¿Por qué perdieron PAN y PRI la Presidencia?

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

La economía de México durante los últimos gobiernos de la oposición se caracterizó por sólida estabilidad macroeconómica, a diferencia de Morena, que atraviesa por una fase de desaceleración y bajo crecimiento, caracterizada por menor demanda interna y debilitamiento en la inversión, pero con PAN y PRI la riqueza y el ingreso estaban pésimamente distribuidos, y la desigualdad era significativamente más alta en comparación con los parámetros de hoy.

Tras contraerse a inicios de este año frente al trimestre previo, análisis macroeconómicos apuntan a un dinamismo moderado de la economía para el resto del año, con indicadores clave del panorama económico, como un crecimiento del PIB, donde especialistas estiman una expansión anual moderada de entre 1.3 y 1.4% para el cierre, notablemente inferior a promedios de años previos.

Así, actividades secundarias, particularmente el sector de manufacturas y automotriz, han resentido contracciones que frenan el avance nacional, mientras el peso mexicano ha mostrado fluctuaciones y cotizaba en 17.51 unidades por dólar, en medio de un clima global con presiones geopolíticas y salidas parciales de capital extranjero.

Sin embargo, la debilidad actual se vincula a elementos internos y externos que impactan de forma directa en las decisiones de negocio y la estabilidad fiscal, sobre todo la revisión del T-MEC (Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá), que genera ambiente de cautela que inhibe un mayor aprovechamiento del nearshoring.

Diversas agencias internacionales, como Moody's, ajustan o alertan sobre la perspectiva de la deuda ante posibles riesgos fiscales y cambios regulatorios, mientras en consumo e inflación, el costo de la canasta básica se mantiene elevado, lo que mitiga el efecto multiplicador de los apoyos sociales sobre el consumo de las familias.

Con todo, proyecciones del Banco Mundial y analistas que participan en la consulta de Citibanamex, estiman que una reactivación más sólida requerirá fortalecer la certeza jurídica y reactivar la inversión en infraestructura hacia 2027.

Ahora bien, tomando como referencia los gobiernos del PAN, Vicente Fox y Felipe Calderón, así como el del PRI, con Peña Nieto, entre 2012 y 2018, la economía del país se caracterizó por sólida estabilidad macroeconómica, pero con un crecimiento inercial y moderado que no superó el promedio de 2% anual. Los resultados variaron según el sexenio y contexto internacional.

Durante el sexenio de Fox (2000–2006), el PIB registró avance promedio anual de 1.9 a 2.0%, arranque fue frenó la recesión del sector tecnológico (punto com) en Estados Unidos en 2001, aunque logró estricta disciplina fiscal, control de la inflación y niveles récord de reservas internacionales, beneficiado de ciclo histórico de altos precios internacionales del petróleo.

No obstante, hubo críticas por falta de reformas estructurales profundas debido a la falta de mayoría en el Congreso de la Unión, así como una limitada inversión en infraestructura pública de gran escala.

Por su parte, durante el sexenio de Felipe Calderón (2006–2012) el crecimiento promedio anual del PIB fue de 1.7 a 1.9% porque su administración absorbió el impacto de la Gran Recesión global de 2008-2009 y la crisis de la influenza AH1N1, lo que provocó un desplome de -5.3% en 2009.

Como fortalezas, se reconoció el manejo contracíclico de la crisis, manteniendo la inflación baja, la paz cambiaría, así como la acumulación de reservas, donde las calificadoras internacionales mantuvieron el grado de inversión con perspectivas estables.

Entre sus debilidades, el mercado laboral resintió la crisis con repunte en la informalidad, mientras que la deuda pública neta como porcentaje del PIB comenzó con una tendencia al alza.

Por último, en el sexenio de Peña Nieto el crecimiento del PIB tuvo el mayor dinamismo de los tres periodos, con promedio de 2.4 a 2.5% anual, gracias a que el entorno internacional fue más favorable y sin recesiones externas generalizadas.

Entre las fortalezas de su sexenio, se aprobaron reformas estructurales, como la energética, de telecomunicaciones y financiera, que incrementaron la atracción de Inversión Extranjera Directa y abrieron sectores clave a la iniciativa privada.

Por el contrario, el peso mexicano experimentó fuerte devaluación frente al dólar -cerca de 56%-, provocada en gran medida por la incertidumbre geopolítica tras las elecciones de EE. UU. en 2016. La deuda pública escaló de forma acelerada y los niveles de pobreza e informalidad mostraron pocos cambios sustanciales.

En resumen, riqueza e ingreso no estaban mejor distribuidos durante los sexenios de la oposición. De hecho, los indicadores oficiales muestran que la desigualdad era significativamente más alta en comparación con los parámetros actuales, pese a que a lo largo de gobiernos del PAN y PRI (2000-2018), México mantuvo una de las concentraciones de ingreso más profundas de la región, situación que se constata a través de las métricas históricas de desigualdad:

Así las cosas, la profunda desigualdad, falta de movilidad social y estancamiento de la pobreza fueron los principales catalizadores económicos del triunfo electoral de Morena en 2018. El descontento acumulado frente a un modelo que generaba riqueza, pero no la distribuía creó las condiciones para un cambio político radical.

A nivel sociopolítico y económico, el triunfo del partido guinda con López Obrador se explica por cuatro factores centrales relacionados con el desempeño de los gobiernos anteriores: Fracaso en la reducción de la pobreza, estancamiento y precarización laboral; crisis de legitimidad por corrupción y violencia, y captura del Estado por monopolios.

En efecto, pesa a la estabilidad macroeconómica y de programas sociales focalizados como Progresa/Oportunidades/Prospera, el porcentaje de población en situación de pobreza por ingresos se mantuvo prácticamente inmóvil con el PRI. En 2018, casi la mitad de los mexicanos -alrededor de 41.9%- seguía viviendo en pobreza, cifra muy similar a la de dos décadas atrás, lo que generó percepción de que el crecimiento económico sólo beneficiaba a las élites.

Durante los sexenios del PAN y PRI, la estrategia de competitividad internacional de México se basó, en gran medida, en mantener bajos los salarios mínimos. El poder adquisitivo acumuló décadas de rezago y el empleo informal superó constantemente 55%. La narrativa de Morena de “primero los pobres” y su promesa de aumento drástico a salarios resonaron en millones de trabajadores que no veían mejorar su economía familiar.

El factor económico se potenció con profunda crisis de inseguridad y escándalos de corrupción gubernamental de alto impacto durante el sexenio de Peña Nieto -como la Casa Blanca o la Estafa Maestra-, lo que desgastó la legitimidad de los partidos tradicionales -PRI y PAN-, asociando las reformas estructurales y de libre mercado con el beneficio de unos cuantos.

Estudios de organismos, como Oxfam y la CEPAL, evidenciaron que la falta de competencia y la laxitud regulatoria permitieron que un grupo selecto de empresarios concentrara sectores clave de la economía -telecomunicaciones, minería, banca-, y Morena capitalizó este resentimiento social con el concepto de “mafia del poder”, prometiendo separar el poder político del económico.

En resumen, el triunfo de Morena no fue sólo fenómeno ideológico, sino resultado del “voto de castigo” de amplia mayoría social que se sentía excluida de los beneficios del desarrollo económico del país.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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