¡Otro escándalo de Mara!, por empresario español
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
La
gobernadora Verde, Mara Lezama, está envuelta en nuevo, sonado escándalo, ahora
en el caso del empresario español Álvaro Moya Corral y su entonces esposa, la
mexicana Carla Alejandra Pérez Abedrop, por presuntamente estar vinculada o
facilitar al “propietario” de la minera Magasur Materiales sacar a dos niños de
México sin pasaporte hacia Madrid, España.
La
denuncia pública, difundida tras investigaciones periodísticas de La Jornada,
involucra a la mandataria en un entramado de supuesta corrupción, tráfico de
influencias y violencia vicaria en Quintana Roo.
La
pregunta obligada es ¿Qué relación guarda Mara Lezama con Moya Corral y la
minera Magasur Materiales, que opera éste supuestamente en forma fraudulenta?
Su
relación documentada se basa en presunta cercanía pública y una red de
influencia política en Quintana Roo, ya que, según investigaciones de La Jornada
y reportes de la periodista Sanjuana Martínez, existe evidencia fotográfica que
ubica a Mara Lezama en reuniones con Moya Corral y con figuras empresariales
prominentes de la región, como Encarna Piñero.
La
conexión y los señalamientos clave respecto a esta relación abarcan proximidad
y evidencia pública, pues la denuncia incluye fotos donde Moya Corral aparece
acompañando directamente a la mandataria.
La
defensa de Carla Alejandra señala que éste utiliza su supuesta cercanía y
relaciones con el poder político local para operar con impunidad y evadir la
acción de la justicia en disputas familiares y mercantiles.
Magasur
Materiales, es una empresa minera que explota una concesión original de la
Sedena a Carla Alejandra, aunque, según la denuncia, Moya Corral y su hermano
Ignacio la crearon y operan utilizando firmas falsas y poderes apócrifos para
beneficiarse de su explotación.
La
relación es calificada por la víctima como red de protección política implícita
que, presuntamente, le ha permitido al empresario operar la mina de forma
irregular, mantener demandas masivas para ahogarla económicamente y,
finalmente, sustraer a menores del país evadiendo filtros de seguridad.
Como
puntos clave del caso judicial y político por la salida ilegal de los menores,
se acusa a Moya Corral de usar influencias políticas ligadas a Mara Lezama para
trasladar a los hijos de la pareja a España sin documentación migratoria
reglamentaria.
Según
Carla Alejandra, falsificó su firma para operar Magasur Materiales, un giro
exclusivo para ciudadanos mexicanos, aunque, como a nadie extraña, el
empresario también tiene antecedentes de negocios inmobiliarios presuntamente
irregulares con el ex gobernador Roberto Borge en Akumal.
Colectivos
como la Comisión de Igualdad de Género y defensoras de derechos
humanos acompañan a Carla Alejandra, quien padece cáncer de mama y enfrenta
múltiples demandas del hombre para debilitarla económicamente.
Lo
cierto es que Moya Corral habría falsificado la firma para negocios de minas
exclusivos para mexicanos. Además, con Mara Lezama, sacó a sus hijos del país
sin pasaporte para ir a Madrid con la dueña de Bahía Príncipe -compañía
turística española Grupo Piñero-, Isabel Piñero García, cofundadora junto a su
esposo, el fallecido Pablo Piñero, y actual presidenta del grupo.
En
este sentido, Mara Lezama ameritaría sanciones penales y administrativas si las
autoridades competentes demuestran y comprueban las acusaciones. Expuesto en
investigaciones publicadas por La Jornada,
el caso señala presunto tráfico de influencias para vulnerar las fronteras
nacionales.
De
confirmarse que utilizó su cargo para facilitar la salida irregular de los
menores, la Fiscalía General de la República podría imputarle a la mandataria una
serie de delitos del Código Penal Federal, entre ellos prisión por sustracción
de menores: Coautoría en el traslado ilegal de infantes.
Asimismo,
se podría hacer acreedora a cárcel por abuso de autoridad por su uso de
funciones públicas para fines ilícitos, en tanto también habría penas por
tráfico de influencias, por favorecer indebidamente a un extranjero, así como sanción
por delitos migratorios por ser auxiliar en la evasión de filtros del Instituto
Nacional de Migración.
Como
sanciones administrativas, de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades
Administrativas de México, el abuso de funciones es considerado una falta
grave, cuyas consecuencias directas son destitución del cargo, remoción de sus
funciones como gobernadora.
También
podría sufrir una inhabilitación temporal, prohibición total para ejercer
empleos en el servicio público o una sanción resarcitoria, con multas
económicas determinadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Sin
embargo, como procedimiento obligatorio, se le podría imponer el desafuero, ya
que, al tratarse de una gobernadora en funciones, no puede ser juzgada de
manera directa. El proceso requiere varios pasos: Una denuncia formal, con
pruebas ante el Poder Judicial o la Fiscalía; un juicio político tras una solicitud
de declaración de procedencia ante el Poder Legislativo y la votación del
desafuero para retirarle su inmunidad procesal.
Por
último, podría ameritar un proceso penal, con el inicio de juicio penal formal
ante un juez competente
En
una historia de abusos e impunidad judicial, Moya Corral falsificó la firma para
hacer negocios sólo para mexicanos, por ser español: “Si te quieres divorciar,
te vas a poner con Sansón a las patadas. Te voy a quitar todo, incluso los
niños”, le dijo a su entonces esposa, tras sustraer a sus dos hijos.
Sin
importarle que sufriera cáncer de mama, le canceló el seguro médico y la llenó
de procesos judiciales fabricados, mientras usaba su nombre para hacer negocios
de dudosa procedencia en Quintana Roo, donde es director de la división
inmobiliaria de Bahía Príncipe Residences & Golf, de grupo Piñero,
propiedad de Piñero García, presidenta de la Asociación de Inversores Hoteleros
de Ámbito Internacional en el Caribe.
Carla
Alejandra sufrió uno de miles de casos de violencia vicaria de México sin atenderlos
debidamente el sistema de justicia. Durante más de ocho años de matrimonio,
sufrió todo tipo de violencia, pero cuando pidió el divorcio supo de la falsificación
de su firma.
Moya
Corral, en su condición de extranjero, está jurídicamente impedido por el
artículo 27 de la Constitución para adquirir el dominio directo de tierras
ejidales y aguas en 50 kilómetros a lo largo de las playas de Quintana Roo.
Así,
consolidó su imperio inmobiliario y minero, y está vinculado a Borge en remate
de terrenos de playa Akumal, con más de 1.6 millones de m2, vendido
presuntamente por el Instituto del Patrimonio Estatal a 65 pesos m2.
Temo
por mi vida y la de mis hijos. Ha usado mi nombre para sus negocios políticos y
turbios, falsificando mi firma”, dijo Carla Alejandra a La Jornada.
La
mina está a su nombre, según documento expedido el 8 de junio de 2018 por la
Secretaría de la Defensa, pero explotada por su ex esposo y el hermano de éste,
Ignacio Moya, con poderes apócrifos y firmas falsas para crear Magasur
Materiales, donde el entramado de empresas de Moya Corral lo conforman AMC
Propiedades, ATA Investments, Fealmat, Moma Capital, Moma Tulum, Alameda
Developers y Mood del Caribe.
En
torno a la siempre cuestionada Mara Lezama y las irregularidades incluyen,
según consta en fotografías, el viaje a Madrid de Moya Corral con la aún gobernadora
morenista, la empresaria Encarna Piñero y los hijos de Carla Alejandra, de 9 y
10 años de edad, que viajaron sin pasaporte, vulnerando las fronteras gracias a
influencias políticas con el gobierno de Quintana Roo.
Las
autoridades están coludidas, pues la ex esposa fue a Migración en la Ciudad de
México, así como a la Embajada de España y en ambos lugares de dijeron no haber
ningún registro de la salida de sus hijos, aunque tras 10 días en España, le dijeron
que ya había registro de entrada a México.
Así,
les preguntó: ¿Y a qué hora salieron? ¿Cómo entraron si no salieron del país?
El grado de corrupción de las autoridades es muy alto. Fue una sustracción de
menores a otro país. Y nadie hizo nada.
La
embestida de su ex esposo continúa, pues hace unos meses la despojó de su casa
con escritura pública P.A. 29689 ante la Notaría Pública 13 de Quintana Roo, por
850 m2 entre Playa del Carmen y Tulum, mediante sofisticado fraude notarial, acreditado
con acuses que ingresaron a la Fiscalía.
En
carpeta de investigación FGE/QROO/SOL/01/602/2024 consta que, según acta de
protocolización 197, Tomo 15, Libro tercero, Folio 125, de mayo de 2018, expedida
por el Notario Público 2 de Yucatán, Héctor José Victoria Maldonado, se
materializó la falsificación de la firma en supuesta asamblea para simular su
consentimiento en aumentar capital social variable por 3.8 millones de pesos,
transmitiendo así de manera ilegal sus propiedades a las corporaciones de su
agresor, con su holding de papel, sociedad matriz, Alameda
Devolopers.
La
estrategia de su ex esposo fue dejarla en indefensión material, pues nunca fue
notificada. Le quitó casa e hijos. Ha andado por la vida con el corazón por
fuera, viviendo en el infierno todas las noches por ignorar si sus hijos
estaban bien. Y no poder hacer nada. Una impotencia que no le desea a nadie. No
es justo, dice llorando.
Tras
13 meses sin sus hijos, recién los recuperó gracias a un amparo, pero no se los
entregaron porque su ex marido metió un recurso de revisión por Julián, de 10
años de edad, y Ana Isabel, de 9, que estaban muy dañados. El niño se hacía en
la cama. Sentían un miedo tremendo y también desconcierto, pues ignoraban por
qué de un día para otro no podían ni verla, nunca hubo convivencia.
Moya
Corral es socio fundador del Colegio Internacional Alemán, de la Riviera Maya,
donde estudiaban los niños y nunca permitió que Carla Alejandra asistiera a las
actividades escolares.
Ella
cuenta que con sus hijos sufrían maltrato crónico por misoginia, clasismo y
racismo permanentes. Se refería a ella como “india”, exhibiendo desprecio
absoluto por su nacionalidad y la de sus hijos: “Te portas como los indios
mexicanos”, decía para denigrarla, denostando y devaluando su crianza y cuidado
del hogar que él consideraba “trabajo que no valía nada”.
Su
violencia sicológica y económica escaló al aislamiento social, restringiendo
sus relaciones familiares y de amistad; mientras él tenía salidas nocturnas
constantes y viajes internacionales en primera clase sin familia: “Me puso el
cuerno tantas veces. Ahora pido que me permitan vivir sin violencia, como dice
la ley que supuestamente protege a las mujeres”.
En
2019, fue diagnosticada con cáncer y, según Fernando Pérez Zincer, médico
adscrito al Centro Médico ABC y miembro del Consejo Mexicano de Oncología, padeció
adenocarcinoma ductal infiltrante de mama derecha multicéntrico, estadificado
como T2 N0 M0, que requirió mastectomía bilateral (radical modificada derecha y
simple izquierda), terapias adyuvantes con tamoxifeno y anastrozol, e
histerectomía con salpingooforectomía en 2021.
Durante
su enfermedad, Moya Corral primero le quitó el seguro médico de la póliza de
AXA K8279221, como forma de asfixia económica o castigo por haberse divorciado
de él. Luego dijo que su enfermedad era falsa e inició una campaña de
desprestigio en la prensa, donde aseguraba que era falso el cáncer que la tenía
al borde de la muerte, con difíciles tratamientos.
Frente
a su convalecencia, Carla Alejandra permitió convivencias de sus hijos con el
padre, aunque, bajo custodia de éste, un día su hijo ingirió gomitas de
marihuana que estaban en su oficina y lo ingresaron de urgencia porque
presentaba “intoxicación por sustancia tóxica”. Su ex esposo, dice, consume
drogas, especialmente cocaína.
El
nivel de toxicidad en la sangre del niño, entonces de 6 años, provocó síntomas
que pusieron en riesgo su vida. Según reporte médico, presentó vómitos
abundantes, profunda letargia, marcha alterada y atáxica, pupilas midriáticas
con respuesta lumínica alterada, taquicardia severa con frecuencia cardíaca
disparada, bradilalia, y pérdida total del sostén cefálico -incapacidad para
sostener su propia cabeza-, permaneciendo en hipoactividad con incapacidad de
articular oraciones o responder a estímulos.
A
pesar de la falta de cuidados, el juez Martín Alberto Zetina Zavala, hijo de Javier
Zetina González -auditor del felixismo borgismo que renunció antes de alcanzarlo
la cárcel- le dio a Moya Corral en depósito a los niños, aunque Carla Alejandra
demostró que delegaba siempre la supervisión de sus hijos a personal de
servicio, choferes y niñeras.
Aunque
paradójico, a Carla Alejandra la denunció su ex esposo por violencia familiar,
fraude procesal y despojo, y su abogada, Nancy Jiménez Sauza, utiliza a los
menores para ejercitar instancias judiciales a diestra y siniestra no sólo en
materia familiar, sino también en la penal, en una guerra judicial de años.
Moya
Corral más de un año no pagó pensión con la “estrategia” de llenarla de
demandas y denuncias, a sabiendas que la mujer carece de capacidad económica
para pagar su defensa ante actos fraudulentos.
Por
el riesgo que corre, la mujer tiene orden de protección y está desesperada por no
llegar la justicia: Falsificaron su firma varias veces, cometió fraude procesal:
¡Urge una investigación exhaustiva de la Fiscalía General de la República
contra su ex marido y que se le juzgue conforme a la ley!
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html

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