¡Otra “pobre” política sin bienes inmobiliarios!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

De acuerdo con fuentes nacionales, la propia presidenta de la Coordinación de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, habría omitido en su declaración patrimonial un departamento valuado en unos 3 millones de pesos, aunque, al igual que el Verde pintado de guinda, Eugenio “Gino” Segura en Quintana Roo, dijo no poseer propiedades inmobiliarias, “ninguna”, cero.

El señalamiento lo difundió hace unos días el periodista Jorge García Orozco y lo reprodujeron diversos medios, que exponen contradicción directa en los documentos oficiales que presentó la funcionaria de Morena.

Aunque la líder no aspira a ningún cargo de elección popular -al menos eso se cree-, para Morena, el partido en el poder, las inconsistencias patrimoniales de figuras de alto perfil como Citlalli Hernández acarrean costos políticos, discursivos e internos, aunque difícilmente alteren su control electoral a corto plazo.

Entre las principales consecuencias para el partido, se incluye un desgaste en su bandera política de la “austeridad republicana”, su discurso central basado en el combate a la corrupción y en que sus funcionarios vivan en la justa medianía, por lo que casos de propiedades millonarias -aun justificadas con créditos- debilitan la narrativa de no ser iguales a la oposición.

Bloques opositores y prensa crítica utilizan estas omisiones para señalar incongruencia y simulación de pobreza con fines electorales en la llamada Cuarta Transformación.

Orea consecuencia es el costo de la aclaración, ya que, aunque Citlalli Hernández argumentó formalmente que registró el crédito como pasivo y no el inmueble porque “aún lo debe a 20 años”, la percepción pública de este tecnicismo es una evasión de transparencia.

La crítica se magnifica al sumarse a otros cuestionamientos recientes hacia legisladores del partido, como el aspirante a gobernador “Gino” Segura por créditos o propiedades de alta plusvalía que contrastan con los ingresos del servicio público.

Como presión interna en el control de daños, Morena suele cerrar filas en torno a sus dirigentes, y de ahí que otra consecuencia inmediata sea la necesidad de activar estrategias de comunicación para minimizar el impacto mediático y evitar que afecte la agenda del gobierno federal o los relevos en carteras clave.

Pero, además, como precedente disciplinario, si el caso escala formalmente ante la Secretaría de la Función Pública, obligaría a Morena a respaldar su “credibilidad” pública con una sanción administrativa menor (como una amonestación) o arriesgarse a una mayor pérdida de control.

Para nadie es secreto el hecho de que un político en funciones declare “ninguno” en su apartado de bienes inmuebles es una práctica frecuente en México, pero genera un alto nivel de sospecha y debate técnico, particularmente en casos donde existen contradicciones visibles como el de Citlalli Hernández.

La evaluación de qué tan creíble o sospechoso resulta este escenario se divide en dos perspectivas: la técnica (cómo se llenan estos formatos) y la política (el patrón de comportamiento histórico de los servidores públicos).

En el primer caso, habría que preguntarse si ¿se trata de un error o una omisión? Desde un punto de vista estrictamente metodológico y legal, el llenado que realizó la funcionaria lo catalogan expertos en fiscalización como un criterio erróneo u omisión técnica, lo que levanta alertas automáticas.

Citlalli Hernández argumentó públicamente que colocó el término “ninguno” porque el departamento en cuestión se está pagando con un crédito hipotecario a 20 años y, bajo su lógica, el inmueble no será suyo formalmente hasta terminar de liquidarlo, por lo que decidió reportar únicamente la deuda (el pasivo)

Sin embargo, los manuales de llenado de la Secretaría de la Función Pública desmienten esa lógica. Cuando un funcionario adquiere una propiedad a crédito, adquiere los derechos del bien de forma inmediata. La ley exige declarar el inmueble en el apartado de activos (especificando que se obtuvo con crédito) y la deuda en el apartado de pasivos. Omitir el inmueble rompe la partida doble del registro patrimonial y técnicamente constituye una ocultación del bien.

Ahora bien, desde la perspectiva política ¿Por qué resulta sospechoso? En el contexto mexicano, que un político de alto perfil declare no tener ninguna propiedad genera desconfianza en la ciudadanía por antecedentes de simulación patrimonial, donde existen patrones históricos identificados por organizaciones de transparencia.

Uno de ellos es el uso de “prestanombres” o familiares, ya que, históricamente, muchos políticos declaran “cero propiedades” para blindar su imagen o aparentar vida de extrema austeridad, pese a que investigaciones periodísticas suelen descubrir que los bienes reales están registrados a nombre de cónyuges, hijos, padres o redes de prestanombres, esquivando la declaración personal directa.

Sobre la paradoja del ingreso, resulta difícil de creer para la opinión pública que un funcionario con sueldos altos en la administración pública o el Poder Legislativo durante varios años no posea ningún patrimonio residencial propio.

El caso concreto de tener un crédito hipotecario por 3 millones de pesos, pero reportar “cero” inmuebles resulta sumamente sospechoso para cualquier sistema de auditoría. En el sistema financiero, un banco no otorga un crédito hipotecario a la palabra; el crédito existe porque se está adquiriendo un inmueble que queda en garantía (hipotecado). Negar el inmueble teniendo la deuda es una contradicción financiera básica.

Lo cierto es que la veracidad del hallazgo documental quedó confirmada indirectamente por la propia Citlalli Hernández, quien no negó los datos de la publicación, sino que salió a defender el criterio con el que llenó el formato.

Por cierto, recién opinó que vivir en la austeridad y la justa medianía, “no significan que una persona pública tenga prohibido gastar su propio dinero o aceptar ir un domingo a un restaurante”, sino “gobernar sin privilegios ni excesos a costa del erario”.

Al evaluar el marco legal del llenado de su declaración para determinar si la publicación tiene sustento al llamarlo "omisión" u "ocultación", se debe revisar la ley sobre las Normas e Instructivo de Llenado de las Declaraciones Patrimoniales de la SFP.

Los criterios técnicos de ésta señalan que tanto bienes (activos) como deudas (pasivos) deben registrarse simultáneamente. Cuando se adquiere una casa por medio de hipoteca, el funcionario está obligado a declarar el inmueble en el apartado de bienes (especificando que la forma de adquisición fue a crédito) y, de forma paralela, reportar el saldo de la deuda en pasivos.

Por lo tanto, la publicación es verídica en sus datos duros (la existencia del crédito y la ausencia del inmueble en el formato), quedando a debate si el llenado de la funcionaria fue una equivocación técnica de criterio o una omisión deliberada.

La discrepancia central que critica la opinión pública radica en que, por definición legal y financiera, un crédito hipotecario requiere de manera obligatoria el respaldo de un inmueble en garantía. Reportar una deuda hipotecaria millonaria activa, pero asegurar que no se posee ningún bien raíz, levanta sospechas y acusaciones sobre una omisión intencional de la vivienda para ocultarla del registro público de bienes. 

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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