¡Doble posibilidad de alcaldesa por otro escándalo!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Como parte de certera estrategia que seguramente beneficia su imagen, la alcaldesa de Playa del Carmen, Estefanía Mercado Asencio, inició formalmente un proceso de responsabilidad administrativa por desvío de recursos públicos contra su antecesora del PAN, Roxana Lili Campos Miranda, a quien el Órgano Interno de Control citó vía edictos junto con ex colaboradores a comparecer el próximo día 29.

Sin embargo, si bien la investigación beneficiaría políticamente a quien fuera diputada local del Verde “Ecologista” en su búsqueda de la gubernatura o su reelección con Morena por consolidar su narrativa de gobierno y debilitar a su principal oposición, el precio político se puede volver en su contra si los procesos legales se estancan o no logran condenas firmes.

El caso es que existe una serie de funcionarios directamente involucrados en las investigaciones del Ayuntamiento que pertenecen al círculo de primer nivel de la gestión de Lili Campos, entre ellos su ex secretaria y ex tesorera Kira Iris San, única que promovió amparos, por cierto, desechados por la justicia.

Sobre el tema de la ex alcaldesa, que ahora niega pertenecer al PAN, en dos ocasiones nos habíamos referido a su “cochinero” de finanzas:

https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/02/cochinero-en-gastos-de-nueva-morenista.html

https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/07/lavan-dinero-monreal-y-dos-ahijadas.html

Además de Lili Campos (2021-2024), acusada, principalmente, por desviar recursos públicos y ahora busca cobijarse en Morena, otros involucrados en las investigaciones son Pedro Escobedo Vázquez, ex tesorero municipal (2022-2023), citado formalmente junto a la ex alcaldesa para responder por faltantes financieros.

Otros dos son José Luis Argüelles González, ex director de Espectáculos, involucrado directamente en los expedientes de responsabilidad administrativa que lleva la Contraloría, y Kira Iris, bajo investigación por unos 12 expedientes activos por manejo de recursos públicos.

El juez del Juzgado Segundo de Distrito de Quintana Roo desechó las solicitudes de amparo Kira Iris -expedientes 467/2026 y 468/2026-, por lo que las órdenes de fiscalización en su contra siguen firmes y vigentes.

Los demás implicados citados con edictos oficiales deberán presentarse el próximo día 29 ante la Dirección Substanciadora del municipio, o sus casos se turnarán de inmediato al Tribunal de Justicia Administrativa.

Sobre el monto del desfalco, se investiga un faltante aproximado de 88 millones de pesos iniciales, encuadrado como falta grave de desvío de fondos públicos, aunque, adicionalmente, auditorías a la Cuenta Pública de 2023 registran otras irregularidades no solventadas por más de 148 millones.

El procedimiento lo conducen directamente la Contraloría Municipal y el Órgano Interno de Control de Playa del Carmen y, de no justificarse el destino de los recursos, el expediente se turnará al Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción y a la Fiscalía General del Estado para proceder vía penal.

Las demás irregularidades financieras y administrativas detectadas abarcan diversas áreas operativas y fiscales, sumando observaciones tanto de la contraloría local como de la Auditoría Superior de la Federación y la estatal.

Entre rubros específicos investigados e inconsistencias detectadas se incluyen gastos deportivos y boletos de avión, ya que se detectaron gastos no aclarados relacionados con la compra de boletos aéreos para el equipo de fútbol local Inter Playa y su cuerpo técnico, operados con recursos públicos sin la justificación legal requerida.

Asimismo, se investigan contratos y servicios de alimentación para presos y funcionarios, por lo que la Federación identificó partidas millonarias sin comprobar destinadas a servicios de alimentación para internos de centros de retención y consumo de servidores públicos.

En materia de subrecaudación e ingresos ocultos en Tesorería, la Tesorería municipal reportó que 90% de los recursos que ingresaban por cobros de trámites y permisos no se reportaban formalmente a las arcas municipales.

Así, mientras que la administración anterior reportaba recaudar sólo 200 mil pesos anuales en fiscalización, el gobierno de Estefanía Mercado, cuya cita preferida es “Menos escritorio y más territorio”, recaudó más de 5 millones de pesos en sus primeros dos meses, lo que evidencia un posible esquema de desvío de efectivo cobrado a comercios.

Lo que no podían faltar, los famosos “aviadores”, muchos de ellos “periodistas” afines y gasto de nómina inflada: Se investiga la contratación de ¡más de 2 mil personas! que cobraban un sueldo sin laborar, mientras que el Instituto Municipal de la Cultura y las Artes arrastra anomalías específicas y montos sin comprobar en sus asignaciones presupuestarias internas.

Las investigaciones incluyen despojo de terrenos y enajenaciones irregulares en venta de inmuebles a precios irrisorios, rubro del que derivaron acciones penales directas: Dos ex funcionarios de primer nivel de Lili Campos -su ex secretaria privada, Ariadne Vázquez Canul, y su ex secretario de Asuntos Contenciosos, Jorge Zavaleta Pellat- fueron detenidos por la enajenación ilegal de predios municipales a costos muy por debajo de su valor comercial real.

Finalmente, se suma la ejecución de obra pública por millonarias adjudicaciones directas, ya que existen 18 observaciones adicionales de la ASEQROO por contratos por adjudicación directa, cuyos expedientes carecen de estimaciones, reportes de entrega y pruebas de ejecución física.

Y es que, en efecto, Estefanía Mercado promueve activamente estos procedimientos, y desde el inicio de su gestión advirtió que daría seguimiento a las irregularidades financieras heredadas de Lili Campos.

El impulso a este proceso en su gobierno se sustenta en varios puntos, entre ellos denuncias del Ayuntamiento, pues la alcaldesa confirmó públicamente el hallazgo de esquemas de corrupción, incluyendo el desvío de recursos con la adhesión de los más de 2 mil “aviadores” a la nómina.

La contralora municipal, Cristina Alcérreca, nombrada bajo la gestión de Estefanía Mercado, es la encargada de formalizar e informar sobre el expediente y el daño patrimonial detectado en la Cuenta Pública.

Las investigaciones del Ayuntamiento se complementan con revisiones de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, que también prepara denuncias penales si la ex alcaldesa no solventa los montos señalados.

Como parte de las acciones legales impulsadas contra la corrupción de la gestión anterior, se ha detenido a otros excolaboradores cercanos a Lili Campos por diversas irregularidades patrimoniales.

Por otro lado, el impacto político de las investigaciones para la alcaldesa es de beneficios políticos directos, toda vez que basó gran parte de su estrategia electoral en denunciar la corrupción y el “saqueo” de la administración anterior, y avanzar firmemente con estos expedientes demuestra a sus votantes que cumple sus promesas de rendir cuentas.

En el contexto político de Quintana Roo, alineado con el partido Morena, otro impacto es que castigar presuntos desvíos de gobiernos del PAN incrementa su aprobación popular ante las bases de su partido y suma puntos a sus aspiraciones políticas.

Asimismo, neutralización a su principal rival, pues Lili Campos sigue siendo la figura de oposición más visible en Playa del Carmen, y al mantenerla bajo investigación penal y administrativa, Estefanía Mercado le reduce capacidad de operación política rumbo a futuros procesos electorales.

Como justificación de la gestión financiera actual, al exponer un sistema donde se “fugaba” dinero -como el caso de 90% de recaudación no reportada-, la alcaldesa puede justificar ante la ciudadanía cualquier reajuste presupuestal, argumentando que está saneando las finanzas locales.

Con todo, corre el riesgo de persecución política, pues si el proceso carece de sustento jurídico impecable, la oposición puede victimizar a Lili Campos y acusar al gobierno de Estefanía Mercado de utilizar las instituciones para una venganza política, lo que podría restarle simpatías entre los sectores neutrales.

En efecto, la gente suele cansarse de las denuncias mediáticas si éstas no terminan en la recuperación de dinero desviado o inhabilitaciones definitivas. Si el proceso se alarga hasta las fechas de comparecencia programadas sin sentencias claras, el beneficio político inicial podría diluirse.

Ahora bien, por otra parte, si Lili Campos y los ex funcionarios involucrados no se presentan a declarar el día 29 o no logran justificar las anomalías, el proceso avanzará directamente a la imposición de sanciones administrativas graves y, potencialmente, a consecuencias penales.

De acuerdo con lo establecido por la Contraloría Municipal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el escenario jurídico se divide en consecuencias inmediatas por no presentarse, con el cierre de la etapa de sustanciación: Al ser notificados vía edictos, su inasistencia voluntaria da por terminada la fase de defensa en la Contraloría local.

Otra consecuencia es que el caso se cierra en el ámbito municipal sin haberse presentado pruebas a favor, dándose por aceptados los hallazgos de la investigación. Los expedientes se turnan automáticamente al Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado, único facultado para emitir sentencias definitivas por faltas graves como el desvío de recursos.

Si este Tribunal determina la culpabilidad, las sanciones obligatorias aplicadas de manera individual son, primero, la inhabilitación temporal, la prohibición absoluta para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público local, estatal o federal por entre 1 a 20 años, lo que frenaría cualquier aspiración política de Lili Campos a corto y mediano plazo.

También se harán acreedores a multas directas equivalentes al monto del desvío comprobado o el beneficio económico obtenido de manera ilícita y serán obligados a reintegrar los 88 millones de pesos -y demás montos pendientes de la Cuenta Pública- de manera directa a la hacienda pública de Playa del Carmen.

Dado que el desvío de recursos y el faltante de las cuentas públicas se configuran también bajo delitos tipificados en el Código Penal -como peculado-, estas acciones administrativas se corren de manera paralela con la vía penal.

De no solventarse los montos, Ayuntamiento y la Auditoría Superior del Estado interpondrán denuncias ante la Fiscalía General del Estado, que podrían derivar en órdenes de aprehensión y prisión, tal como ya ocurrió con los otros ex colaboradores detenidos de la misma administración.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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