¡Aparente despido en SESA y defensa de Mara!
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
No, no fue Flavio Carlos Rosado, y aunque legal y administrativamente persiste la
pesquisa por los medicamentos caducados de Servicios Estatales de Salud (SESA) en
Subteniente López contra su director administrativo, Álvaro Arturo Cruz Mena;
su encargado de almacén, Luis Enrique Velázquez, y el jefe de Departamento
adscrito al área de Adquisiciones, Manlio Hoy Brito, aparentemente ya hubo un primer
despedido.
Se trata del director de
Administración y Servicios, Guillermo Alberto Pinto Aguilar -se dice que el mismo se retiró., en tanto que la
investigación federal, a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno,
mantiene en resguardo bodega y documentación, registrando la destitución por
anomalías en inventarios de salud de Quintana Roo.
Sobre el principal responsable, el titular de
la dependencia, Carlos Rosado, insiste en protegerlo la gobernadora Verde, Mara
Lezama, a quien cuestionaron sobre las irregularidades de SESA durante una “La
Mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero después de negarlo se
refirió a otros temas, entre ellos el del despido de un funcionario de Cofepris
en Tulum.
Por
cierto, Álvaro Arturo Cruz Mena, quien fungía como
subdirector de Recursos Financieros, se convirtió en relevo de Pinto Aguilar,
sobre quien se ignora si fincarían responsabilidades administrativas o penales.
El estatus del caso y hallazgos clave de
auditorías detallan que siguen bajo lupa los otros tres altos mandos, éstos
vinculados al manejo de los recursos y compras públicas.
En
tanto, sigue asegurada la bodega, así como todos los libros de control del
almacén para evitar alteración de datos, pues los hallazgos incluyen manipulación
de inventarios con traslado ilegal de medicamentos desde clínicas y hospitales al
almacén auditado con intención de un “encuadre manual” para coincidir existencias
físicas con reportes financieros.
Con
todo, la investigación se concentra en el almacén, donde se hallaron cientos de
miles de fármacos prioritarios caducados y lotes enteros de insumos médicos
destruidos por humedad y filtraciones de agua.
La
indagatoria rastrea cómo estas compras excesivas o negligencias administrativas
terminaron por generar un desabasto simulado en centros de salud locales,
obligando a derechohabientes a surtir recetas con dinero propio mientras las
medicinas oficiales caducaban en estanterías.
Por
su parte, la Auditoría Superior de Quintana Roo (ASEQROO) actúa con rol
estrictamente técnico y de fiscalización, por lo que no emite “opiniones
personales o políticas”, sino dictámenes, recomendaciones y pliegos de
observaciones basados en revisiones de la Cuenta Pública.
En
relación con manejo, almacenamiento y control de medicamentos e insumos médicos
de SESA, su función y postura técnica se enfocan en función fiscalizadora, postura
e investigaciones recientes, y criterio técnico u opinión institucional.
Como
órgano técnico del Poder Legislativo, tiene obligación legal de auditar que los
recursos financieros asignados a SESA para comprar fármacos se apliquen con
criterios de eficiencia, eficacia y economía.
Ante
el hallazgo de los medicamentos caducados, sus funciones fueron auditar
inventarios, verificar que existencias físicas en almacenes coincidan con
registros contables y administrativos, así como detectar daño al erario:
Evaluar si la pérdida de medicamentos por caducidad o mal resguardo -como
humedad o descuido- configura daño patrimonial al Estado, ya que se pagó con
recursos que no beneficiaron a la población.
Finalmente,
fincar responsabilidades en caso de hallar negligencia, compras excesivas
injustificadas o dolo, por las que emite “promociones de responsabilidad administrativa
sancionatoria" ante órganos internos de control o el Tribunal de Justicia
Administrativa.
Por
cierto, el manejo de almacenes de SESA recién estuvo bajo intenso escrutinio
fiscalizador con investigación por manipulación y pérdidas, donde sus auditore
detectaron no sólo productos caducados y cajas dañadas por humedad, sino
también presuntos traslados irregulares de medicamentos entre centros de salud
a un almacén para intentar “cuadrar” de forma artificial las revisiones físicas
de inventario.
Dado
que parte importante del presupuesto de salud proviene de fondos federales -como
el IMSS-Bienestar o participaciones federales-, la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) y la Secretaría Anticorrupción atrajeron las indagatorias
principales para determinar si hubo desvío de recursos o compras a sobreprecio
de lotes próximos a vencer.
En
sus informes de auditoría, ASEQROO sostiene el criterio de que la acumulación
de fármacos vencidos es debilidad administrativa crítica que impacta
directamente al desabasto, y su recomendación técnica es exigir a SESA
robustecer controles de Primeras Entradas y Primeras Salidas, sancionar
omisiones del personal de almacén y simplificar procesos para dar de baja y
destruir de manera correcta residuos peligrosos bajo normativas ambientales.
Ahora
bien, determinar si “cumplió su papel” es un tema complejo que divide opiniones
entre criterios institucionales y percepción ciudadana, pues mientras que en el
papel cumple con documentar fallas financieras, la falta de sanciones contundentes
genera críticas sobre su efectividad real.
Lo
que sí cumplió desde una perspectiva puramente técnica y de procedimiento, es
identificar y reportar deficiencias administrativas en las Cuentas Públicas de SESA,
integrar en informes anuales observaciones sobre falta de controles de
inventario, y confirmaron que la pérdida de medicamentos por caducidad o mal
estado impacta el abasto en clínicas y hospitales de comunidades vulnerables.
La
principal crítica en su contra es que sus observaciones rara vez se traducen en
castigos ejemplares para funcionarios de alto nivel, lo que genera percepción
de ineficacia y pasividad. La evidencia más clara de que su fiscalización se
quedó corta es la intervención de la Secretaría Anticorrupción y autoridades
federales.
La
investigación federal se activó tras revelarse un escándalo mayor en el almacén
central de SESA, no sólo por el hallazgo masivo de fármacos vencidos y dañados
por humedad, sino la manipulación deliberada de lotes médicos para engañar a
auditores.
Colectivos
ciudadanos y legisladores de oposición señalan que la ASEQROO tarda demasiado
en actuar. Medicamentos e insumos inservibles han permanecido abandonados años
en bodegas comunales de localidades como San Cosme, en Lázaro Cárdenas, antes
de recibir atención o retiro oficial.
El
grueso de la ciudadanía percibe que su papel es meramente “tramitológico”,
pues, aunque emite pliegos de observaciones, sus procesos se alargan por años y
terminan en amonestaciones menores o multas mínimas a mandos medios, mientras que
las cabezas de las dependencias eluden responsabilidades directas, como Carlos
Rosado.
En
conclusión, si evaluar su papel implica emitir papeles e informes contables, sí
cumple, pero si implica frenar negligencia en almacenes de salud, sancionar
responsables y evitar daño al erario, su actuación sigue siendo insuficiente, y
requiere ser desplazada por órganos fiscalizadores federales.
Por
su parte, la Secretaría Anticorrupción aceleró drásticamente sus
investigaciones en torno al desabasto y acumulación de fármacos vencidos, y aunque
el escándalo se concentró en casos masivos, como los 18.4 millones de
medicamentos caducados en el Hospital Infantil de México, el caso de Quintana
Roo sumó un nuevo capítulo bajo lupa federal.
Los
avances de su investigación arrojan datos alarmantes sobre el modus operandi y
funcionarios involucrados, ya que puso bajo cerco especial al almacén de SESA,
y aunque aún procesa el inventario exacto pieza por pieza para el dictamen
final, denuncias e inspecciones técnicas revelaron grandes cantidades de
medicamentos e insumos médicos mojados, inservibles, dañados por humedad y
caducados.
Las
autoridades federales, que encabeza la titular de la Secretaría, Raquel
Buenrostro, abrieron una línea de investigación que apunta a dos frentes
específicos de la administración de salud en Quintana Roo, uno de ellos el
personal directivo-operativo del almacén, al que se investiga por negligencia
administrativa grave y posible dolo por el pésimo resguardo físico de materiales.
El
otro frente es el Área de Adquisiciones, toda vez que busca determinar si
existieron compras excesivas e intencionales de lotes próximos a vencer, lo que
configuraría un millonario daño patrimonial.
Colectivos
ciudadanos y personal médico insisten en que estas fallas operativas se
agudizaron porque Carlos Rosado está más enfocado en posicionar su imagen con
aspiraciones políticas en Isla Mujeres, delegando el control operativo de los
almacenes.
¿Qué
sigue ahora? La Secretaría Anticorrupción cruza fechas de compra y caducidad
para determinar el monto del daño económico. La meta es simplificar procesos
para retirar toneladas de basura médica e iniciar procedimientos sancionatorios
o denuncias penales contra responsables del área médica y de compras de SESA.
Mientras,
“El chilango” Carlos Rosado, trascendió, pretende renunciar al cargo para irse
a campaña y anda en eventos y recorridos en Isla Mujeres, por lo que es difícil
encontrarlo en Chetumal, pues pretende ser postulado candidato a alcalde de Isla
Mujeres, aunque no es originario ni vive en la ínsula.
Por
ese motivo ha desatendido sus múltiples responsabilidades en materia de salud
para los que fue nombrado, mientras SESA mantiene un adeudo por más de 213.7
millones de pesos.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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