Cuestionado Fiscal, ¿buscará ser gobernador?
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Con 66
años de edad a cuestas y una sola, breve experiencia en la actividad política
chiapaneca, el siempre polémico fiscal general de Quintana Roo, Raciel López
Salazar, cuyo mando concluye hasta el eterno 2036 -fue designado en julio de
2023-, contra todos los pronósticos, podría estar buscando la gubernatura de su
terruño.
Sí,
leyó Usted bien y aunque no lo crea, como político, habría comenzado a dar sus
primeros pasos para ese efecto ¡precisamente en Quintana Roo!, ya que el jueves
último recibió en Cancún a 17 jugadores de fútbol de la Selección Chiapas Costa
que, acompañados por su cuerpo técnico encabezado por Salvador Escobar Gracián,
viajaron para participar en un torneo.
Durante el
encuentro, el funcionario reconoció el esfuerzo, disciplina y compromiso de los
jóvenes, destacando la importancia del deporte como herramienta para la
formación integral de nuevas generaciones y la construcción de una sociedad más
sana y segura, por lo que los exhortó a seguirse preparando académicamente y mantener
una vida activa a través del deporte, lejos de conductas de riesgo y enfocados a
su desarrollo personal y profesional.
Permanentemente
cuestionado, Raciel López, quien debería concluir un periodo de nueve años -que
concluía en 2032-, pero una reforma del Congreso local amplió su mandato a 12
años, por lo que volvió a rendir protesta en septiembre de 2024 para iniciar
formalmente nuevo periodo extenso, tiene su origen en Tonalá, Chiapas.
Casualmente,
nunca ha militado en algún partido político, pero, ¿sabe Usted a cuál ha estado
vinculado principalmente? Para nadie es secreto que al Verde “Ecologista”, el
mismo que, en alianza con el PRI, lo hizo diputado federal en 2015, aunque
solicitó licencia antes de concluir su cargo.
Lo
cierto es que el funcionario es duramente cuestionado por
su historial acumulado de señalamientos por vínculos con el narcotráfico,
corrupción, extorsión y la reciente captura de colaboradores cercanos acusados
de delitos graves, por lo que enfrenta severas críticas de colegios de
abogados, activistas de derechos humanos y opinión pública por una serie de
factores estructurales
Como
parte su historial de corrupción y nexos delictivos en otros Estados, como todo
mundo sabe, antes de llegar a Quintana Roo operó en Chiapas y Puebla, con
serios cuestionamientos en ambas entidades.
Quizá
el caso más sonado haya sido el de Puebla, donde en 2021 fue destituido como
secretario de Seguridad Pública por el desaparecido gobernador Miguel Barbosa, quien
lo acusó públicamente, entre otros, de liderar una red de extorsión y venta de
privilegios en el penal de San Miguel, donde presuntamente operaba un “pueblito”
de celdas de lujo para reos de alto poder.
Además,
organizaciones civiles y medios de comunicación nacionales han documentado
acusaciones persistentes sobre supuestos nexos con carteles de la droga durante
sus funciones previas.
La
credibilidad de su gestión fue fuertemente sacudida tras la detención de
Gamaliel “N”, un funcionario de su absoluta confianza en el área de Amparos de
la Fiscalía, aunque era buscado por autoridades de Chiapas, por una orden de
aprehensión por delitos de alta gravedad cometidos desde 2016, mientras fungía
como fiscal de Homicidios en ese Estado, lo que evidenció falta de filtros y
protección de perfiles criminales en la cúpula de justicia quintanarroense.
La
Fiscalía a su mando directo enfrenta múltiples quejas por presuntas
falsificaciones de delitos, abusos de autoridad y extorsión a ciudadanos.
Defensores de derechos humanos han expuesto casos en los que la institución
opera de manera selectiva o altera investigaciones para encubrir a delincuentes
o presionar económicamente a las víctimas.
En
este sentido, colectivos de abogados de Quintana Roo reprobaron su nombramiento,
pues se sabe que se priorizó la lealtad política con el gobierno de Mara Lezama
por encima de la integridad institucional. Asimismo, sectores sociales aseguran
que tanto conferencias semanales de resultados en la Mesa de Paz, como los
operativos de seguridad, suelen ser simulaciones orientadas a maquillar índices
de violencia en zonas turísticas.
Ante
esa ola de señalamientos, Raciel López ha declarado públicamente que las
críticas forman parte de una “campaña de desprestigio” y manipulación mediática
orquestada por la delincuencia organizada en represalia por las detenciones de
alto impacto que ha realizado “su” Fiscalía.
Sobre
Gamaliel “N”, era un funcionario en activo de la Fiscalía, detenido en Cancún
en septiembre de 2025, acusado de pederastia agravada. Su captura generó enorme
escándalo político debido a que formaba parte del círculo de confianza
institucional de Raciel López.
Al
momento de su aprehensión, trabajaba directamente en la estructura de
procuración de justicia del Estado como Jurídico del Área de Amparos de la
Fiscalía, lo que le permitía acceder directamente a estrategias legales y
expedientes de amparos interpuestos ante la institución.
Ahora
bien, sobre su pasado como Fiscal en Chiapas, las investigaciones revelaron que
Gamaliel “N” poseía larga trayectoria en el sector público del Sur del país,
donde fungió como Fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía de Homicidio y
Feminicidio, cuando coincidió temporalmente con la influencia de Raciel López,
quien, antes de llegar a Quintana Roo fue Procurador y Fiscal General en esa
entidad.
Su
detención fue resultado de un operativo coordinado entre la Fiscalía General de Chiapas y autoridades de
Quintana Roo, donde se le detuvo bajo mandamiento judicial por el delito de
pederastia agravada, en agravio de una menor de edad (de identidad resguardada)
Los
hechos que se le imputan ocurrieron originalmente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
el 21 de julio de 2016 y debido a la gravedad del caso y a que evadió la
justicia refugiándose laborales en la Fiscalía de Quintana Roo, la de Chiapas
lo tenía clasificado formalmente como objetivo prioritario.
¿Por
qué impactó negativamente a la Fiscalía de Q. Roo? El caso se convirtió en
principal argumento de críticos contra la gestión estatal por tres factores: Falta
de filtros internos, evidenció que la Fiscalía de Quintana Roo omitió controles
de confianza mínimos o revisar antecedentes penales básicos antes de contratar
personal de alto nivel.
Otro
factor fueron acusaciones de refugio institucional, ya que Colegios de Abogados
acusaron de forma directa que la Fiscalía local servía como red de “protección
o refugio” para ex funcionarios de Chiapas con cuentas pendientes ante la ley.
Antes
de asumir la Fiscalía General de Quintana Roo, la trayectoria de Raciel López
se centró en la procuración de justicia, seguridad pública y política
partidista, acumulando cargos de alto perfil a nivel federal y en varios Estados,
pues su carrera política e institucional destaca por cargos y etapas clave de gestión
institucional y seguridad por Estado
Así,
en Quintana Roo, entre 2022 y 2023, inmediatamente antes de su nombramiento
como fiscal estatal, fue delegado estatal de la Fiscalía General de la
República.
En
Puebla (2020-2021), fue designado por el desaparecido gobernador Miguel Barbosa
como secretario de Seguridad Pública del Estado, del que salió tras fricciones
políticas con la administración estatal por señalamientos internos, aunque en Estado
de México fungió como delegado de la FGR.
Chiapas
(2009-2018), fue su etapa de mayor continuidad y consolidación política, pues se
desempeñó como Procurador General de Justicia en el sexenio de Juan Sabines
Guerrero y continuó como primer fiscal general durante el mandato de Manuel
Velasco Coello. En enero de 2009, en la PGR, ocupó cargos de carácter técnico y
directivo relacionados con la investigación de delitos.
Antes
de consolidar su carrera en la PGR, inició desde la base del sistema judicial y
ministerial en juzgados y agencias de la Federación. Tras graduarse como
abogado por la UNAM, sus primeros empleos formales en el sector público penal fueron
secretario de Juzgado y agente del Ministerio Público Federal.
Ahora,
en su trayectoria legislativa y política, fue diputado federal (2015-2018),
cuando pidió licencia temporal como fiscal chiapaneco para competir en las
elecciones y resultó electo para la LXIII Legislatura por el Distrito VII de
Chiapas -con cabecera en Tonalá- cobijado por la coalición Verde-PRI, y fue
parte de comisiones relacionadas con seguridad y justicia.
Como legislador, estuvo fuertemente alineado con su
perfil técnico en procuración de justicia y se caracterizó por su disciplina de
voto partidista en el bloque oficialista PRI-Verde de esa época.
Aprovechando su experiencia como procurador de
Chiapas, su actividad se concentró en órganos internos que dictaminaban leyes
de seguridad como secretario de la Comisión de Justicia y miembro de las comisiones
de Seguridad Pública y de Delitos por Razones de Género.
Su agenda se centró en temas de derecho penal,
combate a la delincuencia y fortalecimiento institucional, en tanto impulsó y
respaldó reformas destinadas a endurecer las penas contra delitos de alto
impacto como secuestro, extorsión y robo de hidrocarburos y como parte de la
comisión especial del rubro, coadyuvó en el diseño normativo para homologar
protocolos de investigación del feminicidio.
Su desempeño reflejó una estricta cohesión con la
alianza Verde-PRI, que ese trienio respaldaba las políticas del presidente Peña
Nieto, apoyó de forma constante las iniciativas presupuestales y fiscales del
gobierno, así como las reformas secundarias derivadas del Pacto por México.
Pese a ser legislador por mayoría relativa, su
perfil predominantemente ejecutivo provocó que su gestión legislativa se interrumpiera:
En la recta final de su periodo, solicitó licencia para separarse de su curul y
reincorporarse directamente a la Fiscalía General de Chiapas, dejando como
suplente a Carlos Octavio Castellanos Mijares.
Su licencia fue por un diseño político coordinado
en Chiapas por razones institucionales y de coyuntura, como la conversión institucional
de la entonces Procuraduría de Justicia a Fiscalía
Durante el sexenio de Velasco Coello, se aprobó una
reforma constitucional para dotar de autonomía a la institución encargada de
investigar delitos, y el Congreso de Chiapas lo convocó para encabezar el
proceso de transición que lo convirtió en el primer fiscal general del Estado.
Al asumir la titularidad de la recién creada FGR en
Chiapas, se le otorgó nombramiento por un periodo extendido de ocho años, lo
que representaba un cargo de alta influencia transexenal que garantizaba
continuidad técnica y política más allá del término del gobierno estatal en
turno.
En una dinámica de permisos sucesivos, su
trayectoria entre 2015 y 2018 funcionó como circuito de relevos políticos, ya
que en 2015 solicitó un primer permiso en la Procuraduría de Chiapas para
competir y asumir como diputado.
Apenas un mes después de tomar protesta en el Palacio
Legislativo de San Lázaro, solicitó su licencia en la Cámara de Diputados para
regresar a conducir la justicia chiapaneca.
Hacia el final de la legislatura, volvió a realizar
movimientos similares para participar en los procesos internos y asegurar la
estabilidad de la fiscalía al cierre de sexenio local.
Este ha sido el historial de Raciel López fuera de
Quintana Roo, aunque espacio nos faltaría para referirnos a este Estado, donde,
consentido de la gobernadora Verde, Mara Lezama, se ha convertido en personaje
intocable, pese a sus múltiples yerros que, repetimos, enumerarlos nos faltaría
espacio y tiempo, por ser realmente incontables… y cada vez peores.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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