¡Salva “la campana” a hermana de gobernadora!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Tan sólo por el tecnicismo de ser legalmente “honoraria”
su presidencia en el DIF-Estatal, a Verónica Lezama Espinosa, hermana de la
gobernadora Verde, Mara Lezama, se complica fincarle responsabilidades directas
como servidora pública en el escandaloso caso de irregularidades en el “Programa
de Desayunos Escolares” de Quintana Roo.
https://luisangelqroo.blogspot.com/2026/06/carcel-tambien-hermana-de-la.html
También como “honoraria”, es el mismo
caso de su homóloga, la del DIF-Othón P. Blanco, Idalid Hernández Méndez, madre
de la alcaldesa capitalina Yensunni Martínez Hernández, cuya figura es de
representación social, sin facultades ejecutivas ni ejercer presupuesto de
manera formal. ¡Se salvó!
Sin embargo, ese NO es el caso de la directora
general del DIF-OPB, Beyra Carmina Aguirre Villegas, en quien recae el cargo
operativo y legal y que SÍ recibe sueldo público, con un nombramiento de ley y
es jefa administrativa de la entidad.
Como funcionaria de estructura y la
máxima autoridad administrativa, a ella no se le aplica el vacío legal del
cargo “honorario”, por lo que es legalmente responsable de la ejecución y
logística, al firmar recibos de insumos que el DIF Estatal le entrega y
coordinar vehículos y personal municipal que distribuyen desayunos a escuelas
locales.
También es responsable de informar de
manera interna y reportar cualquier anomalía en planteles de Othón P. Blanco.
Si el DIF-Municipal detecta que en una escuela se cobra por el alimento y no lo
denuncia o detiene su suministro, incurre en una omisión.
Órganos fiscalizadores -como la
Auditoría Superior del Estado- dirigen pliegos de observaciones administrativas
directamente a la Dirección General, ya que es la firma autorizada que maneja
los recursos operativos del municipio.
Por tanto, si las investigaciones
escalan vía penal o administrativa por el desvío de los desayunos en Chetumal, Aguirre
Villegas SÍ puede ser sancionada, destituida o inhabilitada según Ley General
de Responsabilidades Administrativas, y personal su mando -coordinadores de
asistencia alimentaria y supervisores locales- comparte la misma cadena de
custodia y responsabilidad
Respecto a la postura de las otras autoridades
involucradas, como anticipamos, la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ),
que encabeza la aspirante a alcaldesa de OPB, Elda María Xix Euán, ha buscado
deslindarse formalmente de cualquier responsabilidad jurídica o administrativa
respecto a las anomalías.
Pese a sus intentos de apartarse del
caso, comités de padres de familia acusan abierta complicidad entre autoridades
educativas y las direcciones de los planteles, por la total falta de vigilancia
y controles efectivos para asegurar la correcta aplicación del programa.
En medio de este escenario de
fiscalización, el DIF-Estatal mantiene un plan de transición para migrar
infraestructura y que los desayunos cambien por completo a la modalidad “caliente”,
para el control más estricto por cocinas escolares, aunque demandas de
transparencia y sanciones para los involucrados en las irregularidades siguen
activas por parte de los afectados.
Así, legal, técnica e
institucionalmente, tanto la SEQ como los DIF son responsables directos de la
operación y vigilancia del programa, y aunque los funcionarios busquen
deslindar responsabilidades, las reglas de operación y los convenios firmados
los obligan a vigilar el buen uso de los insumos.
Por parte de la SEQ, Elda Xix
argumenta que la dependencia no opera directamente la comida y que las faltas las
cometieron de forma interna los directivos de los planteles o los comités de
padres.
No obstante, la SEQ es corresponsable
obligatoria por un convenio de colaboración con el DIF-Estatal. Legalmente, se
encarga de la validación oficial de padrones de alumnos, integrar formalmente
comités escolares y garantizar condiciones institucionales en los planteles. Si
un director escolar permite o participa en la venta ilegal del alimento, está
obligado a sancionarlo vía administrativa.
https://luisangelqroo.blogspot.com/2026/06/remocion-o-hasta-carcel-titular-de-la.html
El DIF-Estatal, por su lado, es
entidad rectora y normativa del programa en todo el estado. Es el que recibe
los fondos federales de asistencia social y encargado de vigilar que los
criterios de gratuidad y calidad nutricional se respeten en los municipios. Las
auditorías que detectaron las irregularidades corren por su cuenta o bajo su
conocimiento, por lo que tiene la obligación legal de fiscalizar a las
dependencias municipales.
Por último, DIF-OPB es operador
logístico inmediato del programa a nivel local. El DIF-Estatal les entrega
insumos por convenios de colaboración, y es responsable directo de
transportarlos, entregarlos a escuelas y supervisar físicamente que lleguen a
niños de forma gratuita. Cualquier desvío, cobro indebido o alimento entregado
en mal estado en el municipio recae bajo su esfera de vigilancia diaria.
Ahora bien, ¿Por qué se acusa “complicidad”?
Comités de padres de familia señalan que el deslinde de estas tres dependencias
es insostenible, pues irregularidades y venta de paquetes ya se habían reportado
en múltiples supervisiones, configurando una omisión institucional o “complicidad
tolerada” por no haber retirado apoyos ni sancionado penal o
administrativamente a tiempo a directores y comités corruptos.
Con todo y que “la campana” habría
salvado a Verónica Lezama, quien aspira a la presidencia municipal de Benito
Juárez con apoyo de su hermana Mara, no se salva el DIF-Estatal de responsabilidades
por Desayunos Escolares, donde aparece a la cabeza la directora general de la
“institución”, Abril Cristina Sabido Alcérreca.
En efecto, las autoridades de
estructura que sí firman presupuesto, contratos y reglas operativas -y por ende
asumen la responsabilidad legal total del programa de Desayunos Escolares-
están plenamente identificadas en organigramas oficiales.
Así, mientras que figuras como la
hermana de Mara Lezama son exentas de responsabilidad ejecutiva por su rol
honorario, Sabido Alcérreca encabeza a las autoridades obligadas a rendir
cuentas ante las auditorías como máxima autoridad administrativa del organismo,
pues obligadamente firma licitaciones millonarias con proveedoras de alimentos,
convenios de distribución con los municipios e informes financieros
institucionales.
Ante un desvío o fraude con recursos
federales (Ramo 33), su firma es primera en fiscalizar la Auditoría Superior de
la Federación, aunque también es responsable Chrystian Amairany Tun Ku, titular
de la Dirección de Seguimiento y Programas Comunitarios, área interna del DIF-Estatal
encargada de la planeación, validación técnica y diseño logístico de la
estrategia de alimentación y cuyos titulares avalan fichas técnicas de insumos
entregados.
Por el DIF-OPB, es Aguirre Villegas
quien estampa la firma de recibido y conformidad en el municipio. Es
responsable legal de vehículos, almacenes locales y rutas que llevan el
desayuno desde el centro de distribución municipal hasta más de 60 escuelas
bajo investigación.
También es responsable su Coordinación
de Asistencia Alimentaria, que está vacante -Hernández Méndez y ella están a
cargo-, pero con autoridad de menor rango, con responsabilidad directa en
campo. Firmas de supervisores adscritos a esta área avalan las actas de
entrega-recepción junto a directores de escuelas.
En cuanto a la SEQ, también estarían
coludidos directores de planteles escolares, servidores públicos de la SEQ que,
al recibir los insumos en los planteles, firman actas oficiales de entrega
junto al Comité de Padres de Familia. Si el desayuno se vende, condiciona o se
altera el padrón, el director es responsable penal y administrativo inmediato
por firmar de conformidad la recepción y permitir el manejo ilícito en el
inmueble.
Sobre el panorama sobre las sanciones
aplicables y las implicaciones específicas para la hermana de Mara Lezama y su
“blindaje” por lo honorario, al ostentar el cargo de presidenta en esa
condición, jurídicamente no recibe un salario del presupuesto público ni tiene
las facultades ejecutivas firmadas de un funcionario de estructura. Su rol es
principalmente de representación social y gestión de eventos públicos.
Quienes firman contratos,
licitaciones millonarias con proveedoras de alimentos y actas de entrega son Sabido
Alcérreca y los directores de áreas administrativas, que asumen responsabilidad
legal ante las auditorías del gasto.
A pesar de este “blindaje legal”,
comités de padres de familia exigen que se le investigue, ya que el programa
opera bajo su “visto bueno” político e institucional, y las operaciones del DIF-Estatal
se promocionan bajo su conducción directa.
En torno a las sanciones aplicables a
los funcionarios involucrados en las estructuras del DIF Estatal y Municipal,
así como directivos de la SEQ que sí firman presupuesto y operan las entregas,
la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé faltas administrativas
graves -desvío de recursos y peculado- , donde, al comprobarse padrones
inflados o beneficio de proveedoras bajo investigación federal, van desde inhabilitación
para ejercer cargos públicos -de 1 a 20 años- hasta destitución inmediata.
Entre las sanciones económicas, restitución
al erario del valor total de los insumos desviados, comercializados ilegalmente
o pagados a sobreprecio, y sanciones penales por la comercialización del
alimento, y debido a que los insumos de Desayunos Escolares provienen de fondo
federal -Ramo 33 / Fondo de Aportaciones Múltiples-, su desvío o venta es
delito de orden penal.
Así, vender insumos destinados a la
asistencia social gratuita configura un fraude contra Federación y Estado. Pueden
alcanzar prisión de hasta 12 años los que participen en el “negocio redondo” de
venta en los planteles.
Como sanciones a directores, la SEQ
tiene la facultad de revocar de forma inmediata la plaza o rescindir la
relación laboral a los directores que toleraron o participaron en el cobro de
estas cuotas de alimentación ilegales.
Para que alguna sanción proceda en
los niveles más altos del DIF, las denuncias ciudadanas deben ratificarse
formalmente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o la
Secretaría de “Anticorrupción” y Buen Gobierno, obligándolas a auditar los
contratos de adquisición de alimentos firmados por el organismo.
Así
las cosas, el caso de las denuncias e irregularidades en el programa de
Desayunos Escolares en Quintana Roo ha escalado significativamente y se centra
en un cruce de acusaciones y deslindes de responsabilidades entre diversas
autoridades.
Por
la venta ilegal de insumos, padres de familia, docentes y comités escolares
denunciaron públicamente que los alimentos del programa -que deben ser
completamente gratuitos-, se sabe, eran comercializados ilegalmente en más de
60 escuelas de Othón P. Blanco.
Lo
peor del caso es que las quejas señalan que este “negocio” no es un secreto,
pues las anomalías ya habían sido detectadas previamente a través de auditorías
y supervisiones, pero nunca se actuó a tiempo, aunque, además del cobro de
alimentos, las investigaciones y reclamos apuntan a la existencia de padrones
inflados, beneficiarios “fantasmas” y la total integración irregular de los
comités encargados de la recepción.
¿Cuánto
apostaría Usted a que no pasará absolutamente nada y que nadie será sancionado
mediante cualquier excusa? Ahora, el pretexto es que las presidentas son
“honorarias”, pero ¿alguien puede asegurar que ninguna de ellas cobra en el DIF?
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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