Divisionismo e impunidad con Perfect Day-Mahahual
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Un profundo divisionismo social y
desacuerdos, con demandas que se dividen en posturas opuestas, es la gris
herencia que dejó en Mahahual la cancelación del
megaproyecto Perfect Day México de la empresa Royal Caribbean, que también
habría “decepcionado” al Poder Judicial de la Federación.
En efecto, a pesar del aval de los tres magistrados
del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en
Cancún, el Perfect Day México para Mahahual se canceló DEFINITIVAMENTE por el rechazo
de las autoridades ambientales federales y el desistimiento de la naviera.
A esta novedad, al menos para la opinión pública,
se suma el cuestionado, aunque esperado “congelamiento” de la
denuncia administrativa contra el ex director general del Instituto de
Desarrollo y Financiamiento del Estado (IDEFIN), Ari Adler Brotman, y contra Royal
Caribbean ante la Secretaría “Anticorrupción” y Buen Gobierno, a cargo de Reyna
Arceo Rosado.
Sobre el primer caso, desde fines de abril de 2026,
los magistrados Laura Granados Bolio, Aarón Alberto
Pereira Lizama y Secretaria en funciones de Magistrada María Teresa Rodríguez
Cárdenas desecharon por unanimidad
el amparo que interpuso la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio
Ambiente Sano (DMAS)
En su argumento judicial, los funcionarios
determinaron que la demanda de amparo contra la modificación del Plan de
Desarrollo Urbano (PDU) -que permitía el cambio de uso de suelo de manglar a
turístico- se presentó fuera de plazos legales.
Con esta resolución inapelable, se levantó la
suspensión provisional que frenaba las obras, y abrió legalmente camino a la
transnacional para tramitar autorizaciones ambientales de desmonte y
construcción, pero, aunque el fallo le beneficiaba, requerían obligatoriamente aprobación
federal para el cambio de uso de suelo forestal y de la Evaluación de Impacto
Ambiental.
Así, a mediados de mayo, la titular de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena,
anunció oficialmente que no se aprobaba el proyecto por sus altos riesgos y
daños permanentes a la selva baja, 45 hectáreas de manglares protegidos y
Sistema Arrecifal Mesoamericano.
En su postura presidencial, Claudia Sheinbaum
respaldó esa decisión y señaló que no permitiría obras que pusieran en riesgo
el equilibrio ecológico, sugiriendo a la naviera buscar alternativas sin
impacto ambiental severo.
Ante la inviabilidad de conseguir permisos
ambientales federales y la presión de agrupaciones ambientalistas, Royal
Caribbean Group anunció la cancelación definitiva del proyecto de 600 millones
de dólares en Mahahual.
El
caso es que, tras la cancelación definitiva de Perfect Day México, el Gobierno
de México y la propia Royal Caribbean plantearon alternativas de desarrollo con
enfoques de sustentabilidad, ecoturismo y consulta comunitaria.
Las
opciones oficiales e institucionales se estructuran en tres frentes, una de
ellas la transición de la naviera hacia el ecoturismo, sobre lo que Claudia
Sheinbaum aclaró que parte de la población respaldaba el proyecto por la
derrama económica, por lo que su gobierno sostendría pláticas con habitantes y naviera
para rediseñar planes.
Por
su lado, la titular de la Semarnat dijo que el proyecto podría volver a
analizarse en el futuro si la empresa presenta una propuesta totalmente
renovada que elimine atracciones masivas de parque temático y se apegue
estrictamente a requerimientos ambientales.
Así,
la alternativa es que Royal Caribbean participe en un modelo de turismo
comunitario y de baja densidad, asegurando beneficios económicos directos para
pobladores sin atentar contra los manglares ni el arrecife.
A
raíz de la cancelación y con la intención de no ahuyentar la inversión
extranjera, Secretaría de Turismo y Semarnat presentaron
alternativa de política pública para inversionistas, que incluye nueva cartera
de proyectos de gobierno a las grandes corporaciones con acceso a 773 proyectos
turísticos sustentables alternativos en las 32 entidades.
Se
trata de un decálogo que funciona como guía regulatoria y certeza jurídica a
largo plazo, siempre que las inversiones contemplen transición energética,
gestión eficiente del agua y protección de ecosistemas estratégicos.
En
un decreto de ecoturismo exclusivo en Mahahual para blindar ecológicamente la
zona sur de Quintana Roo y evitar que otros desarrolladores busquen replicar
modelos de “gran turismo” depredador, el Gobierno Federal implementó una
estrategia restrictiva en la región.
Ésta
se refiere al fomento al turismo de naturaleza, donde la zona de Mahahual se
destine prioritariamente a actividades de bajo impacto, como turismo de
aventura, científico, observación de fauna y proyectos ejidales en áreas
naturales protegidas de mano de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp)
Sin
embargo, la cancelación definitiva de Perfect Day puso al descubierto la
división social en Mahahual, donde las demandas de la gente se dividen en
posturas opuestas: Las que exigen infraestructura básica que la naviera había
prometido financiar, y las que exigen un cambio radical en el modelo turístico
para frenar un colapso ambiental.
Sobre
las demandas de los que apoyaban el proyecto, en reuniones de conciliación
encabezadas por la Semarnat, amplio sector de pobladores, taxistas,
comerciantes y pescadores se manifestó contra la cancelación.
Sus
demandas principales al gobierno federal son infraestructura de salud, por lo
que exigen con urgencia ampliar y equipar el rezagado su centro de salud, cuya
mejora iba a financiar en gran parte Royal Caribbean.
También
demandan solucionar constantes apagones con infraestructura eléctrica
confiable, compromiso que la naviera había asumido como parte de su inversión
comunitaria, así como arreglo y pavimentación de calles en las zonas
habitacionales contiguas a la terminal marítima.
Por
último, en combate al sargazo, exigen al gobierno asumir costo y logística para
retirar el alga, tarea en la que la transnacional prometió sumar recursos
económicos y barcos de recolección.
Por
su lado, colectivos ambientalistas y ciudadanos, por el contrario, con cooperativas
turísticas, científicos y la organización Salvemos Mahahual, celebraron el
freno de la obra, pues sus exigencias se enfocan en proteger recursos naturales
para sostener su economía a largo plazo.
Así,
piden frenar el turismo cautivo, y denuncian que el modelo de parque acuático masivo privado absorbe todo el gasto de
los cruceristas en instalaciones de la misma naviera, dejando “migajas” y
pérdidas para sus pequeños negocios.
Asimismo,
exigen auditorías estrictas sobre el agua, argumentando que el megaproyecto de
toboganes y albercas sobrecargaría el acuífero de una comunidad que ya sufre
escasez del recurso y demandan detener cualquier desmonte de manglar para
evitar descargas contaminantes hacia el Sistema Arrecifal Mesoamericano, que atrae turismo
internacional de buceo y snorkel.
Los
habitantes exigen formalmente a la gobernadora Mara Lezama y al gobierno
federal que el dinero recaudado a través de los impuestos por derechos de
cruceristas en Costa Maya se destine por ley de forma directa e íntegra a obra
pública y servicios básicos de Mahahual, en lugar de diluirse en el presupuesto
estatal.
Por
otra parte, la denuncia administrativa contra el ex funcionario Ari Adler
Brotman y Royal Caribbean se encuentra sospechosamente en etapa de
investigación inicial, con rezago y falta de avances procesales significativos
de la autoridad local.
Como
se sabe, la asociación civil DMAS interpuso el recurso jurídico desde el 12 de
marzo ante la Secretaría “Anticorrupción” y Buen Gobierno, a cargo de Reyna
Arceo Rosado.
En
torno a la falta de “avance” del proceso DMAS denunció públicamente la lentitud de las autoridades para desahogar pruebas y la única respuesta oficial es el acuse de
recibo formal y la notificación de admisión de la queja para su análisis.
Royal Caribbean Group rechaza existir conflicto de
intereses y sostiene que la incorporación de Adler Brotman obedeció
estrictamente a la trayectoria y experiencia técnica de éste en el sector
privado, descartando cualquier uso indebido de información gubernamental
privilegiada.
La
denuncia se centra en violación directa al Artículo 78 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de Quintana Roo, que tipifica la contratación
indebida de ex servidores públicos como una falta administrativa grave.
En
este sentido, la ley estipula que las empresas privadas también tienen
prohibido contratar a ex funcionarios públicos durante el año posterior a su
salida si el cargo que ocupaban poseía información estratégica que pudiera
otorgar ventaja comercial.
Ari
Adler fungía como director general del IDEFIN -organismo encargado precisamente
de atraer y facilitar inversiones transnacionales- y participó en eventos
oficiales como titular hasta el 13 de agosto de 2025, y sólo 16 días después,
el 29 de agosto, Royal Caribbean lo contrató como presidente de la compañía en
México para empujar proyectos turísticos en la entidad.
Al
ser considerada por la ley como falta administrativa grave, de proceder el caso
y turnarse al Tribunal de Justicia Administrativa, las consecuencias legales
contempladas son, para el exfuncionario, una posible inhabilitación para
ejercer cualquier tipo de cargo en el servicio público por hasta 20 años.
Y,
para Royal Caribbean, sanciones económicas severas vinculadas a actos de
particulares en esquemas de corrupción o conflicto de interés.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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