“Gota a gota”, ¡extremadamente grave en Q. Roo!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

La ejecución a balazos ayer de la motociclista colombiana “Andrea N.”, presunta encargada y cobradora del sistema de préstamos “gota a gota”, a manos de un desconocido que se fugó en una combi pública en las calles Isla Pascua y Quinta Avenida del fraccionamiento Paseos del Mar en la Región 251 de Cancún, despertó nuevamente la polémica sobre el tema.

De origen colombiano, ese sistema -también conocido como “paga diario” o “préstamo facilito”- es una modalidad de crédito informal y usurero que se caracteriza por ofrecer dinero rápido y sin requisitos, pero bajo condiciones de pago extremadamente abusivas y con métodos de cobro que recurren a la violencia.

Prácticamente desconocido para la población en general, pero muy de boga en todo el país, se llama así porque el dinero se devuelve poco a poco, prácticamente “gota a gota”, mediante abonos muy frecuentes.

"Gota a gota" llegó a Quintana Roo entre 2015 y 2016, pero se consolidó como crisis de seguridad sumamente visible a partir de 2017, y ahora es extremadamente grave, pues escaló de fraude financiero a violento escenario de delincuencia organizada que afecta principalmente a Chetumal, Cancún y Playa del Carmen.

Su operación es muy delicada en Quintana Roo porque el negocio genera constantes ataques armados y homicidios en las calles. Cobradores, muchos de ellos extranjeros, son frecuentemente ejecutados por bandas rivales o por dejar de pagar “derecho de piso” a carteles locales.

Y conste que hablamos de grupos criminales de muy alta peligrosidad, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, que  absorbieron o sometieron estas redes de cobro, usando el dinero para “lavar” activos del narcotráfico, por lo que cientos de pequeños comerciantes, tianguistas, comisionistas turísticos y taxistas viven bajo amenaza constante con cobradores que recurren a armas de fuego, agresiones físicas y robo de mercancías ante cualquier retraso.

El arraigo del sistema “gota a gota” en Quintana Roo, asómbrese Usted, ha provocado casos de desaparición forzada de personas vinculadas a estas redes ilegales de financiamiento, mientras que la Condusef reporta que aumenta el problema con las aplicaciones móviles de “montadeudas”, que extorsionan masivamente robando fotos y contactos de celulares.

El nivel de impunidad que lo rodea en Quintana Roo es alarmante y casi absoluto en el ámbito de la justicia formal, y aunque las autoridades no son del todo impotentes, están sumamente rebasadas por miedo social, corrupción interna y compleja mutación del crimen organizado.

Así, el panorama actual sobre impunidad y respuesta de gobierno se desglosa en factores de cifra “negra” y miedo a denunciar como origen de la impunidad que, créannos, roza 99% de los casos debido a que las víctimas no denuncian.

Al tratarse de un esquema controlado por células delictivas fuertemente armadas -ligadas a carteles como el CJNG-, los comerciantes temen que, de acudir al Ministerio Público, los cobradores cumplan amenazas de muerte, quemen sus negocios o ataquen a sus familias, por lo que, sin denuncias formales ni testimonios, las carpetas de investigación rara vez se abren por extorsión o cobro de piso, archivando la mayoría de ellas.

Además, cuando la policía estatal o la Fiscalía General del Estado logran detener a alguno de los cobradores del “gota a gota” en las calles de Cancún o Playa del Carmen, se enfrentan a un “cuello de botella” legal: Falta tipificación directa, pues, aunque a nivel nacional existen esfuerzos para endurecer las penas, en la práctica local es difícil procesarlos sólo por un préstamo informal.

Para mantenerlos en la cárcel, se suele procesar a los detenidos por narcomenudeo o portación de armas de fuego, ya que las células del “gota a gota” utilizan los préstamos como fachada para distribuir sustancias ilícitas o “lavar” dinero. Por ejemplo, en operativos conjuntos, es común capturar a cobradores extranjeros y vincularlos a proceso por delitos contra la salud para evitar su libertad inmediata.

Por otro lado, la “limpia” interna es un fenómeno que demuestra la severa impunidad es que el propio crimen organizado castiga más rápido que las autoridades: Una ola de ejecuciones y balaceras en regiones de Cancún -como los fraccionamientos Paseos del Mar o Villas Otoch- dirigidas específicamente contra cobradores y prestamistas del “gota a gota”.

Estas agresiones suelen perpetrarlas carteles locales que los asesinan por no pagarles su propia cuota -“derecho de piso”- o por disputas de territorio. Las autoridades a menudo se limitan a levantar cuerpos e iniciar investigaciones que pocas veces llegan a resolverse.

Ahora bien, ¿Por qué las autoridades parecen impotentes? El combate a esta modalidad delictiva les genera frustración por razones estructurales, entre ellas falta de control migratorio, pues muchos operadores ingresan al país como turistas por flexibilidad migratoria y luego ingresan a las redes. Cuando la policía los detiene por faltas menores, cuando mucho los canalizan a Migración para deportarlos, pero dinero y líderes de la red quedan intactos.

Asimismo, las autoridades quedan atadas de manos cuando el “gota a gota” es por aplicaciones móviles (montadeudas) Los servidores, los call centers de extorsión y las cuentas bancarias donde reciben el dinero suelen estar en otros Estados, incluso en el extranjero, saliendo por completo de la jurisdicción de la policía de Quintana Roo.

Por si fuera poco, se sospecha complicidad de policías locales que reciben sobornos para ignorar a los cobradores que operan a diario a plena luz del día en mercados públicos y tianguis, por eso las fiscalías estatales insisten en usar canales de denuncia 100% anónimos -como el 089-, lo que les permite cateos y detenciones por posesión de armas o drogas sin exponer la identidad de los afectados.

En otro orden de ideas, ante la clandestinidad del negocio, no existe índice oficial exacto que contabilice el total de deudores, pero se estima una cifra “negra” de impunidad superior a 99%; mientras los comerciantes afectados se cuentan por miles, las víctimas mortales y ejecuciones son decenas, y se concentra la violencia letal sobre todo en propios cobradores y prestamistas.

Respecto al índice de deudores y afectados, la Fiscalía General del Estado llegó a promediar 248 denuncias en un año en Cancún y Playa del Carmen, aunque es fracción mínima del problema real por temor general a represalias.

Censos alternos de comerciantes creen que hasta 30% de vendedores ambulantes y tianguistas de regiones periféricas de Cancún han recurrido o son acosados por estos esquemas.

Ante la ola digital o “montadeudas”, la Condusef-Quintana Roo advierte que los afectados a través de aplicaciones móviles se duplican rápidamente, aunque atiende decenas de reportes semanales por extorsión cibernética derivada de estos créditos.

Sobre víctimas mortales y violencia letal, la letalidad en Quintana Roo no se dirige al deudor final -prefieren mantenerlo vivo para extorsionar-, sino a la guerra interna entre los propios cobradores y los carteles locales que disputan el control del dinero.

La violencia armada en Cancún es constante. Se documentan repuntes críticos donde hasta tres prestamistas son ejecutados en menos de una semana. Los homicidios a balazos ocurren a plena luz del día en motocicletas en zonas como Villas Otoch Paraíso, Paseos del Mar y Barrio Maya.

Según la Cancillería de Colombia, México es de los países con más muertes de sus ciudadanos bajo este esquema. En cinco años, 90 colombianos murieron violentamente en territorio mexicano, vinculados al “gota a gota”.

Además, existen casos emblemáticos de desapariciones en Quintana Roo, uno de los más notorios incluye la de cuatro colombianos en Cancún, donde investigaciones federales acreditaron que policías municipales coludidos los entregaron a células del CJNG.

¿Por qué las cifras no son claras? Las autoridades ministeriales admiten que las muertes provocadas por este sistema se camuflajean en las estadísticas generales de homicidios dolosos o ejecuciones por narcotráfico. Al estar las redes del “gota a gota” completamente integradas a las estructuras de los carteles de la droga, las carpetas de investigación las clasifican como “ajuste de cuentas” entre bandas rivales, en lugar de extorsión financiera.

En torno a su “modus operandi”, los prestamistas se acercan a pequeños comerciantes, taxistas o personas con urgencias económicas ofreciendo dinero inmediato -normalmente montos bajos-, sin aval, sin revisar historial crediticio y solo con una identificación.

El deudor acepta devolver el dinero en cuotas fijas todos los días o cada semana, en plazos cortos de 1 a 5 meses, lo que da la falsa sensación de que el pago es “pequeño” y fácil de cubrir, pero sus tasas de interés son muy elevadas, entre 20 y 40% mensual, o incluso superando 500% anual, pero si la persona se retrasa un sólo día, los intereses se acumulan y vuelven eterna la deuda.

Este esquema no es un servicio financiero real; la mayoría de veces lo controlan redes delictivas organizadas, con riesgos de extorsión y violencia, pues si el cliente se atrasa, los cobradores recurren a intimidación psicológica, amenazas de muerte, agresiones, daños a la propiedad o robo de mercancías.

Para pagar el primer préstamo, los mismos delincuentes suelen presionar a la víctima para aceptar un segundo crédito, creando un círculo vicioso del que es casi imposible salir, pese a que el diario acoso genera graves afectaciones psicológicas y altos niveles de estrés en víctimas y familias.

Autoridades financieras, como la Condusef, alertan constantemente sobre este fraude y recomiendan, antes de pedir dinero, revisar si la institución está registrada ante reguladores oficiales del país, por ejemplo, el SIPRES; evaluar microcréditos bancarios tradicionales o préstamos por plataformas digitales reguladas, que ofrecen tasas transparentes y procesos legales.

“Gota a gota” surgió a fines de los 90s y principios de 2000 en Colombia, con Medellín como principal epicentro, originalmente como respuesta informal a exclusión financiera, pero rápidamente la absorbieron estructuras criminales.

A México llegó entre 2012 y 2014 y se consolidó a partir de 2015, cuando evolucionó en varias fases, la primera con operadores sudamericanos que llegaron a abrir mercados, enfocados en comercios de la Ciudad de México, donde actuaban como prestamistas independientes y discretos.

Su consolidación fronteriza ocurrió cuando México retiró la visa turística para colombianos, lo que facilitó la entrada legal de más cobradores y las redes extranjeras se aliaron a carteles mexicanos, hasta expandirse masivamente con el reparto de miles de tarjetas publicitarias impresas con las que engancharon a tianguistas, locatarios y vendedores ambulantes.

Hoy en día, el modelo tradicional en motocicleta sigue operando en comercios locales, aunque investigaciones de la Fiscalía de la CDMX muestran que mutó fuerte hacia aplicaciones digitales, plataformas con las que ahora extorsionan mediante el robo de datos telefónicos desde cualquier parte del país.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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