Ir al contenido principal

¡Indiferencia oficial a histórico fallo por Calica!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Aunque nada importe a la gobernadora Verde, Mara Lezama, como lo ha demostrado, México obtuvo histórica victoria en el arbitraje internacional contra la empresa estadounidense Vulcan Materials Company -propietaria de Calica-, pues el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones desestimó casi todas las reclamaciones económicas de esa firma por el cierre de sus operaciones en Quintana Roo.

Poco difundido en redes sociales, Vulcan Materials exigía indemnización original por 1,700 millones de dólares, pero el tribunal arbitral, como premio al 33 aniversario de la creación de Playa del Carmen como municipio, decidió que México sólo deberá pagar de 15 a 17 millones de dólares, menos de 1% de lo que reclamaba la empresa, y como único punto que declaró procedente contra el país fue la clausura de “El Corchalito” y “La Adelita” en enero de 2018.

Con la acostumbrada apatía de Mara Lezama respecto a Calica, el fallo beneficia directamente a Quintana Roo en cuatro ejes, uno de ellos permanente protección ambiental permanente, pues al desechar casi 100% de los reclamos, el Estado consolida la validez jurídica del Área de Protección de Flora y Fauna “Felipe Carrillo Puerto”, blindando más de 53 mil hectáreas en Solidaridad, Tulum y Cozumel contra la extracción destructiva de piedra caliza.

Asimismo, la resolución ratifica la detención de operaciones extractivas y deja la mesa puesta para que los gobiernos federal y estatal coordinen con la empresa las tareas obligatorias de remediación ambiental de terrenos dañados.

Por otro lado, detiene el deterioro irreversible al sistema hidrológico subterráneo, mantos freáticos, contaminación de cenotes y destrucción del hábitat de fauna nativa como el jaguar y el mono araña.

En defensa del modelo económico turístico, el fallo libera a municipios afectados del impacto negativo de la industria pesada en costas, permitiendo enfocar la región a un desarrollo económico sustentable, preservando la plusvalía y el atractivo ecológico de la Riviera Maya. Cierra uno de los litigios ambientales más costosos en la historia de la entidad, ratificando que las leyes ecológicas locales y federales prevalecen sobre intereses extranjeros.

 La disputa legal creció tras las medidas de protección ambiental ante la extracción de piedra caliza en Playa del Carmen. Los reclamos de la minera incluían afectaciones a sus proyectos derivadas de cierres definitivos por daños ecológicos y la declaración del terreno como Área Natural Protegida. Tras la resolución, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que analizará a fondo el laudo para determinar los siguientes pasos legales.

La defensa legal de México ante el CIADI y en tribunales nacionales se fundamentó principalmente en la soberanía regulatoria para detener daño ambiental grave y abuso de concesiones por sobreexplotación e incumplimiento de volúmenes, ya que se demostró mediante peritajes que Vulcan Materials -a través de Calica/Sac-Tun- explotó el doble de piedra caliza originalmente autorizado en sus concesiones.

La minera aprovechó de forma desmedida la vigencia de los permisos otorgados en gobiernos anteriores, ampliando su zona de impacto ecológico sin la debida justificación regulatoria.

Asimismo, México documentó la destrucción total de tres cenotes por detonaciones y excavaciones pesadas en Playa del Carmen, pues las operaciones perforaron directamente suelo marino y manto acuífero subterráneo, alterando de forma irreversible la red de ríos subterráneos de Quintana Roo.

La devastación incluyó la deforestación de más de 1,200 hectáreas de selva, afectando manglares y destruyendo corredores biológicos de fauna en peligro de extinción.

Sobre la inexistencia de expropiación -soberanía regulatoria-, México argumentó que la creación del Área de Protección de Flora y Fauna de 53,000 hectáreas no fue confiscación ni expropiación indirecta de activos.

La Secretaría de Medio Ambiente demostró que los predios y la terminal marítima de Punta Venado siguen siendo propiedad legal de Vulcan. Lo único que se aplicó fue un “candado” de reserva natural que restringió la actividad industrial extractiva para proteger el ecosistema.

En un trato justo como inversor, antes de decretar el Área Natural Protegida, México acreditó haber actuado de buena fe ofreciendo una indemnización de entre 6 mil y 10 mil millones de pesos basados en un avalúo comercial oficial para comprarles los terrenos. La negativa de la empresa a aceptar el precio justificó el uso legítimo de las facultades decretales del Estado

Ahora bien, las obligaciones de Vulcan Materials por este fallo son la restauración ambiental obligatoria, derivado de fallos en tribunales federales mexicanos y del marco de negociación posterior al laudo, tras el cual la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la salida definitiva de la minera no detiene la exigencia del Estado, pues la remediación ambiental es un tema prioritario firme.

Entre las obligaciones legales y ambientales de la empresa se incluyen una obligatoria reforestación, por lo que debe financiar e implementar la restauración forestal de más de 1,200 hectáreas de selva deforestadas en cuatro décadas de explotación.

Según resolución del 23er Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, la empresa tiene orden judicial de diseñar y habilitar corredores de fauna silvestre para mitigar la fragmentación del hábitat de especies locales en peligro de extinción. Todas las tareas de remediación del suelo y rescate ecológico serán bajo control y aprobación estricta de la Semarnat.

Al perder prácticamente casi todas sus reclamaciones en el CIADI y consolidarse el decreto del Área Natural Protegida, Vulcan queda estrictamente obligada a no extraer un solo gramo más de piedra caliza ni reiniciar excavaciones profundas que perforaron manto acuífero y alteraron ríos subterráneos y cenotes de Quintana Roo.

En mesas de diálogo que mantiene el gobierno mexicano, se plantea un acuerdo de salida donde Vulcan podría recibir un sitio alternativo o flexibilidad logística en su terminal marítima de Punta Venado, sólo si se compromete a pagar y concluir la remediación total del sitio original dañado.

Como era de esperarse, la postura del Congreso de los Estados Unidos fue de firme rechazo y condenó las acciones regulatorias de México, a lo que calificó de “expropiación ilegal o de facto” de los activos de Vulcan Materials. A lo largo del conflicto, Cámara de Representantes y Senado implementaron medidas de presión política y legislativa.

Así, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que autoriza al presidente de EE. UU. a negar accesar a sus puertos a cualquier barco que utilice la terminal marítima de Punta Venado o infraestructura considerada “expropiada” por México.

Es una iniciativa de sanciones directas, senadores republicanos y demócratas, liderados por Bill Hagerty y Tim Kaine, respectivamente, impulsaron reformas para bloquear comercialmente a empresas o embarcaciones vinculadas con la explotación de esos predios en Quintana Roo.

Además, más de 35 legisladores enviaron cartas exigiendo la intervención directa de su gobierno, argumentando que permitir el cierre de Calica sentaba peligroso precedente para la seguridad de todas las inversiones estadounidenses en territorio mexicano, por lo que presionaron al secretario de Estado, Antony Blinken, declaró ante el Senado que las acciones de México contra Vulcan no eran una buena forma de atraer inversiones.

El Congreso estadounidense logró incrustar formalmente el caso Calica como uno de los 54 temas prioritarios de queja dentro del proceso de revisión y renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)

En respuesta, Claudia Sheinbaum dijo que las leyes estadounidenses contra la expropiación no aplican ni afectan a México. La postura fue contundente: No existió expropiación ni confiscación, sino decreto legítimo y soberano de un Área Natural Protegida sustentado en la legislación ambiental.

Con todo, el fallo del CIADI tiene impacto político y estratégico profundo en la revisión del T-MEC, pues el fin de este arbitraje internacional cierra un frente legal multimillonario, pero traslada la tensión directamente a las mesas de negociación comercial tripartita, en periodo complejo de revisiones anuales.

En impacto directo en el proceso del tratado, se desactiva la “carta de la expropiación” para EE. UU. El tribunal internacional decidió que las acciones ambientales de México no constituyeron una expropiación ilícita ni un “robo” de propiedad, con lo que desestimó 99% de la indemnización solicitada.

Como ventaja, al quedar el pago en una cantidad simbólica -entre 15 y 17 millones de dólares por la clausura de 2018-, los negociadores de la Secretaría de Economía acuden a la revisión sin la presión de un adeudo masivo, lo que debilita el argumento estadounidense de violar sistemáticamente México el Estado de Derecho del tratado.

A pesar del laudo legal, el Congreso de EE. UU. mantiene el caso Calica indexado formalmente como uno de sus 54 puntos de queja prioritarios en la agenda de revisión: Figuras del “ala dura” de Washington -que impulsaron la Ley de Defensa de la Propiedad Americana en el Extranjero- usarán el veredicto para acusar al tribunal de “tibieza” e intentarán condicionar ratificar acuerdos específicos del T-MEC a que México reactive la concesión portuaria de Punta Venado o ceda facilidades logísticas a Vulcan.

El fallo, por otro lado, sienta un precedente trascendental sobre cómo se balancea la protección de inversiones extranjeras frente a las leyes ambientales en Norteamérica. México demostró que los decretos de conservación ecológica son válidos, lo que dará pie, en la agenda del T-MEC, a defender más firme la sustentabilidad y transición energética ante quejas de corporaciones extranjeras.

Coincide con la activación formal del mecanismo de revisiones anuales del T-MEC -tras que EE. UU. rechazó la propuesta de México y Canadá de extender automáticamente el tratado 16 años más-, en un escenario de escrutinio constante que durará hasta 2036, pero México usará el laudo del CIADI como escudo legal para frenar las amenazas arancelarias o comerciales derivadas de este conflicto minero.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

Información completa sobre el currículum vitae, en este link:

https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html

Comentarios

Entradas populares de este blog

Triste adiós de Mara, ¡pero “hinchada” de billetes!                                                                                       Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO* A unas horas de su cuarto, penúltimo informe, la gobernadora Verde, Mara Lezama, atraviesa por el peor año de despedida para un mandatario estatal, sólo comparable con el del ex gobernador Mario Villanueva Madrid, pues es rechazada por todo mundo, incluso por Morena, que la postuló hace 4 años, aunque para nadie es secreto que su verdadero partido es el “Ecológico”. Lo último de su mala racha, que algunos despistados pretenden calificar como campaña política en su contra, excepto para los que hemos seguido paso a paso sus yerros...
Por $2 mil millones, ¡el prófugo más codiciado!                                                                                       Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO* Subsecretario Técnico Hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación  con Roberto Borge y ex funcionario de Félix González, Eliezer Manuel Villanueva Lanz, sigue siendo uno de los prófugos más ambicionado para ser enviado al penal por las autoridades por estar formalmente investigado y perseguido como persona clave en Quintana Roo como operador financiero. Con una situación “menos” grave, el Gobierno del Estado presentó denuncias ante su Fiscalía General  y la Procuraduría General de la República por involucrarlo c...
¡Otro secuestrado y seis detenidos en Chetumal!                                                                                       Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*          Como parte de la búsqueda del militar José Luis Islas Suárez, secuestrado el jueves en Subteniente López, localizado vivo al día siguiente tras escapar de sus captores en un descuido, las autoridades detectaron a otro secuestrado en una casa de seguridad de la Col. López Mateos de Chetumal y detuvieron a seis delincuentes, aunque también se dice que el nuevo hallazgo se relaciona con el “levantón” de los universitarios en el boulevard. En el caso del mílite, la Secretaría de Segurida...