Aguakán, ¡al banquillo por “lavar” mil millones!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Funcionarios de Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakán), encabezados por su director, Paul Andrew Rangel Merkley, enfrentarán en marzo una demanda por “lavado” de dinero, con el que habrían ampliado la concesión del suministro de agua potable en Quintana Roo, denunció el Gobierno del Estado en la Fiscalía General de la República.

 La demanda no sólo sería contra los directivos de Aguakán, sino también contra ex funcionarios del Roberto Borge, que habrían utilizado recursos de procedencia ilícita para garantizar pagos por mil millones de pesos ante la Comisión de Agua Potable, recursos que luego desaparecieron.

Por su lado, Aguakán acusó al gobierno de Mara Lezama por supuesta “persecución jurídica” en su contra, en un intento por desacreditar las investigaciones y retener la concesión en Solidaridad, Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, aunque el proceso judicial sigue su curso.

Así, el próximo 3 de marzo, Rangel Markley y varios accionistas -unos ya amparados- enfrentarán una audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso en el Centro de Justicia Penal de Quintana Roo y, pese a contar con una suspensión contra orden de detención, otorgada por el Juzgado II de Distrito, las acusaciones podrían derivar en un proceso prolongado.

Cabe recordar que el Congreso de Quintana Roo aprobó en 2023 el retiro de la concesión de Aguakán, vigente hasta 2053, tras detectarse irregularidades, aunque la empresa obtuvo una suspensión definitiva contra la medida por presunto fraude procesal. El juicio apenas comienza y se prevé que se extienda por varios meses o años.

 

Como corolario, en febrero se realizó la audiencia inicial de formulación de imputación y vinculación a proceso contra Rangel Merkley, quien estaba acusado de falsedad de declaraciones en el juicio contra el gobierno de Quintana Roo por la cancelación del contrato del suministro de agua potable en cuatro municipios del Norte del Estado.

Las declaraciones del directivo habrían sido clave en el juicio de amparo promovido por Aguakán para seguir prestando el servicio pese a la conclusión de su contrato.

El juicio penal contra Rangel Merkley se originó en enero de 2024, cuando la empresa logró la suspensión definitiva del Decreto 195 aprobado por el Congreso de Quintana Roo, que había cancelado en diciembre de 2023 el contrato de suministro de agua potable de Aguakán desde 1990.

De acuerdo con extenso reportaje del colega Mario Millán en 2023, diputados de las XIV Legislatura fueron los grandes artífices para que Aguakán obtuviera ganancias extra por unos 17 mil millones de pesos a costa de cientos de miles de usuarios, y serán los responsables del enorme problema jurídico contra el Gobierno del Estado.

Algunos de esos legisladores pretenden ahora nuevos cargos con sus partidos, aunque no los mismos de los que eran en diciembre de 2014, cuando avalaron la permanencia de la empresa (nueve años antes de que concluyera la concesión) por 30 años más, para brindar servicio de agua potable, alcantarillado, drenaje y saneamiento: La Legislatura se apresuró a abrogar el decreto que ampliaba la concesión.

En ese entonces, la diputada federal Marybel Villegas, formaba parte de esa Legislatura como priista consumada, cuando desde su bancada recibió instrucciones de avalar la permanencia de Aguakán en Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad. Y así lo hizo, la entonces fiel a Roberto Borge.

El cancunense Mario Machuca Sánchez, dirigente de la CROC, fue otro ex priista que aprobó la permanencia de Aguakán y se inscribió en el proceso interno de Morena como aspirante a una senaduría, tras ser diputado federal.

En ese entonces, el diputado federal por el Verde, el también priista Juan Luis Carrillo Soberanis, dio su visto bueno, pues no podía ir contra las órdenes ni del entonces líder la XIV Legislatura, el nuevo morenista José Luis Toledo Medina, ni mucho menos de Borge.

Por su lado, Susana Hurtado Vallejo presumía no haber más priista con la camisa bien puesta que ella, pero las cosas cambiaron, y hoy, al igual que Carrillo Soberanis, es Verde “Ecologista” de hueso colorado. Fue pieza importante para la permanencia de Aguakán y volvió a serlo, pero votó contra el decreto 250 que ella misma avaló en su momento.

Los “Verdes” Remberto Estrada Barba y Pablo Fernández Lemmen Meyer también formaron parte de esa legislatura; el primero, más tarde, alcalde de Benito Juárez (2016-2018), y el segundo, pieza importante de ese partido en Quintana Roo. Ambos dijeron sí a Aguakán, pero su bancada les restregó en la cara que lo que hicieron estuvo mal.

El priista Jesús Pool Moo, luego de Movimiento Ciudadano, recibió tremendo revés de la diputada por su partido, Deyanira Basurto, quien decidió que la permanencia de Aguakán ya no era indispensable en Quintana Roo.

Otros diputados que respaldaron el decreto 250 fueron Cora Amalia Castilla Madrid, Arlet Mólgora Glover, Maritza Medina Díaz, Juan Manuel Herrera, José Ángel Chacón Arcos, Filiberto Martínez Méndez, Marcia Alicia Fernández Piña, Berenice Polanco Córdova y Martín de la Cruz Gómez, que hoy brillan por su ausencia, pero fueron artífices del caso de Aguakán, que va con todo su arsenal jurídico a defender la concesión que estos legisladores autorizaron para contratar a la empresa.

Nos olvidábamos del entonces perredista Jorge Aguilar Osorio, ahora plenamente identificado con el gobierno de Mara Lezama, donde ocupa una subsecretaría en la Secretaría de Gobierno, pero fue de los pocos que se opusieron al decreto.

Lo cierto es que preocupa tanto a la población el tema -o pésimo servicio- de Aguakán. que no pocos sugieren enviar a un periodista al programa de la “Mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum para presentar el caso y poner a trabajar a la gobernadora María Lezama y a la alcaldesa de Benito Juárez, Patty Peralta, que no hacen nada por la gente.  

Aguakán y la CFE son las empresas con los servicios más caros en Quintana Roo, a grado tal que parece que la gente sólo trabaja para pagarles, aunque, en el único caso de “defensa” de la primera, cabría señalar que algunos se quejan justamente, pero 70% de la población adeuda de 15 mil pesos o 40 mil pesos de agua por la flojera de reparar el flotador descompuesto que la tira todo el día.

Lo peor del caso es que, vivas o no una casa, el agua se cobra de forma puntual cada mes, incluso aunque esté “cortada”, y si se quiere volver a tener el servicio hay que pagar los meses vencidos, incluyendo la reconexión ¡fuera Aguakán!

    El portal Noticias Dime recrea, certero, lo que ocurre con Aguakán:

https://www.tiktok.com/@dimenews/video/7473691698183343366?_r=1&_t=ZM-8u7DW9cH4FR

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y 2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.