Los 13 secuestrados, ¡un caso para la araña!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Utilizado de forma irónica o divertida para referirse a un misterio doméstico exagerado, chisme enredado o una situación ridículamente difícil de resolver, el título de la columna encaja perfectamente con el reciente caso de los 13 secuestrados en el municipio de Bacalar, ante el surgimiento de una serie de cuestionamientos e “investigaciones” de la Fiscalía General del Estado.

El primer caso se refiere a que, en realidad, no habrían sido 13, sino 14 las víctimas, ya que se omitiría oficialmente el nombre ¡de una mujer!, esposa de uno de ellos, el mecánico Sergio Armando Melken Constantino, el ex estudiante de Derecho que acudió al lugar para reparar un volquete, suponemos que acompañado de su cónyuge.

Por otro lado, tanto el contratista de la empresa Steel Constructora, el Ing. Alfonso Coronado, como Melken Constantino, son investigados por el Ministerio Público porque la localización de los 13 secuestrados no extingue el delito ni detiene las pesquisas criminales, y aunque la Fiscalía General del Estado ya desactivó las fichas de búsqueda tras hallarlos con vida, el expediente sigue abierto por razones jurídicas y operativas.

Una de ellas es el esclarecimiento de los hechos, ya que, por protocolo, las víctimas recuperadas deben rendir ante el Ministerio Público su declaración formal para determinar cómo ocurrió la privación ilegal de la libertad, causa del traslado forzado y condiciones en las que estaban retenidos.

Tanto privación ilegal de la libertad como desaparición cometida por particulares, son delitos graves que se persiguen de oficio, por lo que la autoridad está obligada a identificar, localizar y capturar al comando armado responsable de la irrupción, aunque los afectados ya estén a salvo.

Tanto contratista como el mecánico, que acudió sólo a reparar un camión pesado de la obra, son piezas clave para la investigación, ya que sus testimonios permiten indagar si la empresa o las obras de construcción en la zona de Bacalar estaban siendo extorsionadas con cobro de piso o amenaza de células delictivas, en este caso el Cártel de Caborca, líneas de investigación de la Fiscalía.

Respecto a la supuesta desaparecida 14, a la que no se habría mencionado para no alborotar más las cosas, no obstante, en procesos de desaparición, el familiar directo que acude al Ministerio Público a reportar el hecho -en este caso, presuntamente ella, a denunciar la no localización de su esposo- actúa en calidad de denunciante o testigo. Sus datos generales se mantienen bajo estricta reserva de ley para proteger su integridad.

La identidad del propietario o accionistas mayoritarios de Steel Constructora -con sede en Alfredo V. Bonfil- se mantuvo bajo reserva, aunque, según registros comerciales y directivos de la firma, el director general resultó ser el Ing. Alfonso Coronado.

Por otra parte, a nivel operativo y en el contexto específico del caso, los liderazgos identificados son, como responsable técnico en la obra, el encargado directo de la cuadrilla privada de la libertad, Gilberto Domínguez Peralta, joven oriundo de Coatzacoalcos, Veracruz, localizado vivo con sus trabajadores.

Reiteramos, durante las primeras horas de la desaparición, familiares de los obreros denunciaron públicamente ante medios de información que mandos administrativos o encargados de la constructora intentaron presionarlos para no difundir los hechos, lo que forma parte de las indagatorias de las autoridades.

El secuestro ocurrió en un inmueble de Xul-Ha, municipio de Bacalar, donde los obreros laboraban y pernoctaban en una obra privada en las inmediaciones de la localidad, a unos 20 minutos de Bacalar, muy cerca de Laguna Milagros, en terreno habilitado para resguardar materiales de construcción y como campamento temporal de obreros de Steel Constructora.

Las primeras investigaciones oficiales apuntan a que los trabajadores fueron víctimas del entorno delictivo y no se ha establecido un vínculo criminal directo entre Steel Constructora y el Cártel de Caborca.

La relación entre involucrados se desglosa en líneas de investigación y reportes donde, de acuerdo con los de seguridad en el sur de Quintana Roo, el secuestro, confirman, la ejecutó el Cártel de Caborca, que mantiene fuerte control en el corredor rural de Bacalar y zona limítrofe de Belice.

Las primeras indagatorias del Grupo de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad de Quintana Roo sugieren que el móvil fue intento de extorsión o cobro de “derecho de piso”, por lo que el cártel habría secuestrado a los empleados como presión contra directivos o dueños de la constructora para obligarlos a pagar cuotas ilegales para operar en la zona.

Tanto mecánicos, soldadores e ingeniero a cargo eran empleados operativos y técnicos independientes subcontratados para la edificación de una bodega vinculada al proyecto del Tren Maya, y al ser liberados ilesos, la línea principal es que fueron utilizados sólo como “rehenes” o elementos de presión.

El único señalamiento inicial hacia el personal administrativo de Steel Constructora fue la presión a familiares de las víctimas para frenar difundir en redes sociales para evitar mayores represalias, aunque la Fiscalía mantiene abiertas declaraciones de los involucrados para determinar si altos mandos de la constructora ya habrían recibido amenazas previas que no denunciaron.

A todo esto, el meollo, aseguran, tendría que ver con los Omar, Juan Pablo y Cristian Sharid Tapia Salvatierra, por negocios dudosos inmobiliarios, pirotecnia y la iglesia “Nido de Águilas”, aunque ninguno de ellos figura con alguna investigación o vínculos.

Incluso, en el caso del último de ellos contendió bajo las siglas del partido MAS (Más Apoyo Social) para la presidencia municipal de Othón P. Blanco, donde también figuró como suplente de regidor. Sus perfiles públicos e información de trayectoria lo identifican como administrador y emprendedor local, sin investigaciones vigentes.

Ahora bien, “Nido de Águilas” son células y templos de una comunidad de iglesias cristianas evangélicas u organizaciones de fe.

En Chetumal, se ubica en la Calle Pucté, como principal centro de la congregación en la capital, con servicios religiosos semanales enfocados en la edificación espiritual y actividades familiares, mientras en José María Morelos está poco más al Norte, con flujo constante de creyentes de comunidades rurales circundantes.

Estos centros, uno de ellos cerca de Bacalar, operan públicamente como agrupaciones de fe cristiana. Sus nombres se derivan de la metáfora bíblica del libro de Deuteronomio e Isaías, donde se compara el cuidado y protección de Dios a sus fieles con el proceso donde un águila protege y enseña a volar a sus polluelos en su nido.

Entre los cuestionamientos relacionados con el secuestro, para todo mundo es raro que contraten a una empresa para construir una mega-bodega en medio de la nada, aunque “los malos”, en este caso el Cártel de Caborca, pensaron que estaban construyendo una bodega para cosas indebidas y se los llevaron a todos.

Lo curioso respecto a la intervención de las autoridades es que hasta hacerse pública la desaparición empezaron a buscar, y aparecieron el miércoles poco después de las 2:30 de la madrugada, pero no esposados ni los liberaron por sentirse “asfixiados” los criminales con la búsqueda de las autoridades, como se dijo al principio, sino fueron encontrados caminando por la carretera, lo más probable, por algún acuerdo secuestradores-extorsionados.

Pero más curioso aún, resulta que “trascendió” que los 13 obreros fueron privados de su libertad “por error” o confusión por una célula delictiva mientras realizaban laboraban, por lo que fueron liberados, aunque incomunicados 48 horas antes de que, supuestamente, el fuerte despliegue de las fuerzas del orden obligara a su liberación o facilitara su ubicación.

También llama la atención que la información oficial de las autoridades la publicó primero el encargado del Departamento de Redes Sociales y Web de la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Gobierno, Héctor Jair Negrete Jiménez, en su Facebook personal, y no desde la página oficial de la dependencia y hasta una hora después lo hicieron la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

Información completa sobre el currículum vitae, en este link:

https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html