¡Pendiente sanción a “pez gordo” yucateco!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Pese a la cancelación definitiva del proyecto del cuarto muelle de cruceros en Cozumel por parte de la Federación, aún existen procedimientos administrativos y disputas legales activas derivados de falsedades y omisiones de información que presentó la empresa Muelles del Caribe, en un caso que pasó de mesas técnicas a tribunales federales.

La cancelación fue formal a fines de febrero, culminando un proceso institucional desarrollada en etapas clave desde julio de 2025, cuando, ante la presión social y los primeros recursos legales de los cozumeleños, la empresa se vio obligada a suspender temporalmente los trabajos de construcción.

No obstante, en septiembre de 2025, la Semarnat dio el primer golpe definitivo al anular formalmente un permiso de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) otorgado en 2021. Pocos días después, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó públicamente el proyecto.

Tras una revaluación técnica exhaustiva que integró recomendaciones científicas omitidas, la Semarnat resolvió negar la autorización del proyecto de manera inapelable y ordenó archivar el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Tras el proyecto estaba la familia Molina-Casares, dinastía empresarial con inmenso poder económico en la Península de Yucatán, y el consorcio promovente fue Muelles del Caribe, controlada directamente por ellos.

José Enrique Molina Casares, cabeza visible y promotor principal de Muelles del Caribe, es hijo del fallecido magnate e industrial azucarero yucateco Enrique Molina Sobrino -antiguo dueño del Grupo Embotellador de México, Pepsi, y del Grupo Azucarero México-, y heredó e impulsó gran parte de las inversiones turísticas y portuarias en Quintana Roo.

La familia es propietaria de un conglomerado de más de 100 empresas en la región, donde su influencia en el negocio de cruceros e infraestructura turística no es nueva, ya que también controla la terminal de cruceros Punta Langosta, segundo muelle de Cozumel.

También posee cruceros marítimos y transbordadores, concesiones clave para el transporte y movimiento de pasajeros vía ferry entre Playa del Carmen y Cozumel y opera también negocios de excursiones acuáticas, agencias de transporte turístico y desarrollos inmobiliarios de compraventa de terrenos en el estado.

El proyecto del nuevo muelle cobró relevancia nacional porque los Molina-Casares lograron inscribir la obra en el Acuerdo para la Reactivación Económica en octubre de 2020, iniciativa conjunta entre el gobierno de López Obrador y la iniciativa privada mexicana, lo que facilitó que se catalogara temporalmente como “proyecto estratégico” federal antes del freno.

Ahora bien, tras ratificar Semarnat el carpetazo definitivo, la empresa de la familia interpuso juicio de impugnación para intentar revertir la revocación de su permiso, que databa de 2021, pero la controversia abandonó el control de las dependencias ambientales y está en manos de un juez federal, que analiza si el engaño técnico sobre el arrecife Villa Blanca constituye causa penal y administrativa irreversible.

La defensa jurídica del gobierno -a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, DGIRA- sostiene que la empresa incurrió de manera deliberada en “inducir al error” a la autoridad evaluadora, lo cual invalida legalmente cualquier derecho adquirido por los promoventes.

Paralelo al juicio principal, la Semarnat mantiene bajo revisión el registro de la consultora que elaboró falsa Manifestación de Impacto Ambiental. Se tramita su suspensión del Registro Nacional de Prestadores de Servicios de Impacto Ambiental, impidiéndoles firmar proyectos federales a futuro.

Sin embargo, dado que las suspensiones de jueces de distrito -promovidas por colectivos, como el Cemda- impidieron el ingreso de maquinaria pesada al mar, no se consolidó daño físico irreversible al fondo marino, por lo que las sanciones económicas en trámite se enfocan a falsedad documental y desacato, mas no en multas por mitigación o reparación de corales destruidos.

En México, falsedad de información, alteración de datos u ocultamiento de especies en una MIA conllevan graves sanciones administrativas, civiles y penales, ejecutadas de manera coordinada por la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Las consecuencias legales específicas a las que se exponen promotoras o consultoras por incurrir en estas faltas, pueden ser sanciones administrativas, revocación inmediata, anulación definitiva del permiso de la obra y cierre definitivo de cualquier tipo de obra, instalación o actividad comercial que haya iniciado bajo el amparo del permiso fraudulento.

Las sanciones monetarias podrían ser de 20 a 50 mil días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a multas hasta por 5.4 millones de pesos, aplicables tanto al promovente como a la consultora ambiental que redactó el reporte técnico.

Aunque difícilmente se aplicarán en el caso del fallido cuarto muelle, también se prevén sanciones penales, como prisión, pues el Artículo 420 Bis del Código Penal Federal estipula penas de 2 a 10 años de prisión a quien dañe o destruya ecosistemas marinos, arrecifes o manglares.

Al cometerse el delito de manera premeditada mediante engaño a la autoridad ambiental en una zona de gran valor ecológico o Área Natural Protegida, la ley dicta que la pena corporal se duplica, pudiendo alcanzar los 15 años de cárcel, mientras se persigue adicionalmente el delito penal por declarar falsamente ante una autoridad federal, sancionado con prisión ordinaria.

Respecto a sanciones profesionales del Registro Nacional de Consultores, se incluye el veto de registro, ya que el Reglamento de la LGEEPA en materia de Impacto Ambiental establece la cancelación permanente de la inscripción en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios de Impacto Ambiental.

Por último, biólogos, ingenieros o peritos que firmaron el documento técnico falsificado pueden quedar inhabilitados de por vida para volver a presentar proyectos de evaluación ante el gobierno federal.

Verá Usted, el proyecto se canceló de forma definitiva, tras que la presidenta Claudia Sheinbaum y la Semarnat confirmaron la anulación total de la Manifestación de Impacto Ambiental debido a los graves riesgos ecológicos y al rechazo generalizado de la comunidad local.

Entre los motivos de la cancelación se incluye daño al Arrecife Villa Blanca, donde Muelles del Caribe omitió reportar la presencia de coral en su estudio original de 2021 y la construcción del cuarto muelle ponía en peligro directo la biodiversidad marina y las barreras naturales contra huracanes.

La presidenta Sheinbaum argumentó que Cozumel contaba con muelles operativos suficientes, por lo que no permitiría obras que saturaran la infraestructura de la isla o afecten su entorno natural, mientras que colectivos ciudadanos, como Isla Cozumel, turoperadores, buzos y la Asociación de Hoteles se unieron para detener la obra mediante amparos judiciales y protestas.

Los ambientalistas señalaron que añadir el nuevo muelle saturaría más los deficientes sistemas de drenaje, agua potable y manejo de basura en Cozumel, y los opositores demostraron con datos económicos que el turismo de cruceros deja una derrama económica menor -unos 85 dólares por pasajero- en comparación con el turismo de internación que pernocta en hoteles locales.

Ahora bien, irónicamente, la aprobación inicial de impacto ambiental la otorgó la propia Semarnat durante el sexenio de López Obrador, de forma específica, el área técnica responsable de emitir y firmar dicha autorización el 7 de diciembre de 2021 fue la DGIRA, oficio SGPA-DGIRA-DG-05859-21.

Con todo, bajo el gobierno de Sheinbaum, la nueva administración de la Semarnat admitió los recursos de revisión que promovieron los ciudadanos y determinó que la DGIRA del gobierno anterior evaluó el proyecto omitiendo la existencia de especies protegidas y del arrecife Villa Blanca, lo que derivó en la posterior revocación del permiso.

Las omisiones específicas de la MIA de 2021 se centraron en ocultar la verdadera riqueza biológica de la zona de construcción para inducir al error a la autoridad. Al presentar datos falsos, Muelles del Caribe minimizó el daño ecológico real en el ecosistema marino de Cozumel.

Las principales inconsistencias y datos omitidos denunciados por científicos y colectivos locales ante la Semarnat fueron ocultamiento del Arrecife Villa Blanca, lo más grave no declarar la existencia de esta formación coralina. El proyecto planeaba cimentarse directamente encima o a escasos metros de este sensible arrecife.

El documento de la empresa señalaba que en la zona solo habitaban 7 especies de coral, cuando monitoreos científicos independientes demostraron la existencia de más de 35 especies distintas, en tanto la MIA declaró sólo 30 especies de peces en el polígono, cuando los censos reales de buzos locales registran más de 100 especies en ese ecosistema.

Por otro lado, no se mencionó la presencia del coral cuerno de alce (Acropora palmata) ni del manglar botoncillo (Conocarpus erectus), ambas especies protegidas de forma estricta por las leyes mexicanas bajo la NOM-059-SEMARNAT.

Se omitió vincular el proyecto con los decretos de protección de la costa occidental de la isla, catalogada oficialmente como Zona de refugio para la protección de la flora y fauna marinas.

Estas mentiras técnicas violaron la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que sanciona la entrega de información falsa y sirvió como argumento central para que los tribunales y la Semarnat tumbaran el proyecto de forma definitiva.

La pregunta obligada es si las autoridades federales sancionarán a Muelles del Caribe de la poderosa familia Molina-Casares.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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