¿Duro revés para Mara con “camaleónica”?

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Aunque todavía por definirse hasta el próximo lunes -cuando nadie lo esperaba-, la ex priísta, ex panista, ex perredista y ex Verde Laura Fernández Piña -sólo le faltó el PT-, obtuvo valiosa decisión política que pereciera doloroso revés para la gobernadora Verde, Mara Lezama, al lograr que autoridades federales suspendieran, al menos momentáneamente, su inhabilitación por 20 años como servidora pública.

Como se sabe, la dos veces ex presidenta municipal de Puerto Morelos recibió la inhabilitación, irónicamente -sólo eso- precisamente dos años después de perder las elecciones, como candidata por la coalición “Va por Quintana Roo”, entre el PAN y el desaparecido PRD, ante la hoy gobernadora Mara Lezama.

El caso es que magistrados federales de Cancún determinaron suspender temporalmente la inhabilitación, impuesta por la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción de Quintana Roo.

La ex candidata fue alcaldesa de Puerto Morelos (2016-2021) y no habría vigilado la correcta retención de 79 millones de pesos que trabajadores municipales aportaron como cuotas de seguridad social para el retiro, correspondiente a 2020 y 2021, con lo que desviaría más de mil 333 millones.

Así las cosas, en febrero de 2024, la Comuna de Puerto Morelos, con la alcaldesa morenista de Blanca Merari Tziu, inició procedimiento de responsabilidad administrativa, donde la Cuarta Sala falló en mayo de ese año y le impuso esa inhabilitación vigente hasta abril de 2044.

Tras la notificación, en los siguientes meses, según expedientes judiciales consultados, la ex candidata solicitó infructuosamente varios amparos, unos contra órdenes de aprehensión, a grado tal que, hasta principios de este septiembre, el Juzgado Octavo de Distrito de Cancún se vio obligado a resolver uno de ellos, aunque no suspendió la inhabilitación, por lo que, inconforme, la ex candidata apeló con una queja.

Así, el jueves 11, magistrados del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito declararon fundada la impugnación y ordenaron borrar su nombre del Sistema de Personas Servidoras Públicas Sancionadas, cuya resolución dice que la inhabilitación no es definitiva, aunque lo cierto es que ya afecta la imagen de la ex funcionaria, pero los magistrados aclararon que la suspensión es temporal y que deberá ratificarse el lunes 29 en una audiencia incidental en el amparo promovido.

Hasta hoy, la ex candidata no había hecho ningún pronunciamiento público, aunque, se recordará, en 2022 fue candidata a la gubernatura y quedó segunda tras la contienda que ganó Mara Lezama, entonces dos veces alcaldesa de Benito Juárez.

         Precisamente, el 14 de marzo último, con el título ¡Por fin “castigan” a una política “chapulín”!, dijimos ignorar si por venganza de la gobernadora Verde, contra quien fuera su contrincante política, el Tribunal de Justicia Administrativa inhabilitó a la dos veces ex alcaldesa y ex diputada federal, una “chapulín” ex priista, ex perredista y, finalmente Verde.

Decíamos que, tras encontrarla responsable de una falta administrativa grave por abuso de funciones durante su gestión (2016-21), lo que no ha ocurrido con ningún alcalde, también le impuso una multa por 78.9 millones de pesos -ignoramos si la pagó-, una de las más altas a una ex funcionaria en la historia del Estado, en una resolución del 9 de mayo de 2024, según la desaparecida Contraloría estatal.

En efecto, el Tribunal centró su fallo en el incumplimiento del pago de cuotas obrero-patronales al IMSS, que generó un daño patrimonial cercano a los 79 millones de pesos, aunque, tras conocer la sanción, la ex funcionaria negó cualquier corrupción, que el retraso fue por la crisis por el Covid y que no se le notificó correctamente.

En vano intento por frenar la sanción, interpuso un primer amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito de Cancún, que lo desechó en febrero último.

Por su parte, Blanca Merari, afirmó haber recibido un municipio “en quiebra técnica” con, por lo menos, seis denuncias por irregularidades de la gestión de Laura Fernández, quien militaba en el Verde, fue diputada local, federal, y trató infructuosamente de ser gobernadora.

Su inhabilitación -es originaria de Torreón, Coahuila y creció en Guadalajara, Jalisco, con unos años en Quintana Roo- se mantendría hasta 2044, salvo la reversión federal definitiva.

Por cierto, su incursión política se remonta a 1999 con el PRI, donde ocupó diversos cargos: Fue directora de Turismo y Relaciones Públicas en Cancún (1999-2002); delegada del Instituto Quintanarroense de la Mujer y, de 2005 a 2008, secretaria técnica de gabinete en Benito Juárez.

En su largo “trajín”, fue diputada local del Distrito X por el PRI para 2008-2011 y presidió la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de la XII Legislatura del Congreso del Estado, aunque también fue candidata a diputada por el Distrito Federal 03.​

En 2013 fue titular de la Secretaría Estatal de Turismo hasta 2016, con el ex gobernador Roberto Borge, con quien participó en la organización de la edición 39 de Tianguis Turístico de México, Cancún 2014, aunque dos años después, en abril de 2016, renunciaría a Turismo y al PRI para ingresar al Verde como candidata a alcaldesa de Puerto Morelos.

En las elecciones locales de 2016 fue electa primera alcaldesa del nuevo municipio (2016-2018), cuando presidió la Conferencia Nacional de Municipios de México, con más de 2400 Ayuntamientos diferentes, tras lo cual fue primera mujer en reelegirse alcaldesa de Quintana Roo, al ganar las elecciones de 2018, para un segundo mandato hasta marzo de 2021.

Ese año se postuló candidata a diputada federal del Verde con "Juntos Hacemos Historia" por el distrito 4, elegida el 5 de junio, con 43.60% de los votos, pero solicitó licencia indefinida en marzo de 2022 para competir contra Mara Lezama, cuando, a falta de suplente, su escaño en la Cámara de Diputados quedó vacante, hasta su reincorporación en junio.

En enero de 2022 renunció al Verde y se hizo precandidata a la gubernatura por el PRD, por lo que el 21 de enero se registró con la coalición “Va por Quintana Roo”, aunque, el 5 de junio quedó segunda, con 16.08% de los votos, 41 puntos detrás de Mara Lezama, que alcanzó 57.06%.

Hasta donde se sabía, la Comuna de Puerto Morelos presentó una serie de denuncias contra ella, entonces candidata a la gubernatura, que incluyó a funcionarios de su administración, por peculado, defraudación a regímenes del IMSS, negligencia, desempeño irregular de funciones y uso indebido del poder.

Las denuncias se interpusieron ante las Fiscalías General de la República y la Especializadas en Delitos contra la Corrupción federal y estatal en su contra, así como contra Ana Luisa Betancourt, su encargada de despacho, mientras ella hacia campaña para diputada federal.

También figuraron en la “lista negra” su ex tesorero Eligio Sierra, extesorero; contralor, Raymundo Martínez; Oficial Mayor, Héctor Alcaraz; subsecretario de asuntos jurídicos, Josué Arjona; y secretario de Obras y Servicios Públicos, Antonio Velázquez.

Bajo el Verde “Ecologista”, Laura Fernández fue alcaldesa de 2016 a 2021 -ganó su reelección en 2018-, pero después contendió y fue electa diputada federal, para luego renunciar a esa militancia en enero de 2022, en busca de la candidatura a la gubernatura.

Los actos que se le atribuyen, junto con sus colaboradores, se tradujeron en una deuda heredada al nuevo gobierno municipal, dijo Blanca Merari, candidata del Verde tras el asesinato de su marido, Ignacio Sánchez Cordero, en febrero del 2021.

Según la alcaldesa el golpe económico es por más de 503 millones de pesos, por falta de pagos al IMSS (89 millones), al SAT (57 millones), y por impago de ISR e ISN; y por 37 millones de deuda a proveedores particulares, además, se incluyen obras públicas (33 millones) y una nómina “inflada” del Capítulo mil (246 millones) por más de mil 200 trabajadores, de los que muchos no se presentaban a laborar.

A esa cantidad se suma otra deuda, a 20 años, por más de 830 millones de pesos, por la firma de dos contratos irregulares por contratar dos proyectos como Asociación Público Privada, que comprometen 48% las participaciones federales que Puerto Morelos debía recibir en dos décadas.

Junto a funcionarios de su gobierno y de regidores de su Cabildo, dijo que el tema de las APPs era la situación “más delicada” porque comprometía 20 años las participaciones federales, un golpe económico que afectaría a la población y sus servicios.

Ella misma y su tesorera fueron demandadas penalmente por las empresas involucradas, al negarse a pagar facturas que les han presentado, por lo que las compañías interpusieron amparos y juicios contencioso-administrativos como medidas de presión.

Blanca Merari admitió que habría temor por la reacción y molestia que generaría el tema, aunque responsabilizó a Fernández Piña y a sus ex funcionarios denunciados de lo que pudiera pasarle a ella, a su familia o a sus colaboradores, pues no dudaba que, “en un acto de desesperación”, la ex munícipe atentara contra ella misma, “para victimizarse”.

Según el asesor externo de la Comuna, Karim de la Rosa, uno de los contratos se firmó con OFN Quintana Roo para el desarrollo integral de eficiencia energética y mejoramiento de la calidad del alumbrado público, con cobertura total en la zona urbana de la cabecera y las principales localidades, incluidas las zonas turísticas.

El contrato para el sistema de alumbrado se firmó el 15 de agosto de 2021, por 42.9 millones de pesos -sin IVA- con garantía de pago 25% de las participaciones federales presentes y futuras, a depositarse en un fideicomiso.

Un segundo contrato se firmaría con Inocaribe, con inicio de vigencia el 20 de agosto, para construir una unidad de servicios administrativos, consistente en un centro de atención ciudadano y oficinas administrativas para prestar servicios públicos a la demarcación, o sea, un nuevo palacio municipal.

El monto fue por más de 57.9 millones de pesos, con afectación de las participaciones federales en 23%.

De la Rosa explicó que para el proyecto del alumbrado el Ayuntamiento terminaría pagando en 20 años, 442.6 millones y 389.7 millones de pesos, por el “nuevo” palacio municipal, para un total de 832.4 millones.

Agregó que han interpuesto distintos medios de defensa legal y recurrido a la Secretaría de Hacienda, pues los dos contratos de APP “no están inscritos en el Registro Público Único de Financiamiento y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios” lo que significa que ambos instrumentos son legalmente “imperfectos”.

Otra irregularidad es que, pese a que el Congreso le autorizó a Laura Fernández firmar los contratos -cuyas obligaciones excedían su mandato- ninguno había sido inscrito en el Registro que, según la Ley de APPs del estado, administraba la Comisión de Hacienda de la XVI Legislatura.

En este sentido, estaban por promover denuncias penales, una por contrato, contra Laura Fernández y ex funcionarios probablemente responsables, por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), que habría de investigar la SEIDO.

Finalmente, se evaluaba que la Comuna promoviera juicio de lesividad para desactivar ambos contratos, anulándolos, así como los actos derivados de ello, como los decretos autorizados por el Congreso y los acuerdos de Cabildo.

La pregunta era si, además de la inhabilitación y multa, cabría la “posibilidad” de denunciar castigar penalmente a la ex funcionaria, o si, como los políticos tienen de moda, renunciar a su anterior partido ¡y afiliarse a Morena!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 48 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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