Comisión de “Búsqueda”, ¡extraviada en FCP!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Con profunda pena se informó de la desaparición del octogenario Fermín Aguilar Che en Felipe Carrillo Puerto, pero nos congratulamos con que hubiera sido localizado el sábado anterior, sobre todo, con vida, tras intenso rastreo en las zonas selváticas de ese municipio, y más de 48 horas de extraviado.

El adulto mayor fue visto por última vez el miércoles, cuando salió de su domicilio por la mañana hacia su parcela-milpa rumbo a la zona de Vigía Chico, pero al notar que no regresaba a la hora acostumbrada, su familia encendió las alertas.

Sin embargo, el caso también causó profunda preocupación por la inactividad, inclusive “nula participación”, de la Comisión de Búsqueda de Personas de Quintana Roo, lo que generó desconcierto en la comunidad, por la mezcla de deficiencias estructurales generalizadas en la institución y a la naturaleza inmediata del tema.

Y es que, en efecto, la falta de capacidad e ineficacia institucional en esa dependencia sigue siendo tema de fuerte crítica y debate en el Estado, agravado con el controvertido relevo de su titular, pues tras la salida de la anterior -la hoy “asesora”-, María López Urbina, el gobierno de Mara Lezama nombró en febrero a la política Haydé Cristina Saldaña Martínez.

Lejos de calmar las aguas, su nombramiento intensificó los reclamos sociales debido a varios factores, entre ellos su perfil político en lugar de uno técnico.

Además, como se sabe, colectivos de madres buscadoras y activistas critican su perfil por obedecer su trayectoria más a una carrera política partidista -vinculada activamente antes al PRD y a cargos legislativos-, que, a verdadera experiencia técnica, de campo, en la búsqueda de desaparecidos o defensa de los derechos humanos.

Como advertencia, la propia Mara Lezama reconoció las dudas sociales al declarar públicamente durante el nombramiento que el cargo de Saldaña Martínez. no era “cheque en blanco” -ahora vemos que sí-, sino encomienda sujeta a metas rigurosas con las familias.

Sin embargo, apenas asumió, se reportó que López Urbina demoró en establecer mesas de trabajo directas con los colectivos de víctimas en el Estado.

La inconformidad por el proceso de selección llevó a algunos colectivos a evaluar e invocar la protección de la justicia federal mediante juicios de amparo para impugnarlo, acusando que la convocatoria no tomó en cuenta de forma legítima la voz de las víctimas.

Como estrategias de escritorio frente a crisis de campo, la Comisión recién implementó nueva estrategia orientada a depurar y revisar expedientes antiguos -para verificar si personas reportadas ya regresaron a casa y no se notificó-, en algo que le dio por llamar “Unidad de 30 días”.

Aunque administrativamente se plantea como una depuración necesaria, los colectivos critican que el enfoque prioritario de la dependencia siga siendo la reestructuración burocrática y el papeleo, en lugar de fortalecer la capacidad operativa de respuesta rápida e inmediata en campo.

Casos como el de Fermín Aguilar en Carrillo Puerto evidencian que, ante la inacción o lentitud de la Comisión formal, siguen siendo las células municipales, ejidatarios y rescatistas independientes los que resuelven las emergencias en el terreno.

Como factores que tratan de explicar por qué la Comisión no figuró como fuerza principal en la búsqueda, incluyen la falta crítica de personal y presupuesto propio, ya que, a nivel estatal, la Comisión enfrenta carencias operativas.

Así, colectivos de familiares señalan que padece falta de empleados en campo, ya que tiene delegaciones con apenas un puñado de trabajadores para atender todo el Estado, además de carecer de un fondo estatal sólido y autónomo para viáticos, logística de emergencia o movilizaciones rápidas: Tienen más vehículos que personal capacitado para operarlos.

Las Comisiones de Búsqueda suelen enfocar sus escasos recursos en investigaciones complejas de largas desapariciones o relacionadas con hechos delictivos como delincuencia organizada o desaparición forzada.

Al tratarse del extravío de un adulto mayor en el monte por causas de orientación, la urgencia requería de una respuesta de rescate inmediato, y de ahí que las autoridades tomaran el control total y directo de la situación desde las primeras horas con corporaciones de proximidad del Ayuntamiento y la Dirección de Protección Civil de Carrillo Puerto, Policía Municipal local y cuerpos de rescate canino, así como militares y Marina por su capacidad de despliegue en zonas selváticas complicadas.

Para que la Comisión movilice equipo propio a la Zona Maya, requiere agotar un proceso burocrático de activación de protocolos y expedientes. En la selva, con un octogenario diabético bajo temperaturas extremas, esperar el arribo formal de los burócratas de la Comisión habría sido fatal, por lo que comunidad ejidal y autoridades locales decidieron no esperar y actuar por su cuenta, logrando el rescate de manera autónoma.

Aunque al final de la jornada Mara Lezama mencionó formalmente a la Comisión entre los agradecimientos por pura formalidad de protocolo, en la práctica el mérito real y operativo se debió totalmente a ejidatarios, voluntarios civiles, rescatistas con binomios caninos y el helicóptero facilitado por el municipio de Playa del Carmen.

Lo cierto es que la búsqueda de Don Fermín se tornó urgente por padecer diabetes, además de que los rescatistas enfrentaron altas temperaturas y densa vegetación de la selva maya, pese a que en el rastreo participaron más de 40 elementos, incluyendo ejidatarios locales, voluntarios, Protección Civil y fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Tras el despliegue coordinado, paramédicos brindaron los primeros auxilios al extraviado, reportado formalmente fuera de peligro.

Inicialmente se dijo que no participaron corporaciones o brigadas de Yucatán y que el despliegue se habría concentró sólo con recursos de Quintana Roo y fuerzas federales, y fue determinante el trabajo de la comunidad local, que mejor conoce el terreno y lideró el rastreo a pie con ejidatarios, voluntarios civiles, familiares y guías de la zona maya.

La posible confusión inicial con Yucatán sería porque de forma casi simultánea se activó otro operativo de búsqueda importante en los límites con Quintana Roo para localizar a hombres extraviados en montes de Peto, Yucatán, pero ambos casos se manejaron de manera independiente por sus entidades.

Sin embargo, luego se sabría que también participó en Carrillo Puerto una unidad de rescate de Mérida con la perrita rastreadora “Nana”, que se sumó al apoyo de binomios caninos, y fuentes locales precisaron nombres y detalles de los acompañantes de “cuatro patas” que participaron en el rastreo.

Así, se habla de “Keiko”, perrito de Don Fermín, quien no iba solo al monte, sino acompañado de su propio perro, que permaneció a su lado o sirvió como referencia inicial para los cuerpos de rescate en la zona de la milpa.

También se habla del binomio canino K9 que agilizó el rastreo en la selva baja y densa para la búsqueda y rescate coordinado junto con los elementos de la Marina y cuerpos de rescate peninsulares.

El caso es que muchos voluntarios especializados en rescate agreste y entrenadores de caninos operan de forma interestatal en la península -Mérida, Cancún, Playa del Carmen- y se desplazan rápidamente cuando existen adultos mayores extraviados en zonas selváticas debido al riesgo de deshidratación.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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