¡Nada justifica violencia magisterial de CNTE!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

El debate sobre los métodos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para pelear sus derechos, está polarizado en la sociedad, pues confrontan el derecho constitucional a la protesta social frente al derecho a la educación y libre tránsito, aunque ningún marco legal justifica o respalda la violencia como extensión de derechos.

Aunque la libertad de expresión y el derecho a la manifestación pacífica son protegidos por la Constitución, la violencia para exigir estos derechos, como ocurre en ciudad de México, obliga a reflexionar sobre la calidad moral y el tipo de maestros ante los que ponemos a nuestros hijos en el aula de clases.

Inclusive, en determinado momento, la abierta violencia de éstos, que se hacen llamar “catedráticos”, exhibida en decenas de videos, obliga a creer en la hipótesis de que son agitadores extranjeros profesionales que lo mismo atacan descaradamente vehículos particulares, negocios, policías que a cualquiera que se oponga o no a su “manifestación”.

Hasta hace unos años, cuando sólo existía el SNTE, que lideraba Elba Esther Gordillo con las fauces siempre abiertas, nunca nos imaginamos que una agrupación de “catedráticos” llegara a tales extremos, ya no sólo frente a las autoridades, sino ante la sociedad civil que nada tiene que ver con su lucha.

A ese extremo nos habían llevado, que tan siquiera volteábamos a ver sus demandas, si son justas, moderadas, conscientes, ignoradas por el gobierno federal, o vaya Usted a saber qué.

 En este sentido, las principales exigencias de la Coordinadora se centran en la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la desaparición de la (Unidad del Sistema para la Carrera de los Maestros (USICAMM), órgano desconcentrado de la SEP en México y un aumento de 100% al salario base.

A raíz de la falta de un acuerdo definitivo con el gobierno federal, los disidentes mantienen violentas jornadas de protesta y plantones, donde también exigen una mesa de diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre sus demandas laborales y salariales, además del aumento a su salario base, exigen regular plazas y bases para trabajadores temporales, reinstalación de docentes, así como restituir en sus puestos a maestros cesados en administraciones pasadas, reformas al sistema de pensiones y jubilaciones y abrogar la Ley del ISSSTE de 2007: Rechazan tajantemente el sistema de cuentas individuales que administren las Afores.

Además, exigen el regreso al modelo de reparto público y solidario para el retiro, así como congelar los límites de edad y permitir el retiro por años de servicio (30 años para hombres y 28 para mujeres)

Sobre sus exigencias educativas y administrativas, exigen desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de los Maestros por considerar que vulnera sus derechos de promoción y ascenso laboral; revertir los cambios de la reforma educativa de 2019 y leyes secundarias asociadas, así como mayores recursos directos destinados a la infraestructura de la educación básica.

En respuesta, el gobierno federal combina ofrecimientos de reformas institucionales, rechaza la abrogación total de leyes por límites presupuestales y delega la negociación en el gabinete presidencial. Hasta la fecha, el magisterio disidente considera estas ofertas como “insuficientes”.

Sin embargo, sobre la USICAMM, la Secretaría de Gobernación ofreció formalmente su desaparición, aunque plantea sustituirla por un esquema más justo diseñado mediante consulta nacional escuela por escuela, mientras que las autoridades federales mantienen firme no derogar la reforma del ISSSTE 2007.

A cambio, proponen un colectivo interdisciplinario y mesas técnicas para estudiar alternativas viales que fortalezcan el sistema de pensiones sin desestabilizar las finanzas públicas, en tanto que, como deuda en vivienda, se planteó un decreto presidencial para congelar o condonar deudas problemáticas con el FOVISSSTE.

En torno a las demandas salariales, el gobierno de Claudia Sheinbaum implementó un aumento de 9% generalizado, con un alza acumulada para llegar a 10% en meses posteriores, con lo que el aumento de 100% exigido es catalogado como inviable presupuestalmente.

Respecto a una mecánica de diálogo y orden público, la presidenta Claudia Sheinbaum delegó las mesas de negociación directa en Rosa Icela Rodríguez (Segob), Mario Delgado (SEP) y Martí Batres (ISSSTE) y enfatizó respetar el derecho a la manifestación pacífica, aunque llamó a no afectar derechos de libre tránsito de la ciudadanía con bloqueos carreteros y plantones.

Ahora bien, el debate sobre si las demandas de la CNTE son justas divide las opiniones en México, ya que lo mismo existen argumentos a favor de los derechos laborales que contra el impacto social de sus protestas.

En este sentido, las posiciones se dividen principalmente en dos perspectivas: Argumentos que consideran justas las demandas Argumentos y las que las consideran injustas o inviables

Quienes apoyan a la CNTE argumentan que un salario base digno y prestaciones sólidas son necesarios para retener el talento y compensar el costo de la vida, que el sistema de cuentas individuales de la Ley del ISSSTE de 2007 precariza el retiro de los maestros, por lo que ven justo exigir el regreso a un sistema de pensiones solidario.

En su defensa laboral, argumentan que organismos como la USICAMM han condicionado los ascensos y plazas de forma burocrática, afectando los derechos laborales legítimos de los profesores.

Por su lado, los que consideran injustas o inviables las demandas por su inviabilidad financiera incluye a analistas económicos que dicen que 100% de aumento salarial y la abrogación de la Ley del ISSSTE colapsarían las finanzas públicas, al no haber presupuesto suficiente para sostener un sistema de pensiones de reparto.

Asimismo, señalan que el derecho a manifestarse no justifica bloqueos en autopistas, plantones prolongados y suspensión de clases, lo que vulnera el derecho a la educación de miles de niños, en tanto sectores de la sociedad civil argumentan que la eliminación de los controles de la USICAMM busca regresar a viejas prácticas de asignación discrecional o herencia de plazas, afectando el mérito profesional.

Las posturas se dividen en varias formas, entre ellos argumentos que justifican sus formas de protesta, la eficacia política, ya que sus defensores dicen que marchas, plantones y bloqueos son los únicos mecanismos efectivos para obligar al gobierno federal a abrir mesas de diálogo de alto nivel.

Sostienen que, históricamente, los canales institucionales y los trámites burocráticos suelen ignorar las demandas laborales, haciendo necesaria la movilización masiva, mientras argumentan que la protesta social es un derecho humano fundamental que busca visibilizar problemas que, de otro modo, quedarían invisibilizados.

En contraparte, entre los argumentos que rechazan sus formas de protesta, están la afectación a la infancia, ya que, aseguran los críticos, la suspensión de clases y el cierre de escuelas vulneran el derecho constitucional de los niños a recibir educación básica.

También se incluye, sobre todo, el impacto económico y social, ya que, bloqueos en autopistas, vías de tren y centro de la Ciudad de México, provocan pérdidas económicas millonarias, además de afectar la vida diaria y el libre tránsito de miles de ciudadanos ajenos al conflicto.

Por último, diversos sectores de la sociedad civil critican el uso de la fuerza o el daño a la infraestructura pública durante algunas marchas, pues consideran que estas “medidas”, más que acciones, le restan legitimidad a sus demandas originales.

En este sentido, el debate jurídico y social sobre las acciones de la CNTE se centra en dónde termina la protesta legítima y dónde empiezan los actos delictivos o la afectación de derechos de terceros, conforme a la perspectiva legal y constitucional

Sobre el particular, los Artículos 6° y 9° de la Constitución garantizan la libre manifestación de las ideas… pero siempre y cuando no se ataque la moral, los derechos de terceros, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Desde el punto de vista del Derecho Penal, actos vandálicos, agresiones físicas a cuerpos de seguridad o ciudadanos, así como daños a la propiedad pública o privada se consideran delitos y NO ejercicio de libertades civiles.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en diversos criterios que el derecho a manifestarse debe coexistir con otros derechos fundamentales, como el libre tránsito (Artículo 11°) y el derecho a la educación de los menores (Artículo 3°), sin que uno anule al otro.

Con todo, quienes condenan estas acciones argumentan que el uso de la violencia, secuestro de autobuses, destrucción de mobiliario urbano o choque con la policía restan total legitimidad a las demandas laborales del magisterio. Para este sector, la ley debe aplicarse rigurosamente y el gobierno no debería negociar bajo esquemas de presión violenta o chantaje social.

Quienes justifican o contextualizan la radicalidad de las protestas -aunque no necesariamente la violencia física directa- argumentan que el Estado a menudo ejerce “violencia institucional” al ignorar acuerdos o precarizar las condiciones de vida de los trabajadores, visión desde la que, resistencia civil o bloqueos son respuestas desesperadas ante la falta de canales efectivos de justicia y diálogo real.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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