Otra de “Chepe”, ¡ahora con los 13 secuestrados!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Apenas unos días después del sonado escándalo por la balacera en carretera contra una familia carrilloportense cerca de Buenavista, el alcalde de Bacalar, José Alfredo “Chepe” Contreras Méndez, vuelve estar en el ojo del huracán, ahora por el inaudito secuestro de 13 trabajadores el lunes al noreste de su municipio, en una bodega a cargo de la empresa “Steel Constructora”.

Las víctimas, todas esposadas, fueron localizadas con vida y liberadas a los dos días por la madrugada cerca de Valle Hermoso, tras que presuntos miembros del Cártel de Caborca se vieron obligados a abandonarlos ante la presión social y un operativo de seguridad, después de subirlos a varias camionetas, cuando laboraban en una obra en la región de Pueblo Morebí.

Sobre el sospechoso papel de Contreras Méndez respecto a ese grupo criminal, el 18 de marzo, con el título “Chepe” Contreras, ¿aliado de Cártel Caborca?”, publicamos una muy documentada columna, que puede ver en:

https://luisangelqroo.blogspot.com/2026/03/chepe-contreras-aliado-de-cartel.html  

Lo que se sabe sobre su hallazgo y su situación actual, las 13 víctimas fueron encontradas en las inmediaciones del Subcentro de Adiestramiento de Operaciones en Selva y Anfibias de la Secretaría de la Defensa Nacional, en Bacalar, a unos 50 kilómetros de Chetumal.

Autoridades del Grupo de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad de Quintana Roo confirmaron que todos estaban en buen estado de salud tras valoración médica, aunque los pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado para rendir sus declaraciones, continuar con la integración de la carpeta de investigación y esclarecer los motivos del “levantón”.

Paralelo al caso, fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno desplegaron operativos en la zona rural de Bacalar, por comunidades como Limones y Reforma, donde en las últimas horas también “aparecieron” restos óseos y un presunto campamento clandestino que usaron células criminales.

Aunque las autoridades mantuvieron bajo reserva la identidad completa oficial de las víctimas para proteger su seguridad, listas y fichas de búsqueda preliminares que difundieron colectivos y familiares los identificaron:

Se trató de Gilberto Domínguez Peralta, Andrés Bolaina de la Cruz, Juan Pablo Tapia Salvatierra, José Reyes Méndez Pérez, Santiago Sánchez González, Johny Alvarado López, Waldo López Montiel, Juan Antonio Chablé, ⁠Alexis Hernández Díaz, ⁠José del Carmen López Trinidad, Ángel ⁠Luis Candelero de la Cruz y ⁠Sergio Armando Melken Constantino, este último ex estudiante de Licenciatura en Derecho en la Universidad de Quintana Roo.

El contexto de la desaparición de los 13 trabajadores está directamente ligado a la inseguridad rural en la frontera sur, la operación de obras de infraestructura masivas en la región y la violenta disputa territorial del crimen organizado, específicamente el Cártel de Caborca.

Las víctimas formaban parte de un grupo de obreros de la construcción procedentes de diferentes Estados -como Veracruz, incluyendo a originarios de Coatzacoalcos- que llegaron al Estado contratados por empresas vinculadas al desarrollo de infraestructura en la zona, como las obras del Tren Maya.

Sin embargo, los interceptó un comando fuertemente armado el lunes, mientras realizaban labores en un tramo de obra en las inmediaciones de Pueblo Morebí, comunidad rural al noreste de la cabecera municipal de Bacalar.

Para todos es sabido que Bacalar y el vecino Othón P. Blanco sufren fuerte asedio del Cártel de Caborca que, según informes de seguridad -como documentos de la Sedena-, lo ubican operando de manera agresiva en la región, liderado en la zona por facciones ligadas a José Gil Caro Quintero.

El grupo delictivo ha estado presionando intensamente a comunidades rurales de Bacalar -como ocurrió de manera crítica en el ejido El Gallito- para despojar a pobladores y ejidatarios de sus tierras, quemando casas, sembrando terror y forzando desplazamientos comunitarios.

En este ecosistema criminal, los campamentos de trabajadores y las obras de construcción quedan expuestos a extorsiones -“cobro de piso”-, secuestros masivos o reclutamientos forzados.

Respecto a los 13 trabajadores, tras perder el contacto absoluto con ellos, sus familiares recurrieron rápidamente a redes sociales y presentaron denuncias formales ante la Fiscalía General, en tanto difundieron listas con nombres y fichas de búsqueda desesperadas para visibilizar el caso de inmediato.

La amplia cobertura mediática y la presión de las familias obligaron a una movilización masiva del Grupo de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad -lo integran Ejército, Guardia Nacional y policías estatales-, en un despliegue de fuerzas del orden que asfixió operativamente la zona, lo que forzó a los captores a liberar al grupo por la madrugada antes de ser cercados.

Todas las víctimas compartían perfil de obreros, albañiles y técnicos de la construcción, gran parte de ellos trabajadores migrantes originarios de otros Estados, aunque destacan jóvenes y adultos provenientes del sur de Veracruz, como la región de Coatzacoalcos.

Se encontraban viviendo temporalmente en Quintana Roo por haber sido contratados por subcontratistas y constructoras enfocadas en los frentes de obra de infraestructura masiva en la frontera sur -como el proyecto federal del Tren Maya-, por lo que su rutina era trasladarse diariamente a campamentos o tramos de obra rurales poco comunicados.

Desafortunadamente, como es costumbre, hasta el momento, las autoridades de Quintana Roo no han reportado ninguna detención directa vinculada con los responsables materiales o intelectuales del secuestro masivo.

Reportes policiales indican que no hubo enfrentamiento directo ni detenciones al momento del hallazgo, aunque la movilización masiva de Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal “asfixió” operativamente los caminos rurales de Bacalar, lo que forzó al Cártel de Caborca a abandonar a sus víctimas cerca de la base militar para poder huir antes de ser cercados.

Tras ser rescatados y confirmarse su buen estado de salud, los obreros fueron trasladados de inmediato a la Fiscalía General, donde rindieron sus declaraciones ministeriales para aportar datos clave, como fisonomía de sus captores, vehículos utilizados y sitios de resguardo, tales que permitan solicitar órdenes de aprehensión.

Aunque no hay capturas, las fuerzas federales mantendrían una ofensiva continua contra la estructura criminal en el sur del Estado, donde este año, Fiscalía General y Ejército ejecutaron macrooperativos y cateos masivos en comunidades cercanas de Bacalar -como Limones-, donde desmantelaron células logísticas del grupo delictivo con la captura de varios de sus integrantes.

Por otro lado, acusaciones y reclamos sociales en Quintana Roo frente a la expansión del Cártel de Caborca son por incompetencia operativa y sospechas directas de complicidad institucional, lo que el secuestro y posterior liberación de trabajadores reavivó una crisis de seguridad que, analistas, medios y pobladores, atribuyen a fallas estructurales del gobierno en sus tres niveles.

Los argumentos de ambas posturas explican desconfianza generalizada de incompetencia y omisión por inacción y patrullajes intermitentes: Habitantes de comunidades asediadas, como El Gallito o Limones, denuncian que, pese a sus constantes llamados de auxilio por balaceras e incendios provocados, la presencia de policía y fuerzas federales es intermitente. Llegan horas después de ataques, lo que da a los criminales tiempo suficiente para huir.

La policía de Bacalar pretexta carecer crónicamente de personal, patrullas y armamento táctico para enfrentar al cártel, que se desplaza en vehículos blindados y tiene fusiles de asalto de uso exclusivo del Ejército.

Periodistas locales e informes de seguridad detallan que, ante la incapacidad gubernamental de garantizar orden, el cártel impuso “toque de queda” de facto en zonas rurales tras las 7 de la noche, lo que obliga al confinamiento o provoca desplazamiento forzado de decenas de familias que abandonan hogares, escoltadas por el Ejército tras perder todo.

Las sospechas de complicidad no son infundadas, ya que existen precedentes graves. Recientemente, como publicamos, agentes de la propia Fiscalía General fueron investigados y señalados por recibir sobornos -de hasta 15 millones de pesos- a cambio de permitir la liberación o fuga de altos líderes de la misma organización criminal tras ser retenidos de forma preliminar.

Además, informes de inteligencia militar filtrados revelan que el Cártel de Caborca estableció una red de operaciones logísticas, almacenes y “narco-ranchos” en la selva de Bacalar, gracias a un tejido de corrupción que incluye a autoridades ejidales y complicidad con mandos policiacos de bajo perfil para usar históricas pistas de aterrizaje clandestinas.

Por si fuera poco, organizaciones civiles critican que, si bien el gobierno estatal despliega operativos conjuntos muy mediáticos tras incidentes graves como el secuestro masivo, rara vez logra detenciones efectivas de autores materiales.

La percepción ciudadana es que las autoridades prefieren “administrar” el conflicto u obligar a los criminales a replegarse temporalmente a través de cercos tácticos en lugar de desmantelar sus redes financieras y operativas.

Claro ejemplo es el de los 13 secuestrados, una noticia que trascendió a nivel nacional, pues se trata de otro “multi-levantón” en la zona sur, bajo control del Cartel de Caborca coludido con La Mayiza, del Cartel de Sinaloa.

Y decimos “otro” pues, como se sabe, en septiembre de 2025, once originarios de Nayarit “desaparecieron” en el hotel Luna Caribe de Chetumal, nueve de ellos ubicados, pero tres nunca, por lo que la Fiscalía activó ficha de búsqueda y recompensa para dar con “Casilda”, del Cartel de Caborca, abatido por un policía de investigación en un enfrentamiento en Felipe Carrillo Puerto.

Lo cierto es que están muy difíciles las cosas para el municipio que “gobierna” el cuestionado Contreras Méndez, no de balde un buen amigo nos comentaba que ya en la costera de Bacalar no se puede andar de noche, ya que unos sujetos paran a la gente y le hacen preguntas.

¡Manos mal que “El Chepe” no dice aspirar también a la gubernatura… como otros que hasta risa dan!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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