Triste adiós de Mara, ¡pero “hinchada” de billetes!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
A unas horas de su cuarto, penúltimo
informe, la gobernadora Verde, Mara Lezama, atraviesa por el peor año de
despedida para un mandatario estatal, sólo comparable con el del ex gobernador
Mario Villanueva Madrid, pues es rechazada por todo mundo, incluso por Morena,
que la postuló hace 4 años, aunque para nadie es secreto que su verdadero
partido es el “Ecológico”.
Lo último de su mala racha, que
algunos despistados pretenden calificar como campaña política en su contra,
excepto para los que hemos seguido paso a paso sus yerros, fue la declaración
de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, quien rechazó públicamente las conductas señaladas de la mandataria de Quintana
Roo, y dijo ser su responsabilidad dar explicaciones.
Con todo, aunque para la opinión
pública sólo le ha funcionado el arte de posar para la fotografía y “hablar
bonito”, Mara Lezama se ha “hinchado” de una millonaria, incalculable e
inconfesable fortuna, que ya le envidiarían cualquiera, la más reciente por sus
públicos nexos con el “huachicol” y las factureras de Tabasco.
Ampliamente difundido por redes sociales,
el impacto político de los señalamientos que vinculan a su “gobierno” con estos
ilícitos, se traduce en grave crisis de credibilidad, tensiones con el gobierno
federal y debilidad de su hegemonía de cara a su cuarto informe de este domingo
y la inminente sucesión gubernamental.
En efecto, revelaciones de Mexicanos Contra la Corrupción evidencian que, junto con varios
municipios, otorgaron más de 151 millones de pesos en contratos a firmas
vinculadas con “Tabasco Capital”, empresa “facturera” a la que investiga la
Fiscalía General de la República (FGR) por contrabando de combustible ilícito,
el “huachicol”.
Como ejes del impacto político por
Mara Lezama, se incluye una abierta contradicción con el discurso federal, ya
que golpea directamente la bandera anticorrupción de la llamada Cuarta
Transformación en un momento sensible, obligando a figuras de Morena a
desmarcarse o exigir aclaraciones.
Respecto a la presión de
fiscalización federal, la intervención de la FGR y la identificación de redes de
simulación de competencia en licitaciones locales, colocan a su gestión bajo
lupa directa de los órganos de justicia de la Federación.
Al estar involucrados municipios que gobiernan
Morena y Verde -como Tulum, Benito Juárez y Cozumel-, el escándalo genera
tensiones e incertidumbre sobre la cohesión y costos políticos que el segundo cobrará
para mantener la “unidad”.
El caso amplifica el descontento
público al sumarse a investigaciones periodísticas paralelas por el uso recurrente
de vuelos privados de lujo y contratos previos asignados a empresas
cuestionadas, debilitando la defensa de supuesta “austeridad” del gobierno
estatal.
Pero, además, otro impacto político
es la “fuga” de capital político hacia oposición y disidencias, ya que el golpe
reputacional se provee de armamento discursivo y fortalece liderazgos
morenistas internos que buscan posicionarse en el relevo gubernamental.
El
caso es que la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción reveló que, entre 2023 y
2024, se asignaron más de 151 millones de pesos a cinco empresas vinculadas por
socios, apoderados y domicilios con “Tabasco Capital”, investigada por la FGR por
facturera en tráfico ilegal de combustibles, ligada al empresario Raúl Rocha
Cantú, copropietario de Miss Universo.
Los
recursos públicos los distribuyeron el Gobierno del Estado y Ayuntamientos de
Morena y el Verde: Por Mara Lezama, más de 74.3 millones de pesos; por Ana
Patricia Peralta, en Benito Juárez, 45.9 millones; por Diego Castañón Trejo, de
Tulum, 21.3 millones, y por José Luis Chacón Méndez, en Cozumel, 9.9 millones.
Los
contratos se destinaron a obra pública -pavimentación, alumbrado, parques,
canchas deportivas y mejoramiento de escuelas- a empresas como Contraindustrial
y de Servicios SIMMA (62.4 millones), AF Instalaciones (25.1 millones), Construservicios
ESL (23.7 millones), Constructora 112029 (22.7 millones) y Comercializadora
Mexqro (17.6 millones)
La
denuncia, publicada en medios nacionales, destaca que las compañías simularon
competencia. Por ejemplo, en una licitación pública en Tulum para construir un
corredor en Laguna de Cobá, participaron simultáneamente Construservicios ESL,
Constructora 112029 y SIMMA, pero, al revisar las actas comerciales, las
primeras compartían el mismo domicilio fiscal en Querétaro, mientras la tercera,
oficinas y flujos financieros con Tabasco Capital.
La
investigación también identificó a personajes clave que fungen como socios,
administradores y apoderados legales, entrelazando a las constructoras
contratadas en Quintana Roo con la red de huachicol fiscal de Tabasco Capital.
Los
nombres principales divididos por las conexiones de la red son, primero, el operador
financiero de la red de huachicol, Jacobo Reyes León, documentado por la FGR como
uno de los operadores financieros de la estructura de contrabando de
combustible ligada a Rocha Cantú, que recibió transferencias directas de
Tabasco Capital.
Otro
más es Gerardo Ovando (a) “Yayo”, identificado en informes de inteligencia
militar como encargado de logística, emisión de facturas y reportes de viaje
para legalizar el hidrocarburo de la red.
Por
su parte, Daniel de la Flor López es figura central en dos empresas. En mayo de
2020 compró la mayoría de las acciones de Construservicios ESL y se convirtió
en su apoderado y administrador único, al mismo tiempo que socio fundador y administrador
único de AF Instalaciones hasta junio de 2024.
Hugo
Carmona Velázquez, aparece de forma cruzada en el entramado. En 2017 fue
nombrado apoderado legal de Construservicios ESL y años más tarde, el Registro
Público de Comercio lo ubicó como socio de SIMMA, empresa que comparte
domicilio con la facturera de huachicol.
Otros
nombres son Lina del Carmen López Mier, socia fundadora de AF Instalaciones
junto a Daniel de la Flor y Brenda Devi Ortiz Ramírez, nueva administradora de
AF Instalaciones en junio de 2024 tras salir De la Flor.
El
Eje de SIMMA -vínculo directo a Tabasco Capital- es Salvador Ramírez Cortés,
quien fue representante legal de SIMMA, encargado de firmar propuestas de
licitación ante la Secretaría de Obras Públicas de Quintana Roo en 2023, cuando
declaró como domicilio de la empresa en San Martín de Porres (Querétaro),
búnker fiscal de la red de huachicol.
Tanto
él como Carmona Velázquez vendieron sus partes de SIMMA en julio de 2024, justo
cuando la empresa modificó su objeto social para poder comercializar derivados
del petróleo.
Adrián
León Ayala y González Téllez, dueños originales de SIMMA, vendieron todas sus
acciones a Daniel de la Flor y Rafael Cocco Castro.
Según
registros oficiales y actas de licitación revisadas por MCCI, los socios y apoderados clave que firmaron los
documentos para recibir el dinero público en Quintana Roo son Ramírez Cortés -vínculo
de SIMMA-, quien firmó en noviembre de 2023 como representante legal invitación
y propuestas técnicas para una licitación con Obras Públicas.
Al
firmar, declaró que el domicilio fiscal de la empresa era San Martín de Porres-111,
en Querétaro, la misma utilizada por Tabasco Capital.
Previo,
en 2021, la misma empresa firmó contrato con la Comuna de Tulum, pero con otra
dirección -Senda Eterna 332- que usaría Comercializadora Mexqro, otra de las
empresas del esquema.
Por
su parte, Daniel de la Flor -eje Construservicios ESL/AF Instalaciones-, fungió
como firma principal y administrador único para la asignación y cobro de
contratos de obra pública de Construservicios ESL y AF Instalaciones. Bajo su
gestión y firma, ambas empresas obtuvieron contratos millonarios con Mara
Lezama, Benito Juárez y Tulum.
De
la Flor López firmaba las obras al tiempo que operaba como accionista
mayoritario y administrador único de Tabasco Capital, conectando de manera
directa el dinero de Quintana Roo con la red de “lavado” de combustible.
Carmona
Velázquez firmó representación en dos vías cruzadas. Aparece en trámites y
contratos comerciales como apoderado legal de Construservicios ESL -desde 2017-
y luego en el Registro Público como socio directo en SIMMA. Su firma y nombres
sirvieron para que ambas simularan competir entre sí en licitaciones de Tulum.
El
caso más evidente de firmas cruzadas fue en Tulum, en la licitación del malecón
de Laguna de Cobá, donde concursaron tres empresas supuestamente distintas:
Construservicios ESL -Maniobrada por la firma de Daniel de la Flor-, SIMMA (firmada
por Ramírez Cortés)
En
los expedientes firmados, Construservicios ESL y Constructora 112029 entregaron
documentos con el mismo domicilio exacto en Querétaro -avenida de la Salvación
791-, mientras que SIMMA compartía oficinas y flujos financieros de la
facturera ilegal.
En
Benito Juárez (Cancún), supuestamente gobernado por Morena, se asignaron 45.9
millones de pesos a las empresas de este entramado. Según Mexicanos contra la Corrupción, los recursos se ejercieron
principalmente a través de contratos de obra pública enfocados en
infraestructura urbana.
El
desglose de la participación de estas compañías en el Ayuntamiento es, para Comercializadora
Mexqro, una de las principales con contratos vigentes, como empresa que comparte
domicilio fiscal Senda Eterna-332, en Querétaro, ubicación usada alternadamente
por la red para tramitar concursos en Cancún, Cozumel y Tulum.
Por
su lado, Construindustrial y de Servicios SIMMA participó activamente de la
bolsa de recursos para infraestructura de vialidades y alumbrado en el norte
del Estado.
AF
Instalaciones-Construservicios ESL, ambas operadas directamente bajo la firma
de Daniel de la Flor -fungía simultáneamente como administrador de Tabasco
Capital-, recibieron asignaciones del presupuesto de Cancún para mejoramiento
urbano.
Las
obras contratadas bajo este monto global de 45.9 millones, incluyeron proyectos
de alumbrado público, pavimentación de calles, remodelación de parques y
acondicionamiento de áreas deportivas en diversas colonias.
Al
comparar los 45.9 millones que gastó Cancún con parte del dinero repartido en
Quintana Roo, resulta que el Gobierno del Estado concentró la mayor parte de
los recursos, operando de la siguiente manera:
Gobierno
de Mara Lezama, más de 74.3 millones de pesos -la bolsa más grande-; Cancún, 45.9
millones (segundo lugar), y el resto de municipios -Tulum y Cozumel- 31.3
millones combinados.
Sobre
la diferencia en el tipo de obras, Cancún se enfocó en urbanización, con dinero
destinado exclusivamente a infraestructura interna, pavimentación, alumbrado
público y parques urbanos, mientras el Estado lo hizo en escuelas, donde
canalizó gran parte del dinero a través del Instituto de Infraestructura Física
Educativa para remodelar escuelas de educación básica y media superior.
Mientras
Cancún repartió fondos principalmente entre Comercializadora Mexqro y SIMMA, Mara
Lezama concentró fuertes pagos en AF Instalaciones y Construservicios ESL,
aunque ambos niveles de gobierno validaron al mismo grupo de socios -encabezados
por Daniel de la Flor López- para infraestructura pública del Estado.
En
Benito Juárez, la zona más emblemática y con el proyecto de mayor impacto
asignado a la red fue el Parque de Las Palapas, centro histórico de la ciudad,
donde concentraron originalmente 26.5 millones de pesos, pero, por
modificaciones contractuales, el costo final superó 44 millones.
La
obra consistió en ampliación, remodelación integral y modernización de la plaza
pública más importante para los cancunenses, y al ser ejecutada por SIMMA, los recursos
de esta obra emblemática se gestionaron bajo el mismo domicilio fiscal de la
facturera Tabasco Capital.
El
resto de los fondos en el municipio -1.9 millones de la bolsa total de 45.9
millones- se dispersó en contratos complementarios de Comercializadora Mexqro y
SIMMA para infraestructura en zonas habitacionales.
Por
ejemplo, en rehabilitación de vialidades, la pavimentación de tramos viales y
bacheo profundo en avenidas secundarias de las regiones del norte y periferia
de Cancún -Supermanzanas de interés social); y alumbrado público, instalación y
sustitución de luminarias urbanas en sectores con alto índice delictivo o falta
de infraestructura básica.
Aunque
fuera de Cancún, SIMMA replicó exactamente este modelo de parques urbanos en Playa
del Carmen, ganando 16.9 millones de pesos para rehabilitar el segundo parque
del fraccionamiento Villas del Sol.
Para
terminar, ante todas estas irregularidades que toleró y encabezó Mara Lezama,
es de esperarse que, al término de su cuestionada gestión, no corra con Claudia
Sheinbaum la misma fortuna que su antecesor, Carlos Joaquín González, panista sorpresivamente
“premiado” por el gobierno morenista de López Obrador, con la embajada de México
en Canadá.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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