Alcalde de Tulum, ¡con la soga en el cuello!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

         Después de más de tres años como alcalde de Tulum -desde marzo de 20223-, por la muerte de su antecesor Marciano Dzul Caamal, el “Verde” Diego Castañón Trejo inculpa ahora a éste por la polémica en torno al Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del municipio, que lo tiene al borde de ser destituido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y es que, en efecto, el tema alcanzó su punto más crítico porque la Corte emitió un ultimátum, amenazándolo con destitución, multas y consignación a un juez por desacato judicial al retrasar emitir este reglamento, los que prometió presentar hoy a más tardar de manera abierta con avances técnicos y calendario detallado de conclusión.

Como antecedente de 2021, esa administración autorizó y publicó un Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable (PMOTEDUS), que permitía cambios de uso de suelo que arriesgaban la sustentabilidad ambiental de la región.

Ante eso, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) promovió la Controversia Constitucional 68/2021, donde enunció que el municipio invadió competencias federales y violó el derecho a un medio ambiente sano y logró que la Corte suspendiera el programa.

Sin embargo, el Ayuntamiento difirió injustificadamente crear y aprobar un nuevo POEL para regular la explosión urbana de Tulum de forma compatible con la ecología.

La falta de esta regulación provocó amparos de organizaciones civiles, como Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), por proliferar obras y complejos de lujo sin Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), afectando el frágil ecosistema de cenotes, selva y playas de Tulum.

Ante la advertencia de destitución, Diego Castañón argumenta mantener comunicación constante con la Corte y seguir proceso para consolidar el POEL de manera coordinada con Semarnat y autoridades estatales, aunque la presión judicial es inmediata y se agota el tiempo límite para su publicación legal.

A todo esto, el argumento político e institucional de Castañón Trejo, aliado y consentido de la gobernadora Verde, Mara Lezama, es deslindarse de culpa directa y señalar que la polémica es por un problema heredado.

Así, ante el ultimátum, sus argumentos son herencia de administraciones pasadas, cumplimiento “en tiempo y forma”, y comunicación abierta con el Poder Judicial.

Insiste en que la Controversia Constitucional se inició por errores y excesos del trienio anterior, cuando él aún no gobernaba y calificó la cobertura informativa sobre su posible destitución como “tendenciosa”, argumentando que los medios presentan el problema como desacato deliberado de su gestión, cuando que se resuelve un rezago histórico.

Asegura que atiende los requerimientos de la SCJN puntualmente y niega incumplimiento o evasión, mientras su defensa política resalta que emitir un POEL legalmente robusto requiere labor conjunta y coordinada con Gobierno del Estado y Semarnat, un proceso que toma tiempo concretar adecuadamente.

También dice mantener comunicación y mesas de trabajo permanentes con la SCJN para transparentar avances, remitir informes y demostrar voluntad política para acatar la sentencia ambiental de manera definitiva.

Con todo, no sería la primera ocasión que un alcalde en México es advertido o sancionado con destitución por la Corte, pues existe un historial importante de ellos que, incluso, han perdido el cargo por desacatar sentencias judiciales.

El mecanismo que lo presiona es facultad constitucional que la SCJN ha ejercido en los Estados cuando sus autoridades ignoran amparos, deudas laborales (laudos) o sentencias ambientales y, a lo largo de los años, aplicó separación del cargo y consignación penal de forma contundente.

Ejemplos notorios son Paraíso, Tabasco (2018); Coacalco, Estado de México (2018); Tlacotepec de Mejía, Veracruz (2018); Emiliano Zapata, Morelos (2014), en este último, a Carlos Eduardo Martínez Varela, por incumplir el pago de una sentencia relacionada con derechos de trabajadores.

No obstante, aunque a nivel nacional hay antecedentes, en la historia de Quintana Roo es sumamente inusual que la SCJN emita ultimátum tan directo y agresivo por ordenamiento ecológico y desarrollo urbano, pues, generalmente, las destituciones son por laudos y, el caso de Tulum, destaca porque la amenaza es por devastación ambiental y omisión regulatoria territorial.

La lista inicial de 26 desarrollos inmobiliarios que carecen de dictámenes, constancias, licencias o autorizaciones para comercializarse de forma regular y que dieron a conocer la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable y el Ayuntamiento de Tulum, suman otros macroproyectos bajo investigación.

Los nombres comerciales principales de los desarrollos boletinados son: Macroproyectos recién boletinados, Ocean Tulum (Alerta del 6 de agosto por carecer de autorizaciones estatales y municipales básicas), Mayab Tulum, Trobbu Tulum y MAIIM, ubicado en Tankah Tres, bajo orden federal de demolición por invasión ecológica.

 Los detectados sin permisos oficiales son Luna Sanctuary, Santuario Uh May, Uxcan Tulum Bamboo Villas Haciendas Cobá, Viventum, Nova Tulum, Maia Holistic Community, Selvadentro, Akun-Arunte-Emana, Tulum Cenote Gardens, Oken-Ilik Ha-Selvarum, Ulumi-Rosela Tulum-Trebola, Bosque Tulum, Cosmos-Zool-Xeelenja y Nero-Iktan-Cibelia-528 Tulum.

La destitución de Castañón Trejo sería inmediata de no solventar el emplazamiento, y la SCJN dictamina que persiste un desacato injustificado, con un mecanismo constitucional y plazos estimados para concretar el escenario que se divide en varias etapas.

Primero, según el Artículo 107 constitucional -aplicable al desacato de sentencias del máximo tribunal-, el procedimiento es directo y no requiere juicio político previo en el Congreso del Estado, ya que se requirió formalmente al municipio los nombres, cargos y datos de contacto de todos los funcionarios involucrados en el retraso del POEL.

Si la SCJN determina que las respuestas son evasivas o se excluyó de nuevo a la Semarnat del proceso, votará incidente de inejecución de sentencia. Al aprobarse la orden de separación y consignación, la Corte emite un decreto definitivo que separa inmediatamente del cargo a Castañón Trejo y funcionarios responsables.

El caso se turna de forma automática a un Juez de Distrito o al Ministerio Público Federal para que el entonces ex alcalde enfrente juicio penal por desacato.

Sobre el “cuándo”, la Corte ya emitió ultimátum y requirió información, y la Comuna está al límite del plazo legal para entregar detalles, calendario de promulgación y acreditar participación de autoridades federales ambientales.

El alcalde recién anunció que presentará informe público y calendario de conclusión del POEL, tras lo cual los ministros de la Corte evaluarán si constituyen un avance real o solo una medida para ganar tiempo.

Si califica insuficientes argumentoso o calendario propuesto se vuelve a incumplir, la destitución podría votarse formalmente antes de concluir el actual periodo de sesiones del Poder Judicial, es decir, antes del 15 de diciembre

Sin embargo, Castañón Trejo tiene como límite esta semana, mediados de agosto, para presentar informe y el calendario que destrabe la emisión del POEL, según sus propias declaraciones.

También deberá identificar formalmente a los funcionarios encargados de ejecutar el fallo y remitir evidencias documentales que demuestren que no están evadiendo la sentencia judicial de forma voluntaria.

Sobre el plazo perentorio, la SCJN, según se difundió el 4 de agosto, los otorga para que la Comuna responda al requerimiento de información antes de activar las sanciones por desacato. De rebasar el periodo sin acreditar avances coordinados con la Semarnat, el expediente de inejecución continuará directo en el pleno hacia destitución o severas multas.

Y es que la cantidad exacta de desarrollos inmobiliarios de lujo que operan bajo irregularidades o carecen de permisos ambientales federales varía de acuerdo con censos de autoridades y denuncias de ambientalistas, aunque la “lista negra” refiere entre 26 y 29 mega-desarrollos.

La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable mantiene registro actualizado que identifica casi 30 grandes proyectos inmobiliarios comercializándose en Tulum sin permisos de uso de suelo, licencias municipales o autorizaciones ambientales.

Recientemente, autoridades municipales y estatales clausuraron o suspendieron 18 desarrollos inmobiliarios por violaciones directas a los reglamentos de construcción vigentes.

No obstante, investigaciones civiles documentan que los últimos trienios emitieron 2,493 licencias de construcción, muchas de ellas con ordenamientos obsoletos o reglamentos ilegales -como el suspendido PMOTEDUS de 2021-, lo que permitió autorizar complejos residenciales millonarios en zonas de conservación sin exigirles la MIA federal.

Organizaciones como DMAS llevaron a jueces federales proyectos específicos de alto impacto económico para exigir revocar permisos locales de la Dirección de Desarrollo Urbano de Tulum, como Proyecto Maiim -Bahía Solimán-, complejo de 30 departamentos de súper lujo en la costa, cuyas licencias expedidas en 2022 las anuló un juez, que ordenó su demolición total por invadir áreas de anidación de tortugas marinas y carecer de MIA federal.

Otro más es Condominio Adamar -Tankah IV-, edificio residencial de 7 niveles y 16 departamentos exclusivos asegurado penalmente por la Fiscalía de Quintana Roo y la Profepa por el mismo patrón: Construir ilegalmente con permisos municipales irregulares.

Ante esto, la SCJN exigió documentos oficiales para comprobar que se acata su sentencia, como pruebas de coordinación con Semarnat, pues la sentencia original de la controversia mandata que el nuevo plan ecológico no puede hacerlo el municipio de manera aislada.

En este sentido, exige minutas e informes de trabajo, documentos firmados que comprueben la participación activa y conjunta con la Semarnat y comprobantes donde las autoridades federales ambientales revisan y avalan los criterios ecológicos propuestos para Tulum.

Asimismo, exige cronograma de emisión y publicación, identificación de funcionarios responsables, y resoluciones de negación de permisos (por amparos paralelos) vinculado al desorden inmobiliario y recursos que promovió DMAS, por lo que pide constar que la Dirección de Desarrollo Urbano emite revocaciones de licencias que demuestren que se están negando o cancelando permisos de construcción a desarrollos de lujo sin MIA.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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