¡Negros recuerdos de ex funcionaria con Recinto!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Proyectado como uno de los detonantes de la economía del Sur de Quintana Roo, el Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico, maquillado por el gobierno Verde de Mara Lezama como Polo de Desarrollo para el Bienestar de Chetumal, vuelve a ser tema del día por una de las fallidas responsable de la abandonada obra, la empresaria Rosa Elena Lozano Vázquez.

Entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE) con el cuestionado ex gobernador Carlos Joaquín González, la hoy afortunadamente ex funcionaria, durante cuya gestión se señalaron desvíos en reportes hasta por 700 millones de pesos, dijo que el hoy abandonado inmueble requiere infraestructura básica y competitividad para atraer inversiones y cumplir con su objetivo o no tendrá el avance económico para el que se diseñó.

Mara Lezama recibió el Parque Industrial con carencias legales y patrimoniales, y aunque formalmente se inauguró a fines de 2023, se tuvo que replantear el esquema para atraer inversión privada concluir infraestructura, ya que, entre sus problemas operativos, se incluía que, a pesar de contar con autorizaciones aduaneras, las empresas enfrentan dificultades para operar por falta de certificaciones federales y retrasos en infraestructura básica.

Según Lozano Vázquez, desmentida por representantes del sector comercial del Centro y Sur de Quintana Roo en octubre de 2020 sobre apoyos por más de 90 millones de pesos a micro y pequeñas empresas, y en su defensa adujo que la SEDE es gestora no proveedora de recursos, el proyecto es oportunidad para reactivar la economía del sur, pero debe acelerar su consolidación, pues colinda con el Recinto Fiscalizado Estratégico y se complementaría con estímulos fiscales de la frontera y Tianguis del Bienestar.

Cuestionada como uno de los peores funcionarios del gris sexenio de Carlos Joaquín, la empresaria fue duramente criticada por quienes se enteraron de sus declaraciones, uno de los cuales dijo no ser posible que, si antes no hizo nada con Carlos Joaquín, ahora exija.

Entre otros, Lozano Vázquez consideró que el Polo, ubicado en el antiguo parque industrial, podría convertir a Chetumal en centro logístico para el comercio exterior, aunque, los incentivos fiscales por sí solos no son suficientes para atraer inversionistas, ya que requiere urbanización, infraestructura de energía eléctrica, agua potable, gas, internet y vialidades, así como marco presupuestal que permita materializar los beneficios contemplados en los decretos federales y en la nueva Ley de Inversiones y Desarrollo.

Otro lector indicó que durante el tiempo que estuvo al frente de la SEDE no hizo nada ¡imagínese hablando de revivir Chetumal! Está buscando dónde seguir robando para irse a Dinamarca donde tiene a su familia viviendo, con un hotel a la salida que se cae a pedazos y explotando a los chetumaleños y con precios excesivos en su hospedaje que ahuyenta al visitante.

Sin embargo, la ex funcionaria, en entrevista con José Palma, advirtió que la región difícilmente podrá competir con otros polos económicos del país si no cuenta con recursos e infraestructura y supera el reto de atraer inversiones productivas que generen empleo y detonen el desarrollo económico del Sur.

Difundido por el portal Punto de quiebre, Lozano Vázquez fue calificada por otro lector como explotadora que exige trabajo a precios muy bajos ¡Que descaro! Y que, si estuvo en SEDE y no logró nada, cómo puede decir algo sobre lo que tampoco logró.

En añejo enfrentamiento con la iniciativa privada, en la presentación del Programa Buen Fin 2020, la entonces Secretaria de Desarrollo Económico afirmó que se había apoyado a emprendedores y comerciantes con más de 90 millones de pesos, 58.9 millones a micro emprendedores de Benito Juárez; 7.3 millones para Othón P. Blanco; 15.2 millones a Solidaridad; cerca de 3 millones a Felipe Carrillo Puerto y 510 mil a Tulum.

Para Bacalar, dijo que fueron 3.3 millones de pesos; a Cozumel, 7.1 millones; 185 mil pesos a José María Morelos; 660 mil a Isla Mujeres y 140 mil a Puerto Morelos, para un total de 387 beneficiarios con diversos créditos, y asesoría y acompañamiento a dos mil 170 emprendedores.

Sin embargo, los presidentes de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas y de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, Alejandra Carrasco Rendón y Juan Jaime Mingüer Cerón, respectivamente, desmintieron todos sus señalamientos por ser su labor pasiva y porque las financieras otorgaron los créditos.

Con todo, desde septiembre de 2016 habría sido objeto de mención en una columna del periodista Joaquín Quiroz, quien decía “llama la atención que a cargo de la SEDE esté Lozano Vázquez, quien fuera presidenta hace unos años de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas a nivel nacional y enfrentara una demanda por la Secretaría de Economía en 2010 por no justificar recursos que le otorgaron en 2006.

Sus propios trabajadores de la Secretaría la cuestionaron en su momento, como en 2018, cuando condicionó el acceso a las oficinas con portar uniformes o, en su defecto, costosos trajes típicos, lo que generó molestias en su personal e indignación en la ciudadanía.

Así, a partir de marzo, para acceder a las instalaciones deberían portar uniforme de manera obligatoria en días laborales, y no laborales, por indicaciones expresas, en el entendido de que no hacerlo por día, podría ser sustituido en las mujeres con blusas con bordados típicos de la región, y los hombres, con guayabera.

Su acoso e irregularidades contra su personal sumó tres muertes de trabajadores de las oficinas de Chetumal: En diciembre de 2017, quien ocupara la dirección de Financiamiento de la Secretaría, Martha Lilia Cortázar Fabro, falleció repentinamente, pue, a pesar de sentirse mal, fue presionada por la titular de la SEDE.

La empleada estaba sujeta a mucho estrés, lo que le generó problemas de salud, pero su labor y los viajes que le ordenaba Lozano Vázquez no cesaban, y murió al complicársele una pancreatitis, mientras meses antes, el analista técnico Mario Alberto Cárdenas Amaya, falleció tras la mudanza de las oficinas de la avenida Insurgentes al Centro Internacional de Negocios y Convenciones.

Los empleados dijeron que se le sobrecargó trabajo, pues los obligaron a cargar muebles y equipos de oficina, además de que sus condiciones laborales eran de lo peor, pues el ritmo de exigencia, sobrecarga laboral, presiones e insensibilidad eran insostenibles con la ahora ex funcionaria.

La tercera muerte fue a fines de 2016, César Jiménez Poot, cuya familia denunció ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos discriminación y falta de seguridad social, por lo que acusaron a Lozano Vázquez; a su subsecretario de Planeación, Rolando Mario Méndez Navarro, y su director de Planeación, Julio Eliezer Manzanero Salazar.

Pero, volviendo al tema del recinto fiscal, conocedores del tema coinciden en que no funcionó, y la Aduana no pondría personal para atender a empresas importadoras, por lo que deben contratar a alguna especializada en el tema, que la propiedad junto al inmueble es propiedad de un alto ex funcionario, y las importadoras que entraron al recinto se fueron por eso, además de muy caras las naves y muy complicados sus trámites.

En nuevos comentarios sobre las declaraciones, éstas señalan que el dinero lo roba el gobierno a través de empresas “fantasmas”, enriqueciendo a familiares amigos y compadres, por lo que, ¿Cómo va a crecer Chetumal si lo gobierna pura rata? y ¿Cómo quieren inversiones si el pinche impuesto es uno de los más altos del país?, gobierno hambriento.

Sobre el “Polo de Desarrollo para el Bienestar”, apenas en febrero, con el título ¡Millonario “elefante blanco” de CJG, un Recinto!, dijimos que, aunque surgieron señalamientos que comparaban el Recinto Fiscalizado con obras inconclusas del sexenio de Felipe Calderón por desvíos millonarios que habrían dejado la obra incompleta, Carlos Joaquín dejó “herencia” similar en Chetumal.

https://luisangelqroo.blogspot.com/2026/02/millonario-elefante-blanco-de-cjg-un.html   

Así, se señalan supuestos desvíos hasta por 700 millones de pesos y se califica la obra como “maqueta” o proyecto fallido, pues los millonarios recursos destinados a su construcción no se reflejan en la infraestructura actual, y que si bien esa cifra vinculada exclusivamente al Parque es parte de denuncia ciudadana, el Gobierno del Estado presentó en 2024 denuncias generales, aunque extemporáneas, por desvíos de más de 7 mil millones de pesos contra ex funcionarios de Carlos Joaquín, que nunca prosperaron.

Durante su sexenio (2016-2022) Carlos Joaquín se creó el Parque con el objeto, supuestamente, de diversificar la economía de Quintana Roo más allá del tradicional turismo, según presumía su entonces titular de Desarrollo Económico, la “influyente” Lozano Vázquez, de fatales recuerdos para Quintana Roo. El proyecto arrancó con una inversión de 65 a 80 millones de pesos para construir sus primeras cuatro naves industriales, ya que, en infraestructura, se proyectaron 68 naves en más de 40 hectáreas.

Actualmente, se encuentra en etapa de consolidación institucional y de atracción de primeras inversiones, tras haber sido creado oficialmente mediante decreto presidencial en julio de 2025 en más de 80 hectáreas del Parque Industrial, con objeto primordial de industrializar el Sur de Quintana Roo mediante un ecosistema logístico y comercial de alto nivel.

Hasta hoy, supuestamente ha captado 15 propuestas de inversión formal de empresas interesadas en establecerse como usuarias o desarrolladoras en el parque industrial, entre ellas la empresa Zenith, que inició obras en el aeropuerto internacional de Chetumal para edificar un nuevo centro aeronáutico y de carga con una inversión estimada en 24.3 millones de dólares

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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