¡Alta tasa de impunidad e ineficiencia en Q. Roo!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

Por no funcionar de manera efectiva, la reinserción social en México, basado en respeto a los derechos humanos, trabajo y educación, sigue siendo uno de los mayores fracasos del sistema penal, pues, aunque el artículo 18 de la Constitución dictamina que las prisiones se deben basar en esos renglones, así como en salud y deporte para reintegrar a los reclusos, la realidad es que las penitenciaría contradicen por completo este ideal.

Sin embargo, Quintana Roo registra una de las tasas de reincidencia delictiva oficial más bajas del país, con 1.7%, según el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios y, de acuerdo con estos indicadores oficiales, de 4 mil 400 personas que ingresan a sus penitenciarías, 98.3% carece de previos antecedentes penales.

No obstante, investigaciones académicas y criminológicas contrastan fuertemente con este optimismo estadístico, con una contradicción estructural del desglose de reincidentes.

Los responsables del sistema penitenciario de la entidad son el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres, y el subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, Orlando Leyva Lobato, este último como encargado de ese sistema.

Como delito más recurrente, datos históricos y de diagnóstico de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL del INEGI), demuestran que, del universo de reclusos de Quintana Roo, que aceptan antecedentes, 46.5% reincide en robos -principalmente de vehículos, a transeúntes o negocios-, seguido por portación ilegal de armas de fuego, con 16.1%.

Que Quintana Roo aparezca con baja reincidencia no equivale a que las personas liberadas dejen de delinquir, ya que expertos coinciden en que enfrenta alta tasa de impunidad e ineficiencia para detener nuevamente a infractores y, en contraste con sus cárceles supuestamente “exitosas”, aumentan los delitos cotidianos de alta proximidad, con niveles notables de fraude, asalto en vía pública y extorsión.

Según análisis jurídicos, como el estudio sobre la Reinserción Social de Dialnet, programas de resocialización en cárceles estatales son masculinizados y punitivos, lo que provoca que las mujeres liberadas queden desamparadas; más de 80% de las ex reclusas carece de empleo estable, lo que las empuja al riesgo inminente de reincidencia oculta o precariedad extrema.

Pese a críticas, la infraestructura penitenciaria -como penales de Cancún y Chetumal- escaló 15 posiciones en el diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Así, Quintana Roo transitó del lugar 31 al 16 a nivel nacional gracias a la erradicación parcial de autogobiernos delictivos, y actualmente se implementan talleres de carpintería, pintura y confección de hamacas orientados a dotar de oficios útiles a los internos antes de cumplir su condena.

         A nivel nacional, uno de los principales obstáculos que impiden la reinserción es el colapso del modelo de reinserción por fallas estructurales crónicas dentro y fuera de los penales, entre ellos la crisis de hacinamiento.

En este sentido, según datos del INEGI, recopilados en el Censo Nacional del Sistema Penitenciario, el sistema opera de manera generalizada por encima de su capacidad instalada -superando 102.9% de ocupación a nivel nacional-, lo que anula cualquier espacio para tratamiento digno o personalizado.

Otro obstáculo son las cárceles como “escuelas” del crimen, donde falta de control de autoridades provoca autogobierno y corrupción interna extrema y, en lugar de rehabilitarse, los internos menores o primerizos conviven con criminales de alto impacto, saliendo más especializados en delinquir.

En un enfoque punitivo y no restaurativo, el Estado mexicano prioriza castigo, aislamiento y encierro severo por encima del seguimiento psicológico real y de la solución de los factores criminógenos de la persona.

Por su lado, respecto al estigma y abandono post-penitenciario, al cumplir una condena, las personas liberadas enfrentan antecedentes penales insalvables que les bloquean acceso a empleo formal, y orilla a reincidir para sobrevivir.

Pese al fracaso institucional de gobierno, existen entornos específicos donde la reinserción ha demostrado tasas de éxito notables, uno de ellos las organizaciones civiles (ONGs), donde fundaciones independientes, como Reintegra y Reinserta, demuestran que, con programas basados en justicia restaurativa, salud mental y desarrollo humano, se alcanzan tasas de éxito y no reincidencia de hasta 96% en jóvenes.

Además, ciertas entidades ofrecen apoyos que marcan la diferencia. Por ejemplo, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México mantiene programas con capacitación de autoempleo, vinculación laboral y canalización a microcréditos para personas recién liberadas.

Lo cierto es que el Gobierno Federal ha intentado reestructurar la estrategia mediante proyectos de capacitación formativa en Centros Federales de Reinserción Social, buscando un enfoque con mayor perspectiva de derechos humanos.

En cifras, las tasas oficiales de reincidencia delictiva en México oscilan entre 12 y 20% según registros administrativos de ingresos y reingresos de autoridades judiciales en censos del INEGI, aunque criminólogos y organizaciones civiles señalan enorme “cifra negra”, y en la práctica estudios locales e independientes sitúan la tasa real de reincidencia entre 24 y 51%.

El caso es que la medición exacta es sumamente compleja por la forma en que el Estado mexicano recopila la información, con un sesgo de los datos institucionales.

Históricamente, las cifras del INEGI, basadas en reportes de las Fiscalías, muestran tasas de reincidencia relativamente bajas -18% en 2015; 12.4% en 2017, y 14.7% en 2018- lo que, sin embargo, no refleja éxito, sino ineficacia para detener o procesar nuevamente a los que vuelven a delinquir.

En baja expectativa percibida, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, indica que sólo 4.5% de los internos considera probable volver a delinquir al salir. El abismo entre la intención declarada y la realidad es por nulas oportunidades económicas externas.

Por otro lado, las alarmantes condiciones de las cárceles mexicanas explican por qué la reincidencia sigue latente, sobre todo por su histórica saturación, ya que el sistema penitenciario tiene más de 261 mil internos en los centros de reclusión del país.

En un abuso de la prisión preventiva, cerca de 42% de las personas tras las rejas no cuenta con sentencia condenatoria, lo que significa que miles de personas siguen encerradas sin juicio, mezclándose con reincidentes crónicos y destruyendo su tejido social antes de ser declaradas culpables.

Ahora bien, los liberados reinciden principalmente por la falta de oportunidades económicas y un plan de seguimiento institucional al salir de prisión. El sistema penitenciario corta los lazos sociales del interno, pero no le otorga herramientas para sobrevivir en libertad, con lo que crean un círculo vicioso de exclusión.

Entre los factores críticos que provocan la reincidencia, se incluye el colapso del proceso de reinserción por causas estructurales, una de ellas la exclusión laboral y antecedentes penales, principal motor de reincidencia económico, pues la gran mayoría de las empresas exige carta de antecedentes no penales, y al verse rechazados sistemáticamente, los exreclusos recurren al comercio informal o regresan al crimen organizado como única vía de ingresos.

El Estado mexicano abandona a las personas al momento exacto de cruzar la puerta de salida, toda vez que no existen albergues públicos de transición, redes de apoyo psicológico, ni acompañamiento institucional que los ayude a adaptarse nuevamente a la sociedad.

Por si fuera poco, el encarcelamiento prolongado destruye vínculos con la familia y la comunidad. Al quedar libres, muchos internos no tienen hogar a dónde regresar, carecen de redes de apoyo emocional y se encuentran en desamparo absoluto.

Además, en los penales, el consumo de sustancias es un problema crónico que rara vez recibe tratamiento médico o terapéutico. Los internos son liberados con las mismas adicciones o trastornos psicológicos agravados por el encierro, lo que nubla su reintegración.

Finalmente, el clásico hacinamiento obliga a los delincuentes primerizos o menores a convivir con miembros de bandas delictivas de alta peligrosidad, por lo que, durante su estancia, en lugar de rehabilitarse, generan redes de contactos delictivos que facilitan su regreso a las actividades criminales al salir.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

Información completa sobre el currículum vitae, en este link:

https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html