
posicionamientos personales inmediatos, lo que generó cuestionamientos y
críticas por parte de ciudadanos y medios locales.
El
director de Comunicación Social del municipio, Adán Quintanilla, se encargó de
confirmar que el gobierno local tenía conocimiento de que Aldape Moncada portara
“una o dos armas” al ser interceptado, aunque cooperarían y se mantendrían al
margen en espera de las directrices de la FGR.
Una
vez que Aldape Moncada confirmó en video su separación del cargo “por los
desafortunados eventos”, el alcalde lo aceptó de forma exprés para
desvincularlo de la imagen del Ayuntamiento, y para frenar incertidumbre sobre
las finanzas de Tulum, convocó rápidamente a sesión extraordinaria de Cabildo
para tomarle protesta a Ek Cruz -era director de Catastro- para llenar la
vacante de manera definitiva.
No
obstante, aunque a nivel institucional la administración actuó rápido para
sustituir al funcionario, de forma política la gestión de Diego Castañón quedó
bajo intenso escrutinio y críticas por la falta de transparencia en el control
de sus colaboradores clave.
En
torno a su severa crisis institucional, registra más de 50 funcionarios
removidos o detenidos por corrupción y malas prácticas, entre los más recientes
ex funcionarios de los despidos masivos de junio, unos días antes de la captura
de Aldape Moncada, cuando se anunció el cese inmediato de nueve, tras
comprobarse su participación en redes de extorsión y cobros ilegales.
Se
trató de siete inspectores de la Dirección de Fiscalización, despedidos de
manera fulminante, acusados de “asfixiar” al sector comercial de Tulum con
clausuras arbitrarias e inventar giros comerciales falsos para exigir “moches”
y pagos forzados exclusivamente en efectivo.
De
la Dirección General de Protección Civil y Bomberos, dos operativos fueron
cesados por incurrir en extorsiones directas a establecimientos y malas
prácticas en sus supervisiones, mientras los separados del cargo o detenidos lo
encabezan Óscar Alberto Tapia Gómez, ex director de la Policía Ejecutiva, separado
de sus funciones operativas en la policía a raíz de investigaciones y
reestructuraciones por corrupción.
Se
incluye Lorenzo Bernabé “N”, ex director de Desarrollo Territorial y Urbano, detenido
el 10 de junio en Cancún, y aunque formalmente vinculado a proceso por
violencia familiar, acumulaba denuncias públicas de empresarios turísticos por
extorsión, falsificación de firmas y alteración de permisos para expedir ilegalmente
licencias de construcción.
Por
su parte, Jesús Hernández Valencia, ex director de Planeación, fue denunciado
ante la Contraloría Municipal por operar como “juez y parte”, en grave
conflicto de interés al autorizar licencias de construcción desde su cargo
público mientras también validaba técnicamente esos proyectos en el ámbito
privado como perito y presidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de
Tulum.
Ahora
bien, Aldape Moncada no era perita en dulce antes de ser detenido, pues acumulaba
quejas públicas y señalamientos de irregularidades vinculados con su gestión en
las finanzas de Tulum, según reportes y denuncias locales, los señalamientos en
su contra se concentran en varias frentes.
Una
de ellas, corrupción y extorsión a empresarios, donde sectores empresariales lo
acusaron públicamente por actos de corrupción, entre ellos manejo irregular de
trámites, con cobros excesivos o solicitudes de efectivo o “moches” para
autorizaciones locales, así como falsificar firmas, alterar permisos y expedir
irregularmente licencias de construcción.
Empleados
y ex empleados del propio gobierno de Tulum denunciaron intimidación política,
como redes de apoyo forzadas, presionados a sumarse a un grupo político afín a
Aldape Moncada, mientras les exigía interactuar en redes sociales a favor de su
imagen y asistir obligatoriamente a “domingos familiares” bajo amenazas de
perder su empleo o retenerles sus pagos.
La
gestión de fondos de la Tesorería también enfrentó duras críticas de los
trabajadores debido al destino del dinero: Se le criticó destinar recursos para
promover su imagen personal con entrega de juguetes y piñatas en comunidades
rurales, de cara al proceso electoral.
Mientras
se hacía este gasto, decenas de trabajadores se manifestaron afuera de Palacio
Municipal denunciando impago de salarios, prestaciones de fin de año y
finiquitos de personas despedidas.
Con
todo, durante el trienio anterior (2021-2024), Aldape Moncada ocupó por primera
vez el cargo de tesorero, asumiendo en marzo de 2023 tras la llegada de
Castañón Trejo y luego se desempeñó como contralor municipal, pero a lo largo
de ese periodo y la transición, los señalamientos fueron muchos.
Entre
otros, incluye el manejo opaco de la deuda pública, donde se le cuestionó la
contratación y destino de créditos financieros de última hora -incluso polémico
préstamo de 50 millones de pesos- solicitados por la Tesorería por “emergencias
fiscales” o compromisos con proveedores.
Asimismo,
trabajadores de diversas dependencias realizaron protestas en los bajos del palacio
por retraso o nulo pago de aguinaldos, sueldos devengados, prestaciones de fin
de año y finiquitos de personal despedido.
Mientras
el Ayuntamiento acumulaba deudas con sus empleados, se le acusó de derrochar
presupuesto municipal en juguetes y piñatas en zonas rurales para promocionar
de manera anticipada su imagen personal con miras a futuras candidaturas.
Durante
su coordinación de áreas financieras y de supervisión, cámaras de comercios
locales denunciaron públicamente el incremento desmedido e injustificado en el
cobro de licencias de funcionamiento y “procedimientos de fiscalización” exprés
de los que exigían pagos sólo en efectivo.
El
caso es que, durante el trienio anterior, fungió principalmente bajo las
órdenes de Castañón Trejo, donde se integró formalmente al gobierno de Tulum en
2022 como coordinador de asesores de la Tesorería.
El
16 de marzo de 2023, tras asumir la alcaldía Castañón Trejo -tras el
fallecimiento del anterior alcalde, Marciano Dzul Caamal-, lo nombró por
primera vez tesorero y hacia la recta final de ese trienio, dejó finanzas y
pasó a contralor, antes de volver a ser ratificado tesorero, por lo que se le
considera una de las piezas políticas y financieras más cercanas y clave dentro
del grupo político de Castañón Trejo en dos administraciones.
Su
detención fue bajo las siguientes circunstancias: Fue interceptado por la
Guardia Nacional en el área de revisión de la Terminal 2, tras detectarse que
portaba armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y dinero en efectivo que
no declaró.
El
hoy ex funcionario no pudo acreditar la legal portación de armas, por lo que
fue asegurado y puesto a disposición de la FGR. Tras darse a conocer su
situación jurídica y traslado al Centro de Justicia Penal Federal, presentó su
renuncia a su cargo para facilitar investigaciones.
Al
momento de su detención, se confirmó que Aldape Moncada portaba dos armas -una
de ellas calibre .22-, mientras que la cantidad exacta de dinero en efectivo no
ha sido revelada oficialmente por las autoridades.
Aunque
diversos medios de comunicación y testimonios locales en redes sociales
confirmaron fuerte suma de dinero en efectivo sin declarar, la Fiscalía General
de la República mantiene bajo reserva la cifra exacta asegurada.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html

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