“Pobre” Gino Segura, ¿menos digno de confiar?

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Después de que varios aspirantes y políticos de Quintana Roo, sobre todo los aspirantes a la gubernatura, hicieron pública su información patrimonial, de forma voluntaria por iniciativas ciudadanas o plataformas de transparencia obligatorias para servidores públicos, se puso de manifiesto que el senador de Morena con licencia Eugenio “Gino” Segura Vázquez es el menos digno de confianza.

El caso es que escuchamos atentos interesante reportaje del colega Esteban Santiesteban sobre declaraciones patrimoniales de los tres principales aspirantes a suceder a la gobernadora Verde, Mara Lezama, y no pudimos evitar referirnos a esa situación hacia el proceso electoral, la carrera interna de Morena y las declaraciones de los aspirantes más visibles bajo escrutinio público.

En torno a la de Rafael Marín Mollinedo, como ex director de la Agencia Nacional de Aduanas, está disponible para consulta pública y, según reportes periodísticos de medios como N+ Focus, su registro incluye múltiples propiedades inmobiliarias de alto valor en Cancún.

Por su parte, Eugenio "Gino" Segura presentó declaraciones generaron intenso debate porque, aunque suene ridículo, declaró formalmente no poseer ¡ningún bien inmuebles ni vehículos!, lo que contrasta con su estilo de vida.

Finalmente, en el caso de Ana Patricia Peralta, la alcaldesa con licencia de Benito Juárez, otra Verde disfrazada de Morena, al igual que otros funcionarios del Estado, sus declaraciones se registran anualmente en sistemas de transparencia locales.

Irónicamente, en procesos electorales previos, Quintana Roo destacó a nivel nacional por candidatos a la gubernatura sumados voluntariamente a la Iniciativa Ciudadana 3de3 que promovieron el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO y Transparencia Mexicana, donde, para pocos creíble, publicaron sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses.

Actualmente, todos los políticos con cargo público están obligados a presentar su declaración en mayo y se pueden consultar de forma pública por el Sistema de Declaraciones del Gobierno de Quintana Roo o Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción.

Ahora bien, concretamente, los montos, bienes y detalles específicos que ahora reportaron -o se les cuestiona públicamente- varían según el aspirante, aunque Marín Mollinedo convirtió su patrimonio en objeto de investigación periodística de N+ Focus tras su paso por la Agencia Nacional de Aduanas, pues reportó cinco bienes, mientras, supuestamente, registros públicos le atribuirían hasta nueve. Vaya, ¡por lo menos él Sí tiene propiedades!

Así, posee casa de 145 m² en Cancún, adquirida en 1994 con crédito Infonavit; departamento de 323 m² en Shark Tower Puerto Cancún, escriturado en mayo de 2024 con valor de más de 15.5 millones de pesos; un departamento en Bellavista Towers vendido en julio de 2025 por 9 millones, y dos créditos inmobiliarios con LEPARC-Cancún, con valor combinado de 9.2 millones.

Sobre vehículos, declaró una camioneta Mercedes-Benz G500 adquirida en Suiza, por más de 3 millones de pesos, mientras que por ingresos reportó un sueldo público de 123 mil pesos mensuales, así como más de 20 millones por rentas, actividades financieras y empresariales.

Por su parte, Eugenio “Gino” Segura, ex secretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, desató profunda controversia en redes sociales y medios de comunicación por lo “austero” de su informe fiscal, ya que, aunque nadie le cree, declaró formalmente ante Transparencia no poseer ¡ninguna propiedad!, es decir, cero bienes inmuebles y vehículos a su nombre.

Analistas y publicaciones en redes sociales, sustentados en plataformas como X (Twitter), realizaron un contraste de su declaración con su estilo de vida, pues reside en un departamento de la exclusiva zona residencial Puerto Realty de Cancún, valuado en 2 millones de dólares, pero declaró nada sobre el.

Finalmente, la alcaldesa de Cancún con licencia, Ana Patricia Peralta, tampoco muy “honesta” que digamos, reportó un patrimonio estrechamente ligado a su entorno familiar, ya que pertenece a una de las familias empresariales del sector hotelero en el Estado, por lo que, en la Plataforma Digital Nacional, sólo registra ingresos por el servicio público y reportes de modificación anual estándar.

Sin embargo, portales informativos como La Opinión de México, señalan que en sus antecedentes laborales declaró haber fungido estrictamente como “asesora” en las firmas Operadora Elían y Operadora Desiré, de la corporación hotelera Grupo Original, fundada por su madre, pero omitió vínculos directos o participaciones corporativas en los formatos de conflicto de intereses.

Como era de esperarse, la mayor parte de la población no confía en estas informaciones, ya que en Quintana Roo existe profundo escepticismo sobre esas declaraciones de políticos, desconfianza respaldada por estadísticas oficiales y reciente análisis periodísticos.

La falta de credibilidad se debe principalmente a factores estructurales, el primero la percepción generalizada de corrupción.

Según Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, 85.6% de la población mayor de 18 años considera que la corrupción es frecuente o muy frecuente en Quintana Roo, superando la media nacional. Además, los partidos políticos registran 82.9% de percepción de corrupción, lo que genera sesgo automático de duda sobre cualquier informe de sus aspirantes.

En contradicciones evidentes y opacidad, se perciben las declaraciones sólo como trámite burocrático manipulable, sobre todo, tras que investigaciones nacionales de medios como El Universal, revelaron que tres de cada 10 aspirantes gubernamentales del país dejan graves vacíos en su patrimonio, ya sea ocultándolo, negándose a publicarlo o declarando no tener ningún bien.

En el contexto local, casos como el de “Gino” Segura, que reporta “cero propiedades” mientras habita en zonas exclusivas de Cancún, refuerzan la idea de que las declaraciones reales se ocultan con prestanombres o redes familiares y existe fuerte percepción de impunidad.

Aunque la ley obliga a los funcionarios a declarar bajo protesta de decir verdad, la gente ve que los órganos de control interno rara vez sancionan penalmente inconsistencias notorias entre el estilo de vida de un candidato e ingresos reportados, limitando el ejercicio a una simulación de transparencia.

Por otro lado, hacer públicas declaraciones fiscales y de intereses, conocidas como formato “3de3”, es herramienta fundamental para la salud democrática. Su importancia y necesidad radican en una serie de puntos, entre ellos control de corrupción y enriquecimiento ilícito, donde el rastreo de la evolución patrimonial permite comparar los bienes de un político antes, durante y después de su encargo para detectar incrementos inexplicables en su riqueza.

Otro factor es disuasión del delito, pues, al saber que sus activos están bajo escrutinio público, se reduce el incentivo para que los funcionarios acepten sobornos o desvíen recursos, además previene conflictos de interés, ya que la identificación de vínculos comerciales revela si un gobernante o legislador tiene acciones en empresas que podrían beneficiarse directamente de contratos gubernamentales o de nuevas leyes.

En transparencia en toma de decisiones, permite saber si el político legisla o gobierna para bien común o para proteger sus negocios o los de su familia, mientras fortalece democracia y voto informado porque el criterio de elección sirve como carta de presentación ética que ayuda a la gente a evaluar honestidad y congruencia de un candidato antes de emitir su voto.

Sobre rendición de cuentas, las declaraciones transforman el ejercicio del poder en acto transparente, donde el gobernante está obligado a rendir cuentas de cara a la sociedad que lo financia con sus impuestos, mientras en legitimidad institucional, en regiones con elevado escepticismo, como Quintana Roo, la apertura voluntaria y total de datos ayuda a reconstruir el tejido de confianza entre sociedad y clase política.

Si de algo sirve, se documentan muchos casos de funcionarios y aspirantes que falsearon u ocultaron información en sus declaraciones, tanto en Quintana Roo como a nivel federal, con irregularidades desde inconsistencias notorias detectadas por periodismo de investigación hasta sanciones administrativas oficiales.

Las principales formas en que se ha falseado u ocultado esta información incluyen el fenómeno de los aspirantes con “cero bienes”, ejemplo clásico el de “Gino” Segura, ya que recientes investigaciones nacionales y estatales ponen bajo lupa a políticos con largas trayectorias que reportan nulo patrimonio.

Como vacíos patrimoniales, el análisis de El Universal reveló que tres de cada 10 aspirantes a gubernaturas de Morena en el país presentan vacíos graves: No tienen declaraciones públicas disponibles o declaran formalmente no poseer ningún bien inmueble o mueble.

El caso de Quintana Roo, como mencionamos, “Gino” Segura declaró formalmente cero propiedades o autos a su nombre, aunque periódicos y redes sociales evidencian que reside en el lujoso departamento de Puerto Cancún, valuado en más de 2 millones de dólares, lo que encaja en el patrón de ocultamiento patrimonial a través de esquemas financieros o familiares.

Por su lado, Rafael Marín, aspirante histórico colaborador de Morena, reportó originalmente cinco bienes, aunque N+ Focus reveló con actas del Registro Público de la Propiedad que, en realidad, posee nueve propiedades de alto costo en Cancún, incluso un departamento de lujo en la exclusiva Shark Tower con valor superior a 15 millones de pesos, evidenciando una omisión deliberada en sus formatos oficiales.

Los órganos de control de Quintana Roo comenzaron a fiscalizar de manera más estricta estas faltas administrativas, aunque las investigaciones suelen avanzar con lentitud, por ejemplo, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Quintana Roo, Reyna Arceo Rosado, detalló ante el Congreso del Estado que emitió resoluciones para inhabilitar temporalmente a decenas de servidores públicos.

Su Contraloría estatal ha llegado a acumular más de 8 mil expedientes de responsabilidad administrativa, la inmensa mayoría de casos por omisiones, retrasos o inconsistencias graves en las declaraciones de situación patrimonial obligatorias.

A nivel municipal, ex funcionarios de administraciones previas en Playa del Carmen y Benito Juárez enfrentan procesos ante los Órganos Internos de Control y el Tribunal de Justicia Administrativa por discrepancias en manejo de recursos e inconsistencias en sus declaraciones de conclusión de encargo.

¿Cuáles son las consecuencias legales que enfrentan? Según la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Quintana Roo y leyes vigentes, un político que falta a la verdad en su declaración patrimonial bajo protesta de decir verdad se expone a amonestaciones públicas o apercibimientos privados; destitución inmediata de empleo, cargo o comisión o inhabilitación temporal para cualquier puesto en servicio público hasta por 10 años.

Finalmente, enfrentan posibles denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el delito de enriquecimiento ilícito en caso de que no se pueda comprobar el origen legal de los recursos.

         Así, nos preguntamos ¿Será que algún funcionario o candidato de Quintana Roo se ha hecho o se hará acreedor a estas “amenazas? ¿Usted qué opina?

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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