Sospechosa, ¡cuestionada “renuncia voluntaria”!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Aunque se considera “operación cicatriz” de la gobernadora Verde, Mara Lezama, el caso del ahora ex director general del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo, Héctor José Contreras Mercader, desde la perspectiva de rendición de cuentas, necesitó una investigación profunda antes de aceptar su “renuncia voluntaria”.

Sin embargo, en el sistema político mexicano, se prioriza esa “operación” o control de daños mediáticos inmediatos por encima de los tiempos procesales de la justicia penal o administrativa.

En una cronología del caso, el detonante fue el 8 de junio, cuando televisión y prensa internacional captaron a Contreras Mercader en una de las zonas VIP del Madison Square Garden de Nueva York durante el tercer juego de las Finales de la NBA entre New York Knicks y San Antonio Spurs.

La polémica es que apareció sentado a metros del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las entradas en la sección oscilaban entre 20 y 40 mil dólares -348 y 696 mil pesos mexicanos-por lo que se cuestionó duramente el gasto porque su sueldo promedio mensual como funcionario era de unos 64 mil pesos, lo que contravenía los principios de “austeridad” de la administración.

Tras la presión “mediática” de la prensa, Contreras Mercader presentó formalmente su renuncia el 11 de junio, cuando justificó separarse del puesto para no entorpecer el funcionamiento del organismo tributario estatal ni afectar el trabajo institucional de Mara Lezama.

Así, la prisa de ésta por aceptar la “renuncia voluntaria” en lugar de suspenderlo e investigar, responde a dinámicas muy específicas, uno de ellos el blindaje del discurso de la 4T, ya que el gobierno de Quintana Roo, supuestamente alineado a Morena, basa parte de legitimidad en principios de austeridad republicana.

Además, una eventual investigación exhaustiva con el ex funcionario en activo habría significado mantener vivo el escándalo en la prensa y cada día que pasara sin resolver la procedencia del dinero de los boletos VIP, hubiera sido un golpe directo a la credibilidad del proyecto de Mara Lezama, por lo que, al separarlo de inmediato, su gobierno “se lavó” las manos" políticamente.

Frente al vacío legal de su “vida privada”, Contreras Mercader argumentó en todo momento que viaje y boleto fueron estrictamente con recursos propios y en su tiempo libre, por lo que, para destituirlo o sancionarlo antes de “renunciar”, la cuestionada Secretaría “Anticorrupción” debió demostrar, primero, que hubo desvío de recursos públicos o enriquecimiento ilícito.

Una auditoría forense a sus cuentas bancarias y declaraciones patrimoniales requieren meses, y suspenderlo sin pruebas contundentes le habría dado herramientas legales al ex funcionario para demandar al Gobierno del Estado por violar sus derechos laborales o presunción de inocencia.

A todo esto, en la cultura política, la renuncia voluntaria funciona muchas veces como trato tácito: “Te vas inmediatamente para no dañar al gobierno y, a cambio, el Estado no te persigue penalmente”. Al dejar el cargo, la presión social disminuye drásticamente, pues se cree que se “castigó” (perder el puesto)

Sin embargo, esto frena el “ímpetu” de fiscalías o contralorías para continuar de oficio investigaciones complejas, dejando el caso sólo en una sanción moral y política, pero sin consecuencias penales o patrimoniales reales.

En efecto, hasta hoy no existe ninguna detención o proceso penal contra el ex funcionario, y aunque un sector exigió auditorías sobre su patrimonio y el origen de los recursos para su viaje, no hay resoluciones judiciales que acrediten formalmente malversación o corrupción vinculados a este evento.

Así las cosas, todo hace suponer que Mara Lezama “aceptó” la renuncia de Contreras Mercader sólo para proteger imagen y mitigar costo político del escándalo provocado por su ostentoso viaje, donde los factores clave de esta decisión incluyó el incumplimiento del discurso de austeridad

En efecto, la presencia del ex funcionario en una zona VIP con boletos estimados en miles de dólares chocaba directamente con la política de disciplina financiera y austeridad republicana “promovida” por Mara Lezama, de modo que mantenerlo en el cargo resultaba insostenible ante la opinión pública, ya que la contradicción dañaba la credibilidad del proyecto de transformación.

Otro factor es el blindaje institucional del organismo fiscalizador, ya que el Servicio de Administración Tributaria es el encargado de recaudar impuestos, y en su propia carta de separación, Contreras Mercader reconoció buscar evitar señalamientos externos que distrajeran o entorpecieran las labores del SAT. 

Al aceptar la renuncia con el estatus de “voluntaria”, la mandataria resolvió la crisis de manera inmediata sin necesidad de iniciar un engorroso proceso de destitución o cese administrativo, que habría prolongado el impacto negativo en medios de comunicación.

Esto, permitió a su gobierno un comunicado reafirmando su compromiso con transparencia y rendición de cuentas, cerrando ese capítulo político al nombrar formalmente a Marcela Ramos Islas encargada de la dependencia.

Ante esto, en el ámbito político y administrativo, la renuncia “voluntaria” fue una salida formal, pero en la práctica existió una enorme presión institucional que la volvió obligatoria, ya que, si bien Contreras Mercader dice haberse separado por decisión propia, analistas políticos y prensa coinciden en que se trató de un cese disfrazado debido a factores de presión.

Primero, presión de “línea ejecutiva”, pues en Gobiernos alineados con la Cuarta Transformación, exhibir lujos extremos viola el principio ético de la administración anteponiendo la austeridad republicana. Ante el escándalo internacional, el Gobierno del Estado suele dar un “ultimátum” al funcionario para presentar su renuncia de inmediato o enfrentar destitución fulminante.

De no haber renunciado, Mara Lezama habría cargado con el costo político diario de defenderlo en declaraciones, desgastando el discurso de honestidad del partido en el poder, por lo que las ventajas legales y políticas del formato “voluntario”, usar la narrativa de “renuncia voluntaria” beneficia a ambas partes con un acuerdo político implícito.

Al funcionario le permite limpiar parcialmente su salida argumentando “congruencia” y “salvaguarda de la institución”, evitando el estigma de ser formalmente despedido o inhabilitado de inmediato.

Mara Lezama agiliza la transición administrativa, pues un cese formal requiere abrir expedientes en la Secretaría de “Anticorrupción”, investigaciones oficiales previas y dar derecho de réplica, que prolongaría el escándalo semanas o meses, pero la renuncia “voluntaria” corta el problema de raíz en 24 horas.

Por lo tanto, aunque legalmente el papel dice “voluntaria”, políticamente la permanencia Contreras Mercader en el SATQ era completamente inviable, convirtiendo su salida en remoción forzada por las circunstancias y exigencias de la gobernadora.

Por otra parte, no se tenía registros ni antecedentes de que Contreras Mercader o su familia poseyeran una fortuna antes de asumir cargos públicos. Al contrario, el perfil profesional y patrimonial conocido del ex funcionario no justificaba un gasto de tal naturaleza, lo que precisamente encendió las alarmas.

Su perfil es de clase media y origen profesional estándar, donde, según sus perfiles curriculares que difundió el propio Gobierno del Estado, Contreras Mercader comenzó su trayectoria como auxiliar contable en empresas privadas.

En su trayectoria pública, es Licenciado en Finanzas y Contaduría Pública, y antes de dirigir el SATQ trabajó principalmente como asesor financiero y técnico en varias dependencias, sin pertenecer a familia empresarial de abolengo ni a apellidos históricamente acaudalados de la región.

Su sueldo neto oficial en el SATQ oscilaba en 64 mil pesos mensuales, mientras el costo del boleto VIP en el Madison Square Garden, equivalía a entre 5 y 10 meses de su salario íntegro, sin ningún otro gasto.

En sus declaraciones patrimoniales obligatorias ante la Secretaría de “Anticorrupción” no figuraban ingresos extraordinarios por actividades empresariales, herencias millonarias o inversiones comerciales capaces de financiar lujos de ese nivel de manera casual.

Para intentar frenar las críticas, círculos cercanos e interpretaciones de su defensa sugirieron que el viaje se pagó con “ahorros personales” o mediante una invitación privada, aunque ninguna explicación aminoró el impacto: De ser ahorros, resultaba éticamente indefendible gastar el patrimonio de meses o años en un solo partido de baloncesto.

Si fue un regalo o invitación de empresarios, la ley mexicana prohíbe estrictamente a funcionarios públicos -especialmente el jefe de Hacienda del Estado- aceptar obsequios costosos de particulares, ya que se tipifica como conflicto de interés o cohecho.

Precisamente porque su realidad económica conocida no coincidía con el nivel de vida exhibido en Nueva York, el caso escaló de inmediato a un escándalo de presunta corrupción y desvío de recursos públicos, forzando su rápida salida.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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