Alcaldesa de FCP, ¡entre lo peor de Morena!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         No cabe duda de que todos los gobiernos municipales de Morena y de los Verdes -cambiados convenencieramente de color- son “dignos” de cualquier cuestionamiento o sospecha de corrupción -y ni qué decir de la propia gubernatura-, pero el caso de Felipe Carrillo Puerto ocupa un lugar muy “especial” por tratarse de un municipio muy pobre y con muchas necesidades.

         Y es que también llama la atención porque su presidenta Maricarmen Candelaria Hernández Solís es quien encabeza ese mandato de Morena, de la mano de su pareja sentimental, Johana Michelle Acosta Conrado, “casualmente” la líder máxima de ese partido en Quintana Roo, lo que ésta aprovecha para repartir el poder entre sus familiares y amigos.

En efecto, las cuentas públicas de Carrillo Puerto son cuestionadas de manera constante y pública por instancias oficiales, medios de comunicación locales y partidos de oposición, la más relevante a través de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)

La Federación ha emitido duros señalamientos por el manejo del gasto federalizado. Por ejemplo, en revisiones recientes a la cuenta pública de la administración de Mary Hernández, detectó irregularidades por más de 27.7 millones de pesos relacionados con inconsistencias en el uso de participaciones federales entregadas al municipio. La administración local está obligada públicamente a justificar o reintegrar ese dinero bajo plazos perentorios.

Por su parte, como cosa “rara”, la siempre cuestionada Auditoría Superior de Quintana Roo (ASEQROO) por fin abrió de manera formal carpetas de investigación y auditorías en materia de situación patrimonial contra ex servidores públicos de ese municipio por falta de comprobación de gastos o desvío de recursos identificados en la revisión de cuentas públicas de años fiscales anteriores.

A nivel mediático y político local, el presupuesto de egresos de la Comuna recibe constantes quejas de opacidad, que medios locales, como Diario Cambio 22, cuestionan que sus recursos se utilicen como “caja chica”, y señalan el nombramiento de familiares de figuras políticas de Morena en áreas clave como la Dirección de Obras Públicas y de Presupuestos. Los críticos denuncian que estos lazos familiares generan un conflicto de interés que debilita las auditorías internas del municipio.

Así las cosas, las principales sospechas en torno a las cuentas públicas de Carrillo Puerto se concentran en desvío de recursos federales, adjudicación ilícita de contratos a empresas fachada y pago a empleados fantasmas, es decir, “aviadores”.

Sobre inconsistencia en fondos federales, la ASF mantiene investigación sobre el faltante de 27.7 millones de pesos del ejercicio fiscal de la cuenta pública 2024. Las principales sospechas radican en el mal manejo de fondos clave como los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, y las participaciones federales directas entregadas a la Comuna.

Como dijimos, abundan críticas políticas y reportes periodísticos que señalan presuntos conflictos de interés en la asignación de obras públicas: Se acusa otorgamiento de contratos millonarios a familiares y allegados políticos; se sospecha el uso de empresas fachada que carecen de maquinaria y capacidad técnica, y se cuestiona la operación de la Dirección de Presupuestos por la existencia de familiares de la dirigencia partidista de Morena.

Extrañamente, las revisiones de la ASEQROO apuntan a la existencia de trabajadores que cobran sin laborar. Administraciones locales han denunciado penalmente haber recibido nóminas municipales infladas con más de mil 800 empleados innecesarios para cumplir con compromisos políticos pasados.

Por si fuera poco, las sospechas también alcanzan a ex funcionarios, por lo que la Fiscalía Anticorrupción del Estado mantiene procesos abiertos por el uso ilícito de atribuciones, donde destacan investigaciones por la simulación de actas de Cabildo falsas diseñadas para justificar pagos millonarios no autorizados legalmente.

El desglose oficial de las observaciones por más de 27.7 millones de pesos realizado por la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública de Carrillo Puerto se divide principalmente en tres rubros críticos, uno de ellos en obras públicas “fantasmas” o incompletas

Con simulación de términos, se detectaron proyectos de infraestructura básica y servicios públicos reportados formalmente como “concluidos” ante la federación, aunque las inspecciones físicas o técnicas arrojaron que carecen de la documentación que demuestre su ejecución real.

En materia der deficiencias en licitaciones, existen inconsistencias graves en los expedientes de los contratos, donde no se justificó de manera transparente la elección de los proveedores ni los catálogos de conceptos pagados.

Otra irregularidad es la opacidad en participaciones federales por falta de comprobación del destino final, ya que el municipio recibió transferencias directas de recursos federales, pero no pudo acreditar las pólizas de cheque, facturas válidas ni transferencias bancarias que justifiquen en qué se gastó el dinero.

Sobre desviación de etiquetación, se sospecha el uso de fondos destinados estrictamente a seguridad y desarrollo social para cubrir gasto corriente, tales como el pago de nóminas de última hora o viáticos no autorizados.

Por último, hay irregularidades por incumplimiento de la normatividad del gasto por falta de bitácoras de obra, esto es, ausencia de registros técnicos obligatorios que validen la calidad de los materiales y los tiempos de entrega.

Y es discrecionalidad presupuestal, se detectaron modificaciones al presupuesto sin la aprobación oportuna del Cabildo o sin el sustento legal requerido por las leyes de disciplina financiera.

El caso es que el Ayuntamiento, que encabeza Mary Hernández, recibió plazos perentorios previstos por la ley para presentar los argumentos técnicos y la documentación comprobatoria ante la ASF, bajo el riesgo de que estas observaciones escalen a denuncias penales por daño al erario.

Sobre el desglose de las inconsistencias por más de 27.7 millones de pesos detectado por la ASF, corresponde primordialmente al uso de participaciones federales. Según informes emitidos, las observaciones y áreas bajo sospecha se estructuran de la falta de documentación justificativa y comprobatoria

También en la falta de facturas y contratos, ya que no se presentaron los comprobantes fiscales digitales, estimaciones de obra, ni contratos debidamente firmados que amparen la salida de millones de pesos del erario municipal.

Por último, falta de evidencia de bienes y servicios, ya que la Comuna no pudo demostrar ante la federación que los bienes adquiridos o los servicios contratados con estas participaciones federales hayan sido realmente entregados o ejecutados.

Sobre el destino de los recursos e inconsistencias en obras públicas, varias de las reportadas e iniciadas carecen de la documentación técnica y legal que acredite su correcta finalización, lo que genera dudas sobre si los proyectos están concluidos o si se trata de obras “fantasma”.

Asimismo, se sospecha el uso discrecional de las participaciones federales para cubrir boquetes financieros generados por el gasto corriente o compromisos políticos, en lugar de aplicarlos directamente a los rubros para los que fueron asignados o programados.

En relación con las irregularidades y el incumplimiento de plazos legales, tras la notificación de los pliegos de observaciones, la alcaldesa Mary Hernández recibió un plazo legal de 30 días hábiles para presentar ante la ASF la documentación probatoria y los argumentos técnicos pertinentes.

En caso de no solventarse debidamente este desglose de observaciones dentro del término legal, el órgano fiscalizador federal procederá a la promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias o, en su defecto, a la presentación de denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.

Ante todo esto, existen suficientes argumentos de críticos y oposición contra quien, en su momento, aspiró a la candidatura para gobernar Quintana Roo o “mínimo” -¡Válganos Dios!- a convertirse en próxima diputada del Congreso del Estado, pero, con una bajísima posición estatal, Mary Hernández ocupa el penúltimo lugar de aprobación entre los alcaldes de Quintana Roo en evaluaciones recientes de GobernArte.

Por si fuera poco, en crisis de seguridad, el municipio registra un alza severa en homicidios, extorsiones y desapariciones forzadas en la zona, mientras en opacidad institucional, los medios de comunicación acusan servicios públicos colapsados y nepotismo y acumula pliegos pendientes por comprobar en el manejo de dinero federalizado.

Como señalamos líneas arriba, al “gobierno” de Carrillo Puerto se le cuestiona públicamente por la consolidación de un “clan familiar” en la nómina municipal. Las acusaciones señalan el nombramiento directo de parientes y parejas de figuras políticas en puestos clave.

Sin embargo, los casos de presunto nepotismo más señalados e investigados por la opinión pública son la Dirección de Obras Públicas, que ocupa Apolinar Acosta, tío de Johana Acosta, pareja de la alcaldesa; la Tesorería Municipal, dirigida por Victoria Gómez, ex secretaria particular de la presidencia, y la dirección del DIF, que encabeza Fernando Gómez, hermano directo de la tesorera.

Como una contradicción institucional, aunque Usted no lo crea, el propio Cabildo de Carrillo Puerto aprobó por unanimidad reformas constitucionales estatales contra el nepotismo, aunque, se sabe, estas posiciones estratégicas operan de forma impune: Sólo sirven para controlar la asignación de contratos y el flujo del presupuesto municipal.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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