¡Profunda crisis mundial en DH incluye Quintana Roo!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
El principal reto de los derechos humanos en
Quintana Roo es combatir y erradicar el delito de trata de personas y
explotación, problema críticamente ligado a la infraestructura turística global
y fronteriza el Estado, donde también lo son la protección a periodistas y
defensores; la violencia de género y feminicidios; y la inclusión de personas
con discapacidad.
Por
otro lado, pese a marcos normativos internacionales impulsados por organismos
como la ONU, la brecha mundial entre leyes y su aplicación real
sigue siendo principal obstáculo para cumplir esos derechos, cuyos retos son desafíos
globales, institucionales y emergentes que amenazan dignidad, libertad e
igualdad de las personas en todo el mundo.
En
próxima conferencia gratuita en línea, sobre “Retos Actuales de los Derechos
Humanos en el Mundo”, que promueve el Centro de Enseñanza Profesional JEVAM (Justicia,
Excelencia, Valores, Aprendizaje, Misión-Meta) para este miércoles, muy
probablemente el impartidor Cuauhtémoc Manuel De Dienheim Barriguete refiera los
desafíos más importantes por categorías.
Así, éstos son socioeconómicos y estructurales; violencia y crisis humanitarias; las “emergentes” del siglo XXI, y los obstáculos institucionales y operativos, la primera quizá la más importante, sobre pobreza extrema, que limita el acceso a la alimentación, vivienda y salud.
Asimismo,
se refiere a la creciente desigualdad, que concentra recursos y excluye a los
grupos vulnerables; a la corrupción sistémica, que desvía fondos destinados a
los servicios básicos; y a la impunidad generalizada, que impide a las víctimas
obtener una justicia real.
En
la segunda categoría de retos se incluyen los conflictos armados que provocan
muertes civiles y destrucción de infraestructura; las crisis migratorias que
exponen a los migrantes a la trata y discriminación; las desapariciones
forzadas, qu3e dejan a miles de familias sin respuestas ni justicia, y la
violencia de género que afecta de forma desproporcionada a mujeres y niñas.
Los
retos mundiales a los derechos humanos en a su tercera categoría, se refieren al
cambio climático, que provoca desplazamientos forzados y escasez de agua; al
entorno digital, que facilita acoso, desinformación y vigilancia masiva;
inteligencia artificial, por presentar sesgos algorítmicos que discriminan a
minorías, y la regresión democrática, esto es el auge de gobiernos autoritarios
que debilita las instituciones.
Por
último, el reto global de los derechos humanos se refiere a debilidad
institucional, ya que organismos locales carecen de recursos y autonomía; ataques
a defensores, donde los activistas sufren persecución, amenazas y asesinatos, y
leyes regresivas, con intentos de centralizar poderes y limitar derechos
civiles.
Hasta
ahí, estas situaciones se enfrentan en todo el planeta, mientras en México, los
retos en derechos humanos representan una crisis estructural profunda,
caracterizada por la persistencia de violencia, impunidad y recientes transformaciones
institucionales que mantienen al país bajo escrutinio de organismos
internacionales.
En
efecto, la agenda nacional en la materia se concentra en cinco desafíos
críticos de urgente atención: La crisis humanitaria de desapariciones, seguridad
pública y militarización; crisis migratoria y de refugio; vulnerabilidad de
periodistas y defensores, y reformas institucionales y evaluación internacional.
En
el primer caso, con cifras alarmantes, en México hay más de 128 mil personas
desaparecidas y más de 70 mil cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado,
mientras que, en impunidad, recientes informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
advierten que la falta de eficacia en la investigación penal provoca que 95% de
los casos quede sin resolver.
Como
impacto en familiares, los colectivos de búsqueda civiles han asumido el riesgo
de buscar fosas clandestinas ante la insuficiencia institucional, enfrentando
amenazas directas del crimen organizado.
Respecto
al segundo caso, en uso de fuerzas armadas, la delegación de tareas de
seguridad pública al Ejército y la Guardia Nacional sigue bajo foco de atención
ante persistentes denuncias de detenciones arbitrarias y tortura.
El
control de regiones por cárteles de la droga vulnera los derechos más
elementales de la población, como libre circulación y derecho a la vida,
mientras en desplazamiento forzado interno, la violencia armada ha disparado el
número de gente que abandona su hogar para sobrevivir, sobre todo, crítico, en
Chiapas, Sinaloa, Michoacán y Guerrero.
Sobre
el tercer caso, de fronteras militarizadas, al ser un país de tránsito y
destino masivo, México enfrenta dificultades para garantizar un trato digno en
estaciones migratorias, mientras con vulnerabilidad extrema migrantes en
tránsito sufren constantes secuestros y extorsiones por parte de redes de trata
y discriminación institucional.
Respecto
al tercer reto en México, la vulnerabilidad de periodistas y defensores, México
se mantiene como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el
periodismo y defender la tierra o derechos indígenas, con mecanismos rebasados,
pues los programas federales de protección son insuficientes por la colusión de
autoridades locales con grupos delictivos.
Conforme
a Naciones Unidas, el Estado mexicano enfrenta evaluaciones ante sus comités sobre
derechos civiles y políticos, en un contexto de profundas reformas legales
(aprobadas entre 2024 y 2025), que rediseñaron la estructura del sistema
judicial y de los organismos autónomos.
En
este sentido, la transición hacia nuevos modelos judiciales y de prevención del
delito -como los del Programa Nacional de Derechos Humanos- busca erradicar
las violaciones desde la raíz, aunque su efectividad sigue siendo un desafío.
Con
todo, para resolver la crisis estructural de derechos humanos en México, la
solución más razonable y consensuada por expertos internacionales, academia y
organizaciones civiles no es crear nuevas leyes, sino transitar de la legalidad
de papel a la eficacia institucional.
La
estrategia integral para revertir esta situación se basa en pilares urgentes y
complementarios: Reorientar la Fiscalía y abatir la impunidad; implementar una política
forense y de búsqueda de Estado; un modelo de seguridad ciudadana civil y desmilitarización
programada; y fortalecer el espacio cívico y la defensa territorial.
En
el primer caso, se debiera dejar de investigar caso por caso y adoptar un
enfoque de macrocriminalidad para desmantelar las redes de complicidad entre autoridades
locales y crimen organizado, así como fortalecer las fiscalías locales con
recursos económicos, científicos y tecnológicos, blindándolas de la
interferencia del poder político de turno.
Dignificar
el trabajo de ministerios públicos y peritos, asegurando salarios justos,
capacitación continua y mecanismos estrictos de control de confianza.
Respecto
al segundo caso, financiar y expandir el Mecanismo Extraordinario de
Identificación Forense para procesar los más de 70 mil cadáveres en rezago; conectar
de forma real y en tiempo real el Registro Nacional de Personas Desaparecidas
con bases de datos de hospitales, prisiones y morgues de todo el país, así como
financiar, acompañar y proteger con medidas de seguridad efectivas a madres y
familias con labores de búsqueda.
Aunque
parezca increíble, pero necesario, invertir de manera prioritaria en las
policías municipales y estatales en lugar de centralizar los recursos en el
ejército, con el objeto de que la Guardia Nacional tenga un mando y una composición
enteramente civil.
Como
mecanismos de rendición de cuentas, establecer controles externos
independientes para supervisar las operaciones de las fuerzas armadas y
castigar de manera inmediata abusos, detenciones arbitrarias y ejecuciones
extrajudiciales.
Respecto
a garantías para defensores y periodistas, es necesario reformar a fondo el
Mecanismo de Protección Federal, dotándolo de capacidades preventivas reales y
capacidad de reacción inmediata en las regiones de alto riesgo.
Por
último, en cumplimiento de tratados internacionales, atender de manera
vinculante las sentencias y recomendaciones de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y los comités de la ONU como hoja de ruta para la paz.
En
torno a la conferencia del miércoles, prevista para las 7 de la noche, lo
cierto es que los retos de los derechos humanos a nivel global están marcados
por una profunda crisis del sistema multilateral y el debilitamiento de los
consensos internacionales, pues instituciones como la ONU
enfrentan serias dificultades para hacer cumplir los tratados ante la soberanía
de los Estados y el resurgimiento de bloques geopolíticos contrapuestos.
Sobre
los ejes críticos globales y la crisis del multilateralismo e impunidad, falta
vinculación, ya que las resoluciones de organismos internacionales suelen
carecer de mecanismos coercitivos para obligar a las superpotencias a
cumplirlas.
Así,
como veto político, el Consejo de Seguridad de la ONU se encuentra
frecuentemente paralizado por el derecho a veto de sus miembros permanentes
durante crisis humanitarias, mientras, según informes globales de derechos
humanos, más de la mitad de la población mundial vive bajo regímenes
autoritarios o en democracias en franco retroceso.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html

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