¡“Congelado” el expediente de ex funcionario!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Después de cinco meses de denunciar la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) al ex titular de Idefin, Ari Adler Brotman -presidente de Royal Caribbean Group México-, por contratación indebida y conflicto de interés, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Quintana Roo mantiene “congelado” el expediente.

Más preocupada por defender los intereses de su jefa Verde, Mara Lezama, que en aplicar el Estado de Derecho en Quintana Roo tras la cancelación oficial del megaproyecto turístico Perfect Day México en Mahahual, la titular de la dependencia, Reyna Valdivia Arceo Rosado, carece de avances en la investigación.

Como se sabe, Adler Brotman es acusado de violar la Ley de Responsabilidades Administrativas por saltarse el periodo de restricción obligatoria para ex servidores públicos, ya que se desempeñó como titular del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado hasta mediados de agosto de 2025 y 16 días después asumió la presidencia de la naviera.

La denuncia sostiene que el ejecutivo habría utilizado información estratégica y privilegiada del entorno económico estatal para favorecer a la corporación privada.

La disputa legal contra Adler Brotman es parte de la batalla jurídica más amplia para frenar el megaproyecto turístico en Mahahual, aunque, en mayo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales negó su autorización al parque acuático tras constantes alertas de ecocidio en manglares y arrecifes de coral protegidos.

Sin embargo, la Secretaría Anticorrupción y “Buen Gobierno” mantiene el caso “congelado” y bajo inacción institucional a tres meses de interponerse formalmente la queja, con nulos resultados.

 Arceo Rosado recibió el recurso promovido por DMAS el 12 de marzo, pero desde la presentación de la queja por el salto ilegal de Ari Adler del sector público al privado, la Secretaría no reporta investigaciones activas, audiencias, ni deslinde de responsabilidades administrativas.

En este sentido, colectivos y activistas denuncian que la Secretaría, siempre cuestionada por su mal trabajo, opera alineada a intereses del gobierno de Mara Lezama, quien defendió abiertamente a Royal Caribbean mediante mecanismos legales para justificar los permisos del megaproyecto Perfect Day en Mahahual.

A todo esto, la Ley de Responsabilidades Administrativas califica la contratación indebida y el conflicto de interés como faltas administrativas graves, con sanciones máximas en dos vías: Las aplicadas al ex servidor público y las impuestas a la empresa contratante.

En el primer caso, de ser hallado responsable -lo que puede Usted jurar que nunca ocurrirá- el Tribunal de Justicia Administrativa puede imponerle a Ari Adler, una inhabilitación temporal de 1 a 20 años para ejercer cualquier cargo, empleo o comisión en el servicio público, así como para participar en adquisiciones o arrendamientos oficiales.

Como sanción económica, también podría hacerse acreedor a una multa monetaria que puede alcanzar hasta el doble del beneficio obtenido o de los daños económicos causados por el uso de información privilegiada y, en su caso, una destitución si ocupara algún cargo vigente en la estructura del Estado.

Por su parte, la empresa Royal Caribbean, al tratarse de una vinculación de particulares con faltas graves, como corporación privada enfrenta sanciones económicas con multas equivalentes al beneficio que obtuvo por la contratación ilegal.

Asimismo, una inhabilitación comercial, prohibición temporal para celebrar contratos, concesiones o proyectos con el Gobierno del Estado por un periodo determinado y, en un caso extremo, se podría ordenar la detención temporal de sus operaciones comerciales relacionadas con el beneficio ilícito.

Lo cierto es que existen múltiples elementos en el contexto político de Quintana Roo que permiten sostener la hipótesis de un blindaje o protección política hacia Ari Adler Brotman y el proyecto de Royal Caribbean con factores que refuerzan la lectura de un trasfondo político, ya que el megaproyecto era prioridad de Mara Lezama.

Perfect Day de Mahahual fue una de las mayores apuestas económicas promovidas activamente por la administración de la mandataria, por lo que la inacción de la Secretaría “Anticorrupción” -que depende directamente de ella -la ven analistas locales y activistas como estrategia deliberada para evitar un escándalo reputacional que frene inversión millonaria clave para Quintana Roo.

Adler Brotman no era funcionario menor, ya que fue titular del Idefin, organismo encargado de atraer la inversión extranjera al Estado. Haber operado estrechamente en el círculo cercano del gobierno de Mara Lezama, su proceso administrativo generaría fuerte costo político, ya que pondría en evidencia cómo el propio gobierno facilita el fenómeno de “puertas giratorias”, es decir, pasar de regulador a regulado.

Arceo Rosado es pieza clave de Mara Lezama. Históricamente, las secretarías de la Contraloría u honestidad en los Estados operan con una agenda supeditada a tiempos y prioridades del Ejecutivo. Congelar una denuncia por meses es práctica común cuando el señalado posee información estratégica o vínculos políticos vigentes con el poder en turno.

Sin embargo, los colectivos civiles y ambientales, como DMAS, cuentan con vías legales principales para romper ese bloqueo institucional y obligar a las autoridades de Quintana Roo a actuar, uno de ellos, como es de esperarse, el Amparo por Omisión Institucional, herramienta jurídica más rápida y efectiva en este escenario.

Como mecanismo, se promueve juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito -Poder Judicial de la Federación- contra la Secretaría Anticorrupción para demostrar que la dependencia violó el Derecho de Petición -artículo 8° Constitucional- o los plazos legales de investigación.

El efecto es que el juez federal emite una sentencia que obligue formalmente a la Secretaría a emitir un acuerdo, avanzar con la investigación o turnar el caso al Tribunal en un plazo perentorio -generalmente de 3 a 15 días-, bajo amenaza de destitución de Arceo Rosado si desobedece.

También está el recurso de Inconformidad como vía administrativa, ya que la propia Ley de Responsabilidades ofrece esa posibilidad si la Secretaría Anticorrupción decide archivar la denuncia o determinar injustificadamente la “no existencia” de faltas graves.

Como efecto, el caso se turna de manera obligatoria al Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo para que magistrados independientes califiquen si la investigación fue deficiente y ordenen su reapertura.

Además, debido a que el conflicto de interés involucra a una trasnacional (Royal Caribbean) y un megaproyecto regulado por dependencias federales (como SEMARNAT), los colectivos pueden presionar desde otros frentes, entre ellos denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, si demuestran que en las gestiones de la naviera se usaron recursos o convenios federales firmados durante la gestión de Adler Brotman en el Idefin.

Otro frente sería denunciar ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, elevar el caso de la vía administrativa a la penal, denunciando formalmente el ejercicio ilícito de servicio público o uso ilícito de atribuciones y facultades.

Para que un juez federal admita y otorgue un juicio de amparo por omisión contra la Secretaría Anticorrupción, los colectivos civiles deben cumplir estrictamente con los siguientes tres requisitos fundamentales, primero demostrar un Interés Legítimo, pues las organizaciones no pueden demandar solo por Interés General, sino probar un vínculo real con la causa.

Para ese efecto, la asociación DMAS debe presentar sus estatutos constitutivos legales donde se acredite que su objeto social es la defensa de la legalidad, el combate a la corrupción o la protección al medio ambiente, aunque, al ser denunciantes originales de Ari Adler Brotman, adquieren de forma automática la calidad de “parte interesada” en el expediente administrativo.

El juez federal necesita constatar que la autoridad estatal ha sido omisa y ha dejado pasar los plazos de ley. Se debe anexar una copia certificada o el acuse de recibo original de la denuncia presentada el 12 de marzo.

Respecto a la “prueba del tiempo”, se debe demostrar que transcurrieron los meses fijados por la Ley de Responsabilidades Administrativas sin que la Secretaría haya notificado ningún acuerdo de inicio de investigación, admisión, desestimación o trámite procesal, aunque se debe señalar con precisión el acto reclamado.

No se puede pedir al juez evaluar todo el comportamiento de la dependencia, se debe ser “quirúrgico”, por lo que se debe redactar textualmente que el acto violatorio es “la omisión de investigar, sustanciar y resolver la denuncia con número de folio (X)” y la violación directa al Artículo 8° de la Constitución -derecho de petición-, que obliga a TODA autoridad a emitir una respuesta en breve término.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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