¿Cárcel también a hermana de la gobernadora?

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Las desviaciones por irregularidades bajo investigación del caso del programa de los Desayunos Escolares en Quintana Roo asciende a más 34.3 millones de pesos, están a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) e involucra principalmente a autoridades de Educación y directivos escolares, así como a funcionarias y directivas del DIF

         Como recién publicamos, las demandas ciudadanas apuntan directamente a una presunta red de complicidad y omisión que encabezan la titular de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), Elda María Xix Euán; a la presidenta honoraria del DIF-Estatal, Verónica Lizama Espinosa, hermana de la gobernadora verde, Mara Lezama; y a la del DIF-Municipal, Idalid Hernández Méndez, madre de la alcaldesa de OPB, Yensunni Martínez.

https://luisangelqroo.blogspot.com/2026/06/remocion-o-hasta-carcel-titular-de-la.html

Aunque algunos cuestionaron esa columna, en el caso de la titular de la SEP dijimos que podría ser removida de su cargo o inclusive ser encarcelada, aunque respecto a Verónica Lezama e Idalid Hernández se harían acreedoras a multas económicas equivalentes al doble del desvío u beneficio obtenido, inhabilitación temporal para ejercer cargos públicos por hasta 20 años, hasta la prisión de configurarse delitos penales.

El polémico y cuestionado caso que, coincidentemente, envuelve a dos aspirantes políticas para las elecciones de 2027, una a convertirse en alcaldesa del municipio capitalino -Elda Xix- y otra al de Benito Juárez -Verónica Lezama-, respectivamente, se encuentra en medio de fuerte escándalo por corrupción, desvío e ilegal comercialización de insumos.

¿Será que los “responsables” del comité de Morena esperarán el resultado de las investigaciones para “decidir” si aceptan estas dos cuestionadas aspirantes a candidatas? Esa es la pregunta del día

 Desde luego que los castigos para las titulares del DIF serían posibles de ser responsables legalmente de las irregularidades en Desayunos Escolares, aunque también si realmente se aplicara la ley, pues pese a ser presidentas disque “honorarias” -sin un salario formal-, legalmente manejan, autorizan o supervisan recursos públicos y programas sociales, por lo que están sujetas a las leyes de responsabilidad administrativa y penal.

Según la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la legislación de Quintana Roo, la comercialización, desvío o cobro indebido de programas destinados a la niñez se cataloga como falta administrativa grave, como desvío de recursos, peculado o cohecho.

Así, sus sanciones serían económica, con multas equivalentes a hasta el doble del beneficio o el daño patrimonial; inhabilitación temporal, prohibición para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público, de 1 a 10 años si el monto de la afectación es menor, y de 10 a 20 años si rebasa los límites establecidos por la ley; y destitución, separación inmediata de cualquier cargo público o representación que ostenten.

Sin embargo, de determinar la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que hubo dolo o “negocio redondo” en la venta de insumos gratuitos, podrían ser juzgadas penalmente por peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, o ejercicio ilícito del servicio público.

Esto conllevaría condenas de cárcel según el monto de recursos públicos desviados -2 a 14 años de prisión, según el Código Penal; y decomiso de bienes, aseguramiento y reparación del daño con restitución del valor total de los insumos del programa que hayan sido comercializados de forma ilegal.

Incluso si se argumentara que la venta de desayunos fue operada por comités escolares o mandos medios, la ley sanciona la omisión y la falta de supervisión de superiores jerárquicos. Si las auditorías internas o externas ya habían detectado estas prácticas y las titulares del DIF no las frenaron, la responsabilidad se extiende a ellas por no resguardar los bienes públicos bajo su cuidado.

Aunque no existe cifra oficial única o un monto global consolidado que fije exacto cuánto equivalen los desvíos por irregularidades exclusivamente en los Desayunos Escolares, auditorías federales y recientes investigaciones, sin embargo, señalan anomalías específicas y montos en contratos bajo lupa.

Así, las cifras e irregularidades bajo investigación por contratos directos, asciende a 32 millones de pesos: Informes de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación detectaron la entrega de contratos millonarios por asignación directa a empresas que no cumplían con requisitos legales para la proveeduría de esos alimentos.

Además, por desvíos e irregularidades en el DIF-Estatal, la ASF abrió investigaciones relacionadas con la desaparición de más de 2.1 millones de pesos en Alimentación y Desarrollo Comunitario, sumado a la dispersión de despensas vinculadas a personas fallecidas o con CURP inexistente.

En Othón P. Blanco, comités de padres y docentes denunciaron que los insumos alimentarios -destinados a ser gratuitos para abatir la desnutrición infantil- se extraían y ponían ilegalmente a la venta, con “padrones inflados” y beneficiarios “fantasmas” en más de 60 planteles, aunque el monto económico exacto de este contrabando sigue bajo supervisión.

Es común confundir estas pérdidas con el programa federal "La Escuela es Nuestra" en el Estado, un fondo de infraestructura donde la SEQ sí ha cuantificado con precisión, al menos, 100 irregularidades operativas con desvíos y pérdidas por hasta 600 mil pesos por plantel afectado, por obras “fantasma” y mala administración de comités.

Por cierto, los que levantaron la voz e interpusieron las quejas fueron los propios padres, docentes y Comités de Desayunos Escolares de los más de 60 planteles, canalizadas a instancias encargadas de operar, vigilar y fiscalizar recursos públicos.

Así, presentaron quejas y exigencias, ante los propios Órganos de Control de la SEQ, ya que, al tratarse de anomalías en escuelas públicas de preescolar y primaria, los comités reportaron en las supervisiones escolares y acusaron a Elda Xix, pues el sector educativo actúa con discrecionalidad y omisión.

En el caso de los DIF, las quejas se dirigieron directamente a la directora del DIF-OPB, Idalid Hernández, y al Estatal, que preside Verónica Lezama, ya que Desarrollo Integral de la Familia es instancia ejecutora legal que administra insumos alimentarios y valida padrones de beneficiarios.

El desvío de los alimentos también se expuso formalmente con auditorías y supervisiones técnicas del propio programa, que detectaron desfases financieros, cobros indebidos y padrones inflados que los comités de padres ya venían reportando públicamente.

La molestia principal de los denunciantes radica en que, pese a que pruebas y señalamientos señalan una red de corrupción e impunidad bien identificadas, las dependencias involucradas se deslindaron mutuamente, lejos de aplicar sanciones ejemplares.

Las acusaciones apuntan directamente a una red de complicidad y omisión de directores de planteles, autoridades educativas y funcionarias del DIF, a los que se acusa de permitir al alimento destinado gratuitamente a los niños vulnerables operar como “negocio millonario” y “caja chica”.

En este sentido, los nombres y cargos señalados formal y públicamente son autoridades de Educación y Directivos Escolares, encabezados por Elda Xix, a los que se acusa de omisión, falta de firmeza y de querer “lavarse las manos” porque la SEQ permite a las direcciones de las escuelas operar el programa con toda discreción y nula fiscalización de padrones inflados.

Directores y autoridades de planteles son acusados de operadores directos del fraude en escuelas, por permitir venta clandestina de insumos y simulación de beneficiarios “fantasma” sobre el papel para justificar las entregas.

Idalid Hernández es una de las más señaladas en protestas. Se le reclama falta de auditoría y supervisión estricta en las entregas del municipio, permitiendo fuga y comercialización de alimentos, aunque las denuncias enfatizan su vínculo político por ser madre de la alcaldesa Yensunni Martínez.

Sobre Verónica Lezama, las quejas la alcanzan por opacidad en las licitaciones millonarias a empresas proveedoras de alimentos y dar su “visto bueno” a contratos con sobreprecios y priorizar entrega de estadísticas burocráticas en vez de cerciorar que la comida realmente llegue a los menores.

Sobre las empresas proveedoras de alimentos bajo investigación federal, aunque las identidades corporativas exactas se manejan bajo reserva legal de indagatorias, las acusaciones hablan de empresas contratadas por Quintana Roo.

A nivel institucional, Desayunos Escolares opera bajo un proceso general de transición obligatoria desde fines de 2025 para mudar todos los planteles de la modalidad de raciones frías a desayunos calientes este año, pero el beneficio se vio severamente empañada estas semanas por serias denuncias ciudadanas y auditorías.

Sobre el escándalo de corrupción en OPB, a inicios de mes estalló la ola de protestas y denuncias públicas de comités escolares y padres de familia en las más de 60 escuelas, donde la principal irregularidad detectadas es venta clandestina de desayunos.

Insumos básicos que por derecho constitucional e institucional deben entregarse de forma gratuita a los menores, esteban siendo comercializados ilegalmente dentro y fuera de los planteles, mientras descubrió falsificación de listas de alumnos para seguir cobrando y justificando recursos financieros del erario por desayunos que jamás se entregaban a niños reales.

Las quejas apuntan de forma directa a autoridades del DIF Municipal de Othón P. Blanco, así como a directivos de escuelas por complicidad y falta absoluta de supervisión y control operativo.

Ante la presión de los comités escolares, Elda Xix es acusada por los afectados de intentar evadir la responsabilidad institucional del organismo, pues, pues la SEQ está obligada por convenio a validar padrones y coadyuvar en la vigilancia del programa alimentario, pero las supervisiones escolares operaron con opacidad, permitiendo el crecimiento de estas anomalías.

Paradójicamente, de forma paralela al escándalo, el gobierno de Mara Lezama y el DIF-Estatal mantienen vigente la entrega e inauguración de infraestructura para el programa, y se destinaron presupuestos millonarios para equipar desayunadores escolares calientes en zonas vulnerables -como en Benito Juárez-, intentando acatar la normativa nacional que busca prohibir definitivamente la comida ultraprocesada e industrializada en los colegios.

Con todo, el caso se mantiene abierto bajo la exigencia comunitaria de auditorías transparentes, el cese de los beneficiarios simulados y castigo penal para quienes convirtieron el derecho a la nutrición infantil en negocio privado. 

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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