¿Más dinero a los bolsos de la gobernadora?

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Pese al público rechazo de la presidenta Claudia Sheinbaum a la presencia de Aguakán en Quintana Roo en privatizar el agua, un derecho humano, dijo, la gobernadora Verde, ahora disfrazada de Morena, Mara Lezama, no pretende devolverle el servicio a la Comisión de Agua Potable, sino venderle la concesión en 4 mil 500 millones de pesos a una empresa española.

         En efecto, conforme a una publicación del diario capitalino Reforma, con órdenes de aprehensión giradas contra directivos y socios de Aguakán, el Gobierno de Quintana Roo intenta despojar de esa concesión de servicio de agua potable y alcantarillado a Aguakán y obligarla a vender sus activos a la empresa española Acciona, que gestiona hoy el agua en Boca del Río, Veracruz, en la cuarta parte de su valor real.

Así, a través del desapoderamiento de la concesión, con vigencia de 30 años, por la que Aguakán brinda el servicio a Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos, la mandataria busca transferir el negocio a esa empresa, cuyo presidente es José Manuel Entrecanales, con un grupo de empresas líderes en energías renovables y soluciones sostenibles de infraestructuras en más de 60 países y más de 40 mil empleados.

Las empresas que conforman ese grupo son Corporacion Acciona Hidráulica, Corporación Acciona Energías Renovables, Sun Photo Voltaic Energy India, Acciona, S.A, Acciona Energía Financiación Filiales, Acciona Wind Energy, ACCIONA Energía Internacional y Tuppadahalli Energy India, alguna de ellas, se sugiere, encabezada por algún amigo de los hijos de Lopez Obrador.

De acuerdo con representantes de la compañía, en diciembre último, el abogado Cuitláhuac Bardán, quien se dijo representante de Lezama, se reunió con ellos y les planteó que, para evitar el tema “federal”, vendieran al gobierno de Quintana Roo la concesión y toda la infraestructura e inversión desarrollada a lo largo de 30 años, en 4 mil 500 millones de pesos.

 Como era de esperarse, por el tema “federal” se refería a una denuncia que el gobierno estatal, por conducto del consejero jurídico, Carlos Felipe Fuentes del Río, habría interpuesto en la FGR que, para esas fechas, ya había obtenido órdenes de aprehensión contra el director de Aguakán, Paul Andrew Rangel Merkley, y Diego José Ramos de Castilla, ambos apoderados legales de la empresa.

En apresurada reunión, les habrían ofrecido 4 mil 500 millones de pesos, la cuarta parte del valor real, aunque, de no aceptar pondrían el tema en un nival superior y la cosa sería más complicada, ya que Aguakán cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y está valuada, de acuerdo con la consultora de riesgos Kroll, en 17 mil millones.

Además, 50.1% de sus acciones pertenecen al Grupo Mexicano de Desarrollo, que también cotiza en la Bolsa, y el 49.9% restante lo administra un fondo en el que están invertidos recursos de cuatro Afores: Banamex, Sura, Principal y Pensionissste, por lo que, el 18 de febrero, Aguakán calificó ante la BMV como relevante la denuncia penal contra sus directivos.

Sin embargo, Aguakán dijo confiar en que el Estado de Derecho prevalecerá y los jueces conocerán y resolverán el próximo lunes que no hay delito que perseguir, ya que Mara Lezama ha sido mal informada en relación con los hechos objeto de la denuncia penal y reiteró su apertura a dialogar con ella para encontrar soluciones, en el marco del derecho y en beneficio de la población e inversionistas.

Cabe señalar que, en la denuncia, el gobierno estatal acusó a los directivos de Aguakán de haber promovido conductas ilícitas en 2014, al solicitar a Paula Guadalupe González Cetina, entonces directora de CAPA, y a Juan Pablo Guillermo Molina, entonces Secretario de Finanzas y Planeación, la ampliación anticipada de la concesión por otros 30 años, pues no tenían facultades para resolver esa solicitud.

 Cabe señalar que, ante un cargo por peculado imputado por el gobierno de Carlos Joaquín, resultó absuelta la ex funcionaria, en tanto que Juan Pablo Guillermo Molina continúa prófugo de la justicia, pese a que se incluía entre 17 supuestas órdenes de aprehensión de un juez de control contra otros tantos funcionarios, con lo que aliviaban inconformidades por el siempre fallido combate al crimen organizado en la Zona Norte.

En el caso de Aguakán, Mara Lezama asegura que, dado que se había promovido una conducta ilícita, los derechos adquiridos tenían ese carácter, al igual que los recursos utilizados, por lo que también acusó a los accionistas de lavado de dinero, pese a que, por la ampliación de la concesión, Aguakán pagó a CAPA, otrora “caja “chica” de gobierno, mil 55 millones de pesos, inmediatamente transferidos a la Secretaría de Finanzas.

Así, no acusan a los directivos de que le dieron dinero a CAPA porque no se les dio (a los servidores), no los acusan de eso, salvo de promover un supuesto acto ilícito porque ellos no tenían facultades para eso, y luego adquirieron los derechos de prorrogar la concesión y pagaron una contraprestación a través del sistema financiero.

En su defensa, Aguakán explica que esa ampliación de la concesión cumplió con los requisitos de ley: La aprobó el Consejo Directivo de la Comisión de Aguas, conformado por el ex gobernador Roberto Borge y los presidentes municipales, avalada por cada uno de los cabildos, aprobada por el Congreso del Estado y publicada en el Periódico Oficial.

A todo esto, su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum externó el miércoles su respaldo a las acciones del gobierno de Quintana Roo para revocar la concesión de servicio a Aguakan, con el argumento que el agua es un derecho humano y no debe ser objeto de lucro, además de calificar de “abuso” sus prácticas, especialmente en Cancún, donde, dijo, la empresa no garantiza el acceso al agua potable, pero impone tarifas elevadas.

Asimismo, se pronunció contra la privatización del servicio de agua potable, señalando que, experiencias en distintos Estados, ha demostrado que la gestión privada no necesariamente mejora la calidad del servicio. “Un abuso lo que han estado haciendo esta empresa, no cumplen con el derecho humano al agua, pero sí cobran las tarifas como quieren.

Así, concluyó estar de acuerdo con el pueblo de Quintana Roo y con la gobernadora, de que Aguakán entregue la concesión, pues no se puede hacer negocio con el agua, y subrayó que hay ganancias para un privado en el supuesto de que va operar mejor, pero no ha funcionado y no tiene sentido, menos en este caso, por lo que se pronunció por que siga el litigio y advirtió que lo mejor para la empresa sería entregar la concesión.

         Como era de esperarse, Mara Lezama expresó su agradecimiento a Claudia Sheinbaum por su postura contra la privatización del agua, y aseguró no estar de acuerdo con la privatización del agua, pues no es la opción para acceder al derecho humano al agua.

Durante un periodo se puso de moda en algunos Estados privatizar los servicios municipales, con la idea de que el privado haría mejor las cosas que el público, lo que consideró una concepción neoliberal de mejorar el servicio, lo que no ocurrió prácticamente en ningún lado.

Destacó no apoyar la privatización del agua porque ese modelo no ha garantizado el acceso equitativo a ese derecho humano en ninguna parte del país, particularmente en Cancún, donde Aguakán ha sido señalada por prácticas abusivas, incumplimientos y tarifas elevadas.

En redes sociales, reafirmó su compromiso de defender el derecho al agua para los quintanarroenses y agradeció a la presidenta de la República su respaldo al pueblo de Quintana Roo, en su lucha por el derecho humano al agua, ya que su clara posición contra la privatización de este vital líquido refleja un firme compromiso con la justicia social.

Sobre el presunto “lavado” de dinero, toda la información la encontrará:

https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/02/aguakan-al-banquillo-por-lavar-mil.html

Así, a la espera de lo que ocurrirá el próximo lunes en el Centro de Justicia Penal de Quintana Roo, las reacciones en pro y en contra en las redes sociales no se hicieron esperar, la mayoría de ellas en investigar quién está detrás de la empresa española Acciona, a la que le traspasar el control del agua.

Pese a que otros más dijeran que ya es hora de que deje de existir Aguakan porque el agua es de todos los mexicanos y su servicio es malísimo, además de vender agua salada como potable, otros apuntan a que, al puro estilo de los cárteles o mafiosos, quieren robar la concesión el gobierno de Quintana Roo para dárselo a los “suyos”, pagando lo que quieran, pues “sabemos cómo se las gastan en este gobierno de malandros e ineptos”.

Más radical aun, dicen que así empezaron en Venezuela y que quién va querer invertir en México, que se ha ido convirtiendo en un país donde no respeta la ley, es más las desaparece: “Este será un pretexto que utilizará Estados Unidos para no renovar el Tratado de Libre Comercio. Vamos en caída libre: ya vamos en el segundo piso, a punto de estrellarnos en el suelo.

Peor aún, se asegura que Mara Lezama sabe perfectamente lo que está pasando, como parte de un intento de despojo, en el que “¡Obvio detrás también está el Niño Verde, otro corruptazo! ¡Así la cosa con Morena! ¡Más corrupción e impunidad!

Para no llenarle el hígado de piedritas, finalmente indican que “esos delincuentes de Aguakan llevan años esquilmando a la población a la que presta sus servicios: Inventan cobros desmedidos y después presionan para que se paguen. Hay literalmente miles de casos".

Y usted, amable lector, ¿Qué opina?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.