Claudia Romanillos, ¡la más “raspada” con Borge!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Acusada
a nivel federal y estatal, por “lavado” de dinero -operaciones con recursos de procedencia
ilícita-, peculado y uso indebido de funciones públicas, la ex titular del desaparecido
Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal (IPAE)
durante casi todo el gobierno de Roberto Borge (2011-2016), Claudia Romanillos
Villanueva, es una de las más afectadas de ese malogrado “gobierno”.
Tras
ser enviado Borge a “prisión” domiciliaria, la situación jurídica de la ex
funcionaria, sin embargo, es de prófuga de la justicia con órdenes de
aprehensión vigentes, cuyo cerco legal se intensificó notablemente tras perder
de forma definitiva sus principales mecanismos de protección legal.
Las
acusaciones detalladas de la Fiscalía General de la República (FGR) y las
autoridades de Quintana Roo, son graves: Utilizar el IPAE para enajenar y
vender de 22 a 24 predios del patrimonio del Estado a precios de remate, apenas
6% de su valor comercial real, en zonas de altísima plusvalía turística como
Cozumel, Cancún, Playa del Carmen, Tulum e Isla Mujeres.
Así,
la FGR le imputa la firma y ejecución de escrituras públicas que provocaron un
desfalco directo al Estado por más de 900 millones de pesos.
Es
señalada como una de las principales operadoras materiales de la estructura
delictiva encabezada por Borge, donde su rol consistía en autorizar legalmente
la entrega de los terrenos estatales para beneficiar de forma directa a
familiares directos, empresarios allegados, amigos y prestanombres del ex
mandatario, por lo que tiene órdenes de aprehensión vigentes y está prófuga,
tras perder juicios de amparo con los que intentaba frenar su captura.
Sin
embargo, sus bienes permanecen asegurados y embargados en dos vertientes, el primero
de ellos su patrimonio personal,
que multiplicó de forma ilícita, y los terrenos
estatales que remató y que la Fiscalía congeló para evitar su venta
a terceros.
Los
bienes bajo control de las autoridades incluyen inmuebles de su patrimonio
personal, ya que, tras ingresar a gobierno sólo contaba con tres propiedades, pero
su declaración patrimonial e investigaciones de la Fiscalía revelaron una red
de 15 propiedades a su nombre,
aseguradas o embargadas.
Por
ejemplo, en Cancún posee una casa, un departamento y dos
terrenos de alta plusvalía; en Playa
del Carmen, tres terrenos en zonas de
expansión urbana; en Yucatán, seis inmuebles y terrenos injustificados en varios municipios, así
como en terreno es Chetumal y en
Lázaro Cárdenas.
En bienes de lujo,
posee menaje de casa valuado en 3
millones de pesos, así como joyas, relojes y alhajas finas con un valor promedio
de otros 3 millones.
Otros
bienes asegurados, son 25 terrenos enajenados de la reserva territorial del Quintana Roo, que aseguró
en forma precautoria la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada en más de 7 millones de m2, y que ella firmó
directamente su remate.
Éstos incluyen
terrenos costeros en Cozumel, entre ellos
uno de 4,432 m2, vendido directamente a María Rosa Yolanda Angulo “doña Chachi”
-se le embargaron 20 inmuebles-, madre de Borge, así como propiedades ligadas a
la sociedad inmobiliaria Caracol 65.
También incluyen predios
turísticos, en zonas de playa y reservas
naturales de Cancún, Playa del Carmen, Tulum e Isla Mujeres, 19
de ellos totalmente congelados en el Registro Público para frenar su pérdida
definitiva, pues tenían un valor comercial superior a 5 mil millones de pesos.
Su
paso por el IPAE involucró red de “prestanombres”
y beneficiarios que operó bajo el amparo de Borge, integrada
por familiares directos, abogados de confianza, empresarios hoteleros y
empleados de bajo perfil que, de la noche a la mañana, aparecieron como dueños
de terrenos ejidales y costeros de valor incalculable.
Los
nombres identificados por la FGR y organizaciones civiles, como “Somos Tus Ojos”
son, del círculo familiar directo, la madre de Borge, que recibió
directamente del IPAE terrenos premium en Cozumel a precios irrisorios -1% de
su valor- para construir proyectos inmobiliarios familiares, así como Cecilia Lavalle Muedano, ex suegra de Borge, que apareció como accionista y beneficiaria de
terrenos en zonas turísticas clave.
También
fueron “prestanombres” operadores financieros y legales, como César Celso González Hermosillo, abogado de la familia Borge, considerado principal de la red, vinculado a proceso por lavado de dinero, pero fungió como principal
accionista de la naviera Barcos
Caribe -para blanquear recursos- y adquirió
múltiples terrenos estatales rematados por el IPAE.
Se suma a la lista
María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria
histórica del padre de Roberto Borge, utilizada para firmar como socia
mayoritaria en empresas “fantasma” e inmobiliarias creadas exprés para recibir
los terrenos costeros robados al Estado.
Entre
empleados y “prestanombres” de bajo perfil, figura Santi Montemayor Castillo, ex director de Ecología en Cancún, quien facilitaba permisos de uso
de suelo de los predios despojados.
Los “prestanombres”
ejidales fueron personas humildes o
trabajadores de confianza -choferes y asistentes- cuyos nombres aparecieron en
actas falsificadas para simular la compra legal de miles de hectáreas en zonas
de expansión de Tulum, Cancún y de la mano de Juan Pablo Guillermo Molina.
Entre
las empresas e intereses inmobiliarios beneficiados, se suma Caracol 65,
ligada directamente a la madre de Borge, que concentraba los predios de Cozumel,
mientras Desarrollos Maya Zama,
de la Riviera Maya, recibió del IPAE más de
400 mil m2 en Tulum por unos 34 millones de pesos por terrenos con valor real
en el mercado internacional por 118 millones.
El
escándalo con el “gobierno” de Borge, no sólo embarró a Claudia Romanillos, sino
es variada la lista cuyo estatus legal era de los más importantes de su
gabinete, pero mientras que algunos alcanzaron la libertad con acuerdos
reparatorios o amparos, el núcleo financiero clave sigue prófugo o libra
batallas judiciales.
Uno
de los principales es el prófugo Guillermo Molina, su ex secretario de Finanzas,
considerado cerebro financiero del desfalco en Quintana Roo,
con múltiples denuncias penales por daño patrimonial superior a 3 mil 200 millones de pesos, y aunque el Congreso de Estado intentó un juicio político en su contra, sus
abogados promovieron amparos para congelarle órdenes de aprehensión.
Otro
vinculado es Mauricio Rodríguez Marrufo, ex secretario de Desarrollo Urbano y
Vivienda, sentenciado y liberado, fue el primer excolaborador de alto nivel en ser detenido en mayo de
2017, pero se declaró culpable de desempeño irregular de función pública, con
un procedimiento abreviado reparó
el daño pagando 39 millones de pesos al
erario y tras 188 días de cárcel, salió libre en noviembre de 2017.
También
se incluye Mauricio Góngora Escalante, ex secretario de Hacienda y ex candidato
a gobernador, en libertad bajo amparos,
detenido con un disfraz en 2018 acusado de desfalco
millonario en agravio de Playa del Carmen y de la Comisión de Agua Potable,
pero, tras un tiempo en prisión preventiva, consiguió cambiar medidas
cautelares para enfrentar sus juicios en libertad, y libró varias acusaciones
más graves con amparos.
Quien
resultó exonerado de todos los cargos fue Gabriel Mendicuti Loría, el ex secretario
de Gobierno, detenido en 2018 por desempeño irregular de la
función pública ligado al caso de la aerolínea VIP-Saesa, pero tras unos meses preso, su equipo legal logró un acuerdo de reparación
económica y obtuvo amparos que tumbaron el proceso en su contra y quedó
completamente libre.
Otra
más es Paulina García Achach, ex subsecretaria de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda (SEDUVI), libre bajo
fianza, detenida en 2017 por coautoría en la
venta irregular de predios estatales, aunque recuperó su libertad de forma casi
inmediata tras pagar millonaria fianza y el embargo preventivo de algunas
propiedades para garantizar la reparación del daño.
Por
su lado, Claudia Romanillos carece de protección federal por amparos negados. Se
quedó sin el blindaje judicial que la protegió durante años. En resoluciones
recientes -como el amparo indirecto 1356/2025- jueces federales decretaron
sobreseer y negarle de manera contundente la Justicia de la Unión. Al ser
rechazados sus amparos en Quintana Roo y Yucatán, ya no cuenta con suspensiones
que impidan a las autoridades capturarla.
Al
perder sus amparos, se reactivaron por completo las órdenes de captura de
jueces de control, a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo.
Está catalogada oficialmente como evadida de la acción penal, bajo sospecha de
ocultarse entre Mérida, Yucatán, y el extranjero.
Los
procesos en su contra por peculado, lavado de dinero y uso indebido de la
función pública siguen firmes. Debido a la magnitud del daño patrimonial -más
de mil millones de pesos- y a las estrategias de interrupción procesal de la Fiscalía,
los delitos no han prescrito, por lo que su responsabilidad penal sigue
intacta.
En
este sentido, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada mantiene asegurados legalmente al menos 25 propiedades vinculadas a
ella y a la red del IPAE. Su defensa tampoco ha logrado liberar los bienes por
su origen ilícito penal que se les imputa en carpetas federales.
Con
todo, la absolución de Borge por
el delito de delincuencia organizada y su consecuente traslado a prisión domiciliaria impacta de
forma directa e indirecta a su situación legal.
Como
se sabe, la acusación original de la FGR señalaba a Borge como líder de una
organización criminal dedicada a dilapidar el patrimonio del Estado con la
venta irregular de terrenos, por lo que, como titular del IPAE, era considerada
una de las principales operadoras de esa red, pero al decretarse que la Fiscalía
no aportó pruebas suficientes para sostener ese delito contra Borge, la teoría
del caso de estructura delictiva coordinada pierde fuerza jurídica,
beneficiando la estrategia de defensa de sus excolaboradores.
Claudia
Romanillos lleva años prófuga de la justicia con amparos, aunque la resolución
que favorece a Borge sienta un precedente judicial muy importante, pue su
equipo legal puede argumentar que, si el principal acusado y jefe jerárquico
fue exonerado del cargo de delincuencia organizada por falta de pruebas
sustanciales de la FGR, ella tampoco debería ser procesada bajo esa misma
premisa penal.
Pese
a dejar la prisión federal en Morelos, Borge no está totalmente libre; continúa
bajo proceso y en resguardo domiciliario con brazalete electrónico
estrictamente por lavado de dinero, exactamente
el mismo frente por el que se busca capturar a ella. El hecho de que este
proceso siga vivo significa que la Fiscalía mantendrá la presión sobre los
movimientos financieros e inmobiliarios que ella firmó durante su gestión en el
IPAE.
No
obstante, al relajarse la medida cautelar de Borge a nivel federal, la atención
pública y jurídica se vuelca sobre las carpetas de investigación en Quintana
Roo, donde la Fiscalía Anticorrupción mantiene vigentes las órdenes de
aprehensión contra ella por peculado y
desvío de recursos.
El
avance o estancamiento del caso Borge obliga a las autoridades estatales a
acelerar la búsqueda de los coautores materiales para evitar que las
investigaciones por el desfalco patrimonial queden impunes.
Como
se recordará, Claudia Romanillos inició como secretaria particular de Borge,
quien posteriormente la nombró directora general del IPAE, cargo que ocupó de
abril de 2011 a septiembre de 2016, aunque al inicio de su “gobierno”, la
dirección estuvo ocupada brevemente por Gina Patricia Ortiz Blanco, quien
también enfrentó señalamientos legales que luego le retiraron.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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