¡Cochinero en gastos de nueva "morenista"!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Aunque también con el feo antecedente de haber nacido con el partido “Verde”, la alcaldesa de Playa del Carmen, Angy Estefanía Mercado Asencio, otro personaje fuerte para la silla que dejará en 2027 Mara Lezama, tiene ahora mismo la oportunidad de demostrar la honestidad de sus aspiraciones y que aplicará la justicia en Quintana Roo.

Su reto tiene nombre y apellidos, Lili Campos Miranda, ex alcaldesa del PAN en ese municipio, hoy desesperada en buscar cobijo con Morena, arropada por el diputado Ricardo Monreal, gracias a quien se incluyó en el grupo de asesores jurídicos de la Cámara de Diputados, y acudir junto con ellos al informe de los primeros 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum y a otros eventos de miembros del partido.

Oriunda de la ciudad de México, la ahora “quintanarroense”, identificada con ex gobernador Carlos Joaquín -su consejera jurídica antes de hacerla diputada local y alcaldesa derrotada en busca de la reelección- dejó como herencia un verdadero cochinero que deberá investigar -y castigar- Estefanía Mercado, a quien le renunció como regidora plurinominal.

Acusada de haber repartido “cañonazos” de hasta ¡100 millones de pesos! a periodistas y medios de comunicación para que la apoyaran en su campaña criticando a Estefanía Mercado, a quien ahora alaba, sin embargo, desde mayo de 2024 se le detectó una serie de irregularidades que constituyen delitos sujetos a castigo… aunque se diga arropada por el propio Morena.

Entre otros, Lili Campos habría otorgado contratos en adjudicación directa para adquirir patrullas y otros vehículos para seguridad del municipio, además del negocio en la recolección de basura, cuyo contrato millonario dio a Michael Alejandro Barrera Martínez, dueño de un taller mecánico cuya dirección fiscal es un misterio. Fue un contrato leonino por más de 300 millones de pesos. El arrendamiento de patrullas se clasificó de “secreto”.

Con todo, nunca resolvió el problema de inseguridad en su municipio, de más de 200 ejecuciones y unos mil 800 narcomenudistas puestos en sus manos sin éxito, para millonarios negocios al amparo del poder político.

Uno de los escándalos más estruendosos de su gobierno, fue contratar en forma directa a la empresa Lumo Financiera del Centro, por 310 millones de pesos, arrendar patrullas y equipo policiaco, pese a presumir que su policía era la mejor pagada del país, con salarios entre 20 mil y 25 mil pesos mensuales, pues su territorio estuvo plagado de criminalidad, y la venta de drogas operó impune, con distribuidores con protección oficial.

Y eso que Lumo enfrenta presuntas investigaciones de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera por incurrir en diversas anomalías en otros Estados.

Un caso ventilado públicamente de la empresa, con el mismo negocio en Guadalajara, el entonces alcalde Pablo Lemus le otorgó un contrato directo, pese a que Lumo, propiedad de Jaime Santos Ayala, presentó una oferta más alta, más de 300 millones de pesos respecto al resto.

Lumo y socios tienen contratos bajo el mismo concepto en 20 entidades, en buena parte de los cuales enfrenta juicios y demandas por irregularidades de contratación. La plataforma de transparencia establece que Santos Ayala ha obtenido 169 contratos de gobierno, con ganancias por 1,500 millones de pesos, aunque están bajo la mira de la FGR y la UIF.

El contrato que le otorgó Lilí Campos tuvo todo el tinte de ventajoso como el de otros estados. 310 millones fue la contragarantía, con 21 millones por incumplimiento. El negocio consistió en arrendar patrullas, camionetas y motocicletas de playa que, al término del mismo, debieron devolverse a la empresa en la Ciudad de México -en septiembre de ese año-, cuando la alcaldesa concluyó su gestión.

Según Plataforma Nacional de Transparencia, Lumo y Lilí Campos pactaron el arrendamiento de patrullas y otros vehículos para seguridad en secreto, con todo y omisiones graves: No especificaba, por ejemplo, cuantos vehículos, como tampoco si, en caso de robo o pérdida total, Lumo se haría responsable de reponer.

Por si fuera poco, la ex alcaldesa tuvo más negocios al amparo de la presidencia municipal, entre ellos un contrato millonario a supuestos empresarios de un taller mecánico para limpieza pública sin contar con experiencia. Fue por adjudicación directa, y el beneficiado, Electrotaller Industrial y Comercial, propiedad del priista tabasqueño Michael Alejandro Barrera Martínez.

La adjudicación fue por 343.4 millones de pesos, firmada el 14 de octubre de 2021 y concluiría en septiembre de 2024.

Desde esa fecha, priista y presuntos socios empezaron a manejar residuos sólidos con 30 recolectores de basura con mantenimiento correctivo de unidades, con lo que el tabasqueño habría obtenido ganancias por unos 100 millones de pesos al año.

En la recolectora de residuos, fundada en 2018, a través de su página web, Electrotaller Industrial y Comercial reconoce ser especialista en reparación de vehículos, nunca experta en manejar residuos sólidos, pues, en estricto sentido, es un taller mecánico.

Al igual que con Lumo, Lilí Campos otorgó al empresario (mecánico) ventajas en la contragarantía, pues por incumplimiento del contrato sólo pagaría una penalización de 29 millones de pesos, lo que no era lo más grave, sino que la dirección fiscal del taller, ubicado en Villahermosa, Tabasco, no existe: Es un condominio con siglas “Rp”, lo que pone en duda su existencia.

Esto explicaría por qué Playa del Carmen -ventana turística hacia el mundo, como la llamaba Lilí Campos- tenía problemas de recolección de basura, grave en colonias como Ejidal, Playas del Sol y Luis Donaldo Colosio, aunque también tiraderos en la Quinta Avenida, una de la más concurridas por turistas de todo el mundo, por el pésimo manejo de desechos.

Otro dato no menos sorprendente era la Dirección de Servicios Públicos Municipales, pues había chatarra acumulada y camiones descompuestos viejos y abandonados. Todo un basurero con fierros y llantas desechadas.

Ante esa presunta corrupción que imperó en Playa del Carmen con estos y otros negocios, la Contraloría Estatal habría “investigado” infructuosamente el tema, al igual que la Fiscalía Anticorrupción.

El caso es de tal magnitud que, de haber consecuencias, la justicia no sólo debería alcanzar a los empresarios que se prestaron a estos “enjuagues” sino a la propia Lili Campos, quien, pese a estas acusaciones, buscó afanosa, pero infructuosamente, la reelección ante Estefanía Mercado.

         Respecto a los “cañonazos” de dinero hasta por 100 millones que repartió Lilí Campos a los periodistas, es una verdadera pena nombrar a los beneficiados, pero repetimos el tema porque lo que realmente hizo fue desviar recursos públicos de otras necesidades para el pago de prensa para tener contentos a los medios de comunicación y no hablar de su corrupción.

La lista es de periodistas que estaban en nómina de enero a septiembre de 2024 con jugoso sueldo mensual, y aunque su relación es larga, curioso, el reparto se dio en el ejercicio fiscal 2024, justo en tiempos de campañas y, los que criticaron en su momento a Estefanía Mercado, ahora la adulan. Si alguno ignora si su nombre figura en la lista, con gusto le informamos.

Es grave, pero lo cierto es que Lili Campos erogó 116 millones de pesos para publicitar su imagen y su gobierno desde 2021. La estrategia para posicionar su administración panista fue con 234 contratos por adjudicación directa durante tres años.

De acuerdo con Plataforma Nacional de Transparencia, el mayor monto fue en 2024, justo cuando intentó reelegirse, con casi 51 millones de pesos a través de 61 acuerdos. Un año antes, pactó 104 contratos por 27 millones 748 mil pesos, por difusión en televisión, radio, medios impresos e internet.

Ene 2022, contrató 67 acuerdos por 33 millones 233 mil pesos, y dispuso de otros 400 mil para anuncios móviles espectaculares, aunque tuvo otros gastos, como en diseño de imagen, logotipos, marca y manuales de identidad municipal, que costaron 1.2 millones de pesos, en tanto contrató medir impactos y audiencias sobre la efectividad de sus campañas por otro millón 220 mil pesos, y un segundo monitoreo por 1 millón 73 mil pesos.

Al inicio de su gestión, gastó 835 mil pesos con el mismo objetivo, para cápsulas televisivas por 400 mil pesos, y en promoción por perifoneo, 435 mil pesos entre octubre y diciembre de 2021.

Las comprobaciones del dispendio económico, que se entregaron a Estefanía Mercado, también incluyen espectáculos en los que gastó 36.616 millones de pesos, según Transparencia en Línea.

Otro gasto escandaloso fue para el Carnaval 2024, cuando utilizó 32.6 millones de pesos por adjudicación directa, donde la contratación del servicio integral del evento costó 19.6 millones de pesos, y la actuación del cantante Sebastián Yatra, otros 13 millones de pesos.

En 2023, encargó servicio integral de logística para celebrar el Día de Muertos, por 552 mil 798 pesos. Antes, en 2022, contrató en 2 millones de pesos a la “Arrolladora Banda Limón” para conmemorar la Independencia nacional, y para festejar el aniversario del municipio, se presentó el show de “Matute” por 1 millón 845 mil pesos.

Otros gastos reportados en la Plataforma de Transparencia fue la contratación de vehículos blindados para funcionarios, a través de dos documentos, el primero por 2.4 millones de pesos, y el otro sin reportar.

Finalmente, hay también otros contratos para adquirir equipo de cómputo y mobiliario para las oficinas del Cabildo y del Síndico, por 1 millón 126 mil, así como para equipamiento de oficinas, por 676 mil pesos, en 2022.

Con toda esta información, que obra en manos de Estefanía Mercado, ¿se quedará con los brazos cruzados? ¡O realmente es digna de aspirar a la gubernatura de Quintana Roo!

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

       Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.