¡Formalmente, cuatro los investigados de SESA!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Tras
dos semanas de detectarse medicamentos caducados en el almacén de los Servicios
Estatales de Salud (SESA) en el almacén de Subteniente López, cuatro servidores
públicos resultaron señalados y bajo escrutinio, por los que la Secretaría “Anticorrupción”
y Buen Gobierno mantiene investigación federal contra ellos.
Aunque
las sanciones definitivas siguen en proceso de determinación legal, los
principales servidores públicos involucrados son el propio titular de SESA, Flavio
Carlo Rosado, a quien opinión pública y sectores le atribuyen negligencia
institucional y falta de supervisión por enfocarse más en sus aspiraciones
políticas en Isla Mujeres.
Los
otros tres son Álvaro Arturo Cruz Mena, director administrativo de la
dependencia; Luis Enrique Velázquez, encargado directo del almacén general en
Subteniente López y otro funcionario identificado como “Manlio”, al parecer Manlio
Hoil Brito, Jefe de Departamento de la Secretaría, adscrito al área de
Adquisiciones. El nombre que desapareció de la lista inicial fue Jorge
Gutiérrez Contreras, subsecretario de la dependencia en la Zona Sur.
Sobre
el estado de las investigaciones y conductas a sancionar, la indagatoria
federal escaló tras confirmarse que no sólo había cientos de medicamentos
caducados y dañados por humedad en la bodega de Subteniente López, sino por
maniobras ilegales posteriores para ocultar la falta de control.
Los
funcionarios enfrentarían sanciones administrativas graves y consecuencias
penales por la manipulación de inventarios oficiales, pues se detectó el
traslado forzado de insumos médicos desde clínicas periféricas y hospitales al
almacén auditado, a fin de hacer coincidir las existencias físicas con los
registros oficiales y engañar a los auditores federales.
Al
retirar los medicamentos vigentes de los centros de salud para “cuadrar”
deficiencias en Subteniente López, se desprotegió intencionalmente a la
población vulnerable de Quintana Roo, además que trabajadores del sector
denunciaron que, al verse descubiertos, los responsables intentaron reubicar y
esconder los lotes en mal estado en bodegas alternas de la SESA.
Las
autoridades federales mantienen resguardadas las instalaciones mientras se
integra el expediente definitivo que fijará inhabilitación de cargos, multas
por daño patrimonial o denuncias penales ante la Fiscalía contra los que
resulten responsables, pues el impacto directo del desabasto y la mala gestión
en el almacén afectó gravemente a pacientes más vulnerables de Quintana Roo.
Las
consecuencias de mantener miles de medicamentos e insumos médicos caducados o
dañados por la humedad, sumado a la manipulación posterior de inventarios,
provocaron afectaciones en niveles críticos, entre ellos la desprotección
inmediata en centros de salud y hospitales locales
Otra
consecuencia fue un desabasto, ya que, al trasladar de forma forzada lotes
vigentes desde clínicas periféricas hacia el almacén auditado para “cuadrar”
cifras, se vaciaron anaqueles de unidades médicas operativas.
Sobre
tratamientos interrumpidos, faltaron claves esenciales para el control de
enfermedades crónicas -como diabetes e hipertensión- y medicamentos
especializados en hospitales, mientras el deterioro de los insumos por humedad
limitó la capacidad de clínicas comunitarias para atender emergencias básicas y
realizar procedimientos quirúrgicos menores.
Respecto
al impacto económico en los bolsillos de pacientes y el obligatorio gasto, ante
la recurrente respuesta de “no hay en existencia”, derechohabientes y familias
se vieron obligados a financiar sus propios tratamientos comprando en farmacias
privadas.
La
población rural y de zonas marginadas, que depende exclusivamente de SESA,
sufrió el mayor golpe al no contar con ingresos para sustituir de forma externa
el medicamento faltante.
En
un colapso operativo y ético del sistema de salud estatal, médicos y enfermeros
reportaron trabajar bajo extrema frustración y presión social, enfrentando
directamente reclamos de usuarios por falta de insumos que sabían que estaban
retenidos o echándose a perder en las bodegas oficiales.
En
este sentido, en torno a pérdida de patrimonio público, cientos de miles de
pesos asignados a salud pública se convirtieron en desecho biológico
inutilizable, obligando a un posterior gasto de destrucción especializada de
fármacos caducados.
Sin
embargo, el monto total exacto de las pérdidas económicas aún no ha sido
cuantificado de forma definitiva por las autoridades fiscales, debido a que la
Secretaría “Anticorrupción” y Buen Gobierno mantiene el almacén bajo resguardo
mientras realiza el conteo pieza por pieza.
Sin
embargo, considerando la naturaleza del problema y los precedentes de
auditorías médicas en Quintana Roo, el impacto financiero se integra por
vertientes económicas, entre ella la pérdida directa por valor de los fármacos
destruidos
Al
tratarse de “cientos o miles de medicamentos e insumos médicos” de diversas
claves -incluyendo tratamientos especializados y de alta demanda-, el valor de
las cajas echadas a perder por humedad y caducidad impacta de manera directa el
presupuesto estatal de salud.
Además,
en torno a medicamento especializado, el desecho de claves prioritarias o de
alta especialidad eleva drásticamente las pérdidas, ya que un sólo lote de este
tipo de fármacos puede alcanzar millones de pesos en pérdidas patrimoniales.
Por
otro lado, SESA no puede simplemente tirar estos insumos a la basura, sino
contratar laboratorios o empresas autorizadas de manejo de residuos
biológico-infecciosos para la incineración y desecho seguro de los fármacos, lo
que implica un gasto extra por tonelada.
Por
si fuera poco, el traslado clandestino y urgente de medicamentos hacia bodegas
alternas de Chetumal -como las detectadas en la avenida Héroes de Chapultepec-
generó el uso indebido de vehículos oficiales, gasolina y horas de personal que
también se suma al desvío de recursos.
Para
subsanar crisis y desabasto provocado en centros de salud, a los que les
retiraron insumos vigentes para intentar burlar la auditoría, el Gobierno del
Estado deberá realizar adquisiciones de emergencia, con compras de última hora que
suelen hacerse a precios mucho más elevados que las consolidadas planeadas.
El
volumen exacto del material asegurado sigue bajo secreto de investigación
fiscal, pero reportes de la auditoría federal y denuncias de personal de salud
refieren que el lote es de miles de piezas de medicamentos e insumos médicos,
lo que operativamente se traduce en un volumen físico de consideración
significativa.
Para
comprender la magnitud de la ocupación física que representa este hallazgo en
el almacén, el volumen se proyecta bajo varios criterios logísticos, entre
ellos un estimado del volumen de almacenamiento, el espacio de tarimas, donde un
lote de los miles de cajas de medicamentos y material de curación mojado o
dañado suele ocupar entre 15 y 40 tarimas estándar de carga.
En
términos de almacenamiento industrial, esto equivale aproximadamente a un
volumen de entre 30 y 80 m3 de espacio tridimensional compactado en
estanterías.
Para
el traslado clandestino a la bodega alterna de Héroes de Chapultepec, se
requirió movilizar múltiples camionetas de carga pesada tipo van o camiones
medianos tipo Torton para desalojar rápidamente material del almacén general.
El
material de curación -gasas, jeringas, guantes- es de bajo peso, pero de gran
volumen. En contraste, los medicamentos líquidos -soluciones salinas, jarabes,
ampolletas- añaden un peso físico muy alto al inventario.
Basado
en operativos similares de la Cofepris y el Sistema de Gestión de Residuos, un
lote de miles de piezas acumuladas y dañadas por la humedad puede registrar un
peso bruto de entre 2 a 5 toneladas de desechos médicos.
El
gran volumen desalojado es precisamente la razón por la que trabajadores del
sector pudieron detectar e interceptar visualmente las maniobras de
ocultamiento nocturno que intentaron los responsables para limpiar el almacén
antes de concluir la inspección federal.
En
torno a los plazos legales para que la Secretaría “Anticorrupción” formalice y publique el
pliego total de observaciones financieras, al tratarse de una auditoría por
daño patrimonial y negligencia médica, el proceso se rige estrictamente por tiempos
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Así,
la fase de ejecución e informe de auditoría dura entre 30 a 45 días hábiles y
tras concluir la inspección física en el almacén, el equipo auditor recopila
actas y evidencias, tras lo cual se emite un informe interno con observaciones
financieras iniciales y el cálculo del desvío económico por el medicamento
caducado o dañado.
El
periodo de solventación es de 15 a 30 días hábiles, y una vez que se publica
formalmente el pliego de observaciones, se notifica a Servicios Estatales de
Salud, aunque los funcionarios señalados -directores de administración y
encargados de almacén- disponen de este plazo improrrogable para presentar
facturas, bitácoras o pruebas que justifiquen la pérdida de los fármacos o
demuestren que no hubo dolo.
Sobre
la elaboración del informe definitivo, si la SESA no logra justificar las
irregularidades financieras de los inventarios, la Autoridad Investigadora de
la Secretaría procederá a elaborar un Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa y se determina si el caso se persigue como una falta “No Grave” -negligencia
administrativa- o “Grave”, por desvío de recursos públicos o daño patrimonial
severo.
A
todo esto, para garantizar que los responsables no evadan la acción de la
justicia por burocracia, la ley fija límites máximos para emitir sanciones
definitivas a partir de que se comete o detecta la falta, con 3 años de plazo
máximo si las conductas del personal se tipifican como faltas administrativas
no graves, o 7 años si la investigación confirma desvío intencional de
recursos, corrupción en compras públicas o dolo en la destrucción del
patrimonio de salud
Por
la naturaleza del caso -traslado clandestino de medicamentos a bodegas alternas
y afectación social masiva-, la Secretaría “Anticorrupción” suele agilizar
plazos preliminares para presentar las denuncias correspondientes ante el
Tribunal de Justicia Administrativa o la Fiscalía en un lapso no mayor a 4 o 6
meses de investigación de gabinete.
Cabe
señalar que el hallazgo inicial de los medicamentos caducados se expuso públicamente
el 1 de julio, con una revelación que se desarrolló en dos momentos clave: A
través de inspecciones y denuncias de los trabajadores de SESA.
Ese
día se publicaron las primeras evidencias y denuncias ciudadanas y del personal
médico exponiendo las condiciones de abandono, humedad y caducidad de los
fármacos en Subteniente López, mientras que el día 5 trabajadores del sector
formalizaron y difundieron de manera masiva reportes de la auditoría de la
“Anticorrupción”, confirmando que el lote dañado se detectó durante los
procesos de revisión fiscal de esa semana.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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