“Apagones” masivos de CFE, ¿prevenibles y previsibles?
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Aunque está reservado por investigaciones y peritajes el lugar exacto de la infraestructura que atacaron vándalos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), seis municipios de Quintana Roo sufrieron de forma inmediata el corte masivo de luz, el “apagón” de más de 7 horas que se prolongó hasta las 5 de la madrugada, y hasta hoy no hay detenidos.
Los afectados fueron Cancún, Playa del Carmen,
Tulum, Cozumel, Isla Mujeres y Othón P. Blanco, mientras en Yucatán afectó Mérida,
Kanasín y Hoctún; en Campeche, zonas de su capital y áreas circunvecinas, y en
Chiapas, regiones del norte y centros urbanos.
La CFE confirmó que personal especializado ingresó a zonas
de difícil acceso para reemplazar las cadenas de aislamiento dañadas -reportes
locales señalan disparos a distancia hacia los discos aisladores de las torres-,
por lo que coordinó sus trabajos con el Ejército para resguardo del perímetro.
El
masivo apagón en la Península de Yucatán del lunes lo provocaron actos de
vandalismo, similares a las del mismo corredor eléctrico el 3 de junio, y causó
la desconexión de dos líneas de transmisión de alta tensión de 400 kV. Los daños
ocurrieron de forma específica en aisladores de dos estructuras de alta
tensión, forzando la salida del sistema eléctrico regional.
Así,
el origen del problema fue la desconexión imprevista de las dos líneas de alta
tensión clave para el flujo eléctrico del Sureste, masivamente a Yucatán y
Quintana Roo, y de forma parcial a sectores de Campeche y Chiapas, por lo que ciudades
como Mérida y zona hotelera-urbana de Cancún -con más de 20 regiones a oscuras con
temperaturas de 37 grados- provocaron caos vial por semáforos apagados y caídas
de telefonía.
Aunque
algunos dicen que se dio con los culpables del
vandalismo, autoridades federales y la CFE sólo informan que se realizaron
peritajes y se interpuso denuncia formal ante la Fiscalía General de la República
(FGR) para localizar a los responsables.
La
buena noticia es que los apagones masivos son prevenibles y previsibles en gran
medida, pero prevenirlos depende directamente de la causa que los origina,
aunque en el caso de un ataque por vandalismo o sabotaje -como el de ahora-,
anticipar el momento exacto del daño es casi imposible, pero sí existen fallas
del sistema que la infraestructura debería mitigar.
En
este sentido, cuando se satura la demanda, el aumento de consumo por olas de
calor se anticipa con pronósticos meteorológicos, pero se puede prevenir
activando plantas de reserva, mientras que cuando hay falta de mantenimiento, el
desgaste de transformadores y líneas de transmisión se detecta con revisiones
programadas y termografía aérea.
Ante
la falta de redundancia, un sistema robusto debe contar con caminos alternos para
la electricidad, por lo que si una línea falla, otra debe absorber la carga
automáticamente para evitar un apagón generalizado o “efecto dominó”.
Por
otro lado, se puede hablar de eventos no previsibles, pero sí mitigables, como con
el vandalismo y sabotaje, ya que es imposible adivinar cuándo alguien dañará
una torre de alta tensión en zonas aisladas, pero se previene aumentando vigilancia
física, utilizando drones y blindando accesos a las estructuras.
Asimismo,
la caída de un rayo o el choque de un vehículo contra un poste ocurren al azar,
pero el sistema debe estar diseñado para aislar la falla de forma inmediata y
que afecte a menos usuarios.
En
otro orden de idea, la falta de mantenimiento influye de forma crítica y
decisiva en la frecuencia, magnitud y duración de los apagones. Aunque la CFE adjudicó el fallo al acto externo de
vandalismo, especialistas del sector eléctrico y autoridades coinciden en que
el impacto de cualquier evento humano o natural, se magnifica cuando falta adecuado mantenimiento.
La
falta de inversión y atención técnica influye directamente a través de factores
como debilidad ante fallos menores o “efecto dominó”.
Un
sistema eléctrico con mantenimiento óptimo cuenta con redundancia y aislamiento
de fallas, pero si los equipos de protección en subestaciones no reciben
calibración constante, no logran frenar una sobrecarga local, por lo que un
incidente en un punto -como el daño a dos líneas de ayer- obligue a salir de
operación a centrales enteras por seguridad, convirtiendo un problema local en
apagón regional.
Otro
factor es la vulnerabilidad de infraestructura rural y urbana, como falta de
brechas y poda: En el sureste, la vegetación crece rápido y si la CFE no limpia
ramas cercanas a cables de conducción, los árboles provocan constantes
cortocircuitos con vientos menores.
Además,
aisladores, transformadores y cables expuestos al calor extremo y salitre de la
Península se degradan más rápido. Sin un reemplazo programado, están “sentenciados”
a colapsar ante mínima variación de voltaje.
Mantenimiento
no es sólo arreglar lo viejo, sino tener la logística lista para emergencias.
Cuando las cuadrillas locales carecen de suficientes refacciones o vehículos
óptimos por recortes presupuestales, las maniobras que deberían demorar un par
de horas se extienden toda la noche.
En
México, el mantenimiento del sistema eléctrico es insuficiente y desigual,
caracterizado por la marcada contradicción entre discursos oficiales de
inversión y realidad operativa que enfrentan los usuarios.
Por
un lado, la Comisión defiende
aplicar programas preventivos masivos y reporta mejoras estadísticas, pero, por
otro, ingenieros, consultores energéticos y cámaras empresariales señalan
rezago estructural crítico con razones técnicas, financieras y de gestión que lo
explican.
De
entrada, los recortes financieros presupuestales hincados en la operación, pues
aunque se anuncian miles de millones de pesos en planes de inversión a mediano
plazo -como el plan de infraestructura 2025-2029-,
el presupuesto neto programable de la CFE ha sufrido reducciones reales
consecutivas.
Su
gasto operativo real se vio castigado para priorizar al pago de intereses de su
deuda, lo que limita el dinero en efectivo que fluye de forma inmediata a las
superintendencias para comprar refacciones de calidad.
Como
“cuello de botella”, el mantenimiento se concentra históricamente en plantas de
generación de energía, descuidando líneas de transmisión -cables de alta
tensión que viajan por el país- y redes de distribución -postes y
transformadores de las colonias.
Al
no modernizar transformadores al mismo ritmo que crece la población y el uso de
aires acondicionados, el equipamiento trabaja al límite de su capacidad térmica
y provoca fallas masivas ante cualquier imprevisto.
La
versión de la CFE es afirmar que en 2026 las interrupciones de servicio a nivel
nacional disminuyeron 37% respecto a años anteriores, por millones árboles podados
y un tiempo más ágil de restablecimiento de fallas.
No
obstante, expertos aclaran que el mantenimiento es predominantemente correctivo
-apagar fuegos y parchar el sistema cuando ya falló- y no predictivo o
preventivo de cambiar piezas antes de colapsar, por lo que regiones aisladas o
con climas extremos, como la Península de Yucatán o las costas, vivan constante
fragilidad energética.
Por
cierto, al cierre del segundo trimestre de 2026, la deuda financiera de la CFE es
de 481,438 millones de pesos.
Pese
a equivaler cerca de 1.3% del PIB de México, el reporte más reciente entregado
a la Bolsa Mexicana de Valores y analizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad
muestra ligera reducción de 1% respecto al año anterior.
En
un desglose de obligaciones, su deuda financiera -bancos y mercados- se ubica
en esos 481,438 millones, y aunque bajó ligeramente, analistas financieros
advierten que sigue siendo la segunda cifra más alta registrada para un primer
semestre desde 2018.
Su
rubro de deuda con proveedores y contratistas muestra una tendencia preocupante
al alza de 74,499 millones de pesos, lo que significa un incremento de 10.6% el
último año, lo que impacta directamente a las empresas privadas que le venden
insumos, tecnología y servicios de logística.
Además,
más de 50% de la carga de la deuda de la CFE está en dólares y ante la
volatilidad del tipo de cambio, aumentó el costo de pagar intereses y provocó
que sus utilidades netas cayeran 30.7% la primera mitad del año.
Paradójicamente,
mientras arrastra estos pasivos, los gobiernos estatales, municipales y
dependencias también le deben dinero, con una deuda acumulada que creció 25%,
alcanzando 50,764 millones de pesos.
Su
deuda se divide en inversionistas internacionales y nacionales -tenedores de
bonos-, banca comercial y de desarrollo, y empresas privadas proveedoras de
servicios, por lo que, al ser una empresa de Estado, no le debe sólo a una
entidad, sino a cientos de financieras que financian su operación diaria y
proyectos de infraestructura.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html

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