¡Se complica SESA con “efecto cucaracha”!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Aunque para nadie es secreto que al titular de los Servicios Estatales de Salud (SESA), Flavio Carlos Rosado, no le preocupe en lo más mínimo el caso de los medicamentos caducados y en mal estado en sus bodegas de Subteniente López ante recientes declaraciones de la gobernadora Verde, Mara Lezama, nuevos “parches” aparecieron en la dependencia: Su Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de Quintana Roo (Cofepris) y su Órgano Interno de Control.

         Aunque a nadie parece extraña, la mandataria, durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Tulum, se atrevió, inclusive, a enojarse, mejor dicho “indignarse”, cuando la entrevistaban en torno a la corrupción en SESA, en lugar de aclarar el tema de una vez por todas, tal y como debiera hacer el mismo Carlos Rosado, con ponerse bien los pantalones y no esperar que lo haga la Secretaría “Anticorrupción”, ambos del mismo equipo político.

         Ahora bien, también conocida como Dpris a nivel federal, la Cofepris de Quintana Roo, a cargo de Jaime Torres Viveros, es señalada por una serie de irregularidades, que no sólo afectan a Tulum, como recién ocurrió, sino también en esta capital chetumaleña, con un llamado “Efecto cucaracha”.

         Verá Usted. El caso de los supuestos cuatro investigados por el tema del almacén, todo hace suponer que, sin Carlos Rosado, sólo se le imputarían responsabilidades a los tres restantes: Álvaro Arturo Cruz Mena, director administrativo; Luis Enrique Velázquez, encargado directo del almacén y Manlio Hoy Brito, Jefe de Departamento, adscrito al área de Adquisiciones.

         Sin embargo, a este último se le complicarían más las cosas tras detectarse que tendría una doble plaza, la otra en el IMSS-Bienestar, por lo que las autoridades deberán demostrar que cumplía con la normatividad legal para ese caso.  

En efecto, el tema de personal con doble plaza en SESA-Quintana Roo es recurrente en discusión, pero más enfocado en su legalidad administrativa y compatibilidad horaria, ya que tener dos plazas en el sector salud no es un acto ilegal en sí mismo, pero estrictamente condicionado por normativas estatales y federales.

Cualquier trabajador que aspire o ya posea una doble plaza debe tramitar de forma obligatoria un Dictamen de Compatibilidad de Horarios y Empleos ante la Dirección de Personal de la dependencia, aunque las jornadas laborales de las dos plazas no se pueden empalmar bajo ninguna circunstancia. Se debe contar con tiempo suficiente para trasladarse de un centro de trabajo a otro.

Según las Condiciones Generales de Trabajo de SESA, las plazas asignadas no deben interferir con el correcto desempeño técnico o médico de las funciones encomendadas.

El debate en Quintana Roo suele encenderse por el riesgo de duplicidad e incompatibilidad: Las auditorías internas y de órganos fiscalizadores vigilan de manera estricta la “doble percepción irregular”, es decir, cobrar dos sueldos de jornadas es físicamente imposibles de cumplir al mismo tiempo, por lo que se considera falta administrativa grave.

Históricamente se han presentado quejas o rumores respecto al control en asignación de bases, ante lo cual las autoridades del sector sostienen que nóminas y emisiones de nuevas plazas federales o estatales cuentan con blindajes administrativos para evitar manipulaciones ajenas al escalafón oficial.

Con el proceso continuo de basificación y transferencia de trabajadores de los sistemas de salud al modelo IMSS-Bienestar, las reglas de control de plazas se han vuelto más unificadas y digitalizadas, lo que reduce la posibilidad a un empleado de mantener dos plazas de jornada completa incompatibles en distintas instituciones públicas de salud.

El caso específico de Hoy Brito, registrado en nóminas de los Servicios Estatales de Salud bajo formato de apellidos invertidos, ejemplifica de forma exacta el debate administrativo sobre la duplicidad de funciones de confianza y los esquemas operativos de salud.

Bajo la normativa mexicana, la situación legal de este tipo de casos se analiza mediante puntos críticos, uno de ellos incompatibilidad absoluta por puesto de confianza, donde la normativa federal y los criterios de la Secretaría de la Función Pública establecen que el cargo de Jefe de Departamento es catalogado estrictamente como puesto de confianza.

Estos puestos exigen, por definición de ley, una jornada de disponibilidad permanente o mandatos de horario completo.

Debido a esta naturaleza, el puesto de Jefatura de Departamento es administrativamente incompatible con un segundo empleo operativo o de base en otra institución (como el IMSS) Un dictamen de compatibilidad horaria ordinario suele aplicar únicamente para personal médico, de enfermería o administrativo de nivel operativo, pero no para mandos medios o superiores.

En reportes de transparencia presupuestal y armonización contable de la Secretaría, Hoy Brito ha figurado históricamente bajo códigos de categoría regulados -como la clave M03020-, y cuando un funcionario ostenta una plaza de este tipo en SESA y simultáneamente en el IMSS, el Órgano Interno de Control está obligado a vigilar el cumplimiento de la jornada presencial devengada para descartar el cobro de “sueldos simulados”.

Si las jornadas laborales de la Jefatura en SESA y el puesto en el IMSS chocan en el reloj checador o si no existe dictamen de compatibilidad debidamente autorizado y firmado por la Dirección de Innovación y Calidad-Dirección de Personal, el funcionario se expone a procesos de responsabilidad administrativa en base a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Las sanciones van desde inhabilitación para ejercer cargos públicos, rescisión del contrato sin responsabilidad para las instituciones, hasta la obligación de reintegrar los salarios percibidos de forma irregular.

Por otra parte, la Cofepris-Quintana Roo sigue enfrentando duros cuestionamientos públicos por redes de extorsión a comercios, usurpación de funciones federales y retiro previo de sus facultades de verificación por corrupción sistémica.

Entre las principales controversias y señalamientos se incluye el escándalo de extorsión y “cobro de piso” de este mes en Tulum, cuando empresarios hoteleros y restauranteros denunciaron que “inspectores” exigían pagos irregulares obligatorios de entre 20 mil y 50 mil pesos mensuales a cambio de no clausurar sus negocios.

Los supuestos verificadores estatales se presentaban falsamente ante las víctimas como personal de la estructura federal de la Cofepris para intimidar y dar un carácter legal a sus extorsiones.

Tras hacerse públicas las quejas en medios de comunicación, la Secretaría separó formalmente de sus funciones a Emigdio Morales Mezquita, titular de la Coordinación de Protección contra Riesgos Sanitarios en Tulum, mientras la Cofepris federal aclaró que no opera ninguna delegación municipal en Quintana Roo y que la responsabilidad operativa recae en el gobierno estatal.

En un historial de pérdida de facultades por corrupción, ante recurrentes quejas de coacción, sobornos e irregularidades graves, la Cofepris Federal les retiró formalmente a las autoridades de Quintana Roo la facultad de vigilar establecimientos médicos de alta importancia, como hospitales, almacenes y laboratorios de pruebas.

Por su parte, la Fiscalía General de la República abrió carpetas de investigación por presuntas “mordidas” de personal local a laboratorios clínicos durante la contingencia sanitaria del Covid-19, cuando directivos históricos de la Comisión, como Miguel Ángel Pino Murillo, fueron señalados públicamente de obligar a cientos de comercios a contratar exclusivamente “empresas certificadoras aliadas” para simular el cumplimiento normativo.

Evaluaciones internas reflejaron que hasta 20% de los negocios de comida verificados en la Zona Norte carecía de constancias vigentes en buenas prácticas de sanidad, lo que generó cuestionamientos sobre si los inspectores se enfocan realmente en verdadera prevención de riesgos o meramente en fines recaudatorios y punitivos.

En Chetumal, la Cofepris opera como núcleo administrativo central, pero no está exenta de cuestionamientos, mientras que en Tulum y Playa del Carmen los señalamientos se enfocan a extorsiones a restaurantes y hoteles, y en Chetumal las críticas giran en torno a negligencia institucional, burocracia punitiva, inacción ante riesgos graves y centralización de “moches”.

Las principales controversias y problemáticas específicas reportadas en la capital del Estado incluyen el llamado “Efecto cucaracha” y centralización de cuotas, pues comerciantes señalan que, órdenes de fiscalización agresiva y actas de inspección prellenadas -diseñadas para forzar multas o “mordidas”-, son coordinadas y distribuidas desde las oficinas centrales de la Cofepris.

Sin embargo, ante el blindaje de mesas de trabajo e investigaciones en municipios del Norte, inspectores señalados por malas prácticas sólo suelen ser reubicados o “replegados” temporalmente en oficinas del Sur para evitar procesos penales directos.

La Cofepris ha recibido duras críticas por aplicar criterios severos y punitivos a pequeños comercios, mientras permite la operación prolongada de instalaciones municipales insalubres, ejemplo histórico y recurrente el rastro de Chetumal, clausurado varias veces por condiciones críticas de higiene, que las autoridades tardaron años en intervenir de manera integral pese al riesgo epidemiológico para la población.

Empresarios locales denuncian el uso de “múltiples trampas” normativas de la Cofepris, que condiciona licencias argumentando fallas en niveles de cloración del agua del establecimiento, cuando la propia red pública provista por el Estado (CAPA) frecuentemente no pasa pruebas básicas de calidad de agua, trasladando costo y penalización al comerciante.

Aunque a nivel nacional se promueven plataformas digitales, en esta capital se acusa históricamente una lentitud deliberada en la entrega de las licencias sanitarias físicas con Código QR de validación, lo que obliga a los microempresarios de la Zona Sur a acudir a oficinas centrales a destrabar “trabas administrativas” que, frecuentemente, se resuelven mediante arreglos informáticos e “incentivos” económicos a los dictaminadores.

A todo esto, ¿Cómo proteger un negocio en Chetumal ante una inspección? Si un verificador acude al establecimiento, cualquiera está en su derecho de exigir lo siguiente antes de permitirle pasar: Orden escrita original, contar con firma autógrafa del director general de la Cofepris y especificar el nombre exacto del comercio.

Sobre la identificación con QR, todo inspector estatal legal debe portar una credencial oficial con código QR que, al ser escaneado, valide su identidad, estatus activo y la fotografía del funcionario, en tanto ninguna multa, derecho o trámite de la Dpris o Cofepris se paga en efectivo ni directamente al personal. Cualquier solicitud de este tipo constituye un delito penal.

Sobre la extorsión y usurpación de funciones de la ventanilla sanitaria en Tulum ocurrió el 13 de julio, cuando reportes en medios nacionales de comunicación -como Milenio- exhibieron denuncias de hoteleros y restauranteros, por lo que acusaron a autoridades locales de operar una red de “cobro de piso” institucionalizado con cuotas de hasta 50 mil pesos mensuales.

Sin embargo, la Cofepris federal emitió el día 15 un deslinde público, donde aclaró que el implicado principal, Emigdio Morales Mezquita, no pertenecía a su estructura, pero el acusado utilizaba actas falsas para simular inspecciones federales.

Presionada por el escándalo mediático, SESA oficializó el mismo día la separación inmediata de su cargo al funcionario, que fungía como encargado de ventanilla de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dpris) en Tulum y se iniciaron carpetas de auditoría e investigación internas.

Por otro lado, se dice que Hoy Brito fue jefe de almacén en su tiempo y ahora tiene otras funciones en la Secretaría, aunque también trabaja en el IMSS-Bienestar como jefe Departamento de Abasto, por lo que tiene dos sueldos, dos patrones, pero ¿en qué momento supervisa su función en SESA si labora de lunes a viernes en el IMSS?

Así, de ser culpable de los medicamentos caducados, que probablemente sea así, como trabajador del IMSS-Bienestar, omitió supervisar esos medicamentos también, aunque, de hecho, obligaba a recibir medicamentos a punto de caducar o que no pedían, por lo que claramente es un tremendo conflicto de intereses.

Es juez y parte en ambos lados, cómo no se saldría de control si se supone debía supervisar, pero como es probable que tenga más intereses en SESA, se haya deslindado de sus responsabilidades en el IMSS para hacer lo que quiera

Por cierto, en comunicado oficial de SESA sobre Morales Mezquita, separada de su cargo ¿Por qué ahí si hubo comunicado? Además, vulneraron su presunción de inocencia al publicar su nombre, ah, pero en el caso de los medicamentos caducados callaron, no hubo ninguna nota ni comunicado ¿Por qué ahí no? ¿Por qué eran los jefes? Pero, al personal sí lo pueden “balconear”.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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