El caso de Migración, ¡toda una mafia delictiva!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Como prueba de que ni los militares son libres de tentación por el dinero, el Almirante de la Armada de México, Carlos Manuel Bandala González, es uno de los principales investigados por presunta corrupción, irregularidades en la entrega de documentos migratorios y posible red de trata de personas, por lo que fue destituido como titular del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo.

Como publicamos ayer, el otro caso reciente es el del general retirado Gerardo Mérida Sánchez, a quien habrían convertido en testigo protegido las autoridades estadounidenses, a la que se habría entregado tras ser acusado, entre otros, de recibir sobornos por 100 mil dólares mensuales de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.  

El tema de Bandala González, ampliamente difundido, sobre todo por redes sociales, es que se detectaron unos 935 expedientes irregulares de cubanos y venezolanos, a los que cobraban entre 10 mil pesos y 5 mil dólares por documentos falsos con los que se acreditaban nacionalidades apócrifas, muchos de ellos mujeres menores de edad.

Tras su remoción, el “civil” Mauricio Alejandro Patiño Arroyo asumió como encargado de despacho la dependencia en Cancún, donde indagatorias de autoridades ministeriales se centran en una red interna de complicidades y conexiones con el crimen organizado internacional, así como el Registro Civil.

Así las cosas, están involucrados funcionarios de Migración, sobre los que la Fiscalía General de la República mantiene bajo lupa, pues investiga a personal de ventanilla, oficiales y jefes de departamento que tenían acceso directo al Sistema de Trámites Migratorios, sin cuya complicidad, hubiera sido imposible autorizar, cargar y validar expedientes sin levantar alertas internas.

Las irregularidades no se habrían descubierto de la noche a la mañana, sino que fue resultado de una investigación secreta de unos dos años, aunque las autoridades federales y ministeriales mantienen el caso bajo estricta reserva, entre otros, como estrategia de acumulación de pruebas.

Para proceder penalmente y con fuerza pública contra un alto mando -un almirante en funciones-, como fue el caso de Cancún, Fiscalía y órganos de control necesitaban comprobar la sistematicidad del delito, pues registrar 935 expedientes irregulares requirió auditar minuciosamente solicitudes que envolvió a cubanos y venezolanos a lo largo de muchos meses.

La red no sólo operaba en Migración, ya que usaban un esquema sofisticado donde registraban falsamente a menores extranjeros como nacidos en México para otorgarles residencias por “unidad familiar”, y rastrear estas suplantaciones de identidad implicó cruzar bases de datos con el Registro Civil y otras dependencias.

Sobre el caso, en las últimas semanas, reclamos en redes sociales y testimonios sobre un “negocio redondo” donde Bandala González cobraba miles de dólares por regularizaciones apócrifas, fueron insostenibles y aceleraron intervenir a la fuerza pública para asegurar las oficinas de Cancún.

Las quejas y denuncias concretas que detonaron la destitución del ahora ex funcionario fueron por redes de extorsión, simulación de parentescos con menores y nexos con el crimen organizado internacional.

Según reportes de prensa y filtraciones de indagatorias, las acusaciones específicas incluyen el esquema de “hijos mexicanos falsos”, con el que personal de Migración de Cancún registraba de forma apócrifa a menores extranjeros como si hubieran nacido en México.

Incluso alteraban sus apellidos para que coincidieran con los de los solicitantes -principalmente cubanos-, lo que les permitía obtener residencias permanentes de forma exprés bajo el concepto legal de “unidad familiar”.

También se denunciaron cobros fijos operados por una red interna, con tarifas de entre 10 mil y 15 mil pesos por trámites sencillos, pero escalaban hasta 5 mil y 7 mil dólares por persona cuando se trataba de “paquetes completos” de regularización con identidades suplantadas.

Las auditorías detectaron que los extranjeros utilizaban los papeles emitidos de manera irregular por Migración para acudir ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y acreditar falsas nacionalidades, con lo que lograban doble capa legal de protección ilegal.

Lo más grave es que la mayoría de expedientes irregulares correspondía a mujeres menores de edad, por lo que se vincula con investigaciones internacionales sobre redes que trasladaban clandestinamente a Quintana Roo a cubanos en embarcaciones robadas, y los mantenían cautivos en casas de seguridad de Cancún si no se pagaban rescates.

Más allá del almirante Bandala González, figuran más involucrados, reiteramos, pero Migración mantiene hermetismo estricto sobre nombres específicos por el debido proceso.

Debido a que su modus operandi consistía en hacer pasar a menores de edad cubanos y venezolanos como hijos nacidos en México, líneas de investigación también rastrean a los funcionarios de oficialías del Registro Civil en el Estado que emitieron o facilitaron actas de nacimiento falsas para simular la “unidad familiar”.

El caso escaló nivel internacional, ya que reportes periodísticos locales e investigaciones de medios internacionales, como The New York Times, asocian este entramado con una red criminal en el Caribe vinculada a Raúl Rodríguez Castro, (a) “El cangrejo”, nieto del ex presidente cubano Raúl Castro.

Las indagatorias estadounidenses señalan que esta organización coordinaba el traslado clandestino de migrantes desde Cuba en lanchas rápidas robadas a costas de Quintana Roo, donde, una vez en Cancún, los resguardaban en casas de seguridad, mientras la red de Migración tramitaba sus papeles falsos, con extorsiones de hasta 5 mil dólares por persona.

Al almirante Bandala González lo asignó a Quintana Roo el 20 de enero de 2023 el comisionado nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, y aunque no enfrenta cargos directos, el uso de fuerza pública federal en las oficinas de Cancún y la designación de Patiño Arroyo como encargado de despacho, forman parte de una “limpia” dictada desde el centro del país para desarticular por completo la estructura local.

Así las cosas, el ex funcionario acumuló 3 años y medio en el cargo, tras ser nombrado directamente por Garduño Yáñez como parte de la estrategia federal “Programa Institucional de Rotación de Titulares”, cuando sustituyó al general Demetrio Aristeo Taboada, quien estaba en el puesto desde 2020.

Se designación como alto rango militar en la plaza de Cancún se justificó en su momento bajo la premisa de “reforzar la seguridad nacional, combatir la corrupción interna y agilizar el flujo de turistas internacionales” en el aeropuerto internacional de Cancún.

Bandala González cuenta con un perfil estrictamente castrense en la Secretaría de Marina, donde alcanzó el grado de Almirante de Cuerpo General, rango operativo más alto en la Armada de México, y durante su carrera se especializó en seguridad de costas, mando de zonas navales y patrullaje estratégico contra narcotráfico y contrabando marítimo en aguas nacionales.

En este sentido, su perfil encajaba perfectamente con la política del gobierno federal de otorgar el control de puertos, aeropuertos, aduanas e institutos de migración estratégicos a mandos de las Fuerzas Armadas para mitigar la infiltración criminal. Su llegada a Quintana Roo fue parte de una oleada donde 10 Estados cambiaron simultáneamente delegados civiles por mandos militares.

Durante sus primeros años, su gestión presumía la modernización tecnológica del aeropuerto de Cancún, con filtros migratorios automatizados para agilizar el ingreso de visitantes extranjeros. Irónicamente, según las bitácoras de la investigación, precisamente bajo su gestión se estructuró y consolidó la red de tráfico y documentos falsificados para migrantes.

A diferencia de su antecesor, Patiño Arroyo cuenta con perfil civil e institucional, ya que no forma parte de altos mandos en activo del Ejército o Marina, con lo que su designación es un retorno provisional a mandos civiles en la delegación de Quintana Roo.

Su llegada al puesto es estrictamente bajo la figura de encargado de despacho, lo que significa que su función primordial e inmediata no es de permanencia a largo plazo, sino actuar como interventor institucional enviado desde el nivel central para estabilizar la oficina, facilitar las auditorías de la Fiscalía y asegurar que la operatividad del aeropuerto no se detenga ante el escándalo.

Debido al carácter urgente, sorpresivo y de seguridad nacional que rodeó la destitución de la cúpula en Cancún, Migración central mantiene bajo estricta reserva mayores detalles públicos sobre su curriculum, aunque la instrucción principal es cooperar plenamente con autoridades ministeriales para identificar a todos los que continúan bajo investigación.

Por otro lado, el estatus legal de Bandala González es el de investigado sin que se le haya acreditado aún responsabilidad penal formal, aunque fue destituido de forma fulminante, separado formalmente de su cargo, para permitir el avance de las indagatorias sin interferencias en las oficinas.

Así, está sujeto a un deslinde de responsabilidades por parte de las autoridades competentes respecto a delitos graves, como falsificación de documentos, suplantación de identidad, uso indebido de registros públicos, corrupción y trata de personas.

Durante su salida de las oficinas del Migración, intervinieron fuerzas de seguridad para asegurar el perímetro, aunque hoy, no hay orden de aprehensión formal o captura en su contra, y se mantiene bajo el principio de presunción de inocencia mientras se integran carpetas de investigación, pero Migración central no había emitido aún posicionamiento definitivo ni detallado alcances penales inmediatos que enfrentará el ex funcionario.

Señalamientos de corrupción y trata de personas forman parte de una carpeta de investigación abierta, pero, al no haber orden de captura emitida por un juez o flagrancia de un delito, Bandala González enfrenta el proceso en libertad bajo principio de presunción de inocencia.

No obstante, aunque no está en prisión, por su perfil de alto mando militar y el nivel de la investigación federal, sus movimientos institucionales quedan bajo estricta supervisión de áreas de control interno y de la propia Fiscalía de la República mientras se decide si se judicializa el caso.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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