¿Peligrosa despedida de Mara por Desarrolladora?

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Coincidentemente, a dos meses de que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de Quintana Roo inicie los trabajos de la entrega-recepción del Gobierno del Estado, según anunció la titular de la dependencia, Reyna Valdivia Arceo Rosado, las cosas se le complican gravemente a la mandataria Verde, Mara Lezama.

         Resulta que la Desarrolladora Cumpal, SAPI de CV empresa inmobiliaria constituida en Quintana Roo y asociada directamente con la familia de la gobernadora, está envuelta en investigaciones federales por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, tras ser fundada en mayo de 2016 con un capital inicial de 50 mil pesos.

¿Quiénes la integran?, se preguntará Usted. Sus principales accionistas y socios son familiares directos de la mandataria: Omar Terrazas García, su esposo y socio principal; Daniel Berrón Lezama, su hijo y tesorero de la firma, y Miguel Ángel Lezama Espinosa, su hermano y coaccionista.

El caso es que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó operaciones financieras atípicas, mientras que la Fiscalía General de la República abrió carpetas por posible origen ilícito de recursos, ya que la empresa compró terrenos en Avenida Huayacán y adquirió departamentos exclusivos en Puerto Cancún, por lo que organizaciones como Opus Magnum promovieron juicios.

El 20 de noviembre de 2025 nos referimos a esa Desarrolladora:

https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/11/la-investigacion-mara-que-mas-le-duele.html

El estatus de las denuncias contra la Desarrolladora y familia Lezama es de litigios constitucionales activos, expedientes administrativos en curso y carpetas federales, pero están “congeladas” -no desaparecidas- sin judicialización penal formal. El blindaje político e institucional mantiene el caso, hasta ahora, bajo estricta reserva legal. 

         Sobre los juicios que la involucran, incluye el Amparo 67/2021, radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito de Quintana Roo, en un juicio constitucional vigente que frena resoluciones definitivas; el expediente TJA/QR-SU3-034-2021 del Tribunal de Justicia Administrativa local, sin concluir su desahogo. 

En tanto, como era de esperarse, el Ayuntamiento de Benito Juárez, que encabeza Ana Patricia Peralta, clasifica como información reservada cualquier contrato, convenio o comunicación oficial con Desarrolladora Cumpal debido a los juicios abiertos. 

Además, ante la UIF y la FGR están “congeladas” las investigaciones, pues sus indagatorias por presunto “lavado” de dinero no se han concretado en órdenes de aprehensión ni en juicios penales, aunque, también como era de esperarse, el avance del expediente se detuvo poco a poco tras el ascenso de Mara Lezama a la gubernatura. 

Contenido del expediente: Sus carpetas tienen registros de transferencias millonarias y escrituras públicas con precios subvaluados emitidas por notarios específicos. 

Hasta ahí, las operaciones detectadas por la UIF y la FGR en torno a la Desarrolladora son adquisición millonaria de inmuebles a precios subvaluados, movimientos masivos de dinero en efectivo y un crecimiento patrimonial que alcanzó 75 millones de pesos tras un mínimo capital inicial. 

No obstante, se trata de compras inmobiliarias bajo sospecha -a precios subvaluados-, pues las denuncias señalan la adquisición de propiedades de alta plusvalía registradas en escrituras a precios sumamente inferiores a su valor comercial real. 

Entre otros, incluye una propiedad en Puerto Cancún, registrada por 4 millones 800 mil pesos en una de las zonas comerciales y residenciales más lujosas de esa ciudad; terreno en la avenida Yaxchilán, adquirido el 31 de agosto de 2016 -sólo tres meses después de constituirse la empresa- con un valor declarado de 1.9 millones de pesos. 

También incluye un predio en la avenida Huayacán, comprado el 27 de abril de 2018, por un valor de 3.4 millones de pesos por 900 metros cuadrados. 

En torno a transacciones en efectivo y vehículos de lujo, la investigación federal incluyó alertas por gastos de contado no proporcionales a los ingresos declarados por la familia Lezama, entre ellos un Mercedes Benz CLA 250 Sport, que adquirió en julio de 2019 Omar Terrazas Lezama, liquidado en una sola exhibición en efectivo por unos 600 a 700 mil pesos. 

Sobre el flujo de efectivo familiar, la UIF habría detectado depósitos e intercambios de capital en efectivo realizados de manera directa por el esposo Omar Terrazas y Mara Lezama. 

Informes de inteligencia financiera revelan que la Desarrolladora operaría con una red de sociedades creadas consecutivamente, a través de un esquema que utiliza los mismos despachos y notarías para subdividir o movilizar recursos: Estructuras como Morcam Inmobiliaria, GPIQR Fund, Private Equity DG MX 01, Investment Fund QR1 y una secuencia de razones sociales numeradas de la UC51 Patrimonial e Inmuebles QR2 a la QR15. 

Con operadores recurrentes, existe coincidencia de nombres y actas constitutivas compartidas con figuras políticas locales y empresarios de su círculo cercano. 

Las operaciones inmobiliarias y corporativas de Desarrolladora Cumpal se gestionaron de manera casi exclusiva a través de una sola oficina notarial en Cancún. El actor clave en la formalización de estas transacciones con presuntas subvaluaciones es la Notaría Pública Número 62 de Quintana Roo. 

Aunque no es nada extraño, entre los notarios involucrados figura Heyden José Cebada Rivas, titular de la Notaría Pública 62, responsable directo de validar las escrituras públicas de adquisición de predios con alta plusvalía a costos muy bajos. Tras estas operaciones, Cebada Rivas incursionó en política como síndico municipal en Cancún bajo gestión de la propia Mara Lezama. 

Otro involucrado es Luis Gabriel Palacios, notario suplente de la misma oficina, quien fungió como encargado de protocolizar el acta constitutiva oficial de la Desarrolladora el 5 de junio de 2016. 

Entre los expedientes que integraron las autoridades federales constan los folios notariales de Escritura Pública P.A. 14,784, que certifica la compra del terreno de 900 m2 en Avenida Huayacán, con un costo de 4.8 millones de pesos, pese a que los peritajes comerciales de la denuncia estimaban su valor real en más de 32 millones. 

Otra Escritura Pública es la P.A. 15,242 (y subsecuentes), que documenta la adquisición de un predio de 630 m2 en Avenida Yaxchilán por 1.9 millones de pesos, así como propiedades residenciales adicionales integradas al patrimonio de los socios. 

La relación entre la familia Cebada y Mara Lezama es una alianza estratégica de largo plazo que amalgama negocios inmobiliarios privados, complicidad notarial y una profunda red de enroques políticos de máximo nivel en Quintana Roo. Esta simbiosis se estructuró originalmente en el ámbito empresarial e inmobiliario de Cancún y se consolidó en la cúspide del aparato de gobierno estatal. 

Sobre el rol de Heyden Cebada Ramírez, es patriarca de la dinastía, pieza clave para los proyectos inmobiliarios de la gobernadora, en cuya gestión como alcaldesa de Cancún fue nombrado director general de Desarrollo Urbano. 

Desde ahí se gestionaban y aprobaban permisos de construcción, cambios de uso de suelo y licencias de desarrollos inmobiliarios en zona de alta plusvalía cruzándose con los intereses de la empresa de la familia Lezama. 

El operador principal es Heyden José Cebada Rivas, hijo de Cebada Ramírez, quien, como titular de la Notaría Pública 62, avaló legalmente la creación corporativa y las polémicas compras de tierras a precios marcadamente subvaluados para la Desarrolladora. 

Tras fungir como notario familiar de la mandataria, se integró a su planilla política y asumió como Síndico Municipal en Cancún con Mara Lezama, lo que detonó abiertas denuncias por conflicto de interés, pues operaba como juez y parte al resguardar legalmente los intereses del municipio y, a la vez, los particulares de la firma familiar. 

Sin embargo. su lealtad política y de negocios lo propulsó directo al máximo tribunal de Quintana Roo, ya que, como todo mundo sabe, con abierto apoyo político de Mara Lezama, es presidente del Tribunal Superior de Justicia. 

Así, esta estrecha red es un blindaje mutuo sumamente robusto. Los Heyden Cebada operaron primero como validadores notariales y de desarrollo urbano que permitieron la meteórica expansión de la riqueza inmobiliaria de la familia Lezama. Y, en reciprocidad, la mandataria propulsó y blindó a Cebada Rivas en el Poder Judicial, con lo que le garantizó el control de la justicia local.

Por si fuera poco, de acuerdo con el portal de La Madeja Peninsular, la Desarrolladora mantiene vínculos corporativos y notariales con el entramado empresarial del desarrollador inmobiliario Carlos Alejandro Moreno Sanen, en una red de unas 30 empresas que, con Mara Lezama en Cancún y el Estado, obtuvo permisos y licencias para expandir complejos inmobiliarios en zonas de mayor plusvalía de Cancún y servido para inyectar y dispersar millonarios recursos con fondos privados, sociedades patrimoniales y vehículos inmobiliarios interconectados.

Los recursos que la mandataria estatal inyecta a los proyectos inmobiliarios, de los que también es socia, provienen de las cuotas millonarias que cada mes entregan en efectivo los gobiernos municipales.

Decenas de actas constitutivas, poderes notariales y registros mercantiles del Registro Público de Comercio de Cancún reconstruyen compleja red societaria que creció los últimos años junto al ascenso político de la mandataria, primero como alcaldesa y luego como gobernadora.

Esa estructura incluye empresarios, operadores financieros, familiares y sociedades patrimoniales que comparten notarías, representantes, apoderados y modelos corporativos para administrar inversiones inmobiliarias a gran escala.

La pieza central de esa red es Moreno Sanen, empresario inmobiliario ligado a desarrollos y vehículos corporativos que aumentaron entre 2018 y 2026, durante el periodo donde el grupo político de Mara Lezama consolidó el control político de Cancún y posteriormente del Gobierno del Estado.

Documentación revisada muestra cómo el grupo pasó de manejar sociedades tradicionales a sofisticada arquitectura financiera con fondos privados, SAPIs, fideicomisos y sociedades de propósito específico para operar proyectos inmobiliarios, administrar activos y dispersar operaciones financieras mediante múltiples razones sociales.

El nombre de la desarrolladora apareció en el sistema empresarial con Moreno Sanen antes de identificar oficialmente a Omar Terrazas y Miguel Ángel Lezama como socios fundadores de la empresa, constituida bajo modelo jurídico usado por ellos en desarrollos inmobiliarios y vehículos patrimoniales.

Además de recibir Omar Terrazas poderes generales para administración, operaciones financieras, manejo bancario y dominio sobre bienes inmuebles, el objeto de la empresa incluye desarrollos inmobiliarios, proyectos turísticos, construcción, fideicomisos, administración patrimonial, adquisición de terrenos, financiamiento y participación accionaria en otras empresas, facultades que coinciden con el modelo corporativo del resto de las empresas asociadas a Moreno Sanen.

Una investigación identifica al diputado Jorge Arturo Sanén Cervantes en empresas históricas del grupo empresarial Moreno-Sanén, como uno de los operadores políticos más cercanos a Morena en Quintana Roo. Su apellido aparece recurrente en la estructura empresarial, particularmente en sociedades donde participan su hermana Alejandra Sanén Cervantes y Moreno Sanen.

Otro personaje clave es Rodrigo Alberto Escalante Cantillo, quien no actuó sólo como abogado o representante externo, sino como socio, administrador y operador financiero de sociedades vinculadas a Moreno Sanén. En Lunch, SA de CV aparece como accionista junto con Moreno Sanén con amplios poderes para operaciones bancarias, administración patrimonial, manejo financiero y representación corporativa en varias empresas del grupo.

Moreno Sanen obtuvo poderes para operar y administrar predios de Huaycán y Alfredo V. Bonfil, donde con los gobiernos de Mara Lezama se experimentó explosión inmobiliaria sin precedentes en áreas donde cambios de uso de suelo, densificación, regularización territorial y permisos de desarrollo dependen directamente de autorizaciones municipales y estatales.

Madeja Peninsular concluye que, aunque no existen documentos públicos que acrediten contratos directos adjudicados por el Gobierno del Estado a esas empresas, existe documentación que demuestra estrecha interconexión entre el círculo familiar de Mara Lezama y la red inmobiliaria de Moreno Sanen.

Coincidencia de socios, operadores, notarías, estructuras financieras y sociedades patrimoniales permite observar cómo el crecimiento político del grupo gobernante en Quintana Roo fue paralelo a la expansión del entramado inmobiliario y corporativo más extenso y sofisticado de Cancún.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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