Hermana de Mara Lezama, ¡en otro escándalo!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

No bien investigaciones federales la vinculan directamente con manejos fraudulentos en el programa de Desayunos Escolares, cuando la presidente “honoraria” del DIF-Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, hermana de la gobernadora Verde, Mara Lezama, está envuelta en nuevo, sonado escándalo, ahora por la Casa Hogar de Personas Mayores -también conocida como la Casa de los Abuelitos- de Chetumal.

En esta oportunidad, la consanguínea de la mandataria es señalada públicamente por su respaldo u omisión deliberada a los turbios manejos de la directora del lugar, Nínive Margely Ramírez Sanguino, por desvío de pensiones del Banco del Bienestar, maltrato, abandono emocional y conflictos de perfil y clima laboral, así como estar a distancia de conflictos administrativos internos.

Y eso que, supuestamente, la Casa-Hogar se encarga de ofrecer asistencia integral, alojamiento y servicios de salud a los adultos mayores de Quintana Roo y forma parte de recientes obras públicas de modernización gubernamental para garantizar instalaciones dignas a sus residentes.

Como estructura de asistencia en Chetumal, es común confundirla con otros centros del DIF Quintana Roo en la misma zona, por ejemplo, la Casa Hogar Ciudad de Niñas, Niños y Adolescentes, enfocada en la protección de menores de edad en situación vulnerable, y la Casa de Asistencia Integral para Adolescentes, destinada al cuidado y la reinserción social de jóvenes.

El caso es que la gestión de Nínive Margely Ramírez al frente de la Casa Hogar de Personas Mayores en Chetumal enfrenta señalamientos públicos y denuncias por irregularidades administrativas y operativos, y pese a que el gobierno estatal ha promovido la remodelación física de las instalaciones, activistas y denuncias ciudadanas exponen problemas estructurales profundos.

Sobre desvío de pensiones, reportes de observatorios ciudadanos locales, entre ellos Roberto Trujillo y Vigía Ciudadano, señalan un esquema de control y retención de las tarjetas bancarias de la Pensión del Bienestar de los residentes para desviar sus recursos bimestrales con el argumento de manutención de los adultos vulnerables, pero sin transparentar el destino de los fondos.

En torno al maltrato y abandono emocional, familiares y denunciantes en redes sociales exponen que, detrás de las fachadas remodeladas, los residentes sufren de aislamiento, depresión institucionalizada y negligencia en los cuidados diarios por parte de personal no calificado.

Asimismo, registros de transparencia muestran que Nínive Margely Ramírez cuenta con formación en Contaduría en lugar de especialidad en gerontología, salud o asistencia social, mientras que existen quejas internas en el DIF-Estatal que la vinculan a acoso laboral y vigilancia injustificada contra los propios trabajadores de la institución.

Estas quejas se enmarcan en una problemática más amplia detectada por el propio Centro de Atención a Víctimas de Violencia (CAVI) del Estado, que reconoce que la violencia económica y el despojo de pensiones son los delitos más recurrentes cometidos contra los adultos mayores en Quintana Roo.

Sin embargo, las denuncias ciudadanas y de observatorios locales han escalado al señalar que las actitudes de intolerancia e irregularidades cometidas por Nínive Margely Ramírez persisten por el respaldo u omisión deliberada del gobierno de Mara Lezama.

Los reclamos principales de la comunidad frente a la inacción del Gobierno del Estado se estructuran con señalamientos contra la administración por su omisión y protección institucional.

Colectivos y portales de denuncia, como Vigía Ciudadano, señalan que, pese a constantes quejas que llegan al DIF-Estatal, la presidencia “honoraria” y el despacho de la mandataria prefieren validar versiones de los directivos antes de investigaciones independientes, lo que se califica como manto de impunidad que desprotege a los sectores vulnerables.

En torno a las acusaciones sobre el manejo de las tarjetas de la Pensión del Bienestar -donde se señala que la dirección retiene el efectivo cobrado en los bancos y sólo devuelve una porción mínima ($500 pesos)- señalan que estas redes de corrupción operan a la vista de las autoridades de control del Estado sin sanciones ni auditorías.

El descontento también es del propio personal del DIF-Estatal, ya que reportes y testimonios colocan a Nínive Margely Ramírez en administraciones previas de Recursos Humanos, donde operaba con hostigamiento, vigilancia laboral y delación para proteger intereses de altos mandos, lo que explicaría su inamovilidad y permanencia.

Así las cosas, mientras ciudadanía y familiares exigen su inmediata destitución y una auditoría de fondos retirados a los abuelitos, Mara Lezama mantiene su enfoque en inaugurar obras de infraestructura, omitiendo sistemáticamente conflictos de derechos humanos, maltrato e intolerancia.

La falta de intervención de Verónica ante las denuncias es por blindaje político, prioridades de agenda y la naturaleza de su propio cargo, donde varios factores explican su inacción institucional.

Éstos incluyen sus lazos familiares y blindaje político, ya que, al ser hermana directa de Mara Lezama, el DIF-Estatal se alinea con el Poder Ejecutivo. Portales de fiscalización ciudadana señalan que se prioriza la protección de la imagen del gabinete, evitando investigaciones que confirmen corrupción o maltrato bajo su tutela.

Además, la agenda pública de Verónica y Mara se concentra en la entrega de obras físicas y remodelaciones vía portal CGC-Quintana de la Coordinación General de Comunicación. Oficialmente, el DIF reporta que la Casa-Hogar se rehabilitó para ser estancia “digna” con mejoras materiales como argumento para minimizar o ignorar quejas operativas y presunto desvío de las pensiones.

Legalmente, la presidencia del DIF es un cargo honorífico y político, delegando operación diaria, auditorías y sanciones a la Dirección General del DIF y a la ahora Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado, lo que permite a Verónica Lezama distanciarse de los conflictos internos.

Durante los últimos meses, los “esfuerzos” de Verónica se enfocaron a programas masivos de reparto social y protocolos de protección a menores por eventos turísticos masivos Vertiente Global, dejando en segundo plano la fiscalización de los centros de atención para adultos mayores.

Así las cosas, el interés político en mantener a Nínive Margely Ramírez en su cargo es estrategia de protección de la narrativa gubernamental, control de daños y lealtad interna en la estructura de poder en Quintana Roo.

Factores políticos clave que explican su permanencia pese a las denuncias incluyen protección de la narrativa de obra pública, pues las hermanas han usado la Casa Hogar como estandarte de gestión, publicitando inversiones millonarias en su remodelación física.

Destituir a la directora tras las denuncias sería reconocer públicamente que la institución fracasó en su operación interna, manchando una de las obras que más promociona el DIF-Estatal.

Sobre el grave señalamiento contra administración, retención y cobro forzado de las tarjetas de la Pensión del Bienestar de los abuelitos, dado que es programa social insignia del gobierno federal, abrir una investigación o remover a la directora, destaparía un escándalo de corrupción sistémica que escalaría a nivel nacional, afectando directamente la relación política Estado-Federación.

Según registros internos y quejas del personal del DIF-Quintana Roo, la directora cuenta con opaco historial en Recursos Humanos, donde operaba como factor de control, vigilancia y contención de disidencias laborales. Este perfil de operadora disciplinada y leal a mandos superiores lo valoran administraciones políticas para mantener controlados los centros operativos estatales, lo que le otorga un fuerte blindaje interno.

Además, en dinámica política local, ceder ante presiones y denuncias de redes sociales o colectivos ciudadanos lo ve el círculo cercano de Mara Lezama como muestra de debilidad. Sostener a la directora es mensaje de inamovilidad al resto de funcionarios del DIF, asegurando que no se fracturará ante reclamos de la comunidad.

Sin embargo, para exigir transparencia, denunciar desvío de las Pensiones del Bienestar o reportar maltrato en la Casa Hogar, operan mecanismos legales y ciudadanos a nivel estatal y federal, y porque el presupuesto involucra tanto fondos del Estado como programas federales, se pueden activar varias vías.

Las federales -por desviar Pensión del Bienestar- al tratarse de programas federales de la Secretaría del Bienestar, las denuncias se presentan, fuera del alcance del Gobierno del Estado, en la Secretaría de la Función Pública, a través del Sistema de Denuncia Ciudadana de la Corrupción, donde se puede denunciar formalmente a cualquier persona o servidor público que retenga, condicione o haga mal uso de esas tarjetas bancarias.

También se podría hacer a la Línea del Bienestar, reportar directamente el despojo de tarjetas al teléfono 800 639 4264, pues el despojo o cobro no autorizado de pensiones federales a personas vulnerables es delito federal, por lo que se puede denunciar vía penal ante la delegación de la Fiscalía General de la República.

Ahora, ante la Plataforma Nacional de Transparencia, cualquier persona puede solicitar información al DIF-Quintana Roo, desglose de contratos de la Casa Hogar, perfil del personal contratado y bitácoras de egresos e ingresos.

Otra alternativa es solicitar a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos abrir una queja de oficio o ciudadana por violación a los derechos humanos de los adultos mayores -aislamiento, negligencia médica o trato indigno-, y la institución tiene la facultad de realizar visitas de inspección sorpresa a las instalaciones de Chetumal.

Por otra parte, Vigía Ciudadano del 19 de julio, “¡Escándalo repugnante en el DIF de Chetumal! Abusos a los abuelos más vulnerables”, señala certeramente que, si Verónica Lezama no estuviera tan ocupada en su campaña, tal vez se enteraría de la podredumbre en el DIF.

Agrega que, si no fuera sólo la sombra de su hermana Mara, sabría que en la Casa del Adulto Mayor su directora Ninive Margely Ramírez tiene un gran negocio a costa de las pensiones de los abuelos, mientras éstos ¡mueren de tristeza, coraje, depresión y abandono donde deberían recibir tranquilidad y respeto!

Cada dos meses, cada uno de los 53 adultos mayores tiene derecho a 6 mil 200 pesos, que suma 328 mil 600 pesos bimestrales que deberían ser para ellos, pero, en lugar de eso, los llevan en el microbús del albergue a cobrar y las tarjetas las maneja la trabajadora social Paula, quien baja, retira el dinero, lo guarda y entrega completo a su jefa Nínive Margely.

Después, ésta sólo le entrega 500 pesos a cada abuelo “para comprar lo que deseen”, el resto “se terminó”, según la respuesta cínica y tajante de las dos, mientras los abuelos quedan con rabia, llanto y depresión total. Les roban su dinero mientras viven en condiciones indignas.

¿Quién los protege? ¿Quién los defiende de estos abusos del DIF que se aprovechan de su vulnerabilidad? ¿Quién?, si la presidenta “honoraria” y su sombra nunca están para poner orden, y cuando les llegan las denuncias, prefieren creerles a los directivos corruptos.

Concluye que ¡Esto es un robo descarado a los más indefensos!, por lo que exigió investigación inmediata, la destitución de Ninive Margely Ramírez y Paula, y que devuelvan hasta el último peso robado.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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