México, ¡el peor para la prensa de América!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Las sonadas desapariciones y ejecución de los periodistas Roxana Guzmán Ramírez y Manuel Alejandro (Alex) Moreno Serna, en Nanchital, Veracruz, y Zihuatanejo, Guerrero, respectivamente, confirman que México es el país más letal y peligroso para ejercer el periodismo en todo el continente americano, situación crítica que se mantiene desde hace más de 15 años.

Organizaciones globales, como Reporteros Sin Fronteras y Article 19, catalogan al país al nivel de zona de guerra por los elevados índices de violencia e impunidad, con más de 150 periodistas asesinados y una treintena que permanece desaparecida desde 2000, con un promedio de agresión física, digital o legal contra la prensa, asómbrese Usted, ¡de una cada 19 horas!

Por si fuera poco, existe grave aumento de demandas e investigaciones legales, sobre todo, contra periodistas independientes, con el propósito de asfixiar su labor profesional, además de que, según informes de derechos humanos, funcionarios públicos -municipales, estatales y federales- son responsables de la mitad de las agresiones.

Respecto al crimen organizado, los cárteles de la droga atacan de forma directa y sumamente violenta a los que reportan sobre seguridad, narcotráfico o colusión con autoridades, además de que la prensa sufre constantes campañas de descrédito y señalamientos directos desde los propios espacios de poder, lo que propicia linchamientos digitales.

Sin embargo, con todo, el riesgo no es homogéneo, ya que los periodistas locales y regionales son los más desprotegidos, sobre todo en zonas con mayor número de incidentes violentos, atentados y amenazas recurrentes como la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Michoacán y Oaxaca.

Entre los factores que perpetúan la crisis en la actividad periodística, se incluye la impunidad estructural, toda vez que alrededor de 98% de los crímenes contra la prensa en México quedan sin resolución judicial real o castigo para los autores intelectuales.

Sobre el caso, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tiene a cientos de beneficiarios, pero carece de recursos económicos y coordinación estatal para prevenir atentados en las zonas más remotas, por lo que ha sido rebasado.

Cabe señalar que los bajos salarios y la necesidad de trabajar para múltiples medios de comunicación aumentan la exposición al peligro sin redes de seguridad médica o legal institucionales.

Los elevados índices de inseguridad para los periodistas de México se atribuyen a una combinación de factores institucionales, criminales y económicos que crean un entorno hostil, según Article 19 y Reporteros Sin Fronteras.

Así, las causas principales de esta crisis son la impunidad estructural y fallas judiciales con falta de castigo, ya que cerca de 98% de agresiones, amenazas y homicidios contra comunicadores jamás reciben una sentencia judicial condenatoria y las fiscalías locales, de entrada, suelen descartar la labor periodística como motivo principal del crimen.

Además, como revictimización estatal, con frecuencia se responsabiliza a la propia víctima o a su entorno, lo que frena el esclarecimiento de hechos.

Por otro lado, en múltiples regiones del país permea delgada línea entre los cuerpos policiales, funcionarios municipales y cárteles de la droga, mientras que informar sobre corrupción local, desvío de recursos o nexos criminales convierte al periodista en objetivo directo de ambos bandos.

Existe notable aumento en el uso de demandas civiles, penales y electorales de políticos para asfixiar financieramente a los reporteros, contra los que, mecanismos diseñados para proteger derechos, como las leyes de Violencia Política de Género, comienzan a forzar la eliminación de notas críticas.

Otro factor son las descalificaciones constantes de tribunas públicas a la prensa libre, lo que genera un clima de linchamiento digital y social, además de que, al etiquetar a los medios independientes como “enemigos” o “corruptos”, se normalizan y validan de manera indirecta los ataques físicos en su contra.

En una precarización económica y laboral, el desequilibrio en el reparto de publicidad oficial obliga a pequeños portales a depender del dinero de gobiernos locales, limitando su independencia, ya que los reporteros de regiones apartadas trabajan sin salarios fijos, seguros de vida o equipo de protección, quedando expuestos al crimen organizado sin ningún respaldo institucional.

La respuesta de las autoridades ante la violencia contra la prensa el calificada unánimemente por organismos nacionales e internacionales como deficiente, rebasada y, en muchos casos, simulada. El Estado mexicano ha construido instituciones “en el papel” que carecen de voluntad política, presupuesto y fuerza real para frenar las agresiones.

Ante esto, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se cataloga como herramienta de reacción lenta e insuficiente. Durante evaluaciones de riesgo se documenta un alto índice de rechazo a solicitudes de protección, dejando vulnerables a decenas de periodistas.

Las medidas otorgadas -como botones de pánico, cámaras o escoltas- han demostrado ser ineficaces, a grado tal de que varios periodistas han sido asesinados pese a esquemas activos de protección federal, amén de existir nula cooperación de las policías, que muchas veces vigilan o intimidan a los propios periodistas bajo resguardo.

Por su parte, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y las fiscalías estatales son un rotundo fracaso en procuración de justicia; rara vez investigan el periodismo como motivo de crimen y atribuyen los ataques a problemas personales o altercados comunes.

En una falta de autonomía real, las fiscalías suelen estar alineadas a los intereses de gobernadores en turno, lo que impide investigar a los funcionarios públicos que ordenan agresiones.

No pocos consideran que las autoridades son parte del problema, con una calificación especialmente severa porque el Estado no solo es omiso, sino también agresor: Tribunales y jueces son utilizados por la clase política para validar el acoso judicial, persiguiendo a periodistas mediante demandas de carácter civil, penal o electoral bajo una falsa apariencia de legalidad.

Aunque ha disminuido la confrontación directa respecto a años anteriores, las autoridades sostienen discursos que minimizan los riesgos o desacreditan la cobertura de la prensa independiente.

Así las cosas, para disminuir los riesgos del periodismo en entornos de alta peligrosidad, es necesaria una estrategia integral que combine seguridad física, protección digital, respaldo legal y acción colectiva, a través de medidas que recomiendan expertos internacionales.

Entre éstas se enumera la seguridad física y protocolos en cobertura, con evaluación previa de riesgos, esto es, analizar el terreno, identificar zonas seguras y establecer vías de escape antes de salir a reportar al campo. mantener comunicación constante con la redacción o un contacto de confianza, compartiendo la ubicación en tiempo real durante coberturas críticas.

También se incluye evitar el trabajo en solitario, realizar coberturas de riesgo en células o equipos con otros colegas, especialmente en zonas rurales o controladas por la delincuencia y evaluar si es más seguro portar chalecos y credenciales de prensa visibles o, por el contrario, mantener un perfil bajo para no llamar la atención.

Otro recurso es el blindaje digital y de comunicaciones con cifrado de extremo a extremo: Utilizar aplicaciones de mensajería segura como Signal o WhatsApp para proteger fuentes e información sensible, así como activar todas las redes sociales, correos electrónicos y cuentas bancarias para evitar hackeos, suplantación de identidad o campañas de desprestigio.

Como redes de apoyo, alianzas y cuidado colectivo, propiciar el reportaje colaborativo, o sea, investigar temas de alto impacto en bloque -firmas conjuntas o consorcios de medios- para que ninguna agresión pueda frenar la publicación de la nota.

Otro más, es mantener contacto preventivo con redes de periodistas locales, así como con colectivos nacionales e internacionales -como Article 19, Reporteros Sin Fronteras o Comité para la Protección de los Periodistas- y fomentar espacios en las redacciones para procesar estrés postraumático, ansiedad y desgaste psicológico derivado de la violencia.

Por el lado de estrategias frente al acoso judicial y legal, propiciar la asesoría legal preventiva, revisar minuciosamente la solidez jurídica de los reportajes de investigación antes de su publicación para evitar demandas por daño moral o difamación y guardar copias de seguridad de toda evidencia, testimonios y documentos que sustenten la información publicada en servidores externos o nubes seguras.

Hasta ahí las cosas y buena suerte, aunque respecto a la desaparición y ejecución de Roxana Guzmán y Alex Moreno Serna, cabe destacar que la ONU-DH externó su pública consternación, y que en sus Estados de origen, Veracruz y Guerrero, documentó un número preocupante de asesinatos y desapariciones de periodistas.

Roxana Guzmán era directora de un medio informativo digital y habría sido la única mujer que cubría la fuente policiaca al sur de Veracruz. Es fundamental garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en condiciones de seguridad, reconociendo los riesgos diferenciados y agravados que enfrentan las mujeres.

Alex Serna, por su parte, se dedicaba a investigar temas ambientales en la Costa Grande de Guerrero, aunque a través de su labor, también contribuía a la defensa del agua y la tierra, así como a la denuncia pública de posibles actos de corrupción.

La ONU-DH expresó su solidaridad con sus familias, colegas y gremio periodístico, en tanto llamó a las autoridades a esclarecer los hechos, considerando como línea de investigación la libertad de expresión de ambas víctimas, a fin de garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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