México, país progresista, ¡NO comunista!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

A pesar de que el comunismo real o teórico nunca ha existido en la práctica como sistema social completo, sectores políticos de oposición, líderes de opinión y grupos empresariales acusan con frecuencia al gobierno de México de simpatizar o encaminar al país hacia ese comunismo o el socialismo.

El comunismo es un sistema socioeconómico y filosofía política que aboga por la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y eliminación de clases sociales. Su objetivo es establecer una sociedad igualitaria donde los recursos se distribuyan según necesidades de cada persona.

Existe una diferencia fundamental entre comunismo como teoría filosófica y regímenes políticos históricos autodenominados o llamados “comunistas”, pero para entender por qué se afirma que no ha existido, es necesario analizarlo desde la teoría y compararlo con la realidad histórica.

Para comprender esta separación, la doctrina marxista define comunismo bajo criterios básicos, que contrastan con la realidad de los países que adoptaron esta ideología: El Comunismo teórico (marxismo) es una etapa final del desarrollo social donde no existen clases sociales, propiedad privada de los medios de producción, dinero ni Estado.

La producción se organiza bajo el lema “De cada cual, según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades”.

Según Karl Marx, para llegar al comunismo primero debe pasar una fase intermedia llamada socialismo -o dictadura del proletariado-, donde el Estado toma temporalmente control de las industrias y tierras para abolir el capitalismo.

Los países del bloque soviético -como la antigua URSS- o regímenes actuales (como Cuba o China) quedaron atrapados en una versión totalitaria o hipercontrolada de esa fase de transición. El Estado, en lugar de disolverse o desaparecer como dictaba la teoría, se volvió gigantesco, burocrático y absoluto.

Así, actualmente existen cinco naciones gobernadas por un partido único de ideología marxista-leninista, según clasificación de Wikipedia, China, uno de ellos, gobernada por el Partido Comunista, que opera bajo un sistema de “capitalismo de Estado” o “economía de mercado socialista”, combinando férreo control político con un mercado globalizado y grandes fortunas privadas.

Otro país “comunista” es Cuba, que mantiene el monopolio político del partido, pero ha tenido que abrir gradualmente su economía a microempresas privadas y al turismo extranjero debido a crisis estructurales.

Por su parte, Corea del Norte, aunque nació de la corriente soviética, reemplazó formalmente el marxismo por la ideología Juche -autosuficiencia y nacionalismo extremo-, funcionando bajo una dinastía familiar absoluta.

Los últimos son Vietnam y Laos, que siguen un modelo similar al de China, manteniendo la retórica y el control político del partido único, pero con economías ampliamente abiertas al libre mercado internacional.

En resumen, el comunismo existe plenamente como ideología política, una corriente filosófica y un movimiento social, aunque la sociedad comunista pura -sin dinero, sin clases y sin Estado- permanece sólo como una utopía teórica que NUNCA se materializó en el mundo real.

Ahora bien, sobre las acusaciones al gobierno de México de simpatizar o encaminar al país al comunismo o socialismo, muy en boga en estos días, la narrativa se intensificó notablemente durante el sexenio de López Obrador y continúa bajo la administración de Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, a nivel político y mediático, estas corrientes sustentan sus acusaciones en varios ejes principales, entre ellos, el argumento los acusadores, uno de ellos los libros de texto gratuitos.

En 2023, se recuerda, la reforma a los materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública desató fuerte controversia, cuando medios de comunicación y partidos de oposición, como el PAN, afirmaron que los nuevos libros contenían un “virus comunista” y, supuestamente, buscaban adoctrinar ideológicamente a la niñez mexicana.

En otro “argumento”, críticos de la llamada Cuarta Transformación señalan la simpatía y los lazos diplomáticos del gobierno mexicano con países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, y destacan la pertenencia de partidos oficialistas -como Morena y PT- al Foro de São Paulo, una organización regional que agrupa a partidos de izquierda de América Latina.

Por otro lado, las reformas constitucionales orientadas al fortalecimiento de empresas estatales -como CFE o Pemex-, el robustecimiento de los programas sociales universales y la desaparición de ciertos organismos autónomos los interpretan sectores de la derecha como un intento de concentrar el poder en el Estado y debilitar el libre mercado.

En este sentido, grupos conservadores impulsan campañas que sostienen que la propiedad privada está en riesgo. En su momento, legisladores del PAN firmaron la “Carta de Madrid” junto al partido español Vox como un esfuerzo explícito para “frenar el avance del comunismo” en la región iberoamericana.

Como respuesta oficial y el análisis económico, desde la perspectiva del gobierno y de analistas financieros, la etiqueta de “comunismo” no coincide con la realidad socioeconómica del país, pues México mantiene vigente su tratado comercial con EE.UU. y Canadá, sus principales socios comerciales del mundo y continúa atrayendo inversión privada extranjera masiva con el nearshoring.

Por respeto a la propiedad privada, no se han realizado expropiaciones generalizadas de industrias ni de bienes raíces particulares, mientras que el sistema bancario y empresarial opera con plena normalidad capitalista.

Ante los señalamientos de la oposición, los mandatarios federales califican las acusaciones como estrategias de “propaganda negra” de la derecha para recuperar privilegios políticos. López Obrador solía responder de forma irónica señalando que, si buscar la justicia social y el humanismo era ser comunista, “que lo anotaran en la lista”.

En conclusión, la acusación de simpatizar con la doctrina comunista funciona principalmente como recurso retórico de confrontación política interna y de polarización electoral, ya que la estructura económica y legal de México sigue estando profundamente integrada al capitalismo globalizado.

Lo cierto es que, en realidad, México pertenece al Progresismo, corriente ideológica y política orientada a reformar la sociedad para expandir derechos individuales, igualdad social y justicia económica a través de la intervención del Estado.

A diferencia de las corrientes conservadoras, que buscan preservar el orden tradicional, el progresismo sostiene que el progreso social, científico y económico debe usarse para mejorar continuamente la vida humana y corregir las desigualdades.

Las principales banderas del progresismo actual a nivel mundial e iberoamericano se centran en diversos ejes, uno de ellos la igualdad de género, el apoyo a los derechos de las mujeres, paridad en la toma de decisiones y erradicación de la violencia de género, aunque también incluyen los derechos LGBTQ+, promoción del matrimonio igualitario, leyes de identidad de género y combate a la discriminación.

Otros ejes son la justicia social y económica, el fortalecimiento de la salud y educación públicas, salarios dignos y redistribución de la riqueza mediante impuestos progresivos a las grandes fortunas; el ambientalismo, combate al cambio climático, transición hacia energías limpias y protección del medio ambiente por encima del interés corporativo; y la inclusión de minorías, reconocimiento de derechos de pueblos indígenas, afrodescendientes y grupos vulnerables.

Para no confundirlo con otros términos políticos, es útil notar cómo se posiciona el Progresismo frente al comunismo-Socialismo puro: No busca abolir el capitalismo ni eliminar la propiedad privada, sino que opera dentro del sistema democrático y libre mercado, pero exige al Estado regular la economía para evitar monopolios y proteger a los trabajadores.

Frente al liberalismo clásico, comparte la defensa de las libertades individuales -libertad de expresión, aborto, eutanasia-, pero rechaza el libre mercado absoluto. El progresismo argumenta que el mercado por sí solo no garantiza la justicia social, por lo que el Estado debe intervenir.

Por último, frente al conservadurismo, que prioriza valores tradicionales, estructura familiar clásica, libre mercado desregulado e instituciones religiosas, el progresismo suele cuestionar a favor de la laicidad y la diversidad social.

Como críticas comunes al progresismo, como era de esperarse, sectores críticos, generalmente de derecha o liberales económicos, señalan que tiende a generar un gasto público excesivo con programas sociales que pueden traducirse en deudas o inflación.

También a caer en la llamada “cultura de la cancelación” o la “corrección política”, limitando el debate de ciertas ideas y utilizar políticas de identidad que, según detractores, dividen a la sociedad en grupos en lugar de unificarla.

Por otro lado, el progresismo en la política de México se refleja, sobre todo, a través del modelo del “Humanismo mexicano”, que impulsa el partido oficialista Morena y lo consolida el mandato de Claudia Sheinbaum, en un enfoque que combina políticas de justicia social con fuerte intervención del Estado en sectores estratégicos.

En la práctica cotidiana y legislativa del país, la corriente se materializa en pilares como políticas sociales y estado de bienestar; pensiones universales, consolidación de apoyos económicos directos a adultos mayores; becas estudiantiles, entrega masiva de recursos a jóvenes e infancias y la elevación de los programas sociales a derechos obligatorios.

Asimismo, se materializa den reducción de pobreza, con enfoque prioritario en las clases sociales más desfavorecidas, y en agenda de género y diversidad: Gobernanza paritaria, inclusión obligatoria de mujeres en gabinetes y congresos; reformas de igualdad, nuevas leyes sustantivas contra la brecha salarial y derechos reproductivos, despenalización del aborto impulsada desde la Suprema Corte de Justicia.

Entre otros, el progresismo se materializa con lo siguiente: Reconocimiento de derechos para las comunidades LGBTQ+, soberanía económica y transición energética, fortalecimiento de Pemex y CFE, crítica sistemática a la privatización de recursos públicos, impulso gradual a energías limpias bajo control público y mantenimiento de la estabilidad fiscal y comercio exterior.

Sobre reformas al Estado y democracia, la elección popular directa de jueces y magistrados, iniciativas presidenciales para reducir drásticamente el costo de elecciones, recorte de salarios altos en la burocracia estatal y consultas populares y revocación de mandato.

A nivel externo, México funge como articulador clave del progresismo en América Latina, y mantiene una postura de defensa frente al avance de las corrientes conservadoras de la región, todo sin romper sus lazos económicos esenciales con los mercados globales, especialmente a través del T-MEC.

         Contra todo lo anterior, en resumen, el comunismo no existe y tampoco ha existido jamás en la humanidad; es sólo, como parte de la filosofía, una palabra utilizada siempre como arma política por el imperio Yankee para desprestigiar países, gobiernos y a pensadores progresistas.

Así las cosas, el verdadero comunismo es el que acaba con los multimillonarios que se creen dueños de todo el mundo, y el socialismo manda al gobierno, no los multimillonarios. En el capitalismo de la ultraderecha, los multimillonarios gobiernan y tienen la última palabra en las decisiones de un país, mientras en el progresismo hay un balance en el que multimillonarios y gobierno toman decisiones conjuntas, pero sin que los multimillonarios estén por encima de la ley.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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