¡Sobornos de 100 mil dólares mensuales a ex militar!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

La “liberación” de quien fuera secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, generó una oleada de especulaciones, análisis mediáticos y reacciones políticas sobre inminente negociación con el gobierno de Estados Unidos para integrarlo a un programa de testigos protegidos.

Tras confirmarse que dejó de estar en custodia del Buró Federal de Prisiones desde el 11 de agosto, analistas y periodistas sostuvieron reacciones y vertientes informativas, entre ellas la implicación para el gobierno de Sinaloa.

Así, destacan que su “libertad” ocurre tras suspenderse indefinidamente su audiencia del 4 de agosto, por lo que se cree que su colaboración busca aportar pruebas directas contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros altos funcionarios locales incluidos en la misma acusación federal.

Como estrategia del “Dilema del prisionero”, expertos en seguridad señalan que la entrega voluntaria del ex funcionario en mayo y su posterior cambio de custodia responden a la estrategia legal obvia de “cantar” para evadir la cadena perpetua o una pena mínima de 40 años.

La discusión en plataformas digitales se centra en impunidad y colusión institucional, donde la gente expresa ironía sobre cómo los altos mandos “salvan su pellejo” negociando en el extranjero, mientras que Sinaloa padece violencia.

Dado que las autoridades de EE.UU. mantienen estricto hermetismo sobre el paradero del general en retiro, portales como Infobae-México puntualizan que, técnicamente, podría seguir retenido por agentes federales en otra instalación de resguardo, lo que eleva el suspenso sobre qué información ya entregó a fiscales de Nueva York

Con tres cargos criminales específicos de gravedad federal en la Corte de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Mérida Sánchez salió del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn por negociar con Estados Unidos convertirse en testigo colaborador.

Según registros oficiales de la Oficina Federal de Prisiones, dejó de estar bajo custodia el día 11, aunque su salida no significa haber sido absuelto o estar en libertad absoluta, sino que se trata de una estrategia legal.

Mérida Sánchez enfrenta cargos graves por narcotráfico y uso de armas de fuego vinculados a la protección de la facción de “Los Chapitos”, aunque, al colaborar y aportar información clave, busca que la Fiscalía estadounidense le reduzca la potencial condena perpetua, y reportes de analistas y medios indican que el escenario más viable es su traslado a un lugar seguro bajo custodia federal para integrarse como testigo protegido.

La acusación formal de la Fiscalía de Nueva York en su contra y contra otros funcionarios del entonces gobernador Rubén Rocha Moya sigue activa. Su cambio de situación carcelaria obedece sólo al inicio formal de declaraciones ante las autoridades estadounidenses.

Sin embargo, su paradero exacto se desconoce de manera pública, ya que, por motivos de seguridad y confidencialidad procesal, Estados Unidos no revela la ubicación de las personas en vías de cooperación.

Información oficial de su estatus dicta que, fuera del sistema carcelario ordinario, la Oficina Federal de Prisiones confirmó que desde el martes anterior dejó de estar recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, pero permanece bajo custodia federal.

No haber sido liberado jurídicamente significa continuar bajo resguardo del gobierno estadounidense, aunque, legalmente, pudo haber sido transferido a otra agencia gubernamental -como los US Marshals-, a una instalación correccional de menor seguridad o casa de seguridad para testigos protegidos.

Físicamente podría encontrarse en Nueva York o zonas aledañas, porque su caso sigue activo y bajo la jurisdicción de la jueza Katherine Polk Failla en Nueva York.

Las declaraciones de Mérida Sánchez como testigo cooperante impactarían de forma directa a la red política, institucional y criminal de Sinaloa, ya que, al haber fungido como máximo mando de seguridad pública en ese Estado -de septiembre 2023 a diciembre 2024-, su información compromete a las esferas más altas del poder.

Los principales perfiles y grupos que se verían directamente afectados por sus testimonios son altos funcionarios de gobierno de Sinaloa.

Como parte de una misma acusación masiva en Manhattan que incluye a otros 9 funcionarios y ex funcionarios sinaloenses, su delación valida pruebas de EE.UU. contra Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega (presuntamente también busca acuerdo de cooperación)

El Departamento de Justicia lo acusa de recibir sobornos mensuales de hasta 100 mil dólares en efectivo de “Los Chapitos”, y su testimonio detallaría nombres de enlaces, operadores y mandos medios de la organización criminal que le hacían llegar los pagos a cambio de protección institucional.

Sus declaraciones también afectarían a mandos policiales intermedios, comandantes y directores de las policías estatal y municipal, ya que la acusación sostiene que alertaba al cártel sobre operativos inminentes y ubicación de laboratorios clandestinos de droga, permitiendo a los criminales escapar y retirar el material antes de cateos. Sus testimonios expondrán la estructura de quiénes ejecutaban estas órdenes de filtración en la policía.

Además, ante su pasado como militar en retiro y general brigadier, las agencias de EE.UU. buscarán que aporte nombres de otros miembros de fuerzas armadas o áreas de inteligencia mexicana que facilitaran el libre movimiento de narcóticos o blindaran a células de la delincuencia organizada.

En fin, sus confesiones buscan desarticular por completo la red de presunta “protección institucional” que permitía operar al narcotráfico desde las instituciones de seguridad sinaloenses.

Por otro lado, su traslado al régimen de protección de testigos impacta a Morena en dos frentes opuestos: Por un lado, la postura de deslinde institucional de la dirigencia nacional frente a la creciente vulnerabilidad y, por el otro, el costo político para su estructura en Sinaloa.

El impacto en el partido se analiza bajo el enfoque de deslinde de la dirigencia y la presidencia por su discurso de “cero impunidad”, pues su postura y de la presidenta Claudia Sheinbaum es que no existe ningún “riesgo político” ni preocupación por estas cooperaciones.

Argumentan que su partido promueve honestidad, no encubre a nadie, y la entrega y confesión de ex funcionarios es decisión estrictamente individual que deben juzgar los tribunales.

Por su parte, la narrativa de la administración interina de Sinaloa ha sido minimizar el impacto con el argumento de que Mérida Sánchez ya no forma parte de la administración, con lo que busca “encapsular” el problema para no contaminar la marca del partido a nivel nacional.

No obstante, aunque la cúpula nacional se deslinde, en el plano local genera profunda inquietud, toda vez que el testimonio de Mérida Sánchez nutre la causa federal en el tribunal de Manhattan contra Rocha Moya, el gobernador morenista con licencia, así como de otros funcionarios clave del Estado, como el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.

Para la opinión pública y partidos de oposición, que el jefe de seguridad de un gobierno morenista confiese haber recibido sobornos de “Los Chapitos” golpea el discurso moral de Morena. Figuras opositoras utilizan el caso para acusar “silencio cómplice” de las autoridades mexicanas y señalar que el crimen organizado ha influido en la operación institucional del Estado.

Analistas señalan que intervención y arrestos por “oleadas” de la justicia de EE.UU. evidencian pérdida de control del gobierno local sobre sus propias áreas de seguridad, lo que debilita la confianza ciudadana en la capacidad de Morena para pacificar Sinaloa, terreno bajo fuerte escrutinio por la violencia interna del cártel.

En resumen, mientras la dirigencia de Morena intenta mitigar el daño y mantenerse al margen de los delitos individuales, la liberación y el pacto de Mérida Sánchez debilitan políticamente su estabilidad gubernamental en Sinaloa al validar judicialmente señalamientos de corrupción de alto nivel.

Respecto a los tres cargos de gravedad contra Mérida Sánchez sobre conspiración para importar narcóticos, se le imputa haberlo hecho para introducir ilegalmente sustancias controladas a EE.UU. con acciones vinculadas a la protección institucional a “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa a cambio de millonarios sobornos de hasta 100 mil dólares mensuales.

Sobre posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, se le acusa de portar y facilitar uso de armamento pesado de grado militar de alta letalidad, así como conspirar para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, con planeación colectiva, distribución y resguardo de armas automáticas de alto poder en redes que operaban junto con el crimen organizado.

Como ex mando de seguridad pública, los cargos combinados conllevan una pena acumulable en la ley estadounidense que va desde mínimo de 40 años de prisión hasta cadena perpetua.

Precisamente por la gravedad de estas imputaciones y la “abundante evidencia” en su contra, el ex militar decidió negociar y convertirse en testigo protegido para una reducción sustancial de su condena.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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