Aguakán, ¡al banquillo por “lavar” mil millones!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Funcionarios
de Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakán), encabezados por su
director, Paul Andrew Rangel Merkley, enfrentarán en marzo una demanda por
“lavado” de dinero, con el que habrían ampliado la concesión del suministro de
agua potable en Quintana Roo, denunció el Gobierno del Estado en
la Fiscalía General de la República.
La
demanda no sólo sería contra los directivos de Aguakán, sino también contra ex funcionarios
del Roberto Borge, que habrían utilizado recursos de procedencia ilícita
para garantizar pagos por mil millones de pesos ante la Comisión de Agua
Potable, recursos que luego desaparecieron.
Por
su lado, Aguakán acusó al gobierno de Mara Lezama por supuesta “persecución
jurídica” en su contra, en un intento por desacreditar las investigaciones y
retener la concesión en Solidaridad, Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto
Morelos, aunque el proceso judicial sigue su curso.
Así,
el próximo 3 de marzo, Rangel Markley y varios accionistas -unos ya amparados-
enfrentarán una audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso
en el Centro de Justicia Penal de Quintana Roo y, pese a contar con una
suspensión contra orden de detención, otorgada por el Juzgado II de Distrito,
las acusaciones podrían derivar en un proceso prolongado.
Cabe
recordar que el Congreso de Quintana Roo aprobó en 2023 el retiro de la
concesión de Aguakán, vigente hasta 2053, tras detectarse irregularidades,
aunque la empresa obtuvo una suspensión definitiva contra la medida por
presunto fraude procesal. El juicio apenas comienza y se prevé que se extienda
por varios meses o años.
Como
corolario, en febrero se realizó la audiencia inicial de formulación de
imputación y vinculación a proceso contra Rangel Merkley, quien estaba acusado
de falsedad de declaraciones en el juicio contra el gobierno de Quintana
Roo por la cancelación del contrato del suministro de agua potable en cuatro
municipios del Norte del Estado.
Las
declaraciones del directivo habrían sido clave en el juicio de amparo
promovido por Aguakán para seguir prestando el servicio pese a la conclusión
de su contrato.
El
juicio penal contra Rangel Merkley se originó en enero de 2024, cuando la
empresa logró la suspensión definitiva del Decreto 195 aprobado por el Congreso de Quintana Roo, que había
cancelado en diciembre de 2023 el contrato de suministro de agua potable
de Aguakán desde 1990.
De
acuerdo con extenso reportaje del colega Mario Millán en 2023, diputados de las
XIV Legislatura fueron los grandes artífices para que Aguakán obtuviera
ganancias extra por unos 17 mil millones de pesos a costa de cientos de miles
de usuarios, y serán los responsables del enorme problema jurídico contra el Gobierno
del Estado.
Algunos
de esos legisladores pretenden ahora nuevos cargos con sus partidos, aunque no
los mismos de los que eran en diciembre de 2014, cuando avalaron la permanencia
de la empresa (nueve años antes de que concluyera la concesión) por 30 años más,
para brindar servicio de agua potable, alcantarillado, drenaje y saneamiento:
La Legislatura se apresuró a abrogar el decreto que ampliaba la concesión.
En
ese entonces, la diputada federal Marybel Villegas, formaba parte de esa Legislatura
como priista consumada, cuando desde su bancada recibió instrucciones de avalar
la permanencia de Aguakán en Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y
Solidaridad. Y así lo hizo, la entonces fiel a Roberto Borge.
El
cancunense Mario Machuca Sánchez, dirigente de la CROC, fue otro ex priista que
aprobó la permanencia de Aguakán y se inscribió en el proceso interno de Morena
como aspirante a una senaduría, tras ser diputado federal.
En
ese entonces, el diputado federal por el Verde, el también priista Juan Luis
Carrillo Soberanis, dio su visto bueno, pues no podía ir contra las órdenes ni
del entonces líder la XIV Legislatura, el nuevo morenista José Luis Toledo
Medina, ni mucho menos de Borge.
Por
su lado, Susana Hurtado Vallejo presumía no haber más priista con la camisa
bien puesta que ella, pero las cosas cambiaron, y hoy, al igual que Carrillo
Soberanis, es Verde “Ecologista” de hueso colorado. Fue pieza importante para
la permanencia de Aguakán y volvió a serlo, pero votó contra el decreto 250 que
ella misma avaló en su momento.
Los
“Verdes” Remberto Estrada Barba y Pablo Fernández Lemmen Meyer también formaron
parte de esa legislatura; el primero, más tarde, alcalde de Benito Juárez
(2016-2018), y el segundo, pieza importante de ese partido en Quintana Roo.
Ambos dijeron sí a Aguakán, pero su bancada les restregó en la cara que lo que
hicieron estuvo mal.
El
priista Jesús Pool Moo, luego de Movimiento Ciudadano, recibió tremendo revés
de la diputada por su partido, Deyanira Basurto, quien decidió que la
permanencia de Aguakán ya no era indispensable en Quintana Roo.
Otros
diputados que respaldaron el decreto 250 fueron Cora Amalia Castilla Madrid,
Arlet Mólgora Glover, Maritza Medina Díaz, Juan Manuel Herrera, José Ángel
Chacón Arcos, Filiberto Martínez Méndez, Marcia Alicia Fernández Piña, Berenice
Polanco Córdova y Martín de la Cruz Gómez, que hoy brillan por su ausencia,
pero fueron artífices del caso de Aguakán, que va con todo su arsenal jurídico
a defender la concesión que estos legisladores autorizaron para contratar a la
empresa.
Nos
olvidábamos del entonces perredista Jorge Aguilar Osorio, ahora plenamente
identificado con el gobierno de Mara Lezama, donde ocupa una subsecretaría en
la Secretaría de Gobierno, pero fue de los pocos que se opusieron al decreto.
Lo
cierto es que preocupa tanto a la población el tema -o pésimo servicio- de
Aguakán. que no pocos sugieren enviar a un periodista al programa de la “Mañanera”
de la presidenta Claudia Sheinbaum para presentar el caso y poner a trabajar a
la gobernadora María Lezama y a la alcaldesa de Benito Juárez, Patty Peralta, que
no hacen nada por la gente.
Aguakán
y la CFE son las empresas con los servicios más caros en Quintana Roo, a grado
tal que parece que la gente sólo trabaja para pagarles, aunque, en el único
caso de “defensa” de la primera, cabría señalar que algunos se quejan
justamente, pero 70% de la población adeuda de 15 mil pesos o 40 mil pesos de
agua por la flojera de reparar el flotador descompuesto que la tira todo el día.
Lo
peor del caso es que, vivas o no una casa, el agua se cobra de forma puntual
cada mes, incluso aunque esté “cortada”, y si se quiere volver a tener el
servicio hay que pagar los meses vencidos, incluyendo la reconexión ¡fuera Aguakán!
El portal Noticias Dime recrea, certero, lo
que ocurre con Aguakán:
https://www.tiktok.com/@dimenews/video/7473691698183343366?_r=1&_t=ZM-8u7DW9cH4FR
(Permitida
la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito
para el autor)
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
siete Diplomados, tres de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019 y
2021), Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos;
y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75
Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
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