¿“Enojo” de alcaldesa de FCP en nuevo escándalo?
Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Todavía impulsada por los que carecen de un
centímetro de cerebro y la siguen candidateando a diputada, la esposa de Johana Acosta Conrado, presidenta
estatal de Morena, es decir Mary Hernández Solís, como ya es su costumbre, está envuelta en nuevo
escándalo en el municipio que “gobierna”, Felipe Carrillo Puerto, ahora
respecto a la nueva zona Puerta del Mar.
Tras fuertes cuestionamientos sobre su
nuevo negocio, “Tribu Bar”, de la avenida
Insurgentes entre Ignacio Manuel Altamirano y Jesús Martínez Ross de la colonia
Emiliano Zapata, inaugurado justo antes del Mundial de fútbol, ahora “se le
ocurrió” cobrar una cuota para acceder a esa área,
que permitiría a los carrilloportenses visitar el mar.
Originalmente,
la funcionaria, hermana del secretario de organización de Morena, David
Hernández, anunció que el acceso a Puerta al Mar sería totalmente libre y gratuito
para el pueblo maya, pero, “enojada” por un retraso militar operativo, el
Ayuntamiento que encabeza cambió de postura.
Mary
Hernández, única a quien no le dolería el reciente fallecimiento en accidente de
quien gobernó Carrillo Puerto, Paoly Perera Maldonado -le ganó en las
elecciones en su primer periodo-, pretexta que el cobro es estrictamente
necesario para mantenimiento del camino, más de más de 50 kilómetros, que requiere
recursos constantes para conservar infraestructura.
Ésta
atraviesa de manera directa la Reserva de la Biósfera de Sian Ka'an, y el
dinero recaudado sería para mitigar el impacto y proteger el ecosistema de
manglares colindante, para lo cual buscaría negociar con el ejido y la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) para que 80% del ingreso
retorne directamente al municipio.
La
pegunta obligada es si es legal cobrar por ir al mar, ya que existe una
distinción legal importante en el marco jurídico que evita catalogarlo delito: Las
playas son públicas y su privatización o bloqueo es ilegal, por lo que nadie debe
cobrar por estar en la arena o nadar en el mar.
Como
excepción, en Puerta al Mar no es por usar la playa, sino por derecho de
tránsito y operación de servicios en Área Natural Protegida federal que administra
la CONANP, idéntico al de fuerzas federales en el Parque del Jaguar en Tulum,
donde se cobraba una tarifa de acceso para mantener reserva, control de
capacidad de carga y tipo de vehículos permitidos.
No
obstante, para reducir el impacto económico en Carrillo Puerto, mesas de
negociación evalúan la aplicación de tarifas preferenciales o exenciones
sociales exclusivas para habitantes locales y del Estado.
El
traslado de la cabecera a Puerta del Mar no estaría a cargo de la Comuna, aunque
operaría bajo un modelo mixto o fideicomiso, para lo cual los tres órdenes de
gobierno delinean logística de transporte y costos para operar con esquema
regulado por autoridades, ejido local y transportistas autorizados, para lo
cual Comuna y Gobierno del Estado crearían un fideicomiso para administrar
accesos y servicios de la ruta.
Por
cierto, el ejido es propietario legítimo de la zona de transferencia y
coordinará la logística de salida de vehículos autorizados junto con los
sindicatos de transportistas locales, aunque, ante el impacto ambiental en Sian
Ka'an, el paso de autos particulares, aunque el trayecto a Vigía Chico requerirá
uso obligatorio de transporte especializado.
El
transporte tendrá un costo, ya que el Ayuntamiento no subsidiará su gratuidad
total por razones operativas: Costos de operación, ya que el trayecto es de 55
kilómetros -22 km de la cabecera al centro de transferencia y otros 3 en el
área natural protegida-, por lo que mantener unidades especiales activas impone
tarifas.
Empero,
habría diferencia entre cuotas, pues una será para el derecho de acceso-mantenimiento
ambiental de la CONANP, y otra, independiente al boleto de traslado físico que brindan
transportistas autorizados.
Ante
la falta de acuerdos entre instituciones, el costo de la tarifa no se ha
definido de manera oficial, lo que ha retrasado la apertura del sitio, aunque
la alcaldesa Mary Hernándezs adelantó que la Secretaría Estatal de
Turismo encabeza las negociaciones para reglas de operación y esquemas de
cobro.
Respecto
a sospechas de un posible negocio privado u oculto “tras bambalinas”, para
evitar control monopólico o discrecional, se contempla un órgano regulador o
fideicomiso público mixto donde participan activamente CONANP, Gobierno del
Estado y núcleo ejidal, lo que restringe a la alcaldesa controlar el dinero.
Los
ejidatarios son copropietarios de tierras de acceso y espacios de transferencia
vehicular, y su asamblea funciona como contrapeso político y económico que
impide a la Comuna o a la alcaldesa operar el transporte de manera unilateral o
con empresas “fantasmas” ajenas a la comunidad.
Con
todo, Mary Hernández, conocida por sus artimañas para hacer dinero, enfrenta
severas críticas a nivel local y acusaciones opositoras por el cambio de
postura sobre la gratuidad original del acceso, por lo que cualquier asignación
directa de concesiones de transporte sin licitación o transparencia detonaría
impugnaciones legales de inmediato.
Así
las cosas, la validez y legalidad del esquema tarifario final dependerá de que
los acuerdos de las mesas de trabajo se publiquen de manera formal y
transparente en el Periódico Oficial del Estado antes de la temporada navideña.
Lo
cierto es que las playas en México no son privadas y legalmente no pueden serlo,
aunque si el cobro por ingresar a Puerta del Mar es “justo” o no, depende de la
perspectiva desde la que se mire, ya que existen argumentos técnicos y sociales
encontrados.
En
el marco legal, la Ley General de Bienes Nacionales en México determina con
claridad la situación legal de las costas: Las playas son propiedad de la
Nación y el acceso a ellas no puede ser restringido, privatizado ni
condicionado a un pago.
Asimismo,
está prohibido que hoteles, residenciales o particulares instalen cercas o
cobren por pisar la arena o entrar al mar.
Luego,
entonces ¿Por qué se cobra en Puerta del Mar? El cobro no viola la ley de
playas porque técnicamente no se está cobrando por el uso del mar o de la
arena, sino por el de la infraestructura de acceso que atraviesa una zona
protegida: El Área Natural Protegida.
El
camino de 55 kilómetros atraviesa la Reserva de la Biósfera de Sian Ka'an, por
lo que las leyes ambientales federales facultan a la CONANP a cobrar un “derecho
de acceso” en ese tipo de áreas para financiar la conservación del ecosistema.
Respecto
a carga vehicular y servicios, el dinero se justifica oficialmente para costear
los baños, recolección de basura, vigilancia y transporte ecológico obligatorio
para que los autos particulares no contaminen el área de manglares.
A
favor del cobro, con enfoque ecológico y técnico, defensores del cobro
argumentan que si el acceso fuera 100% libre, masivo y gratuito, el turismo
descontrolado destruiría la reserva natural en pocos meses. El cobro actúa como
filtro para regular el flujo de personas -capacidad de carga- y asegurar
recursos para mantener el camino limpio y seguro.
Por
su parte, críticos y habitantes locales señalan que esa una injusticia social.
Puerta del Mar se prometió al pueblo maya de Carrillo Puerto como acto de
justicia histórica para que tuvieran su propia salida al mar sin depender de
los costos de Tulum o Playa del Carmen. Para muchas familias, pagar tarifa de
entrada más transporte obligatorio vuelve el destino inaccesible, privatizando
el derecho al esparcimiento por la vía económica.
La
construcción de carretera y parador turístico de Puerta al Mar se financió
totalmente con dinero público, de impuestos federales, con inversión de unos
600 millones de pesos, ejecutada por ingenieros de la Secretaría de la
Defensa Nacional.
La
contradicción entre que una obra se pague con impuestos y aun así se cobre por
usarla genera indignación, pero, administrativamente, las autoridades
justifican el cobro mediante la separación entre gastos de construcción y de
operación diaria.
El
gobierno argumenta que los impuestos pagaron la creación de la obra, pero el
dinero de las entradas se requiere para mantenimiento recurrente, pues asfalto
y camino artesanal sufren desgaste constante por el clima y el tránsito
vehicular, y el presupuesto anual ordinario del municipio no alcanza para
cubrir la reparación permanente de los 55 kilómetros de ruta.
Además,
limpieza, recolección de basura, operación de sanitarios, sistemas de paneles
solares, plantas tratadoras (biodigestores) y vigilancia requieren flujos diarios
de dinero en efectivo que no están asignados en el presupuesto fiscal general
de la Federación.
El
reclamo de la población es totalmente válido en el contexto político del
proyecto, ya que el gobierno de la “Cuarta Transformación” y la propia
gobernadora Verde, Mara Lezama,
promovieron el sitio originalmente como un acto de “justicia social e histórica”
para el pueblo maya.
Al
cambiar reglas de operación y establecer cobro de entrada, los vecinos sienten
que se privatiza el acceso por la vía económica, contradiciendo la promesa
gubernamental de que la obra sería un beneficio directo y accesible para los
que pagaron su desarrollo con sus propios impuestos.
En
teoría, los impuestos deberían cubrir los gastos de operación diaria, pero, en
la práctica, el presupuesto público de México no funciona así para los destinos
turísticos y las Áreas Naturales Protegidas.
El
debate sobre si es correcto o no cobrar cuando la ciudadanía ya paga impuestos
es central en el descontento de los habitantes de Carrillo Puerto.
Administrativamente, las autoridades justifican el cobro mediante dos
realidades del sistema fiscal y ambiental mexicano
Por
cierto, Puerta al Mar es una carretera eco-turística que construyó la Sedena y
su objetivo primordial es conectar por primera vez de forma directa a la
cabecera municipal de Carrillo Puerto -corazón de la Zona Maya- con el Mar
Caribe en la costa de Vigía Chico.
Históricamente,
Carrillo Puerto era el único municipio con litoral en Quintana Roo que carecía
de acceso terrestre funcional a sus playas. La gente tenía que viajar largas
distancias hasta Tulum o Playa del Carmen para disfrutar del mar, por lo que la
obra se diseñó bajo fuerte premisa de justicia social, transformando una
antigua vereda de terracería en destino del circuito turístico Maya Ka'an.
Su
trayecto se diseñó para mitigar el impacto ecológico y se divide en etapas
estructurales, ya que los primeros 22 kilómetros parten desde la mancha urbana
de la cabecera y consisten en una carretera formal pavimentada con asfalto.
Los
siguientes 33 kilómetros -El Sendero Artesanal- una vez que la vía se interna
en Sian Ka'an, el pavimento desaparece. Se convierte en un camino rústico
revestido de sascab -material calizo regional-, con un ancho restringido a 8
metros que funciona como “túnel verde” rodeado de selva alta, donde se construyeron
pasos de fauna e infraestructura hidráulica subterránea para no interrumpir el
flujo de agua en humedales.
El
proyecto total está flanqueado a lo largo de sus 55 kilómetros por una ciclovía
continua para promover la movilidad sustentable y la observación de aves, pero,
al terminar el camino, se llega al antiguo puerto histórico de Vigía Chico, un
sitio rodeado de manglares donde el paisaje natural se combina con servicios
turísticos de bajo impacto.
Éstos
incluyen el parador turístico, terreno de unos 6 mil m2 que concentra servicios
básicos, como baños ecológicos -con biodigestores-, palapas de descanso y zona
de transferencia vehicular.
El
proyecto recuperó las ruinas de antigua prisión de principios del siglo XX y
restos de las viejas vías del tren de la época del porfiriato, instalando una
glorieta con un monumento en memoria de presos políticos e indígenas de la
Guerra de Castas.
Por
último, cuenta con un muelle de madera artesanal que se adentra hacia las aguas
someras del Caribe y, a diferencia de los grandes desarrollos hoteleros de
Cancún, el entorno es virgen, enfocado en playas de baja densidad, kayak,
esparcimiento local y cooperativas pesqueras.
El
complejo de infraestructura física está concluido, aunque, debido a mesas de
debate para definir el costo de las cuotas ambientales y el reglamento de
transporte público, el sitio sigue en fase administrativa bajo resguardo de la
CONANP en espera de su fecha oficial de apertura al público.
Titulado
como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con
nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019,
2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los
Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así
como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias.
Información
completa sobre el currículum vitae, en este link:
https://luisangelqroo.blogspot.com/2025/08/dividido-en-los-capitulos-de-formacion.html
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