¿Ley Maduro, Ley Censura, Ley Mordaza? ¡Falso!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

La polémica por la supuesta nueva “Ley Mordaza” en México se refiere a fuertes críticas de la oposición y diversos sectores de la sociedad hacia la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión y nuevos lineamientos de protección de los derechos de audiencias que puso a consulta pública la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT)

La oposición en el Senado y medios independientes califican el proyecto como “Ley Censura”, “Ley Mordaza” o “Ley Maduro”, con el argumento de que su redacción dota al Estado de facultades excesivas que ponen en riesgo la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo crítico.

Los puntos clave de la controversia, son el polémico Artículo 109, donde el proyecto inicial de la ley que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum incluía una redacción que abría la posibilidad de bloquear redes, sitios web y plataformas digitales sin orden judicial previa. Ante la ola de críticas, admitió públicamente un “problema” de ambigüedad y la necesidad de corregirlo.

En control de contenidos y códigos de ética, los lineamientos de la CRT buscan obligar sólo a canales de televisión y estaciones de radio a implementar rigurosos Códigos de Ética y exige diferenciar explícitamente información de hechos noticiosos, opinión personal de conductores y espacios publicitarios.

Obligado por multas y revocación de concesiones, cada medio deberá tener una Defensoría Interna de Audiencias para captar quejas ciudadanas sobre contenidos presuntamente falsos. Si el medio no corrige la información tras una queja, el caso escalará a la CRT, que tendrá facultad de aplicar severas multas económicas, sanciones disciplinarias o incluso revocar concesiones.

¿Qué argumenta cada postura? La de gobierno y Morena es que no es censura, según el senador Ricardo Monreal y legisladores del partido oficialista, que sostienen que la ley protege a ciudadanos de manipulación mediática, campañas de difamación e información abiertamente falsa y, para garantizar el derecho a la información, busca erradicar discursos de odio y regular con responsabilidad medios digitales contemporáneos.

La postura crítica de oposición y medios, es que es un control político e intimidación, pues senadores de oposición aseguran que es herramienta para recuperar narrativa pública, silenciar investigación periodística de corrupción y “disciplinar” medios incómodos, por lo que advierten que permiten interpretaciones arbitrarias de las autoridades para amordazar el debate político.

El término “Ley Mordaza” cobró fuerza por reformas en congresos estatales, por ejemplo, la aprobación en Puebla de reformas al Código Penal para tipificar el delito de “ciber-asedio”, que sanciona con hasta tres años de cárcel a quien “insulte, injurie u ofenda” en forma reiterada por internet, lo que organizaciones civiles denunciaron como grave riesgo de criminalización contra la crítica a funcionarios públicos.

Actualmente, el proyecto federal de lineamientos está en etapa de consulta pública abierta, donde ciudadanos, académicos y empresas del sector pueden hacer observaciones para corregir vacíos legales antes de aprobarse la redacción definitiva.

En este sentido, no nos debemos dejar engañar ni permitir que campañas de miedo y desprestigio sigan minando la vida política y social del país por parte de partidos rancios que casi están por desaparecer, porque el león cree que todos son de su condición.

Ya olvidaron aquellos momentos de los 60, 80, 90, y hasta hace poco, cuando los periodistas no podían sacar una noticia o nota de opinión porque inmediatamente desaparecían. Es más, no sólo periodistas, pues ni siquiera la gente podía emitir una crítica sobre gobierno.

Anteriormente, organizaciones de izquierda tenían que reunirse por la noche, pues no podían hacerlo de día porque la Secretaría de Gobierno, con operadores políticos, de inmediato los identificaban, desaparecían o encarcelaban, así era hasta hace muy poco tiempo, por eso ahora parece extraño que vengan a defender lo que en su momento no promovieron ni permitieron.

A diferencia de antes, la presidenta Claudia Sheinbaum a diario da una conferencia donde los periodistas tienen libertad de expresar opiniones, preguntar lo que quieran, sin ninguna censura. No nos dejemos confundir, por lo que podemos entender que son oposición que está haciendo su papel.

Lo que no se puede permitir es que, a través de mentiras, pretendan engañar y busquen asegurar su permanencia en las siguientes elecciones, con una falsa negativa. Es completamente falso, y para prueba un botón, muchos medios de comunicación nacional, estatal y local pueden emitir opinión de cualquier funcionario, incluso de cualquier nivel de gobierno.

Ahora, incluso en redes sociales, están todos en cajita de cristal, donde tienen que conducirse con honestidad y transparencia, porque siempre deben estar bajo escrutinio público, y más cuando tienen un cargo de representación.

Así, es totalmente falso lo que pretende hacer creer la oposición, que viene a engañar con falsa negativa, ya que, antes, lo que ellos mismos vienen a defender, ellos mismos, al frente de instancias gubernamentales, nunca promovieron, sino censuraban, limitaban y otras cosas, así que quien no conoce su historia está completamente condenado a repetirla.

Habrá que esperar la propuesta formal, ya que sólo hablamos sobre el derecho de las audiencias a recibir información veraz, objetiva que simplemente separe su contenido de una opinión personal, ya que los principales derechos en México sobre audiencias -porque no los podemos perder de vista-, son información veraz, separación de contenidos y accesibilidad.

Esto significa garantizar que todos tengan acceso a la información; es decir, si alguna persona sufre alguna discapacidad, también tenga derecho a conocer el contenido de la información, independientemente de su discapacidad y, por supuesto, derecho de réplica. Esos son los principales derechos de las audiencias, por lo que no nos confundamos ni nos vengan a querer confundir.

Lo que se busca es defender el derecho a recibir información veraz, clara, precisa y que se separe la opinión personal, por supuesto, muy respetable y válida; simplemente hay que poner orden.

Por ejemplo, el PRI afirma que el gobierno quiere poner “de rodillas a los medios de comunicación”, lo que es totalmente falso y completamente lejos de la realidad. Sobre el creador de la frase, el cuestionado Alejandro Moreno, dirigente del PRI, afirmaba que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino de hambre, y ahora resulta que viene a “defenderlos”. Ver para creer.

Lo que es inaudito es que ya ni sus propios medios de comunicación le compra sus mentiras, o apoyan; En un clip de un comunicador de la compañía Latinus, incluso, asociada al propio PRI, de forma sarcástica, hasta se burla del funcionamiento de los opositores. Imagínese, ya para que Latinus se burle de las cosas que dicen “Ruffo-Mandela”.

Para eso es el tema del derecho de audiencias, para evitar desinformación, infodemia, mentiras que la oposición está generando. El PAN es uno de los connotados opositores, incluso, Vicente Fox, imagínese Usted, dice meter las manos al fuego por Ernesto Ruffo Appel.

Algo interesante del proyecto de reformas es la regulación de plataformas digitales con IA, pues millones de hogares tienen preocupación que crece a diario, ya que los padres ven cómo sus hijos pasan cada vez más tiempo ante una pantalla, sin saber qué contenidos reciben ni cómo los algoritmos influyen en sus emociones, decisiones y muchas veces en la forma de construir valores.

La tecnología puede acercar el conocimiento, fortalecer el aprendizaje y abrir grandes oportunidades para el desarrollo del país, pero también exponer a niños y adolescentes al acoso, fraude, manipulación, violencia digital y a contenidos que afectan su salud emocional y desarrollo, por eso debemos actuar con sensibilidad y responsabilidad.

Nuestro respaldo personal a Claudia Sheinbaum por colocar el tema en la agenda nacional e impulsar una ruta responsable para construir una regulación moderna, que proteja a familias, especialmente niños y adolescentes, sin renunciar a las libertades que distinguen a nuestra democracia.

Por cierto, en el Congreso de la Unión se presentó una propuesta para que, durante el horario escolar, dispositivos tecnológicos personales se utilicen con fines pedagógicos y bajo supervisión docente, regulando, además, el acceso a redes sociales y explicando y aplicando, ajeno a actividades académicas, excepto por motivos de salud, accesibilidad, seguridad o emergencia.

No se trata de rechazar la tecnología ni de retirarla de las aulas, sino de aprovecharla para enseñar y aprender, sin que se convierta en herramienta que lastime a la niñez, por lo que también respaldamos la decisión de convocar a diálogo nacional para escuchar a especialistas, docentes, padres, estudiantes y sociedad civil antes de presentar la propuesta legislativa para escuchar, construir consensos y legislar con responsabilidad.

Llama la atención que quienes hoy descalifican el trabajo sean los mismos que durante años nunca promovieron una regulación para proteger a las familias, aunque es más fácil construir una falsa narrativa que asumir la responsabilidad de participar en un debate serio, por lo que se propone un diálogo, no imposición; protección, no censura.

Los desafíos son reales: Ciberacoso, fraudes que afectan patrimonio, suplantación de identidad mediante inteligencia artificial, contenidos falsos y algoritmos diseñados para mantener la atención de los jóvenes horas y horas, alejándolos muchas veces de la convivencia familiar y valores del hogar.

No podemos permanecer indiferentes ni dejar la responsabilidad en hombros de las familias; padres y magisterio cumplen una labor fundamental, pero el Estado también tiene el deber de generar condiciones de protección y las grandes plataformas digitales, asumir su responsabilidad.

La libertad de expresión no está en riesgo con una regulación responsable. En una democracia no debe existir espacio para censura. Crítica, periodismo, investigación y debate público deben seguir siendo plenamente libres. Regular no significa censurar, sino proteger identidad, datos personales, salud emocional y desarrollo integral de niños y adolescentes.

La tecnología debe fortalecer la convivencia familiar, apoyar la educación y servir siempre, porque proteger niños y adolescentes no significa simple o solamente cuidar el futuro de México, sino cuidar el presente.

Una sociedad fuerte comienza con una familia fuerte, y ésta necesita valores, amor, acompañamiento e instituciones que la respalden frente a desafíos del mundo digital. Ese es el verdadero reto de nuestra generación: Construir un entorno donde la tecnología sirva para acercarnos, no alejarnos de quienes más amamos.

La oposición debería serenarse, ya que hablamos de un anteproyecto de protección de derechos de audiencia, un anteproyecto donde existe consulta ciudadana, o sea, participa el pueblo. No hay que malinformarlo, no se censura ni agrede la libertad de expresión que hemos ganado por muchos años.

No confundamos, seamos responsables. Hoy quieren denominarla Ley Maduro, Ley Censura, Ley Mordaza, pero el 21 de agosto se conocerá lo que se dio en mesas de trabajo y se conocerán la propuesta y funciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

En ese contexto, las concesiones de televisoras y de radiodifusoras la otorga el Estado mexicano a privados. Entonces, ¿por qué no tendría derecho a tener lineamientos, un marco jurídico que proteja audiencias, la libertad de expresión misma y los excesos de muchos periodistas día tras día?

Regular los derechos de audiencia no tiene que ver con censurar. Hay que ser serios porque se dice que la libertad de expresión se va a coartar, lo que no es cierto, pues la reforma aplica sólo a concesiones de TV y radiodifusoras, no así para periodistas independientes, para los que trabajan por Facebook, una página de X o para quienes hacen este trabajo independientemente.

La Comisión debe regular el derecho de audiencias, lo mismo que hacía el Instituto Federal de Telecomunicaciones y costaba al erario público dos mil millones de pesos que pagaba el pueblo por tener este organismo que dice la oposición que era independiente, lo que no es verdad porque el Senado elegía a los que formaban parte de él, y ahora cuesta 70% menos.

Esta Comisión menciona en su artículo 2 que la reforma no es para entrar a debate con periodistas o personajes de opinión. No tiene que ver con ellos, pero hay excesos que se deben regular, que no se pueden seguir permitiendo que engañen, pretextando la libertad de expresión, difamaciones de una persona evocándola, y la otra no se pueda defender de un comentario, injusticia, farsa, o mentira.

Antes, el Instituto veía por las empresas, peleaba, abogaba e intervenía por ellas, pero ahora la Comisión protege audiencias, al ciudadano; Por ningún motivo censurará la libertad de expresión de años, porque antes sí había censura y persecución política para quien pensara diferente. Antes, los que pensábamos de manera que no le parecía al Estado teníamos consecuencias, y hoy la libertad de expresión es la máxima, y la vamos a defender como siempre.

El caso es que estamos discutiendo, en debate público, sin limitar en absoluto la libertad de expresión de nadie, lo único que queremos es que audiencias, consumidores de productos, sepan exactamente qué están viendo, porque así está en la Constitución, no es ocurrencia, sino lucha por el derecho a la información y a la verdad.

Es una lucha para que el que se sienta a ver un noticiero, sepa si un político del PRIAN o de cualquier partido le paga al conductor del noticiero para hablar bien de él, obligue a esa televisora a poner una señal que diga “publicidad pagada”, y no lo venda como si fuera un hecho noticioso.

Todos queremos que cuando una televisora, tan vendida y entregada a intereses de la derecha internacional, como TV Azteca, diga lo que piensa, sea clara, esté claramente establecido que no corresponde a hechos, sino opinión editorial de esa televisora, y lo queremos porque está en la Constitución.

Otra vez, no es una ocurrencia, sino una reforma aprobada hace acerca de 13 años y la oposición la dejó pasar mucho tiempo y se opuso y ha llenado el espacio y discusión pública con lo que les dicta el ideólogo de extrema derecha, Steve Bannon, asesor político de Donald Trump. Están siguiendo textualmente lo que dijo: “Hay que llenar a nuestros adversarios y al espacio público de mierda”, y así lo hacen.

Un día inventan una entrevista falsa de Carlos Monsiváis y la publican. Otro día señalan una falsa relación paternofilial en el Senado, lo que sea, no les importa lo que sea, con tal de ensuciar el espacio público, porque muchas veces ahí se encuentran cómodos, chapoteando en ese lodo.

Estamos en una lucha por los derechos, que la gente sepa, con toda claridad, lo que está viendo, escuchando, a qué intereses corresponda y pueda - porque el pueblo es sabio- definir con claridad y siga definiendo como lo ha definido hasta hoy por el cambio, la transformación.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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