¡Remoción o hasta cárcel a titular de la SEQ!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Primero involucrada en el escándalo de un negociazo de 50 millones de pesos a través del programa “Pintando con amor”, pero aun así considerada por algunos despistados como “seria aspirante” a la presidencia municipal de Othón P. Blanco, la secretaria de Educación de Quintana Roo, Elda María Xix Euán, podría hacerse acreedora a una serie de sanciones, inclusive penales.

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Lo anterior por estar involucrada en nuevo escándalo, ahora por corrupción y desvío de insumos con el programa de Desayunos Escolares en Quintana Roo, que enfrenta serios cuestionamientos tras varias auditorías y denuncias ciudadanas que exponen graves irregularidades en municipios como Othón P. Blanco y otras zonas del Estado.

Junto con la titular de la SEP, los señalamientos, auditorías y denuncias apuntan a una red de corresponsabilidad que involucra a otros altos funcionarios de la administración estatal -como la hermana de la gobernadora Verde, Mara Lezama- municipal, así como a autoridades escolares.

Los principales señalados como responsables de estas anomalías en Quintana Roo son la titular del DIF-Municipal en Othón P, Blanco, Idalid Hernández Méndez, como cabeza del organismo encargado de operar localmente los insumos en Chetumal, señalada junto con las autoridades del DIF-Estatal por falta de control en la cadena de distribución y la opacidad en el manejo de los recursos alimenticios.

“Curiosamente” en el nivel Estatal, en calidad de presidenta honoraria, el DIF lo encabeza Verónica Lezama Espinosa, nada más ni menos que hermana de Mara Lezama, y quien “casualmente”, también aspira a convertirse en alcaldesa de Benito Juárez, como lo fue con anterioridad la mandataria.

Por su lado, la posición de Idalid Hernández ha generado especial controversia debido a que es la madre de la presidenta municipal de Othón P. Blanco, la no menos cuestionada Yensunni Martínez Hernández.

También figuran directores de plantel y autoridades escolares, acusados de operar directamente u omitir la venta ilegal de los alimentos destinados a ser gratuitos en más de 60 escuelas de la entidad, permitiendo el desvío físico de los desayunos.

También involucran las irregularidades a comités escolares irregulares, pues miembros de ciertos comités de padres de familia que se fueron conformados de manera discrecional o ajena a la norma oficial, participando activamente en la comercialización de los insumos y el cobro indebido de cuotas de recuperación.

Xix Euán, por su lado, es señalada por complicidad y omisión de vigilancia. Se le cuestiona haber intentado deslindar a la dependencia que encabeza, pese a que es la responsable directa de validar los padrones de alumnos y supervisar a las direcciones de los planteles.

En este sentido, según la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, la funcionaria podría hacerse acreedora a sanciones administrativas graves, destitución, multas millonarias e inhabilitación temporal, además de posibles penas penales de comprobase el desvío de recursos o complicidad en la venta ilegal de insumos.

Según la vía legal que se aplique, las sanciones específicas podrían ser administrativa por faltas graves, por tratarse de la omisión de supervisión, negligencia o presunto desvío de programas sociales, y el Tribunal de Justicia Administrativa podría imponer suspensión del cargo temporal de sus funciones de 30 a 90 días naturales.

También podría sufrir destitución fulminante, la remoción definitiva e inmediata de su puesto como Secretaria de Educación, la inhabilitación o prohibición de trabajar en cualquier nivel de gobierno por 1 a 10 años – de no existir daño patrimonial grave- o de 10 a 20 años, si el desvío de recursos es mayor.

Otro castigo administrativo sería una sanción económica, con multas proporcionales al daño patrimonial causado a la hacienda pública, sumado a la obligación de restituir el dinero o el valor de los desayunos desviados.

En el caso de sanciones penales, vía Fiscalía Especializada en Combate a la corrupción, si las auditorías demuestran que Xix Euán participó activamente o permitió deliberadamente la malversación, la dependencia podría tipificar los hechos como delitos de peculado, ejercicio ilícito del servicio público o coalición de servidores públicos.

En este caso, podría sufrir prisión de 2 a 14 años, según los montos económicos desviados, así como decomiso de bienes, embargo de cuentas y propiedades para resarcir el daño económico al programa escolar.

Dado que existen fallos de jueces federales que obligan a garantizar los desayunos, el incumplimiento de estas órdenes (desacato) puede generar una destitución de consignación penal directa de forma inmediata por mandato del Poder Judicial de la Federación.

Ante el papel de “yo no tengo nada que ver” para deslindarse Xix Euán de alguna responsabilidad en el caso, en términos legales y administrativos, la Secretaría de Educación de cualquier Estado no puede deslindarse por completo de su responsabilidad ante anomalías detectadas en el programa de Desayunos Escolares dentro de los planteles públicos.

Si bien el Sistema DIF-Estatal o los DIF municipales son los encargados de financiar, adquirir y surtir los insumos, las Secretarías de Educación estatales operan bajo un esquema de corresponsabilidad obligatoria por razones de control y normatividad.

En materia de validación y control de padrones, las Secretarías de los Estados son las que validan la matrícula oficial de los alumnos. De existir anomalías como padrones inflados o “beneficiarios fantasmas”, la dependencia educativa comparte la responsabilidad directa, ya que es la única instancia que puede certificar que un menor realmente asiste a esa escuela.

Sobre la supervisión de las direcciones escolares, los directores de los planteles y el personal docente dependen administrativamente de la Secretaría, y si las autoridades escolares permiten irregularidades en el plantel -como desvío de insumos, cobros indebidos o venta de los productos destinados a ser gratuitos- la Secretaría está obligada a intervenir, sancionar y, de ser necesario, emprender acciones legales por omisión de vigilancia.

Respecto a la integración de los Comités de Contraloría Social, la operación de desayunos -especialmente en modalidad caliente- requiere de comités de madres y padres de familia. La normativa exige a las autoridades educativas coadyuvar en su correcta integración y el seguimiento. La falta de supervisión sobre el manejo de estos grupos en las cuotas de recuperación o los alimentos es un fallo directo de controles de la Secretaría.

Finalmente, en torno al resguardo de instalaciones, bodegas, cocinas o desayunadores escolares forman parte de la infraestructura física del plantel. La Secretaría de Educación es legalmente responsable de velar por el buen uso, resguardo e inocuidad de estos espacios públicos, impidiendo saqueos o malas prácticas sanitarias.

Así, cualquier intento institucional de “lavarse las manos” argumentando que el DIF es el titular directo del programa, resulta improcedente ante órganos fiscalizadores como la Auditoría Superior de la Federación o las contralorías estatales, ya que ambas firman convenios de colaboración interinstitucional que las atan legalmente al éxito y transparencia del programa.

Ahora bien, ¿Cuáles son las principales razones de las críticas contra el programa en Othón P. Blanco? Éstas incluyen la venta ilegal de insumos, pues padres de familia y docentes denuncian la comercialización de los alimentos que por ley deben ser gratuitos para preescolar y primaria.

También se incluyen padrones inflados y “beneficiarios fantasmas”, que detectaron las supervisiones con registros falsos de alumnos para desviar recursos públicos, así como comités escolares irregulares, con fallas en su integración, operando de manera discrecional.

Otras críticas son la omisión de las autoridades, ya que se acusa a la Secretaría de Educación de Quintana Roo y a las direcciones del DIF-Estatal y DIF-Municipal de actuar con complicidad e impunidad ante quejas recurrentes, e incumplimiento del derecho alimentario, por deficiencias en el reparto que llevaron a jueces federales a ordenar a las autoridades locales garantizar la entrega de desayunos para no vulnerar el derecho a la educación.

Lo cierto es que el número de escuelas afectadas por este esquema de irregularidades asciende a más de 60 planteles educativos de nivel preescolar y primaria, principalmente en Othón P. Blanco, donde el impacto directo de las anomalías abarca miles de niños damnificados, alumnos en condiciones vulnerables que se quedan sin raciones gratuitas por la comercialización ilegal de los insumos.

Otros impactos son daño patrimonial masivo, desvío de recursos mediante contratos con sobreprecios y simulación de beneficiarios y padrones falseados, registros alterados con alumnos inexistentes para justificar la salida de toneladas de alimentos.

Las denuncias ciudadanas y reportes han sido ampliamente difundidos en plataformas como El Grillo de Chetumal y el observatorio Vigía Ciudadano, que han presionado a las autoridades federales para auditar las cuentas de la Secretaría de Educación y del DIF.

¿Sabía Usted qué son los Desayunos Escolares? Son programas de asistencia social alimentaria diseñados para brindar alimentos nutritivos a estudiantes de escuelas públicas, con objeto de combatir la malnutrición y garantizar que niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad cuenten con la energía necesaria para iniciar su jornada escolar y mejorar su rendimiento académico.

Gestionados en países como México, son gestionados por instituciones gubernamentales como el Sistema Nacional DIF, distribuidos en dos formatos: Modalidad Fría, con alimentos empaquetados listos para su consumo en el salón de clases, que suelen incluir leche descremada, galletas o barritas de cereal integral, y fruta deshidratada o fresca.

Otro formato de la Modalidad Caliente, con platillos preparados directamente en comedores de las escuelas, frecuentemente con apoyo de comités de padres de familia, que constan de leche, agua natural, leguminosas, verduras frescas, cereales integrales y alimentos de origen animal.

Entre los beneficios clave de ambos en el rendimiento escolar, mejora de forma directa la concentración, la memoria y la asistencia a clases; seguridad alimentaria, asegura el acceso diario a una dieta variada, equilibrada e inocua, y apoyo a la economía, pues alivia el gasto familiar en los hogares en zonas de alta marginación.

Los Desayunos Escolares en México se iniciaron formalmente el 9 de mayo de 1921, por iniciativa de Roberto Medellín, entonces director de educación técnica del Distrito Federal, junto a José Vasconcelos en la escuela Miguel Lerdo de Tejada de la Ciudad de México, comenzando con apenas 50 alumnos en situación de pobreza.

Como antecedentes, en 1887 se registran los primeros esfuerzos aislados mediante la “Casa Amiga de la Obrera”, que daba alimentos a hijos de madres trabajadoras, mientras en 1921 nace la entrega formal tras observarse que los niños se desmayaban de hambre en los salones. En su primer año de operación, el programa logró distribuir 10 mil desayunos.

En 1929, se creó el programa altruista impulsado por Ignacio Chávez, enfocado en dar raciones de leche a niños de las periferias para combatir la mortalidad infantil por desnutrición, y en 1961m, con la creación del Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI) -antecesor del DIF-, el programa se expandió a nivel nacional, cuando México se alió con la empresa Tetra Pak para instalar su primera planta fuera de Suecia, facilitando la distribución masiva de leche ultrapasteurizada en envases seguros.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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