Rubén Rocha, ¡“bomba de tiempo” para Morena!

                                                                                 Lic. Luis A. CABAÑAS BASULTO*

El sorpresivo retorno de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa tras 112 días de ausencia, representa un alto costo político, una fractura en la narrativa ética de Morena y una evidente división interna, con profundas implicaciones de confrontación política, tensiones diplomáticas y debate sobre la legalidad y la seguridad en México.

Rocha Moya retomó este viernes, tras argumentar que la Fiscalía General de la República (FGR) no encontró pruebas que sustentaran los presuntos delitos o vínculos con el narcotráfico por los que se le señalaba.

Como se sabe, el funcionario había solicitado una licencia temporal el 1 de mayo, luego que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusara de sostener vínculos con “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa y lo hizo de manera voluntaria para someterse a indagatorias y facilitar el trabajo de las autoridades sin inmunidad, según diría. 

Tras 112 días, se reincorpora afirmando que la FGR cerró la investigación y determinó faltar elementos probatorios para respaldar una conducta delictiva, por lo que calificó los señalamientos de la fiscalía estadounidense y de la oposición como ataques políticos falsos impulsados por la ultraderecha.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) aclaró formalmente que el regreso a sus funciones ejecutivas fue una determinación estrictamente personal.

Empero, mientras sus simpatizantes apoyaron el retorno, oposición y medios informativos, como LatinUS y Tv Azteca, cuestionaron la falta de exoneración pública o documento oficial de la FGR al reincorporarse, sugiriendo que busca recuperar protección del fuero constitucional mientras los procesos en el extranjero siguen abiertos.

Lo cierto es que su retorno reconfiguró el escenario político en un choque frontal entre Morena y la oposición, donde dirigentes y legisladores de partidos como PAN y Movimiento Ciudadano lo calificaron como “pacto de impunidad”, mientras personajes como Rosario Robles criticaron que la licencia funcionara meramente para que la FGR “lave el expediente”.

Así, la oposición acusa estrategia jurídica coordinada para devolverle de inmediato el fuero constitucional, protegiéndolo de posibles acciones legales mientras continúen los señalamientos en el extranjero.

Por su lado, para Morena y aliados de Rocha Moya, el retorno representa una victoria política contra “ataques de ultraderecha” y validó su honorabilidad al haber encarado la investigación penal sin inmunidad procesal.

Sin embargo, en movimiento político significativo, Gobernación deslindó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de la decisión, y enfatizó que la reincorporación fue una “determinación de carácter estrictamente personal”, y evitó respaldo político absoluto o institucional del Poder Ejecutivo Federal.

Dado que el Departamento de Justicia de EE.UU. mantiene abiertas las acusaciones de narcotráfico contra el mandatario y otros funcionarios de Sinaloa, su regreso aumenta la fricción diplomática y analistas dicen que desafió la presión estadounidense, abriendo la posibilidad de un escenario de juicio en ausencia en tribunales de Nueva York.

A nivel local, reactivó protestas de sectores vulnerables, como colectivos de madres buscadoras y sociedad civil, que se presentaron en Palacio de Gobierno para exigir atender de inmediato la severa crisis de seguridad y desapariciones que golpea a Sinaloa, argumentando que su retorno no restablece de forma automática la confianza de la ciudadanía.

A todo esto, el regreso no significa, en términos legales y estrictos, haber sido declarado inocente o exonerado, ya que, en el ámbito del Derecho Penal, el retorno a un cargo público no equivale a sentencia absolutoria. Su situación jurídica real frente a las acusaciones se divide en aspectos legales clave.

Uno de ellos es que la investigación de la FGR sigue abierta, pues, aunque el gobernador afirmó en redes sociales que la Fiscalía no encontró elementos mínimos de prueba en su contra en 112 días, Gobernación emitió una precisión legal determinante: Las carpetas de investigación de la FGR siguen abiertas.

Para una inocencia legal decretada por una fiscalía, ésta tendría que dictar formalmente un No Ejercicio de la Acción Penal o un juez de control emitir un sobreseimiento definitivo, resoluciones oficiales que la FGR no ha emitido.

Además, el proceso penal en EE.UU. permanece intacto y el retorno a la gubernatura carece de efecto legal sobre las autoridades judiciales extranjeras. La acusación por narcotráfico y armas de la Fiscalía Federal de Nueva York es vigente. Al no existir juicio, acuerdo formal o veredicto de jurado de EE.UU. que desestime cargos, la acusación internacional sigue activa.

Otro aspecto legal clave es que, al reincorporarse formalmente a su cargo, Rocha Moya vuelve a gozar de la protección del fuero constitucional que otorga la ley mexicana a los gobernadores, con implicación técnico-jurídica inmediata:

Si la FGR o cualquier autoridad judicial quisieran proceder penalmente en su contra en el futuro, no podrían hacerlo de forma directa. Primero tendrían que solicitar y desahogar juicio de procedencia -desafuero- ante la Cámara de Diputados.

Conclusión: El regreso es una maniobra netamente política y amparada en derechos laborales y civiles, pero no absolución legal. Desde una perspectiva puramente jurídica, su estatus continúa siendo de ciudadano bajo investigación activa, tanto por la fiscalía mexicana como por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ahora bien, las implicaciones directas para Morena se dividen en cuatro puntos clave: Deslinde oficial inmediato de la dirigencia nacional, golpe directo a la narrativa de “honestidad” de la 4T, contradicción y polarización interna, y riesgo de control de daños rumbo a las elecciones de 2027.

En el primer caso, horas después del anuncio de Rocha Moya, la dirigencia nacional de Morena, que encabeza Ariadna Montiel, emitió un comunicado tajante para desmarcarse por completo del gobernador: Afirmó públicamente que no tuvo conocimiento previo de su decisión y dejó claro no avalar políticamente su regreso como acuerdo de fuerza política, catalogándolo puramente como “postura individual”.

En el segundo caso, el regreso de un funcionario formalmente acusado por EE.UU. de presuntos nexos con el narcotráfico, debilita el discurso moral de Morena de “no mentir, no robar y no traicionar”, por lo que queda expuesto a que la oposición afiance la narrativa de “narcopolítica”, donde acusa a la 4T como espacio que “empodera, solapa y protege” a figuras ligadas al crimen organizado para mantener cuotas de poder.

Por si fuera poco, el caso muestra a Morena con posturas abiertamente opuestas: El ala radical y local lo respalda, pues sectores del partido en Sinaloa, como el coordinador de Morena en el Congreso local, Eligio López Portillo, salieron a defender y respaldar el regreso bajo el argumento de que la FGR no encontró pruebas.

En tanto, la cúpula federal se replegó con figuras nacionales afines a la 4T, que critican abiertamente la acción de Rocha Moya, calificándola como un grave error político y un “pacto de impunidad” que arrastra la reputación de todo el movimiento, justo cuando las carpetas de la FGR siguen abiertas.

Al mantener las investigaciones activas en México y el proceso judicial abierto en tribunales de Nueva York, Morena enfrenta el riesgo de cargar una “bomba de tiempo” mediática y jurídica. Cualquier revelación futura o avance penal en el extranjero contra Rocha Moya impactará de forma directa en la credibilidad de Morena, justo en la antesala de las próximas elecciones locales y federales.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con crédito para el autor)

 

*Luis Ángel Cabañas Basulto es un periodista con más de 49 años de experiencia como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de varios medios de comunicación, además de haber fungido como jefe de información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y escribir cinco libros, uno de ellos pendiente de publicar.

Titulado como Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, cuenta con nueve Diplomados, cuatro de ellos en materia de Juicio de Amparo (2017, 2019, 2021 y 2025) y cinco de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio; La Familia y los Derechos Humanos; y Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos, así como con más de 75 Seminarios, Talleres, Cursos y Conferencias. 

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