La justicia en Quintana Roo, ¡de cabeza!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Como
se ha difundido ampliamente en redes sociales, el titular de la Dirección
Administrativa de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública de Benito
Juárez, Gonzalo Alfonso Ramírez Duarte, fue destituido de su cargo hace unos
días, como parte de una investigación por desvío de recursos y actos de
corrupción.
Conforme
a las investigaciones, Ramírez Duarte, entre otros, pedía como “cuota” hasta 60
mil pesos por darles de alta a familiares de cualquier elemento de la policía
sin aprobar rigurosos exámenes de control y confianza que exigen las
autoridades.
Este
escándalo, que sacude una vez más a la corporación policiaca, también involucra
a directivos de alto rango, entre ellos el propio titular de la Policía Municipal,
el marino Carlos Ernesto Damiano Sumuano; al director de Tránsito Municipal,
Ezequiel Segovia Góngora, y al director Operativo de la corporación, David
Flores Cervantes, mejor conocido como “Gavilán”.
Entre
sus funciones como director administrativo, Ramírez Duarte es señalado también de
no destinar los recursos necesarios para el correcto funcionamiento de la
policía municipal, entre otros la falta de pago a las proveedoras de
combustible para las patrullas.
¿Pero
sabe Usted qué es lo más “curioso” del caso? Que sabrá Dios cómo, pero en 2013
se desempeñaba como subprocurador general de Justicia de Quintana Roo en la
Zona Norte, pero eso no es todo, ya que, con anterioridad, esto es en abril de
2010, ¡era un simple policía municipal. ¿Un buen “padrino”? ¡Vaya Usted a
saber!
De
ello se informó cuando, en esa oportunidad, varios uniformados fueron separados
del cargo, uno de ellos suspendido 15 días sin goce de sueldo -Ramírez Duarte, “casualmente”-,
luego de reunirse el Consejo de Honor y Justicia de esa Secretaría para
analizar los casos donde dichos elementos habrían infringido el reglamento.
La
resolución de los expedientes se dio después de ser valorados, y con dicho
resultado no se permitía la impunidad de ningún agente de la corporación que se
alejara de leyes y reglamentos. La actuación y comportamiento de cinco
elementos había sido investigado por la Dirección de Asuntos Internos y
formulada acusación.
Un
expediente se instauró contra el policía asignado a la Policía Turística,
Robert Rodríguez Peñaflor, quien falsificó una incapacidad médica expedida por
el IMSS, por lo que fue separado de la corporación, mientras el expediente
contra los preventivos Gerardo Valentín Canul Itzá y Humberto Eusebio Paredes
Solana, fue por golpear con una tabla en los glúteos a Franklin Omar Castillo
Castañeda y Yoni Alfredo Aguilar Mosqueda.
Otro
expediente se instauró contra el policía asignado a la Coordinación de Peritos
de Tránsito, David Santiago Alcocer Mejía, quien pidió cinco mil pesos a Jazmín
Cruz Prado a cambio de dejar libre a uno de sus familiares, responsable de un
hecho de tránsito, por lo que también fue dado de baja.
Por
último, se agregó el expediente contra el “psicólogo” Ramírez Duarte, por
faltarle el respeto a un superior jerárquico y por incumplir en otra
oportunidad una orden superior, lo que dio como resultado una suspensión
temporal 15 días sin goce de sueldo.
Independientemente
de estas sanciones en algunos casos se dio vista al Ministerio Público del
Fuero Común para investigar la probable comisión de algún delito que ameritara
pena corporal, ya que la sanción administrativa impuesta por el Consejo de
Honor y Justicia no impedía investigar conductas que constituyeran algún
delito.
Ahora
bien, como dice nota de un buen colega, con más hermetismo que resultados en
torno al deslinde de responsabilidades por el desvío de al menos seis millones
de pesos en diciembre pasado, los cuatro funcionarios de alto nivel de la
Fiscalía General del Estado en Cancún involucrados, fueron despedidos, y en su
lugar nombrados otros funcionarios, avalados por el Fiscal General, Raciel
López Salazar.
Así,
finalmente éste se libró del “recomendado” del senador Eugenio Segura, el
director de Administración y Finanzas, Rubén Zarif Ávalos Garnica, evidenciado
por autorizar elevados “bonos navideños” como aguinaldo, más de seis millones
de pesos para el grupo cercano al Fiscal que, en su momento, negó conocer del
caso, pero que había dos líneas de investigación y se correría a los culpables.
En
procedimiento interno también se involucró al director de Recursos Financieros,
Armando Guadalupe Dzib Cupul; al subdirector de Contabilidad, Marte Paolo
Cárdenas Fernández; a la directora de Recursos Humanos, Maritza Gómez
Betancourt, y al director de Recursos Materiales y Servicios Generales, Manuel
Villanueva Chan, hermano
de la cuestionada titular del Instituto de la Cultura y las Artes (ICA), Lilian
Villanueva Chan.
En
este sentido, fueron removidos y nombrados en su lugar Sergio Efraín Chab Ruiz
como director de Administración y Finanzas; a Marcela Aurora Pacheco Poot en la
Dirección de Recursos Financieros; a Rosario de Jesús Castillo Villanueva como
directora de Recursos Humanos, y a Alberto Alfaro Hernández en Recursos
Materiales y Servicios Generales.
Hasta
hoy calificada como medida “ejemplar”, los nuevos funcionarios cuentan con el
siguiente perfil: Chab Ruiz es un Maestro en Administración, con 23 Contratos
como responsable de compras por 15.2 millones de pesos entre 2012 y
2015 en licitación abierta, y ha sido responsable de una Unidad Compradora de
la SEP en Campeche y Felipe Carrillo Puerto.
Por
su parte, Pacheco Poot se desempeñó en la Dirección General de Administración
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Castillo
Villanueva es una LAE que, en 2023, fue coordinadora de Recursos Financieros,
vocal de comité y titular de la Dirección de Administración del Instituto Electoral
de Quintana Roo, al que renunció en medio de un evidente
descontrol administrativo y financiero -sólo duró cinco meses- y jefa del
Departamento de Recursos Humanos de la Universidad de Quintana Roo, al que
también renunció por “una mejor oferta laboral”.
De
quien menos se sabe es de Alfaro Hernández, quien ahora será director de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
Los
cambios, como todo en la Fiscalía, se realizaron a puerta cerrada, sin mucha
publicidad ni explicaciones, fiel al estilo de la dependencia cuando se trata
de temas incómodos, sobre todo cuando, como ahora, no hay noticias sobre
avances en la investigación del desvío. Es decir, los seis millones de pesos
continúan “extraviados”, de lo que dimos amplia referencia.
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/02/nuevo-escandalo-de-recomendado-por.html
Lo único cierto es que se ignora por qué
el Fiscal por fin dijo “esta boca es mía” y procedió contra los señalados con
la única, cuestionada, medida de separarlos del cargo, ya que lo procedente es
revisar correctamente la Ley Federal del Trabajo para determinar hasta a cuánto
correspondía de aguinaldo a cada uno.
En este caso hubiera sido más decente determinar cuánto le
correspondía al propio Raciel López, a quien, como publicamos, le entregaron “sólo”
240 mil pesos, cuando que a Ávalos Garnica le otorgaron ¡310 mil pesos!, lo
que, inclusive, nos obligaría a pensar que los despidos fueron ¡por su envidia!
Menos mal que le cambiaron de nombre, ya que, de
Procuraduría de Justicia, sólo le quedaba eso… el nombre.
La pregunta obligada es cuánto gana y si este cuestionado Fiscal
es capaz de devolver el dinero que cobró de más ¿Usted qué cree?
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
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