¡Dura prueba para la Secretaría de Anticorrupción!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Con una cuestionada trayectoria desde Cancún y luego en la desaparecida Contraloría General del Estado, la titular de la hoy Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de Quintana Roo, Reyna Valdivia Arceo Rosado, tiene ante ella la gran oportunidad de reivindicarse con el sonado caso del presidente de Royal Caribbean Group México, Ari Adler Brotman.

En efecto, el nombre del que con anterioridad fungiera como director del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado (Idefin) hasta agosto de 2025, comenzó a “sonar” fuerte tras la cancelación oficial del megaproyecto turístico “Perfect Day México”, de Royal Caribbean en Mahahual.

Designado presidente por Royal Caribbean Group México, con el supuesto objeto de liderar los proyectos de expansión e infraestructura turística de la naviera en el país, violó con flagrancia la legislación que regula de forma directa el Conflicto de Interés: La Ley de Responsabilidades Administrativas de Quintana Roo y sus municipios.

Esta norma local se alinea con el Sistema Nacional Anticorrupción y establece restricciones sumamente específicas para el cambio de ex funcionarios al sector corporativo, la “regla del año”, por información privilegiada.

La irregularidad se puso públicamente de manifiesto por denuncia de los grupos ambientalistas como pilar central contra la contratación de Ari Adler en Royal Caribbean, en violación de los Artículos 55 y 56 de la citada Ley de Responsabilidades, que prohíbe tajantemente a cualquier ex servidor público utilizar información privilegiada para obtener un beneficio privado o comercial.

Esa ley señala de manera textual que esta restricción se mantiene vigente “hasta por un plazo de un año” posterior a haberse retirado de su empleo, cargo o comisión, y debido a que Ari Adler dejó el Idefin a mediados de 2025 y asumió la presidencia de la naviera en agosto del mismo año, la transición fue entre el plazo prohibido.

Pero, además, ante su contratación indebida también existe una falta para particulares, en este caso de Royal Caribbean Group México, ya que la ley de Quintana Roo no sólo prevé sancionar al ex funcionario, sino también a la corporación que lo contrató, tal y como indica el Artículo 78, que tipifica la “contratación indebida de personas ex servidoras públicas” como una falta grave de particulares.

En decir, incurre en esta falta la empresa que contrate a alguien que haya sido servidor público durante el año previo. El criterio clave es que dicho ex funcionario posea información que “directamente permita al contratante beneficiarse en el mercado o colocarse en una situación ventajosa frente a sus competidores”.

El marco normativo determina que existe conflicto de interés cuando los intereses privados, de negocios o personales de un funcionario interfieren con la imparcialidad de sus funciones oficiales. Los colectivos afirman que, al haber liderado el organismo encargado de estructurar las inversiones de Quintana Roo, su posterior representación corporativa choca con la imparcialidad de los planes de desarrollo urbano aprobados.

Así las cosas, sobre el estado de la disputa legal, la ex Secretaría de la Contraloría del Estado -ahora Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno- es la autoridad competente para resolver la procedencia de estas denuncias administrativas.

Por su parte, la defensa legal de la naviera sostiene no haber violación a la norma, ya que las autorizaciones de terrenos e instrumentos de ordenamiento de la zona -como el PDU de Othón P. Blanco- ya estaban validadas administrativamente desde fines de 2024, antes de los movimientos del directivo, por lo que argumentan que no se utilizó información privilegiada para “adelantar” ventajas competitivas.

Por lo menos, hasta donde se cree, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno que encabeza Reyna Arceo sí ha intervenido en el caso, pues la denuncia formal por presunta contratación indebida, interpuesta por la organización civil “Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano” (DMAS), fue formalmente presentada y recibida por la dependencia estatal.

Sin embargo, el hecho de que aún no se haya emitido una sanción o inhabilitación inmediata contra Ari Adler o Royal Caribbean es por factores de carácter técnico, legal y político, en el primer caso, por encontrarse en fase de substanciación y desahogo, ya que denuncias por faltas administrativas graves -como el conflicto de interés o la contratación indebida- no se resuelven en forma automática.

En este sentido, la Secretaría debe agotar un periodo de investigación, allegarse de pruebas, revisar las actas de entrega-recepción del ex director del Idefin y permitir el derecho de audiencia del acusado, y al tratarse de una falta grave, una vez que la Secretaría concluya la investigación, no ella sanciona, sino que tiene la obligación legal de turnar el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, que tomará la resolución definitiva.

Además, para que la Secretaría pueda fincar alguna responsabilidad, debe demostrar plenamente el uso de información privilegiada, pero la defensa legal de Ari Adler y Royal Caribbean presentó un argumento central que detiene la intervención punitiva: Afirma que, supuestamente, el directivo nunca gestionó trámites directos con la naviera mientras estuvo en el Idefin.

Así, sostiene que los instrumentos legales y el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de Mahahual la aprobaron legalmente con anterioridad las autoridades municipales. Al no existir trámites “pendientes” que él hubiera destrabado con información oculta, dicen que no se configura la hipótesis de ventaja indebida en el mercado.

Lamentablemente, existe una fuerte lectura de carácter político y judicial que ha restado presión a las autoridades locales: La cercanía con el gabinete de Mara Lezama, dado que los colectivos ciudadanos critican que la falta de celeridad de la Secretaría de Anticorrupción se debe a que Ari Adler era un funcionario de confianza muy cercano en el organigrama de la administración de la mandataria.

Por si fuera poco, un tribunal federal habría emitido fallo que favoreció inicialmente y destrabó los permisos de construcción de la transnacional, y cuando un tribunal valida la legalidad de los actos del proyecto, reduce el margen de maniobra de la Secretaría para argumentar que los permisos locales derivados fueron ilícitos.

Aunque el frente administrativo local sigue un curso lento en la Secretaría de Anticorrupción, el conflicto de interés pasa a segundo término debido a que la Semarnat federal dio el golpe definitivo al caso, ya que la dependencia, dirigida por Alicia Bárcena: Frenó formalmente el proyecto Perfect Day México en Mahahual por motivos estrictamente ecológicos e impacto ambiental.

Al estar el megaproyecto detenido desde el plano federal, el debate sobre los permisos locales y el papel de Ari Adler queda “congelado” en tribunales.

Ahora bien, el señalamiento de conflicto de interés contra Ari Adler proviene de organizaciones civiles, activistas ambientales y reportajes de investigación -como los publicados por Proceso- debido a la velocidad de su transición entre el sector público y el corporativo:

Como origen de la crítica, Ari Adler se desempeñó hasta mediados de 2025 como director del Idefin, organismo público enfocado precisamente en atraer inversiones y gestionar proyectos empresariales en la entidad. Apenas unos meses después de dejar ese puesto gubernamental, en agosto de 2025, fue nombrado presidente de Royal Caribbean México.

Organizaciones como DMAS y diversos colectivos civiles denuncian que su contratación viola los tiempos éticos y legales mínimos requeridos para evitar que un ex funcionario utilice información privilegiada, redes de contactos gubernamentales o influencias para acelerar trámites, y cuestionan su papel en la sospechosa aprobación del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de OPB, que facilitaba los permisos de uso de suelo para el polémico proyecto turísticos.

Ante señalamientos mediáticos y demandas de amparo, Royal Caribbean respondió oficialmente no existir tal conflicto de intereses. Argumenta que la incorporación de Ari Adler fue estrictamente por su consolidada experiencia previa en desarrollo inmobiliario y el sector privado -como Canadevi-, mientras el directivo declaró que los trámites del PDU ya estaban autorizados desde fines de 2024 y que la empresa actuó bajo estricto cumplimiento de la ley.

La trayectoria de nuestro personaje, antes de incorporarse al sector privado global, había consolidado su carrera en el Estado como director del Idefin, encargado de atraer inversiones a la entidad, así como ocupado cargos gremiales de relevancia local, como presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) y como director regional de Hogares Unión.

En Perfect Day México, ha sido vocero y principal defensor del megaproyecto de parque acuático en Mahahual, que enfrentó una fuerte controversia con grupos ambientalistas y la Semarnat por su impacto ambiental en los ecosistemas de manglar locales.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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